SAN SALVADOR, 21 de mayo de 2010 (INTERJUST) El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador instalará el próximo lunes a las 9:00 a.m. la vista pública contra cuatro implicados por el delito de estafa en perjuicio de 63 personas.
El juicio ha sido programado para toda la próxima semana por el número de testigos de cargo y descargo que han sido citados por el tribunal para que comparezcan a declarar sobre los hechos.
Los imputados, quienes guardan detención provisional, responden a los nombres de Medardo Alfredo Quijano Arriola, Guadalupe Vásquez Ramírez, Sandra Magdalena Pacheco de Ventura y Rosa Cándida Pacheco Bonilla.
Según el proceso judicial, los hechos sucedieron a finales de 2008, en el cantón Las Ánimas del municipio de San Martín, departamento de San Salvador, donde supuestamente los acusados realizaron varias reuniones con los vecinos de la zona y de algunos cantones aledaños.
En los encuentros, los acusados manifestaban que pertenecían a una fundación sin fines de lucro denominada EBENEZER.
La fundación se encargaba de proveer proyectos de vivienda a personas de escasos recursos, pero con terrenos o lotes propios.
A los propietarios, al ser beneficiarios presuntamente por dicho programa, se les construirían viviendas hechas de ladrillo.
Para la ejecución de la promesa ofrecida por la fundación argumentaban que contaban con un proyecto financiero de países como Brasil y España.
Para ser incluidos y beneficiados en dicho proyecto debían entregar documentación consistente en cinco copias de escritura de la propiedad donde se construiría la casa, copia de Documento Único de Identidad (DUI) del propietario del inmueble, fotocopia de Número de Identificación Tributaria (NIT) y dos fotografías de las personas que formaban el grupo familiar y pagar cierta cantidad de dinero en efectivo.
Los afectados hicieron entregas de dinero que osciló entre U$125 y U$150, de la cual un porcentaje presuntamente eran para realizar los tramites del proyecto y el restante sería utilizado para gastos en que se incurriría para promover la construcción de las viviendas.
Llegada la fecha para la ejecución de las obras, los afectados se dieron cuenta que los imputados había sido detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de engañar a otras personas con el mismo proyecto.
Y así fue como procedieron a denunciar los hechos ante la autoridades.
El delito de estafa es sancionado por el Código Penal con la pena de dos a cinco años de prisión si la defraudación fuera mayor al equivalente a 200 colones.
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