MONITOREO DE PRENSA ESCRITA

MONITOREO DE PRENSA ESCRITA
UNIDAD DE COMUNICACIONES
CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA PENAL “DR. ISIDRO MENENDEZ”

LA PRENSA GRAFICA
25 de mayo de 2010

MOP denuncia fraude, ex ministro se defiende

Gerson Martínez, el titular del MOP, pidió a la Fiscalía que investigue un posible peculado en la construcción del bulevar Diego de Holguín.

Amadeo Cabrera

El ex ministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda se presentó ayer a la Fiscalía a enterarse de la acusación que presentó su sucesor, Gerson Martínez, por irregularidades en la construcción del bulevar Diego de Holguín, obra vial abandonada y que tuvo un costo inicial de $47.5 millones obtenidos de un crédito internacional.
Gutiérrez, quien siguió de cerca cada uno de los movimientos de Martínez en la oficina central de la Fiscalía, no solo rechazó cualquier señalamiento, sino que también se mostró a favor de que se investigue la denuncia.
“Estoy aquí este día ante todos los salvadoreños con la frente en alto y con toda la solvencia moral para decirles que no tengo ninguna responsabilidad de ningún tipo sobre los hechos que se me han estado señalando sobre el tema Diego de Holguín tramo II”, dijo el ex funcionario.
Gutiérrez inició en marzo de 2006 el proyecto Diego de Holguín (llamado “vía express” de El Salvador), una carretera de 8.5 kilómetros de longitud que en diciembre de ese mismo año dejó abandonada tras salir del Gobierno en medio de una dolencia y salpicado por un informe final de una auditoría de Corte de Cuentas que le observaba $40 millones en proyectos viales.
Al presentar la documentación que ampara la denuncia –que consta de 51,000 folios guardados en 21 cajas–, Martínez dijo que esta es contra administraciones 2005-2008 y más de una docena de personas, pero aclaró que no todas están implicadas. “Le hemos solicitado al fiscal que haga una investigación documental y testimonial”, dijo el titular del MOP, quien sostuvo previamente una reunión en privado con el fiscal general, Romeo Barahona.
Martínez dejó entrever que los señalados en la acusación podrían estar vinculados a delitos como peculado y asociaciones ilícitas; sin embargo, aclaró que es a la Fiscalía a la que le corresponderá, “estudiar todas las ramificaciones, definir los grados de responsabilidad y de autoría” en los ilícitos que se puedan establecer tras la denuncia del MOP.
Esa cartera de Estado remitió a la Fiscalía documentos como una auditoría de la Corte de Cuentas, un proceso arbitral, información financiera, funcionarios y empleados actuantes, el proceso de ejecución del proyecto y contratos y licitaciones para la ejecución de la obra.
El ministro Martínez reiteró que existió irregularidad e ilegalidad para la contratación del asocio COPRECA-Linares y cuestionó el pago inmediato de $5 millones de los $7 millones que el Gobierno perdió en el laudo arbitral del tramo II del Diego de Holguín.
Gutiérrez, que fue reemplazado en enero de 2007 por Jorge Nieto, quien dejó el cargo de superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, reiteró su inocencia tras conocer más detalles de la documentación presentada.
“Estoy aquí en la Fiscalía para conocer de primera mano y dar respuesta a los señalamientos que se me hacen injustamente”, expresó.
El ex ministro también negó que durante su administración haya pagado el laudo arbitral que el Gobierno perdió: “En cuanto al pago del arbitraje del tramo II, quiero ser enfático y dejar en claro de una vez por todas que estos hechos se realizaron varios meses después de mi renuncia como ministro, con lo cual queda claro que no tengo ninguna responsabilidad en el arbitraje y los pagos de este”.
Gutiérrez, empero, se mostró a favor de la indagación fiscal. “Hay que llegar al fondo del asunto. Los dineros del pueblo salvadoreño tienen que ser cuidados”, pidió.

Yo estoy totalmente de acuerdo con que se debe de llegar al fondo, no como en otros casos, que solo sirve como cortina de humo y no se investiga.”
David Gutiérrez, ex titular del MOP

Yo no puedo calificar (el delito), pero sí pedimos que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con peculado, asociaciones ilícitas.”
Gerson Martínez, titular del MOP

ARENA llega a Fiscalía a respaldar denuncia

La diputada arenera Carmen Elena Calderón Sol de Escalón llegó ayer a la Fiscalía a respaldar la denuncia para que se investiguen posibles irregularidades en la construcción del bulevar Diego de Holguín.

