SAN SALVADOR, 23 DE AGOSTO DE DE 2010 (INTERJUST) El Juzgado 13º de Paz decretó instrucción formal con medidas sustitutivas contra Raúl Ernesto Somoza Menéndez, de 43 años de edad, y José Gilberto Cornejo Beltrán, de 40, acusados de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública.
El juez Francisco Antonio Escoto dio a conocer la resolución el domingo y se basó en suficientes indicios que presentó el ministerio público en los cuales vinculan a los ex funcionarios con el ilícito. Los imputados no podrán salir del país ni cambiar de domicilio y se presentaran periódicamente a firmar al Juzgado 10º de Instrucción.
Como requisito para que gocen de libertad, el juez les impuso una fianza de 25,000 dólares para Raúl Somoza y de 10,000 dólares para Cornejo Beltrán, las cuales deben ser canceladas en el Ministerio de Hacienda.
Según indagaciones de la Fiscalía General de República (FGR) a los acusados se les relacionó en cuatro casos donde otorgaron presuntamente concesiones de líneas a transportistas del sector público, pese a que existía un decreto legislativo que prohibía emitir más autorizaciones.
Los acusados presuntamente cometieron el ilícito cuando ambos fungían como Director General de Transporte Terrestre y Jefe del Departamento Técnico, del Viceministerio de Transporte (VMT), respectivamente.
Según la investigación, el decreto legislativo que desobedecieron los funcionarios establecía que desde el 21 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2009 estaba suspendida el otorgamiento de concesiones por parte de la Dirección General de Trasporte Terrestre, del Vice-Ministerio de Transporte, con base al decreto legislativo número 186 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
De acuerdo a las indagaciones del FGR, los imputados violentaron dicho decreto y otorgaron permisos que ya habían sido denegados por no llenar los requisitos.
El imputado Somoza emitió dichas resoluciones en la cual favorecía a los solicitantes. Este presuntamente se basaba en las opiniones técnicas del acusado Cornejo Beltrán las cuales reflejaba que las unidades de transporte cumplían los requisitos necesarios para su operatividad.
a.s./Interjust
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