SAN SALVADOR, 31 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 5º de Instrucción realizará mañana miércoles a las 9 a.m. la audiencia preliminar contra Blanca Cecilia Navarro Mejía, de 19 años, acusada de homicidio agravado en grado de coautoría, en perjuicio de la vida del estudiante Carlos Francisco Garay Granados, de 18, hecho ocurrido el 11 de marzo recién pasado.
El Juez ha citado a las partes procesales para que presenten las pruebas a favor y en contra de la procesada, quien permanece recluida en el Centro de Detención de Mujeres en Ilopango. El Juzgado ratificó la detención provisional en marzo pasado.
En la etapa de instrucción el juez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar varias diligencias, entre las que destacan la entrevista al acompañante de la víctima y personas que se encontraban en el lugar de los hechos; además, le encomendó investigar donde se encontraba el cincho decomisado a la imputada, así como presentar las diligencias de ratificación de secuestro de dicho objeto.
El Juzgador libró oficio a la División de la Policía Técnica Científica para que remitiera el resultado de la experticia practicada, en calidad de anticipo de prueba a la ropa de la imputada, por el Juzgado 5° de Paz; también libró oficio al Instituto de Medicina Legal para que remitiera el resultado de la autopsia de la víctima.
Datos de las investigaciones policiales señalan que el 11 de marzo pasado la acusada, junto con un menor de edad, se transportaban en un bus de la ruta 16 del que se bajaron sobre la 75 avenida norte de la Colonia Escalón.
Ambos se dirigieron a la víctima, quien vestía una camisa roja con el logo del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), el menor lo atacó con un arma blanca, mientras la imputada agredió al acompañante del joven con un cincho de cuero.
La víctima utilizó su mochila para protegerse; pero el menor agresor logro herirlo en varias ocasiones y le quitó la camisa cuando ya se encontraba en el suelo. El estudiante falleció cuando era atendido en el Hospital Rosales.
Los implicados fueron capturados por agentes de la Sub-División Flor Blanca que participaban en el Plan Escuelas Seguras, quienes fueron informados del hecho y les dieron persecución, capturándolos varias cuadras después. La audiencia inicial para la imputada la realizó el Juzgado 5° de Paz el 15 de marzo, y se ordenó instrucción formal con detención provisional; además, fue enviada al Centro Readaptación de Mujeres.
El abogado Oscar Vega presentó también recientemente la acusación en el caso y tiene como prueba principal la secuencia fotográfica captada por un fotoperiodista del periódico La Prensa Gráfica.
k.c./Interjust
martes, 31 de agosto de 2010
lunes, 30 de agosto de 2010
PROCESADO POR EVASIÓN DE IMPUESTOS PROPONE PAGO
SAN SALVADOR, 30 DE AGOSTO 2010. (INTERJUST). La audiencia de reapertura programada para este lunes en el Juzgado 7° de Instrucción contra José Israel Bonilla Granados, quien es procesado por el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública, se suspendió debido a que la defensa del imputado propuso el pago de la cantidad presuntamente evadida.
La Defensa del imputado y la Fiscalía General de la República (FGR) esperan firmar un acta sobre la forma de pago, que podría ser 50,000 dólares en efectivo, la garantía de un inmueble valorado en 200,000 y el resto en cuotas, que asciende a los 193,000 dólares evadidos, más un aproximado de 100,000 por intereses.
Israel Bonilla fue sobreseído provisionalmente el 31 de agosto de 2009 a raíz de diferencias en los Informes de Auditoría contable realizados por los peritos propuestos por ambas partes y que no coincidían en el monto supuestamente evadido.
La Fiscalía General de la República acusó al imputado con un cálculo en el monto evadido de 802,839.53; sin embargo, el perito de la Fiscalía dijo que la cantidad que debía pagar era de 587,901.04 dólares, mientras que el perito de la defensa calcula el monto en 193,24.63 dólares.
Para el juzgador, era necesario que un tercer peritaje dirimiera el monto supuestamente evadido, el cual fue hecho por una persona nombrada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que analizó las conclusiones de ambos informes.
Fuentes del juzgado dijeron en esa oportunidad que el vehículo en el que fue capturado el imputado no era propiedad de Reynerio de Jesús Flores Lazo, persona a la que se le atribuye participación delincuencial en delitos de narcotráfico; sino de Inés Saúl Flores Lazo, quien es un abogado y persona ajena al proceso.
Bonilla Granados, quien estaba en calidad de imputado ausente, acudió al juzgado el pasado 20 de agosto, cuando fue capturado y se realizó la audiencia en la que la FGR mantuvo la acusación. La defensa pidió al juez decretar la nulidad absoluta del caso debido a que no se agotó la etapa administrativa y cambiar la calificación del delito bajo el argumento que el imputado pudo proporcionar información inexacta y no falsa.