Amadeo Cabrera

“Hay indicios (de delitos) y al haber indicios hay obligatoriedad de la Fiscalía y de la Corte de Cuentas de actuar”, dijo la legisladora que días atrás había anunciado su decisión.
David Gutiérrez y Jorge Nieto fueron ministros de Obras Públicas durante el gobierno de Antonio Saca, a quien la dirigencia arenera acusa de estar detrás del partido GANA, formado por disidentes areneros.
Calderón Sol de Escalón, empero, dijo que este caso “debe quitarse de la parte política y hacerse que la institucionalidad del país funcione”.
La legisladora recordó que el Diego de Holguín formó parte en 2001 del proyecto anillo periférico, para lo cual se hizo un préstamo de $62 millones, de los cuales $47 millones iban para la obra que aún no se concluye.
Calderón Sol de Escalón aseguró que si su partido estuviera en el gobierno y por ende en armonía con Saca también respaldaría cualquier denuncia. “El presidente de ANDA está en la cárcel”, rememoró.
La legisladora, por otra parte, lamentó que el presidente Mauricio Funes diga que no perseguirá corruptos: “Yo creo que cometió uno de los errores más grande de gobierno. Quiero decirle que ARENA sí va a perseguir a los corruptos con la institucionalidad en la mano”.

Crónica
Gerson y las cajas negras del bulevar

Amadeo Cabrera

Llegó bajo un cielo gris y vestido con un traje oscuro como el tono que empaña la construcción de los 8.4 kilómetros del bulevar Diego de Holguín, obra vial iniciada en 2006 e irónicamente llamada “vía express” en El Salvador.
Escrito por Amadeo Cabrera
Eran las 10:08 de la mañana, cuando David Gutiérrez apareció de pronto en uno de los parqueos de la Fiscalía. La prensa salió a su encuentro ávida por su opinión; pero no fue así. El ex funcionario dijo que solo hablaría hasta conocer sobre la denuncia. Entró al edificio fiscal junto a otra persona. Saludó a cuatro diputados efemelenistas y a otra legisladora arenera que llegaron a respaldar la denuncia. Se paseaba de un lado a otro, hablaba por teléfono y tomaba bebidas calientes. Estaba a la espera de la llegada de Gerson Martínez, quien ya había mandado un camión de carga que transportaba –bajo custodia policial– 21 cajas donde se documentan las irregularidades del Diego de Holguín.
Martínez aparece cuando el reloj marca las 11:48 de la mañana. Ingresa a la sede fiscal asediado por los periodistas que querían inmortalizar también el encuentro con su antecesor. Gutiérrez sale al encuentro y saluda a un esquivo Martínez que se hace acompañar del secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún, y del viceministro Roberto Góchez.
Un insípido saludo de manos entre Gutiérrez y Martínez es seguido de una brevísima conversación de apenas ocho segundos. “Señor ministro, quiero saludarlo. Mucho gusto. ¿Cómo está? Encantado de verlo”, le dice Gutiérrez a Martínez. El ex ministro hace similar gesto para con Hasbún. Martínez luego responde el saludo a Gutiérrez en cuatro palabras: “¿Cómo estoy? Muy preocupado”. Luego se aleja y junto a Hasbún toma el ascensor hacia la cuarta planta del edificio. Los espera Romeo Barahona. Abajo quedan Gutiérrez y su acompañante.

Acusan a ex ministro de Salud de falsedad documental

Según la imputación, este cometió el delito cuando fungía como secretario de la junta de vigilancia.

