MONITOREO EDH

MONITOREO DE PRENSA ESCRITA
UNIDAD DE COMUNICACIONES
CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA PENAL “DR. ISIDRO MENENDEZ”

Amenaza con litigio internacional
Copreca acudirá a arbitraje por Diego de Holguín

El MOP presentó ayer una denuncia por defraudación millonaria en la construcción del inconcluso bulevar
Omar Cabrera
Una de las dos empresas del asocio que dejó inconcluso el Bulevar Diego de Holguín fue contratada hace dos meses por el Fondo de Conservación Vial (Fovial), que preside el titular del MOP, Gerson Martínez, para un proyecto de mantenimiento de carreteras.
Linares, S.A. de C.V. no aparecía en la lista de empresas constructoras inhabilitadas para licitar obras del sector público, según constató este Diario.
La otras empresa del asocio, Concreto Preesforzado de Centroamérica (Copreca), anunció ayer que acudirá a un arbitraje internacional para resolver sus diferencias con el MOP que terminaron por paralizar el millonario proyecto de la vía rápida.
En una entrevista exclusiva con El Diario de Hoy, el representante legal de Copreca, Jesús Hernández Campollo, dijo en Guatemala que están preparando los documentos para solicitar el arbitraje en aproximadamente un mes.
En este contexto el actual titular de MOP, Gerson Martínez, presentó ayer ante la Fiscalía General de la República una denuncia por supuestas anomalías que se cometieron en el proyecto del Bulevar Diego de Holguín.
Martínez dijo ayer que en el polémico proyecto se defraudó a la economía pública hasta por 23 millones de dólares. Por eso presentó abundantes documentos que según él son suficiente base para que la Fiscalía determine quiénes fueron los responsables de las irregularidades.
Mientras tanto, este Diario tuvo acceso a un documento del Fovial según el cual Linares, S.A. de C.V. tiene actualmente a su cargo el mantenimiento de 10 vías pavimentadas en la zona paracentral del país por un valor de 774,000 dólares.
La constructora ganó la licitación en marzo de este año.
En ese mes, ni Linares ni Copreca figuraban en la lista de empresas inhabilitadas para participar en proyectos del sector público, según ha verificado este Diario.
El representante legal de Linares S.A. de C.V., Hugo Linares, dijo ayer que entre las carreteras a las que están dándole mantenimiento rutinario figuran la que conecta San Rafael Cedros (Cuscatlán) con Sensuntepeque (Cabañas).
El proyecto Fovial 010/2010 incluye también vías urbanas en la ciudad de Cojutepeque y sus alrededores, así como la carretera San Rafael Cedros y San Vicente, añadió el empresario.
La contratación de Linares S.A. de C.V. por parte del Fovial se produjo a pesar de que el actual titular de Obras Públicas, Gerson Martínez, ha acusado recientemente a la empresa de anomalías cometidas en el proyecto de la Diego de Holguín.
Un informe presentado la semana pasada por el MOP sostiene que ni Linares individualmente, ni el asocio en su conjunto, cumplieron con los requisitos necesarios para adjudicarse el contrato del tramo 2 del Bulevar.
"El dictamen de los estados financieros de la empresa Linares no contiene la opinión del auditor (...) por lo que no cumple con las normas de Auditoría", indica el informe, al referirse a uno de los requerimientos no cumplidos.
Hugo Linares respondió ayer que tal acusación es falsa, puesto que los estados financieros de su empresa sí llevaban tal opinión especializada.
Otro señalamiento formulado por el MOP que las dos empresas del asocio rechazan es que hubo un "incremento injustificado" del anticipo del 20 por ciento al 30 por ciento por parte de un funcionario del MOP de la administración de esa época (diciembre de 2005).
"Este incremento significó una erogación adicional de $2,565,000", detalla el informe del MOP.
Pero tanto Linares como Copreca rechazan esta afirmación. Hugo Linares presentó ayer una copia del contrato, según la cual "El contratante (el MOP) otorgará al contratista (el asocio) en concepto de Anticipo, el equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total del contrato".
Por su parte, el representante legal de Copreca, Hernández Campollo, respondió con el mismo argumento al señalamiento del actual titular del MOP.

