CONDENAN A DOS ACUSADOS POR ESTAFA

SAN SALVADOR, 31 de mayo de 2010 (INTERJUST) El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador condenó hoy a Medardo Alfredo Quijano Arriola y Guadalupe Vásquez Ramírez a la pena de cinco años de prisión por coautoría en el delito de estafa en perjuicio de 63 personas.

Los jueces, por unanimidad de votos, basaron su fallo en el testimonio de 59 víctimas de las 61 que desfilaron en el juicio y en la prueba documental ofrecida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, el Tribunal absolvió por el mismo delito a Sandra Magdalena Pacheco de Ventura y Rosa Cándida Pacheco Bonilla, al considerar que las acusadas colaboraron por petición de los coautores, sin obtener ningún beneficio económico.

Según el proceso judicial, los hechos sucedieron a finales de 2008, en el Cantón Las Ánimas del municipio de San Martín, departamento de San Salvador, cuando supuestamente los acusados realizaron varias reuniones con los vecinos de ahí y de algunos cantones aledaños en las que le manifestaban que pertenecían a una Fundación sin fines de lucro denominada EBENEZER.

La fundación se encargaba de proveer proyectos de vivienda a personas de escasos recursos con terrenos o lotes propios, pues al ser beneficiarios de dicho programa, se les construirían viviendas hechas de ladrillo. Para la ejecución de la promesa ofrecida por la fundación argumentaban que contaban con un proyecto financiero de países como Brasil y España.

Para ser incluidos y beneficiados en dicho proyecto debían entregar documentación consistente en cinco copias de la escritura de la propiedad donde se construiría la casa, copia de Documento Único de Identidad personal del propietario del inmueble, fotocopia de Número de Identificación Tributaria y dos fotografías de las personas que formaban el grupo familiar y pagar cierta cantidad de dinero en efectivo.

Los afectados hicieron entregas de dinero entre la cantidad de U$125 y U$150. De esta cantidad, un porcentaje presuntamente era para realizar los trámites del proyecto y la suma restante sería utilizada para gastos en que se incurriría para promover la construcción de las viviendas.

Llegada la fecha para la ejecución del proyecto los afectados se dieron cuenta que los imputados había sido detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de engañar a otras personas con el mismo proyecto. Por lo que procedieron a denunciar ante las autoridades los hechos.