PROCESADO POR EVASIÓN DE IMPUESTOS PROPONE PAGO

SAN SALVADOR, 30 DE AGOSTO 2010. (INTERJUST). La audiencia de reapertura programada para este lunes en el Juzgado 7° de Instrucción contra José Israel Bonilla Granados, quien es procesado por el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública, se suspendió debido a que la defensa del imputado propuso el pago de la cantidad presuntamente evadida.

La Defensa del imputado y la Fiscalía General de la República (FGR) esperan firmar un acta sobre la forma de pago, que podría ser 50,000 dólares en efectivo, la garantía de un inmueble valorado en 200,000 y el resto en cuotas, que asciende a los 193,000 dólares evadidos, más un aproximado de 100,000 por intereses.

Israel Bonilla fue sobreseído provisionalmente el 31 de agosto de 2009 a raíz de diferencias en los Informes de Auditoría contable realizados por los peritos propuestos por ambas partes y que no coincidían en el monto supuestamente evadido.

La Fiscalía General de la República acusó al imputado con un cálculo en el monto evadido de 802,839.53; sin embargo, el perito de la Fiscalía dijo que la cantidad que debía pagar era de 587,901.04 dólares, mientras que el perito de la defensa calcula el monto en 193,24.63 dólares.

Para el juzgador, era necesario que un tercer peritaje dirimiera el monto supuestamente evadido, el cual fue hecho por una persona nombrada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que analizó las conclusiones de ambos informes.

Fuentes del juzgado dijeron en esa oportunidad que el vehículo en el que fue capturado el imputado no era propiedad de Reynerio de Jesús Flores Lazo, persona a la que se le atribuye participación delincuencial en delitos de narcotráfico; sino de Inés Saúl Flores Lazo, quien es un abogado y persona ajena al proceso.

Bonilla Granados, quien estaba en calidad de imputado ausente, acudió al juzgado el pasado 20 de agosto, cuando fue capturado y se realizó la audiencia en la que la FGR mantuvo la acusación. La defensa pidió al juez decretar la nulidad absoluta del caso debido a que no se agotó la etapa administrativa y cambiar la calificación del delito bajo el argumento que el imputado pudo proporcionar información inexacta y no falsa.

Según el dictamen de acusación fiscal, el día 3 de julio de 2007, se recibió por parte de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, una denuncia manifestando que en el Sistema de Denuncias se había recibido información que el imputado formaba parte de un grupo de personas que se dedican a evadir impuestos y contrabandear mercaderías en la zona oriental del país.

La Dirección General de Impuestos Internos practicó una auditoría de fiscalización al imputado durante el período del uno de enero al 31 de diciembre de 2005, la cual estableció que Bonilla Granados obtuvo ingresos que no declaró al Estado y que le permitieron efectuar depósitos en diferentes cuentas bancarias a su nombre.

Los auditores concluyeron que el implicado no dio cumplimiento a las Obligaciones Tributarias de la Ley de Impuesto sobre la Renta y del Código Tributario y presentó su declaración los días 2 de mayo de 2006 y 24 de agosto de 2007, respectivamente, liquidando originalmente un impuesto únicamente por la cantidad de 369.85 dólares y, posteriormente, un impuesto solo por 152.77 dólares, consignando originalmente ingresos gravados solo por la cantidad de 21,203.77; pese a que debió haber declarado 802,839.53.

Impuestos Internos consideró que, en este caso, se reunieron los elementos del delito Evasión de Impuestos, pues Bonilla Granados omitió declarar hechos generadores con el propósito de evadir impuestos y consignó información falsa, y advierte que no obstante presentó estados financieros, no llevó contabilidad formal cuando estaba obligado.

La FGR decretó la orden de detención administrativa en contra del procesado el día 24 de abril de 2008, por su autoría directa en el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública y su captura fue ordenada por el Juzgado 7° de Paz, que ordenó la Instrucción Formal con detención provisional, se realizó frente al Hotel Royal Crown y gasolinera Texaco El Sitio, sobre la carretera Panamericana, en San Miguel.

El Análisis Económico, Financiero, Contable y Fiscal del patrimonio del imputado determinó que durante el año 2005, el imputado obtuvo en concepto de ingreso la cantidad de 2,415.907.97 dólares, cantidad que tuvo que haber declarado.

Además, consigna que no se pudo identificar obligaciones, ya que el imputado no llevó contabilidad formal, pero sí estableció que fueron depositados en sus cuentas bancarias personales y que éste tuvo la disponibilidad sobre ellos.

k.c./Interjust