Según el dictamen de acusación fiscal, el día 3 de julio de 2007, se recibió por parte de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, una denuncia manifestando que en el Sistema de Denuncias se había recibido información que el imputado formaba parte de un grupo de personas que se dedican a evadir impuestos y contrabandear mercaderías en la zona oriental del país.
La Dirección General de Impuestos Internos practicó una auditoría de fiscalización al imputado durante el período del uno de enero al 31 de diciembre de 2005, la cual estableció que Bonilla Granados obtuvo ingresos que no declaró al Estado y que le permitieron efectuar depósitos en diferentes cuentas bancarias a su nombre.
Los auditores concluyeron que el implicado no dio cumplimiento a las Obligaciones Tributarias de la Ley de Impuesto sobre la Renta y del Código Tributario y presentó su declaración los días 2 de mayo de 2006 y 24 de agosto de 2007, respectivamente, liquidando originalmente un impuesto únicamente por la cantidad de 369.85 dólares y, posteriormente, un impuesto solo por 152.77 dólares, consignando originalmente ingresos gravados solo por la cantidad de 21,203.77; pese a que debió haber declarado 802,839.53.
Impuestos Internos consideró que, en este caso, se reunieron los elementos del delito Evasión de Impuestos, pues Bonilla Granados omitió declarar hechos generadores con el propósito de evadir impuestos y consignó información falsa, y advierte que no obstante presentó estados financieros, no llevó contabilidad formal cuando estaba obligado.
La FGR decretó la orden de detención administrativa en contra del procesado el día 24 de abril de 2008, por su autoría directa en el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública y su captura fue ordenada por el Juzgado 7° de Paz, que ordenó la Instrucción Formal con detención provisional, se realizó frente al Hotel Royal Crown y gasolinera Texaco El Sitio, sobre la carretera Panamericana, en San Miguel.
El Análisis Económico, Financiero, Contable y Fiscal del patrimonio del imputado determinó que durante el año 2005, el imputado obtuvo en concepto de ingreso la cantidad de 2,415.907.97 dólares, cantidad que tuvo que haber declarado.
Además, consigna que no se pudo identificar obligaciones, ya que el imputado no llevó contabilidad formal, pero sí estableció que fueron depositados en sus cuentas bancarias personales y que éste tuvo la disponibilidad sobre ellos.
k.c./Interjust
La Defensa del imputado y la Fiscalía General de la República (FGR) esperan firmar un acta sobre la forma de pago, que podría ser 50,000 dólares en efectivo, la garantía de un inmueble valorado en 200,000 y el resto en cuotas, que asciende a los 193,000 dólares evadidos, más un aproximado de 100,000 por intereses.
Israel Bonilla fue sobreseído provisionalmente el 31 de agosto de 2009 a raíz de diferencias en los Informes de Auditoría contable realizados por los peritos propuestos por ambas partes y que no coincidían en el monto supuestamente evadido.
La Fiscalía General de la República acusó al imputado con un cálculo en el monto evadido de 802,839.53; sin embargo, el perito de la Fiscalía dijo que la cantidad que debía pagar era de 587,901.04 dólares, mientras que el perito de la defensa calcula el monto en 193,24.63 dólares.
Para el juzgador, era necesario que un tercer peritaje dirimiera el monto supuestamente evadido, el cual fue hecho por una persona nombrada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que analizó las conclusiones de ambos informes.
Fuentes del juzgado dijeron en esa oportunidad que el vehículo en el que fue capturado el imputado no era propiedad de Reynerio de Jesús Flores Lazo, persona a la que se le atribuye participación delincuencial en delitos de narcotráfico; sino de Inés Saúl Flores Lazo, quien es un abogado y persona ajena al proceso.
Bonilla Granados, quien estaba en calidad de imputado ausente, acudió al juzgado el pasado 20 de agosto, cuando fue capturado y se realizó la audiencia en la que la FGR mantuvo la acusación. La defensa pidió al juez decretar la nulidad absoluta del caso debido a que no se agotó la etapa administrativa y cambiar la calificación del delito bajo el argumento que el imputado pudo proporcionar información inexacta y no falsa.
Según el dictamen de acusación fiscal, el día 3 de julio de 2007, se recibió por parte de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, una denuncia manifestando que en el Sistema de Denuncias se había recibido información que el imputado formaba parte de un grupo de personas que se dedican a evadir impuestos y contrabandear mercaderías en la zona oriental del país.
La Dirección General de Impuestos Internos practicó una auditoría de fiscalización al imputado durante el período del uno de enero al 31 de diciembre de 2005, la cual estableció que Bonilla Granados obtuvo ingresos que no declaró al Estado y que le permitieron efectuar depósitos en diferentes cuentas bancarias a su nombre.