Suchit Chávez

El Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador procesó ayer al ex ministro de Salud Eduardo Interiano por el delito de falsedad documental en un caso de mala praxis médica.
Según fuentes judiciales, el caso se originó a raíz de una denuncia de la presunta víctima de mala praxis, Carlos Barillas Larín, quien denunció al médico José Salvador Afane Saade ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica.
La denuncia de la víctima reseñaba que el galeno utilizó con él, por primera vez, un proceso de cirugía médica que le causó lesiones permanentes.
La acusación fiscal detalla que Interiano remitió una carta al médico —aproximadamente en 2006— en la cual le notificaba que el proceso en su contra en la junta de vigilancia había finalizado sin encontrar ningún indicio de mala práctica médica.
El documento fue enviado, presuntamente, a la clínica particular de Afane Saade y ha sido utilizado en procesos judiciales anteriores por el médico como prueba de descargo a su favor, añadieron las fuentes.
De acuerdo con la acusación fiscal, la carta firmada por Interiano es falsa, debido a que la junta de vigilancia aún no ha pronunciado una resolución final en el caso del médico.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, desde un inicio, el sobreseimiento provisional a favor el ex ministro Interiano porque aseguraron que el documento original que este habría enviado al médico no pudo ser ubicado y, por lo tanto, no ha podido realizarse ningún tipo de experticia sobre este.
La víctima, Barillas Larín, ya ha perdido en dos instancias su caso contra Afane Saade, a quien señalaba por lesiones culposas.
Aunque la audiencia finalizó ayer en el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador, las fuentes judiciales añadieron que la resolución por el caso se dará a conocer hasta mañana.
El ex funcionario no se presentó al juzgado, agregaron las fuentes, pero sería notificado del proceso en su contra por la sede judicial.
El proceso por lesiones culposas tuvo uno de sus últimos movimientos en diciembre del año pasado, cuando Barillas Larín solicitó a la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador que revoque la decisión del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, que había cerrado las puertas al proceso en meses anteriores. Una apelación anterior ya había sido dejada de lado.

Ejecutivo propone más reservas en ley transparencia

Información sobre políticas públicas, gastos reservados y otros estarían limitados.

Mayrene Zamora

La Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción recomendó ayer a los diputados al menos 10 criterios bajo los cuales se puede decretar reserva sobre la información del Estado. Esto como parte de los resultados de la consulta que realizará la entidad sobre la ley de acceso a la información pública y transparencia.
Según las recomendaciones hechas por el Ejecutivo, los criterios para dictar reserva sobre cierta información no se deben limitar a cuestiones de seguridad pública, defensa y seguridad nacional, sino que en la lista incluye criterios como gastos reservados, asesorías entre entidades públicas, elaboración de políticas públicas y relaciones internacionales, además de otros.
También se incluye, según la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, criterios para limitar la información que tengan que ver con la ejecución, prevención, investigación y persecución de delitos y hasta de la habilidad del Estado para manejar la economía, así como la realización de exámenes y auditorías.
“Las reservas son básicas, son las planteadas en la ley modelo de la Organización de Estados Americanos, no hay una ampliación sustancial a lo planteado”, dijo el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, ante diputados de la comisión de legislación.
“Hay una precisión, por ejemplo cuando planteamos reservas a la elaboración a la gestión de políticas económicas: nos referimos a que si se tomara una medida económica como en el caso hipotético de una devaluación, eso es información reservada porque al hacerse pública puede ser utilizada para adquirir beneficios”, explicó Rodríguez ante los cuestionamientos que pedían más claridad en las propuestas.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Rafael Domínguez, responde y dice que esos criterios recomendados hacen de la normativa una ley “descafeinada” y “tapabocas”.
“Siempre dijimos que la consulta era innecesaria y que iba a prevalecer lo que ya estaba determinado. No es una ley de verdadero acceso, solo basta leer esos criterios de reserva para saber que es una ley tapabocas”, señaló Domínguez, miembro del grupo promotor de la ley.
Jaime López, coordinador de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), asegura que dichos criterios “están bien como concepto de una ley general”, pero reconoce que deben ser “definidos con precisión y que no deben ser indefinidos”, de lo contrario no tendría sentido de ser la normativa.

Propuestas del Ejecutivo
La aplicación de criterios para la reserva de información dentro de la ley es la octava recomendación planteada por la subsecretaría.
- Hablan de criterios de seguridad pública y defensa nacional, pero también de políticas públicas, manejo de finanzas y gastos reservados en las entidades.
- Los criterios propuestos por la subsecretaría deberían aplicarse por decisión colegiada del ente o encargados de la administración de la normativa.
- La salvedad que plantean es que para aplicarlos debe privar el interés general sobre la reserva de información, pero que debe manejarse lo más concretamente posible.
- Se deberán argumentar las razones para decretar la privacidad de la información y en determinados casos se puede pedir la intervención del Órgano Judicial.

