SAN SALVADOR, 23 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla suspendió este lunes la Vista Pública en el caso que se investiga contra tres gerentes de la empresa Baterías de El Salvador S.A. de C.V., procesados por el delito de contaminación ambiental agravada.
El inicio de la Vista Pública estaba programado para hoy, sin embargo; los jueces del tribunal accedieron a no instalarla debido a dos peticiones hechas por las partes procesales.
Los defensores de los imputados Hugo Reynaldo Trujillo, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito, quienes son juzgados por el delito de contaminación ambiental agravada, solicitaron que el juicio se suspenda, ya que están a la espera de los resultados del laboratorio sobre la escoria extraída de la fábrica Baterías de El Salvador (RECORD), para determinar el nivel de plomo que posee.
La empresa Industrias MONDELO, de origen mexicano, ha mostrado interés en comprar y remover la escoria que permanece al interior de la fábrica para posteriormente vender el plomo extraído, según sostienen los defensores.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió un plazo para que el Ministerio de Hacienda les otorgue los fondos para el traslado y comparecencia de los peritos y testigos a la Vista Pública.
Ante esto, el tribunal otorgó el plazo correspondiente para dichas diligencias y, aunque no precisó la fecha exacta, si adelantó que el juicio sería instalado hasta el próximo año. Sin embargo, la FGR y los defensores de los imputados deberán informar al tribunal sobre los adelantos y el resultado de las diligencias hechas; además de diseñar un plan de trabajo para la ejecución, remoción y transporte transfronterizo de la escoria.
La audiencia en este caso fue realizada en junio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico y su resolución fue dada a conocer el 27 de julio del mismo año, donde el caso pasó a la etapa de Vista Pública.
Los imputados se desempeñaban como ingenieros dentro de la empresa Baterías de El Salvador y actualmente gozan de medidas sustitutivas a la detención provisional.
Según datos del proceso, el 24 de septiembre del año 2007, las autoridades del Ministerio de Salud clausuraron la fábrica Baterías RECORD de El Salvador por considerar que no contaban con los permisos necesarios para operar.
El 29 de febrero de 2008 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó requerimiento en el Juzgado de Paz de San Juan Opico contra tres miembros de la directiva de la empresa y tres ingenieros.
El 6 de marzo el Juzgado de Paz instaló la audiencia inicial, en la cual el Juez, Lic. Rafael Meléndez, resolvió instrucción formal con detención provisional para los directivos, así como la inmovilización de varias cuentas bancarias por 141 millones de dólares.
En los meses siguientes, el Juzgado de Primera Instancia programó varias diligencias; entre estas, entrevistas a testigos, tomas de muestras de agua, suelo y aire.
Durante el mes de septiembre de 2008 el Juzgado realizó la inspección en el Río Sucio, ubicado en el municipio de San Juan Opico, y que recorre varios caseríos y cantones cercanos a la planta. El objetivo de esta diligencia fue tomar muestras para analizarlas y determinar presencia de plomo en el agua. Además, se realizó anticipo de prueba de toma de muestras y ceniza del interior de la fábrica Baterías de El Salvador.
En tanto, los imputados ausentes Ronald Antonio Lacayo Argüello, director; Sandra Cecilia Lacayo de Escapini, secretaria, y José Ofilio Gurdián Lacayo, presidente de la empresa Baterías de El Salvador, poseen orden de captura vigente.
k.p./Interjust
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