Gutiérrez: "No tengo ninguna responsabilidad"
Eugenia Velásquez

Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, se topó ayer cara a cara con uno de los personajes más señalados por el titular del ramo en la investigación que ha hecho el MOP sobre las supuestas irregularidades que envuelven el proceso de construcción del tramo II del Bulevar Diego de Holguín.
A la Fiscalía General de la República (FGR), llegó David Gutiérrez, ex titular de Obras Públicas y uno de los que encabezan la lista de más de 12 personas que manejaban el rumbo del MOP entre 2005 y 2008, a quienes Martínez aseguró ayer haber presentado a la Fiscalía, para que sean investigados y juzgados de forma "individual", por las incongruencias encontradas en su indagación institucional que duró un año y las observaciones que revela una auditoría de la Corte de Cuentas de la República.
Ambos se saludaron y se dieron la mano cordialmente. "¿Cómo está, señor ministro?" le preguntó Gutiérrez. "Preocupado, muy preocupado", le contestó Martínez. Los diputados Carmen Elena Calderón de Escalón, de ARENA; Norma Guevara y Lorena Peña, del FMLN, acompañaron al ministro Martínez, para darle su apoyo. Gutiérrez esperó a que el funcionario informara a los medios de comunicación los detalles de la demanda para pronunciarse en su defensa. "Tengo toda la solvencia moral para decirles que no tengo ninguna responsabilidad de ningún tipo sobre los hechos que se me han estado señalando sobre el tema Diego de Holguín Tramo II, en todos los periódicos y en la Asamblea Legislativa", refutó Gutiérrez.
Aseguró que no ha sido el artífice del pago de los arbitrajes que, según Martínez suman casi $7 millones. Es más, explicó que su única participación en el proceso de construcción de la Diego de Holguín, fue haber firmado el contrato con el Consorcio Copreca-Linares, bajo los términos de que si había alguna diferencia que dirimir, ésta se resolviera en los Tribunales comunes y no por medio de arbitrajes. "Quiero ser enfático y dejar claro de una vez por todas que esos hechos se realizaron varios meses después de mi renuncia como ministro (el 19 de diciembre de 2006), por lo que queda claro que no tengo ninguna responsabilidad en el tema del arbitraje y los pagos de ésta", aseveró.
En cuanto a los anticipos efectuados por casi $5 millones a la firma, Gutiérrez se defiende que fueron desembolsos apegados a la ley, una vez que el MOP dio la orden de inicio. "Yo creo que es cuestión de lógica normal y común que cuando se firma un contrato y se firma la orden de inicio, por ley el ejecutor tiene derecho al anticipo para poder iniciar los trabajos, especialmente cuando es un trabajo que conlleva un tiempo determinado para realizarlo. Los anticipos fueron entregados en mi gestión de acuerdo a la ley", argumentó.
Gutiérrez citó un mensaje bíblico para tildar de "mentirosos" a quienes lo involucran de nuevo con el pago de $40 millones en arbitrajes en el MOP antes de 2004. Dijo que eso fue antes de su gestión y que la Corte de Cuentas resolvió a su favor. "Si Dios está conmigo, quién contra mí", les recordó.

Cumplieron con su deber
FGR exculpa a unidad militar por muerte al repeler banda
Se trata de un teniente coronel y tres soldados que llegaron a auxiliar a un comerciante que era extorsionado
David Marroquín