Exponen mecanismos de elección de titulares para ley de acceso

De llegar a aprobarse la ley de acceso a la información pública y transparencia, la Subsecretaría de Transparencia recomienda que debería implementarse un método “más abierto” en el proceso de elección de los titulares de la entidad que administra esta normativa y la Ley de Ética Gubernamental, en la que participen los principales órganos del Estado.
“La Presidencia de la República será la encargada de hacer la convocatoria pública. Se recibirán propuestas acompañada de una carta de aceptación de las personas propuestas y una declaración jurada sobre motivos para su elección”, señaló Marcos Rodríguez, titular de la subsecretaría. El funcionario agregó que cualquier organización, sea esta gremial, sociedad civil o académica, puede proponer al candidato de su predilección. “Los que proponen a sus candidatos deben poseer su personería jurídica e inscribirse en el proceso”, dijo Rodríguez.
En la propuesta plantea crear un titular de la entidad, o al menos tres, y completar con un consejo asesor de 10 personas propuestas por Ejecutivo, CSJ, Asamblea, ministerio público, Corte de Cuentas, universidades, ANEP, ONG, APES y medios de comunicación.
Los titulares tendrían que someterse a entrevistas públicas, y de ese proceso seleccionar una terna que pasaría a la CSJ para que esta haga la elección del titular, que podría ser objetado o no por la Asamblea.

Nuevo juicio por fraude en la corredora OBC

La vista pública debió ser suspendida la primera vez debido a que una jueza se excusó de conocer el proceso, ya que es familiar de una de las víctimas.

Suchit Chávez

Ayer, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador volvió a comenzar el juicio por defraudación a la economía pública contra Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, por un aproximado de $8.9 millones.
El imputado, presidente de la corredora de bolsa Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), ya había iniciado su proceso judicial de juicio semanas atrás; sin embargo, la vista pública fue suspendida el 5 de mayo pasado.
Ese día, Jackelin Orellana, quien fungía como jueza suplente, solicitó a los demás miembros del Tribunal Sexto de Sentencia que la excusaran de conocer el caso que acumula a unas 112 presuntas víctimas que invirtieron sus fondos en OBC, antes de 2005, y no han visto regresar su dinero.
En ese momento, Orellana fundamentó que una de las supuestas víctimas era familiar suyo. El Tribunal admitió la excusa y declaró nulo el juicio.
Ayer que comenzó por segunda vez la vista pública —en el mismo tribunal— asumió la jueza titular Lorena de Paredes.
Según fuentes judiciales, para ayer en la tarde estaban programadas las declaraciones de los analistas financieros de la documentación incautada a la corredora de bolsa.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que únicamente se alcanzó a interrogar a un analista. Al inicio del juicio anterior, la defensa había denunciado la falta de 20 folios dentro de la experticia contable. Sin embargo, estos luego fueron ubicados en otro juzgado.
Ayer, según la Fiscalía, se suscitó la misma situación, pero esta fue solventada trasladando la prueba documental.
Los defensores de Villatoro Monteagudo —quien fue detenido en 2007 en Miami (la Florida, Estados Unidos)— alegaron por su parte que este debía ser puesto en libertad debido a que ya habían vencido los dos años máximos de plazo de detención que la ley señala. Fuentes fiscales aseguraron que el Tribunal Sexto de Sentencia declaró no al lugar a la petición ya que para las autoridades salvadoreñas el conteo de detención del acusado empezó a contar desde octubre pasado, cuando fue extraditado.
Villatoro Monteagudo logró su liberación poco tiempo después de haber sido detenido a finales de 2007, por los delitos de lavado de dinero, en Miami, y tras pagar una fianza de alrededor de $200,000.
El acusado fue puesto bajo control con un brazalete que poseía un dispositivo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, en inglés) para su ubicación.
De acuerdo con la acusación, Villatoro desvió $8.9 millones de los inversores de OBC a cuentas personales, o de empresas creadas para tal fin.

El caso en breve
Aunque fue inicialmente acusado de lavado de dinero, Julio Eduardo Villatoro Monteagudo solo fue extraditado por defraudación.
19/07/2004 Cancelación La corredora de bolsa OBC fue cancelada por la Superintendencia de Valores por presuntas anomalías detectadas.
17/02/2005 Acusación La Fiscalía General de la República acusó a Villatoro Monteagudo de defraudación a la economía pública y lavado de dinero.
20/10/2009 Extraditado Villatoro Monteagudo fue extraditado desde Estados Unidos luego de su captura, dos años antes, en Miami, la Florida.
05/05/2010 Juicio nulo Los apenas tres o cuatro días de juicio fueron declarados nulos debido a que una jueza se excusó de conocer el proceso. Ayer, iniciaron de cero otra vez.

