MONITOREO DE PRENSA ESCRITA

MONITOREO DE PRENSA ESCRITA
EL DIARIO DE HOY
31 de Mayo de 2010

Por decisión de jueza
Cinco años de libertad asistida a menores por triple homicidio
En ese tiempo deberán ir a la escuela, no tomar licor y aprender un oficio
El Diario de Hoy

Otro caso en la impunidad. El pasado viernes, una jueza de Menores de Zacatecoluca benefició a dos menores con cinco años de libertad asistida luego de asesinar con alevosía a tres hombres en Santiago Nonualco, en La Paz.
Las víctimas se encontraban en una casa jugando en máquinas tragamonedas cuando los menores, con otros tres sujetos más, les dispararon sin mediar palabra.
La fiscal del caso de la unidad del Menor y la Mujer de Zacatecoluca, Sandra Sánchez, explicó que, pese a presentarse pruebas contundentes que demostraban la culpabilidad de René M., de 17 años, y de Víctor B., de 15, la juzgadora escudó su decisión de imponer dicha medida en la "sana crítica", pese a que la Ley Penal Juvenil sanciona dichos delitos graves con la pena máxima.
Los jóvenes, que quitaron la vida de tres hombres a sangre fría, únicamente deberán asistir a la escuela, no ingerir licor y aprender un oficio, entre otras reglas de conducta.
En este caso, que ocurrió el 13 de enero de 2010, no aplicaba imponer los 15 años de internamiento porque la ley no había sido reformada en ese momento. Aun así, la funcionaria judicial, cuyo nombre no fue proporcionado, podía imponer hasta siete años de reclusión.
"Que tras demostrar a la Juez de Menores de Zacatecoluca en la vista de la causa (juicio a menores de edad) que René M. y Víctor B. son autores directos del triple homicidio, les impuso dicha medida con base a la potestad de la 'sana crítica'".
Un Tribunal de Ejecución de Medidas al Menor en San Vicente será el encargado de verificar que dichas medidas sean cumplidas.
"Las pruebas testimoniales, fueron determinantes para demostrar que ambos menores, pertenecientes a la MS, dispararon en contra de las víctimas", según un comunicado de prensa de la Fiscalía General.

El triple homicidio

El 13 de enero fueron asesinados Efraín López Mejía, de 47 años; José Joaquín Navarrete, de 45, y Walter Oswaldo Flores, de 24, e igual número de personas resultaron heridas en la hacienda Tihuilocoyo, cantón Las Guarumas de Santiago Nonualco.
El escenario del tiroteo es un lugar de acceso abierto, donde se ubica una tienda y en el corredor de esta, había siete máquinas para juego de apuestas.
A ese sitio acudían hasta ese día, gran parte de los vecinos, después de terminar sus faenas cotidianas en horas nocturnas y fines de semana.
Luego del tiroteo, los sujetos escaparon mientras los vecinos trasladaban a las seis víctimas al hospital, dos de ellas murieron en el camino y una más, en el quirófano del hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, en La Paz.
En su momento, la Policía señaló que el ataque no iba dirigido hacia las víctimas, sino a un grupo de pandilleros rivales que se encontraba en la tienda.
Este caso se suma al de cinco menores que fueron liberados de cargos por el asesinato y posterior descuartizamiento de dos estudiantes Estrella del Carmen Ortega y Guadalupe López.

Santa Ana Reingeniería de autoridades
Cambian el sistema para investigar los homicidios
La Fiscalía y la Policía forman equipos para darle seguimiento a las pesquisas
Cristian Díaz