La Fiscalía General pidió liberar de cargos penales a los cuatro militares que se encuentran detenidos por la muerte de un supuesto extorsionista durante un intercambio de disparos la noche del jueves pasado en las afueras de Sonzacate, departamento de Sonsonate.
El Ministerio Público solicitó el fin de semana pasado al Juzgado de Paz de Sonzacate que un teniente coronel y tres soldados queden en libertad porque actuaron dentro de lo que contempla la ley con respecto al cumplimiento del deber.
El director regional de la Fiscalía en occidente, Mario Martínez Jacobo, explicó que la actuación de los militares está contemplada dentro de las causales que permite que ellos puedan ser excluidos de toda responsabilidad penal con relación a la muerte del supuesto extorsionista, tal como lo indica el artículo 27, numerales 1 y 3 del Código Penal.
"La reacción que tuvieron los soldados era de defensa cuando uno de los extorsionistas comenzó a dispararles y al responder hirieron de gravedad a uno de los extorsionistas", dijo Martínez Jacobo. El lesionado fue auxiliado por soldados y policías y luego llevado al hospital de Sonsonate, donde murió.
El fiscal aseguró que la víctima de la extorsión, quien se encuentra bajo protección especial, confirmó que el que murió era uno de los extorsionistas y los que lo acompañaban andaban armados. Agregó que uno de los delincuentes comenzó a dispararles a los soldados al ver que éstos se dirigían hacia ellos.
Los militares habían acudido al sitio, previa coordinación con la Policía, para auxiliar a la persona que era extorsionada en las afueras de Sonzacate.
La víctima había pedido la ayuda del Ejército, aparentemente porque no confiaba en la Policía.
La audiencia inicial en contra de los militares está programada para el viernes próximo y se espera que el tribunal resuelva a favor del teniente coronel y los tres soldados. Ahora están a disposición del juzgado de Paz, pero recluidos en el Destacamento Militar 6.
El viceministro de Defensa, general Atilio Benítez, dijo que no están en contra de se investigue a los cuatro militares que participaron del operativo, pero también no se debe permitir que se dañe la imagen del Ejército por una mala información (ver nota aparte).
"Si ha habido un mal procedimiento por supuesto que se le va a aplicar el rigor de la ley, a cualquier militar, verdad, pero también si ha habido una información mala, eh, y con mala intención de dañar a los soldados también, debería aplicarse ahí también el rigor de la ley", dijo Benítez.
Fuentes policiales aseguraron que las jefaturas de la Policía recomendaron a los jefes de las delegaciones policiales que no les reciban detenidos en flagrancia por extorsión o secuestro a los soldados o cuando llevan algún tipo de golpes o lesiones.
El subdirector de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que ninguna institución que no sea la Fiscalía o Policía puede actuar de forma independiente para arrestar a extorsionistas o secuestradores. "En los casos de extorsión u otro tipo de delito requiere de una intervención de la Policía y de la Fiscalía General, de forma que cualquier diligencia de investigación ni la Policía ni mucho menos otra institución pueda hacerla sin ningún tipo de control, porque todo inicia de un direccionamiento que da la Fiscalía", justificó Ramírez.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, sostuvo que siempre se corre el riesgo de que se den este tipo de incidentes.
Agregó que lo más importante es una constante evaluación de la coordinación entre el Ejército y la Policía para mejorar el trabajo antidelincuencial entre las dos instituciones.
"Con este incidente no quiero que no se vaya a descalificar el apoyo que esta dando la Fuerza Armada, que en realidad es positivo. Es cierto que es un incidente lamentable, pero pesa más lo positivo que están haciendo en apoyo a la seguridad", explicó el ministro Melgar.
El general Benítez prácticamente le tomó la palabra a Melgar, para afinar los esfuerzos institucionales.
"La coordinación debe ser muy estrecha. No puede andar haciéndose actividades sin coordinarse", apuntó.

FAES percibe intención de dañar su labor
La Fuerza Armada percibe que hay intención de afectar su imagen en el combate contra la delincuencia y pidió que se aplique el rigor de la ley a quien esté tratando de hacerlo difundiendo información falsa.
"Si se está dando información de que la tropa ha hecho algo incorrecto y se comprueba que no es así, también debe haber una pena para esta gente que también pudo haber dado esta información falsa", declaró el viceministro de Defensa, general Atilio Benítez.
Se refería específicamente a señalamientos de mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) de que una unidad militar mató a un presunto extorsionista pese a que estaba desarmado durante un operativo en Sonzacate, Sonsonate.
La Fiscalía ha exonerado de responsabilidad penal a los integrantes de la patrulla militar tras comprobar que se defendieron de un ataque.
Este sería el segundo roce entre la Policía y el Ejército después que la primera reclamó la semana anterior porque soldados usaron pasamontañas para capturar a dos extorsionistas en San Miguel, lo cual se aclaró de inmediato. (ver otros incidentes de los últimos meses en recuadros de abajo).
"Entiendo que en esta actividad precisamente hubo la coordinación y al parecer no había suficientes elementos de la PNC para acompañar (a la tropa) y dijeron que se iban a incorporar después", explicó.
No obstante, los mandos militares están realizando una investigación interna y tienen previsto emitir un dictamen el próximo viernes, insistió el jefe castrense. "Si ha habido un mal procedimiento por supuesto que se le va a aplicar el rigor de la ley, a cualquier militar, pero también si ha habido una información mala, y con mala intención de dañar a los soldados también, debería aplicarse también el rigor de la ley", agregó.