Fiscalía solicita información al senador McGovern

Extraoficialmente se conoció que la FGR pretende que revele la fuente que vinculó a un oficial de la PNC con narcotráfico.

Redacción de Nación
La Fiscalía General de la República (FGR) envió una solicitud de información al senador estadounidense James McGovern, quien hace 11 meses denunció el involucramiento de un jefe policial con irregularidades en el combate al narcotráfico.
“Le pedimos (a la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía) que hiciera las gestiones ante él, y ellos ya van a determinar cómo hacer el trámite que corresponde”, dijo uno de los fiscales que investiga al ex jefe de la División Antinarcóticos Godofredo Miranda por varias irregularidades en el combate a las drogas.
En junio del año pasado, McGovern envió una carta al presidente Mauricio Funes en la que solicitaba una investigación efectiva sobre el asesinato del sindicalista Gilberto Soto, de la niña Katya Miranda y contra un grupo de empresarios vinculados al narcotráfico.
La carta del senador McGovern acusó al ex jefe antidrogas de ocultar información procedente de Costa Rica para beneficiar, durante el año 2005, a Reynerio de Jesús Flores Lazo, un empresario unionense al que se le reprochan varios casos de tráfico de drogas desde 2004, los cuales fueron judicializados casi cinco años después.
Por esa denuncia, la inspectoría policial promovió la suspensión temporal de Miranda, mientras que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía lo continúa investigando. Ayer, un fiscal dijo que entre las diligencias de investigación se ha enviado una solicitud a Estados Unidos. La Unidad de Asuntos Internacionales ya tramitó la solicitud.
La unidad de comunicaciones de la Fiscalía confirmó el envío de la solicitud de información, pero dijo que no podía detallar el contenido de la petición. Extraoficialmente se conoció que los fiscales quieren que el senador estadounidense les revele la fuente que vinculó a Miranda con la banda de narcotraficantes Los Perrones.

Promueven desfiles contra las armas

Tania Membreño

En sus camisetas estaba impresa la leyenda “Cero armas, más vida” e iban desfilando sobre la autopista a Comalapa. Llevaban pancartas alusivas a combatir la violencia en el país. Eran alumnos de diferentes centros educativos que participaron ayer en el desfile de inauguración de la Primera Semana de Prevención de la Violencia Armada.
La actividad fue promovida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa Centroamericano para el Control de Armas Ligeras (CASAC) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
La iniciativa, según los organizadores, busca promover el debate entre los sectores sociales para generar conciencia en la población y lograr disminuir los índices de violencia y criminalidad a escala nacional.
Los escolares recorrieron desde la terminal del sur hasta el monumento del Cristo de la Paz. Ahí los funcionarios dieron su discurso referido a la necesidad de prevenir los hechos delictivos en el país. El ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, dio datos proporcionados por la Policía Nacional Civil referidos al uso de armas de fuego en la ejecución de homicidios.
Según las estadísticas policiales, desde hace cinco años el 76% de los crímenes en el país son ejecutados con arma de fuego.
Como parte de la campaña “Cero armas más vida”, los organizadores realizarán mañana el foro nacional sobre prevención y control de la violencia armada, en el cual está previsto que diferentes sectores sociales hagan un análisis de la situación actual en el país. La actividad se llevará a cabo en un hotel capitalino.

Melgar destaca sanción contra altos oficiales

Ministro de Justicia dice que con la destitución por faltas graves se evita contaminación de malos elementos.

Tania Membreño
El ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, se mostró complacido al evaluar las cifras que revelan un aumento en la cantidad de miembros de la corporación policial que han sido destituidos del cargo por vínculos con hechos delictivos.
“Nosotros lo vemos positivo, porque varios policías han sido separados, porque están vinculados, varios están siendo investigados. Bueno, una cosa que no tenía precedente en nuestro país, y es que un ex director de la Policía haya sido expulsado de la corporación por faltas graves que cometió, pero además hay un proceso penal en la Fiscalía General de la República abierto, que ya escapa de la Policía”, indicó el funcionario.
Durante los primeros cuatro meses de 2010, los tribunales disciplinarios de la Policía han destituido a 55 miembros de la corporación vinculados a hechos delictivos y a abandono de labores.
Este año, la cantidad de destituidos está por encima de los 25 miembros que fueron expulsados de la PNC entre enero y junio de 2009.
Para Melgar, lo más importante es que la población esté convencida que cuando un policía es denunciado por la ejecución de un hecho delictivo tenga la certeza de que será investigado y posteriormente sancionado por las instancias internas de la corporación.
En 2010, la cantidad de miembros de la PNC vinculados a hechos muy graves –como secuestro, narcotráfico, extorsiones y tenencia y portación ilegal de armas de fuego– es de 93.
El ministro dijo que tanto la PNC como la ANSP están avanzando en mejorar los mecanismos legales para evitar que la corporación policial se contamine con malos elementos.

