SAN SALVADOR, 31 de mayo de 2010 (INTERJUST). El Juzgado 13° de Paz instalará hoy a las 2 de la tarde audiencia inicial contra Osiris Ásael Ramírez, de 32 años de edad, y Walter Saravia Azucena, acusados por los delitos de estafa y cohecho en perjuicio de María del Carmen y José Adán Aguilar y de la administración pública, respectivamente.
Según el requerimiento fiscal, los ex empleados son acusados presuntamente por cobrar U$300 a cambio del trámite fraudulento de una solvencia de impuestos internos. El documento fue proporcionado a los ofendidos paraqué lo presentaran como requisito en una institución bancaria.
La acusación detalla que todo inició en abril del año 2007 cuando los ofendidos iniciaron los trámites para crear una nueva sociedad comercial y tenían planeado adquirir un inmueble valorado en U$185.000 y para lo que debían realizar varios procedimientos, entre, ellas la legalización de los libros y el sistema contable.
Cuando se presentaron al banco a conocer los requisitos, les comunicaron que tenían que presentar la solvencia de impuestos internos que es extendida por el Ministerio de Hacienda. Al acudir a las oficinas ministeriales, les negaron el documento por presentar inconsistencias en las declaraciones de los periodos 2005 y 2006.
En razón de lo anterior, los ofendidos le comentaron al imputado el problema tributario que tenían y su preocupación por la falta del documento.
Fue así que el imputado Osiris Ramírez presuntamente les comentó que conocía a una persona, refiriéndose presuntamente al imputado Walter Saravia, quien podía resolver el problema de una forma “rápida y legal”, a cambio tenían que pagarle U$300, ya que tenía acceso al sistema del Ministerio de Hacienda.
El 23 de mayo de 2007, los ofendidos entregaron al imputado Osiris Ramírez el dinero acordado, y las declaraciones tributarias de los periodos 2005, 2006 y 2007 para que éste lo entregara al imputado Saravia para su análisis y modificación. Ese mismo día los imputados presuntamente entregaron la solvencia a los ofendidos en la Torre 1 de la dependencia del Estado.
Posteriormente, el matrimonio ofendido presentó el documento a la institución financiera, donde les comunicaron que aún se encontraban insolventes en el sistema tributario y que la solvencia no reflejaba información fidedigna porque el documento era una copia escaneada.
El fiscal del caso solicita al juez decrete instrucción con detención contra los dos ex empleados públicos.
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