Negó haber asistido en acto de constitución
Inspectora PNC aún no investiga sindicalización
Asegura que no es sindicato, sino una "asociación"
El Diario de Hoy

Ha pasado un año desde que se comenzó a gestarse la creación de la Asociación General de Empleados de la Policía Nacional Civil (AGE-PNC) en contraposición de lo que señala la Constitución, y hasta el momento la Inspectoría General apenas recopila información si la referida agrupación sindical se encuentra dentro del marco de la legalidad o no.
Ayer, la inspectora general de la Policía, Zaira Navas, explicó que por el momento se encuentran recabando información para establecer si los promotores de esta iniciativa sindical han faltado a la Ley Disciplinaria.
Sin embargo, aseguró que aún desconoce si ya se les ha abierto expedientes disciplinarios a los dirigentes de la AGE-PNC.
"Hemos empezado a documentar esta situación para ver el marco de la legalidad de este tipo de instancias (Asociación Policial)", indicó Navas.
La Inspectora salió en defensa de la asociación de empleados al asegurar que no se trata de un sindicato, sino más bien de una asociación gremial.
"No existe ningún sindicato dentro de la Policía, hay una diferencia sustancial en lo que es un sindicato y lo que es una asociación", sostuvo.
La funcionaria rechazó lo que dijeron fuentes policiales que señalaron que ella y el director de la Policía, Carlos Ascencio, habrían asistido como invitados especiales al acto de constitución de la AGE-PNC en noviembre pasado.
"Les pido que verifiquen sus fuentes porque no es correcto que citen a un funcionario en una actividad que no ha estado presente", dijo Navas, quien reiteró que ella nunca ha participado en ninguna reunión donde se haya realizado la conformación de la asociación sindical de los empleados de la Policía.
El subdirector de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que el ministerio de Gobernación es la instancia que determinará si la asociación sindical de los policías está dentro o fuera dentro del marco de la ley.
"Como autoridades de la Policía no tenemos una posición, porque no le corresponde a la Dirección de la Policía autorizar o denegar la autorización para la existencia de cualquier organización", dijo Ramírez Landaverde.
El jefe policial sostuvo que la Constitución lo que prohibe es la sindicalización de los Policías, pero no que se puedan asociarse como gremio. Sin embargo, el artículo 47 en su inciso segundo es claro, porque prohibe la libre asociación o sindicalización a los "miembros de la Policía Nacional Civil (PNC)" sin definir si se trata de empleados administrativos o los operativos (policías).

Hay 68 más que en 2009
Policía registra 1,736 homicidios hasta 23 de mayo
El Diario de Hoy

La Policía Nacional Civil registró desde el 1 de enero al 23 de mayo, 1,736 homicidios.
Esta cifra aumentó en comparación con el año pasado, cuando se registraron 1,668 asesinatos.
Sólo en los 23 días de mayo, se reportan 285 homicidios, entre los cuales se encuentran los de una madre y dos hijos en Armenia, Sonsonate.
Según la Policía, Blanca Guillén de Hernández, de 32 años; y su hijo José, de 16, fueron ultimados en la lotificación Las Brisas, cantón Copapayo, de Armenia, el pasado viernes, Pero su hija, Verónica de 13 años, fue raptada y apareció muerta el domingo por la noche en un pozo en la lotificación Plan de Coco, en el mismo municipio.
La menor presentaba señales de haber sido violada antes de ser asesinada a cuchilladas.
En otro hecho, el agricultor Fabio Catalino Argueta, de 57 años, murió a pedradas y cuchilladas la madrugada de ayer en la calle principal del caserío Agua Agria, en Guadalupe, San Vicente. Según la Policía, la víctima departía con amigos cuando se generó una discusión.
Dos menores y un adulto fueron asesinados en Ahuachapán entre el domingo y ayer, confirmaron las autoridades. Uno de ellos fue Wilson Ernesto Aguilar Castaneda, de 17 años, quien presentaba un balazo en la cabeza.
Mientras que Noemí Cecilia Ramírez Ramírez, de 14, fue encontrada sin vida en la calle que lleva a la colonia San Juan, en San Sebastián Salitrillo. La menor tenía siete impactos de bala.
Asimismo, en la madrugada de ayer fue hallado el cadáver de un hombre no identificado al final del callejón Estévez, del cantón Libertad, en Chalchuapa.
Anoche, Mario Agustín Cornejo, de 33, supuesto pandillero fue asesinado por otro marero de la Mao Mao, en la colonia San José II, en Soyapango, un sujeto fue detenido en vías de investigación.

BREVES JUDICIALES
Habrían defraudado a152 personas
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reinició ayer el juicio contra el ex presidente de de la corredor e de bolsa Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), Julio Eduardo Villatoro Monteaugudo, acusado de defraudar a la economía pública. Ayer deberían testificar tres peritos que realizaron la auditoria en la que se basa la denuncia fiscal, solo uno lo hizo. El motivo defensa, fiscalía y jueces se enfrascaron en un tira y encoge para determinar si se admitía como prueba el documento original de la auditoria o una copia certificada, a la que le faltan 20 páginas.