El recrudecimiento de la violencia, sobre todo en homicidios, ha llevado a una reingeniería en las unidades de Vida de la Policía y la Fiscalía, para que los casos sean resueltos en un plazo corto.
Desde inicio de mayo, ambas instituciones coordinan mejor el trabajo al punto que formaron cinco equipos de trabajo, que están integrados cada uno por cuatro investigadores, dos fiscales y un analista de la Policía.
Uno de estos equipos es el que llega a la escena del delito cuando se registra un homicidio para iniciar las investigaciones. Ellos deberán darle seguimiento al proceso hasta que el caso llegue a una posible vista pública.
Lo anterior deja sin efecto la metodología que ambas instituciones seguían hasta antes de mayo, cuando fiscales y policías de turno llegaban a procesar la escena, sin que esto significara que ellos llevarían todo el proceso hasta el final.
Esto, en muchos casos, se traducía en impunidad, pues, dependiendo de la complejidad, un caso podría tardarse meses en ser resuelto.
Un investigador aseguró que hasta antes de mayo, por ejemplo, el fiscal de turno se limitaba a llegar a la escena del crimen.
Sin embargo, por no ser de la unidad de Vida, muchas veces, dejaban ir a los testigos del hecho. "Hoy, el equipo que llega comienza a direccionar toda la investigación y si hay testigos en la escena se le ofrece, desde ahí, toda la protección que la ley le da. Antes, el fiscal le decía al testigo que tal fecha se le iba a atender, por lo que muchas veces éste ya no llegaba, porque su familia le decía que no colaborara", explicó.
El nuevo procedimiento ya tuvo sus primeros resultados. Hasta el 25 de mayo, la Policía y la Fiscalía lograron la detención de seis sujetos que participaron en cuatro homicidios. En cada uno de los casos, colaboraron testigos.
El jefe de la delegación policial de Santa Ana, comisionado Manuel Peraza, reconoció la tardanza en el tiempo para resolver los casos.
Al tomar el mando de la Policía "nos dimos cuenta de que la operatividad y la forma como llevar los casos venían un poco lento y que no tenían mucho beneficio para la población. A través de las coordinaciones que tenemos con el jefe de la Fiscalía (Román Navarro), detectamos que estábamos fallando en eso y procedimos a reestructurar los departamentos de vida", dijo.
El jefe de la Fiscalía en Santa Ana, Román Navarro, expresó que de cada diez homicidios que se registran en el departamento, ocho son cometidos en la cabecera, que es donde se concentra la mayor cantidad de delitos.
"Hemos llegado a un protocolo de entendimiento en el área de investigaciones que consiste en la formación de equipos de trabajo que estarán trabajando todos los casos graves ocurridos en el municipio, como homicidios y extorsiones vinculados a bandas delictivas y estructuras de pandillas", dijo Navarro.
Antonio Gutiérrez, un trabajador retirado que frecuenta el parque Libertad, expresó que las intenciones de hacer más eficiente el trabajo son buenas; siempre y cuando los resultados se vean a corto plazo.
En los primeros cuatro meses de 2010 hubo 139 crímenes.
En el mismo periodo de 2009, fueron 152 muertes violentas.

OPINION
Batalla por el Estado de Derecho
Mauricio Alfredo Clará*
El Estado de Derecho en la visión de Edgar Bodenheimer, es el único que asegura la eliminación del Estado arbitrario, autoritario o de poder, en el que por sus características totalitarias la personalidad del ser humano desaparece al rebajarla al nivel de mera cosa o número, como aconteció en la Alemania de Hitler y en la U.R.R.S. de Lenin y Stalin.
Para los detractores del Estado de Derecho en El Salvador, el intento de imponer la modalidad de un Estado totalitario no será fácil ante el blindaje establecido por el constituyente. En efecto, el Estado de Derecho en El Salvador tiene claro fundamento en el Título III de la Constitución al determinar su forma de gobierno y sistema político, y el Título I, Capítulo Único, al considerar a la persona humana y los fines del Estado.
Como garantía de esta opción filosófica, política y jurídica, la Constitución establece dos prohibiciones trascentales a los funcionarios que detentan o ejercen a los poderes constituidos: 1a. abstenerse de celebrar tratados o concesiones en que de alguna manera se altere la forma de gobierno, y 2a. abstenerse de aprobar reformas a los artículos de la Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno; prohibiciones que de ser violadas legitiman inmediatamente el ejercicio del derecho a la insurrección, sólo para restablecer la vigencia de las disposiciones violadas antes referidas.
Si alguna duda quedare al respecto, será conveniente recordar el texto del artículo 244 de la Constitución que establece:"La violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el período presidencial dentro del cual se cometieron".
Ateniéndonos al texto constitucional, la disposición citada no sólo resguarda la forma y sistema político de gobierno, sino a todo el contenido de la Constitución, en especial en lo que concierne a los derechos de las personas, como la estabilidad laboral y acceso a la carrera administrativa; las garantías como el debido proceso previo al despojo de un derecho adquirido por mandato legal, y los principios rectores como el de igualdad ante las leyes; todo frente al ejercicio del Poder Público estatal ejercido arbitrariamente en desacato de disposiciones legales expresas y terminantes, como aconteció en diciembre al cumplir los primeros seis meses la presente administración, en ciertas dependencias y autónomas, como por ejemplo el Centro Nacional de Registros, en que los administradores jerárquicos omitieron tener por incorporados a la carrera administrativa --constitucionalmente reconocida-- a las personas empleadas mediante el régimen de contrato en labores permanentes y sujetos a los superiores, violando el artículo 4 reformado con ese propósito y con la debida anticipación y conocimiento suficiente. Esa violación es de graves consecuencias tal cual indica el artículo 244 de la Constitución y, acredita la ignorancia o el desprecio de los violadores, cuyas dimensiones se agigantan por tratarse de abogados.
Una forma de atentar contra el Estado de Derecho, constitucionalmente establecido y protegido, es precisamente de la manera en que ha actuado esa dirigencia. Una Comisión ministerial a la que se sugirió en público acudir para beneficio de los afectados, no ha notificado de forma personal a los mismos el resultado de sus peticiones, respecto de hechos viciados de nulidad absoluta y de los que se deben las indemnizaciones de salarios caídos más daños y perjuicios.
*Dr. en Derecho.