MONITOREO EDM

DIARIO EL MUNDO
25 de Mayo de 2010

Denuncian corrupción en el MOP
Por más de $23 millones erogados para la ejecución de la Diego de Holguín, fueron denunciados dos ex ministros MOP
Juan Carlos Vásquez

Los supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la construcción del bulevar Diego de Holguín fase II fueron denunciados, ayer, en la Fiscalía General.
Como principales sospechosos de las irregularidades aparecen, en una lista de más de 12 personas, los nombres de los ex ministros David Gutiérrez y Jorge Nieto. Se suman algunos ex asesores, viceministros y gerentes de diversas áreas que tuvieron un papel protagónico desde que se comenzó a licitar el proyecto.
Gerson Martínez, titular del MOP, explicó que si bien los denunciados son más de 12, no necesariamente todos habrían estado de acuerdo en las actividades ilícitas orquestadas en esa cartera de Estado.
El Ministerio Público puede tener entre ese grupo a posibles testigos con valiosa información, que hundiría no solo a los ex funcionarios sino también a representantes de las empresas Copreca Linares y Consulta.
En el expediente presentado en sede fiscal se detalla que fueron más de $23 millones los erogados por el MOP para la ejecución de la obra, pero en realidad, según Martínez, la administración perdió dos juicios arbitrales que extienden el monto.
“Hubo una sentencia de más de $7 millones de los cuales asombrosamente se pagó inmediatamente $5 millones. Recordemos que el MOP es una institución que ya fue condenada a pagar cerca de $49 millones en laudos arbitrales perdidos, de los cuales hay una deuda de casi $30 millones de laudos que no han sido pagados, pero éste fue pagado con una velocidad asombrosa”, sostuvo el ministro de Obras Públicas.
Al mismo tiempo, comentó, se deja al descubierto un segundo laudo arbitral relacionado a esta obra que impulsó la empresa supervisora Consulta para adjudicarse más de $300 mil.
Martínez fue muy cauteloso al momento de interponer la denuncia y al reunirse con el fiscal general Romeo Barahona, a quien le presentó todas las evidencias que salpican a los ex funcionarios.
Fue muy enfático en sus declaraciones expresando que la denuncia corresponde a las dos administraciones que estuvieron en el MOP entre los años 2005-2008.
“En esa administración, el presidente de la república era el señor (Antonio) Saca y en el primer periodo estaba el señor ministro David Gutiérrez y él fue sucedido por el señor Isidoro Nieto”, expresó.
El caso será retomado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía en busca de una serie de delitos que van desde peculado, asociaciones ilícitas, cohecho en sus diversas modalidades, negociaciones ilícitas y otros que a juicio de los fiscales se configuren en el proceso de la investigación.
El actual titular del MOP manifestó que tienen sólidas y razonables presunciones de que las empresas Copreca Linares y Consulta puedan tener una implicación directa en los supuestos actos de corrupción, partiendo de que para consumar la “corrupción” deber haber la participación de dos actores.
El “caradura” de David Gutiérrez
En sede fiscal, nadie se esperaba la llegada del ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez.
El ex funcionario acudió y, como si nada, entró a la Fiscalía para esperar a Gerson Martínez, con la denuncia que interpondría en su contra.
Gutiérrez llegó a las 10:05 de la mañana. Martínez lo hizo 40 minutos después y luego de un apretón de manos, intercambiaron algunas palabras.
Martínez se dirigió, luego, al despacho del fiscal general, Romeo Barahona.
Al culminar la reunión privada, el titular de Obras Públicas interpuso de forma oficial la denuncia.
A Gutiérrez solo le faltó sentarse a la par del ministro mientras realizaba el procedimiento.
Es más, “como todo un caradura”, según algunos periodistas, Gutiérrez entró a la sala de conferencia para escuchar detalladamente las declaraciones de Martínez.
Cuando el actual ministro terminó con los periodistas, Gutiérrez aprovechó para descalificar toda la información que brindó en su contra.
“No tengo ninguna responsabilidad en el proyecto Diego de Holguín... Yo estoy con Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mi?”, expresó el ex funcionario.

Vicios desde la licitación
Juan Carlos Vásquez

En el proyecto de construcción del bulevar Diego de Holguín fase II, se habría seguido la misma modalidad que Carlos Perla, ex presidente de ANDA, puso de moda en los proyectos Río Lempa.
Todo tuvo un mal comienzo. Desde la licitación, en la que participaron varias sociedades pero que, al final, se la adjudicaron a la empresa Copreca Linares, violando aparentemente la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap).
Todo se preparó de tal forma que ante la opinión pública y los entes contralores como la Corte de Cuentas todo se viera de una forma transparente, pero en el trasfondo estaban de por medio considerables cantidades de dinero no especificadas que ex funcionarios del MOP iban a recibir a cambio de adjudicar la obra a Copreca Linares.
Fuentes consultadas ayer en el MOP, en la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, así como de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, coincidieron de que “ya todo estaba arreglado” y que a cambio de otorgar la obra a Copreca Linares, los ex funcionarios iban a recibir un porcentaje que iba desde el 5%, del monto total de la obra.
Esas supuestas irregularidades son típicas de dos delitos, negociaciones ilícitas públicas por el hecho de entablar conversaciones para obtener un beneficio común remunerado y las asociaciones ilícitas que no es más que una serie de reuniones para planificar una actividad ilegal.
Ese tipo de anomalías son las que la Fiscalía General debe indagar, sostuvo ayer Gerson Martínez, quien aprovechó la reunión con Romeo Barahona para solicitarle que individualice la responsabilidad de cada una de las personas mencionadas en la denuncia y que califique los delitos en los que habrían incurrido.