Por asesinar a menor
Condenan a marero a 25 años
El pandillero Juan Miguel Ascencio Rodríguez fue condenado a 25 años de cárcel por asesinar a una menor de 17 años, informo la Fiscalía. El hecho sucedió el 23 de febrero de 2009, cuando el convicto trató de persuadir al novio de la víctima a departir con él. Como se negó, mató a la menor.

En Suchitoto
Cárcel para médico por agresión
El médico José Noe Pérez fue enviado a prisión por el Juzgado Segundo de Paz de Suchitoto, acusado de agredir sexualmente a una paciente en el Hospital Nacional de ese municipio, en Cuscatlán.
Según la Fiscalía tocó las genitales de la víctima, quien consultaba por un dolor de estomago, la mañana del 17 de mayo. La victima dijo que le hizo saber al médico que ese día tenía programada una citología, pero que decidió pasar antes la consulta por el dolor de estomago. Luego denunció el caso.

EDITORIAL. La nota del día
Usan los tribunales para efectuar extorsiones
SUMMUM IUS, SUMMA INIURIA: Un derecho innegable se transforma en irritante injusticia cuando, llevado a sus últimos límites, invade la esfera de otros derechos
En El Mercader de Venecia, de Shakespeare, un usurero, Shylock, pacta un préstamo que de no pagarse, le da derecho de sacar una libra de carne a su deudor. Más tarde el juez emite su fallo y reconoce el derecho de Shylock de cobrar la libra de carne, pero le advierte que si derrama una sola gota de sangre lo condena a muerte. Por connivencia, complicidad, ignorancia o estupidez, varios jueces han dado curso o tramitan demandas de cinco, veinte, cincuenta o cien millones de dólares que de ganarse, causarían una injusticia desmesuradamente mayor que el supuesto agravio, incluyendo la ruina de empresas y familias.
Alguien puede demandar porque "al no suministrarme los materiales no pude hacer la obra y mi compañía quebró" (cuando la causa de la negativa fue el mal historial de crédito); o "en esa casa tenía un salón tapizado en seda que heredé de mis abuelos que en el curso del embargo destruyeron, por lo que pido treinta millones para resarcirme del dolor"; o, "si bien el vehículo estaba asegurado en veinte mil dólares, quiero del seguro cincuenta mil por los daños morales…"
La administración de justicia debe investigar a los jueces que se prestan a extorsionar a personas, empresas y financieras, empujando a "arreglos extrajudiciales" que luego se reparten entre demandantes y corruptos del tribunal. En otros casos la alternativa que plantean al demandado es "o pagas lo que te piden para conciliar, o vas a la cárcel". Las conciliaciones equivalen a secuestros legales, en los que la víctima o paga el rescate o queda confinada en un penal.

Se relamen pensando en la tajada que les toca

La norma en los países civilizados es que los jueces examinan la validez de una demanda y, al final del proceso, de ser condenado el demandado, fijan la pena. Acá el juez admite la demanda y además mantiene la pena que a su capricho exige el demandante: quiere que la compañía de seguros le pague el doble de lo pactado, o que por los perros que murieron le compensen con cuarenta y tres millones de dólares.
La repugnante práctica equivale a que un hombre le propine una modesta paliza a una persona, que esta sea tratada por golpes menores pero que el juez, a petición de ella, condene al agresor a treinta años de cárcel. O igualmente, que obligue al hombre o a pagar cien mil dólares a la parte acusadora, o a terminar en una de nuestras modernas y espaciosas cárceles, ahora bajo nueva e ilustrada dirección.
La plaga se caracteriza por el hecho de que hay abogados especializados en extorsiones legales, conocedores de las flaquezas de muchos funcionarios del sistema de justicia en el país. El asunto se ha desbordado y no pasan muchas semanas sin que se conozca una nueva barbaridad: este quiere cinco millones, aquel veinte, el otro cincuenta, el mala paga doscientos… y en cada caso un juez pícaro que se relame de felicidad pensando en la tajada que va a recibir. Todo es "conciliar", llegar a arreglos amistosos. Esta situación ha llevado a que los inversionistas extranjeros estipulen que de darse conflictos, estos serán dirimidos en tribunales estadounidenses o europeos. Por lo de la libra de carne...