Militares absueltos por caso de homicidio

Fiscalía no presentó cargos contra ellos en juzgado de Sonzacate

Marcos Salguero
Los cuatro militares que estuvieron implicados en la muerte de un presunto extorsionista fueron liberados ayer en el Juzgado de Paz de Sonzacate, Sonsonate.
La Fiscalía General de la República solicitó sobreseimiento definitivo por el delito de homicidio ante el Juzgado de Paz de Sonzacate, municipio donde se registraron los hechos.
El jueves en la noche, la Policía Nacional Civil (PNC) puso bajo custodia a un teniente coronel, dos cabos y un soldado acusados de dar muerte a Wilber Mauricio Salama, cuando este, junto a otros individuos, presuntamente recogían el pago de una extorsión.
Los militares dijeron que ellos patrullaban en la zona conocida como Paso Hondo, en Sonzacate, y en ese momento detectaron a los delincuentes y tuvieron que abrir fuego porque los desconocidos intentaron dispararles.
Luego de que la Policía presumiera de un mal procedimiento por parte de los militares, procedió a resguardarlos en el Destacamento Militar Número Seis (DM-6).
Tres días después del hecho, la FGR presentó la acusación por homicidio contra los cuatro militares, pero al mismo tiempo pidió que se emitiera un sobreseimiento definitivo a favor de los mismos.
Por ser el ministerio público el responsable de acusarlos y al no pedir cargos contra ellos, al Juzgado de Paz no le quedó más que acceder a la petición y dejar en libertad a los imputados.
El requerimiento fiscal fue presentado el domingo y ese mismo día se resolvió la situación legal de los militares. Solo quedó pendiente la lectura de la resolución, que se hará este viernes.
La Fiscalía argumentó en su petición que no habían elementos para acusar a los militares, ya que ellos actuaron para impedir un delito.
Los efectivos del Ejército pertenecen a una fuerza de tarea que es parte del Comando Zeus y que trabaja apoyando el combate a la delincuencia en el departamento de Sonsonate.

Audiencia contra Lagos será este jueves

El ex miembro de los Amigos de Mauricio es procesado por una denuncia de estafa que data de 2000.

Carlos Montes
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Miguel impuso una fianza de $500 para que el empresario Luis Ángel Lagos goce de libertad mientras se lleva a cabo la audiencia preliminar en su contra.
Lagos es procesado por estafa desde septiembre de 2000, luego de supuestamente haber recibido dinero por un proyecto de factibilidad que nunca desarrolló.
El acusado fue uno de los principales miembros del movimiento Amigos de Mauricio, uno de los principales soportes de la candidatura del ahora presidente de la República, Mauricio Funes.
La denuncia contra Lagos fue interpuesta hace casi 10 años por el empresario Mario Alvarado en un Juzgado de Paz San Miguel, el cual determinó que el caso pasara a la siguiente instancia.
El tribunal de Instrucción citó al imputado, pero debido a que este no hizo constar el cambio de domicilio, no fue posible localizarlo para las siguientes diligencias. Por lo tanto, fue declarado rebelde y se giró una orden de detención, la cual se hizo efectiva el pasado 10 de mayo, cuando Lagos intentaba obtener una solvencia de la PNC.
La acusación de la Fiscalía señala que Lagos se ofreció a utilizar sus influencias políticas para lograr la ejecución de un proyecto, cuyo detalle no fue especificado en la denuncia de Alvarado. El denunciante había acordado entregar ¢25,000 a Lagos, dinero del cual solo llegó a entregar ¢15,000. No obstante, el servicio ofrecido nunca se concretó.
Tras el pago de la fianza, el juzgado programó la audiencia preliminar para este jueves.