Pruebas en cientos de folios
El Ministerio de Obras Públicas presentó nueve tipo de pruebas documentales detalladas en 21 cajas que han pasado a custodia de la Fiscalía:
• Ocho cajas con el proceso de ejecución
• Dos con expediente de caducidad
• Una caja con el proceso arbitral
• Una con la auditoría de la Corte de Cuentas
• Una caja con los nombres de los funcionarios y empleados actuantes
• Dos cajas con la información financiera
• Dos cajas con la contratación de supervisión
• Una caja con el proceso previo a la licitación
• Tres cajas con la licitación de contratación

Diputados respaldan denuncia

Diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa acompañaron, ayer, al ministro de Obras Públicas Gerson Martínez, a interponer la denuncia en la Fiscalía General.
La primera en llegar fue Milena Calderón de Escalón, diputada del partido ARENA, instituto político al que pertenecen los dos ex ministros denunciados.
“El hecho que venga aquí el ministro de Obras Públicas a presentar la denuncia yo le dije que lo iba acompañar, porque creo que nosotros como grupo parlamentario de ARENA, quiero dejar muy claramente que estamos en contra de la corrupción y de la impunidad”, dijo la legisladora.
Agregó que la institucionalidad debe funcionar y que al acudir a la Fiscalía lo están haciendo con el fin de que se investigue y se determine qué tipo de delitos se cometieron.
La diputada es de la opinión que el Ministerio Público debe llegar hasta las últimas consecuencias en el caso.
Lorena Peña, presidente de la comisión y diputada del FMLN, también se unió a la petición de indagar a fondo las anomalías detectadas.
“Para nosotros es un precedente importantísimo, el FMLN considera que el peor impuesto que ha pagado el pueblo se llama corrupción y que debe combatirse. Debe haber juicio y castigo para los responsables que han defraudado al fisco y la confianza que el pueblo puso en ellos”, sostuvo Peña.
Esta denuncia presentada ha recibido el apoyo de todas las fracciones legislativas.

Gobierno pide que Tribunal asuma ley de transparencia
En su propuesta, la Subsecretaría de Transparencia pide que los partidos políticos publiquen sus gastos en publicidad sin que se los soliciten
Yolanda Magaña

El gobierno optó por sugerir que la estructura del actual Tribunal de Ética Gubernamental asuma la aplicación de una Ley de acceso a la información y transparencia, junto al control ético ejercido a funcionarios públicos.
El borrador único del proyecto proponía crear una nueva “entidad garante” que, en última instancia, tendrá poder para dirimir conflictos sobre si determinada información es pública o reservada.
El subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, explicó ayer a los diputados de la Comisión de Legislación que montar una institución nueva lleva mucho tiempo y costos para el Estado. “Que la ley se aplique depende mucho del financiamiento”, explicó.
Pero el Tribunal de Ética sufriría varios cambios, según la propuesta del Ejecutivo.
El gobierno sugiere que la entidad garante se llame “Comisión de Ética y Acceso a la Información de Interés General”. También piden que, en la Ley de Ética Gubernamental, se le faculte a abrir investigaciones sin necesidad de denuncia, se amplíe los deberes éticos a los funcionarios y se endurezcan sanciones.
Los diputados de ARENA se mostraron abiertos a la propuesta específica de convertir al Tribunal de Ética en el ente garante de la ley de transparencia. Mario Valiente dijo que debe aprovecharse la estructura existente. Roberto d’Aubuisson, de ese mismo partido, calificó de “atendible” la sugerencia. “Pero habría que valorarlo”, observó.
La Subsecretaría presentó un total de 10 propuestas diseñadas por la Presidencia luego de una consulta.
En un foro electrónico en www.presidencia.gob.sv, se abrieron 14 temas o “salas”. La “discusión conceptual” y el “modelo normativo institucional” tuvieron 29 y 30 participaciones. El “límite y control del derecho de información” tuvo siete.
En el foro, participaron el Grupo Promotor de la ley, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Salud, el Archivo General de la Nación, entre otros. Un buen grupo de alcaldes no acudió a la consulta a la que fueron invitados.

Piden obligar a partidos y ONG a dar información

El gobierno propuso ayer ampliar el listado de entes obligados a dar información. Pidió incluir a organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos políticos, empresas concesionarias del Estado, y todos los entes o empresas que son agentes de retención de cuotas de Seguro Social o AFP (asociaciones de fondos de pensiones).
La Subsecretaría quiere además que las personas que reciben exenciones o subsidios también estén obligadas a rendir cuentas, bajo el régimen de la nueva normativa.
Asimismo, amplió la información considerada oficiosa, es decir, que debe publicarse sin que sea solicitada por ciudadanos.
Las contribuciones a partidos políticos y el gasto publicitario de los partidos políticos estarían incluidos en esta información, según el documento entregado y presentado a los diputados por Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia.
El argumento fue que “El Salvador es el país latinoamericano con menor regulación de los partidos políticos, a pesar de que éstos son la llave para la conducción del Estado, y en consecuencia un canal que debe ser protegido para evitar ‘la captura del Estado’ por grupos de interés ajenos al interés general”.
Los proyectos y los fondos de las ONG también tendrían que ser publicados, según la propuesta, así como laconfiguración de precios de productos esenciales para el hogar y la información relevante para la transparencia en los mercados.
Los diputados esperan las propuestas de reformas.