Los auditores concluyeron que el implicado no dio cumplimiento a las Obligaciones Tributarias de la Ley de Impuesto sobre la Renta y del Código Tributario y presentó su declaración los días 2 de mayo de 2006 y 24 de agosto de 2007, respectivamente, liquidando originalmente un impuesto únicamente por la cantidad de 369.85 dólares y, posteriormente, un impuesto solo por 152.77 dólares, consignando originalmente ingresos gravados solo por la cantidad de 21,203.77; pese a que debió haber declarado 802,839.53.
Impuestos Internos consideró que, en este caso, se reunieron los elementos del delito Evasión de Impuestos, pues Bonilla Granados omitió declarar hechos generadores con el propósito de evadir impuestos y consignó información falsa, y advierte que no obstante presentó estados financieros, no llevó contabilidad formal cuando estaba obligado.
La FGR decretó la orden de detención administrativa en contra del procesado el día 24 de abril de 2008, por su autoría directa en el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública y su captura fue ordenada por el Juzgado 7° de Paz, que ordenó la Instrucción Formal con detención provisional, se realizó frente al Hotel Royal Crown y gasolinera Texaco El Sitio, sobre la carretera Panamericana, en San Miguel.
El Análisis Económico, Financiero, Contable y Fiscal del patrimonio del imputado determinó que durante el año 2005, el imputado obtuvo en concepto de ingreso la cantidad de 2,415.907.97 dólares, cantidad que tuvo que haber declarado.
Además, consigna que no se pudo identificar obligaciones, ya que el imputado no llevó contabilidad formal, pero sí estableció que fueron depositados en sus cuentas bancarias personales y que éste tuvo la disponibilidad sobre ellos.
k.c./Interjust
INSTALARÁN AUDIENCIA CONTRA BUSERO POR HOMICIDIO CULPOSO
SAN SALVADOR, 30 AGOSTO 2010. (INTERJUST). El Juzgado 7º de Paz instalará mañana martes, a las 10:00 a.m., audiencia inicial contra el imputado Víctor Manuel Rivera, de 31 años, acusado de homicidio culposo en la humanidad de Rafael Antonio Rodríguez Palacios, de 68.
Según datos del requerimiento fiscal, el hecho se registró el pasado 3 de agosto, alrededor de las 12:10 p.m., cuando la víctima cruzaba la Avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero y fue embestido por la unidad del transporte colectivo, que era conducida por Rivera. Aparentemente el acusado no estaba atento al tránsito peatonal y arrolló a Rodríguez Palacios con las llantas delanteras, quien falleció instantáneamente.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la jueza la autorización de una conciliación, ya que tanto la familia del ofendido y el motorista llegaron a un arreglo económico para resarcir el daño.
c.m./Interjust
Según datos del requerimiento fiscal, el hecho se registró el pasado 3 de agosto, alrededor de las 12:10 p.m., cuando la víctima cruzaba la Avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero y fue embestido por la unidad del transporte colectivo, que era conducida por Rivera. Aparentemente el acusado no estaba atento al tránsito peatonal y arrolló a Rodríguez Palacios con las llantas delanteras, quien falleció instantáneamente.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la jueza la autorización de una conciliación, ya que tanto la familia del ofendido y el motorista llegaron a un arreglo económico para resarcir el daño.
c.m./Interjust
AUDIENCIA INICIAL CONTRA TRES PRESUNTOS PANDILLEROS ACUSADOS DE RECEPTACIÓN
SAN SALVADOR, 30 AGOSTO 2010. (INTERJUST). El Juzgado 8º de Paz instaló este lunes audiencia inicial contra Jorge Alberto Gaviria Canales, de 22 años de edad, Jonathan Wilfredo Villatoro y Marvin Alexis Morales Villacorta, ambos de 18, acusados de receptación en perjuicio del orden socioeconómico.
Según el requerimiento fiscal, los imputados conducían una motocicleta sin placas el pasado 26 de agosto a las 2:30 a.m. en la Calle Juan José Cañas y Pasaje Palomo, del Barrio San Jacinto, al sur de San Salvador.
Esta situación llamó la atención a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaban dicha zona, de modo que mandaron señal de alto.
El requerimiento detalla que los sospechosos desobedecieron la orden de los agentes y más adelante, sobre la calle Bolívar del mismo barrio, lanzaron la motocicleta al suelo y salieron corriendo pretendiendo darse a la fuga.
Cuando los neutralizaron, se les practicó el registro personal sin encontrarles nada ilícito. Al exigirles los documentos de la motocicleta, los sujetos expresaron no contar con ellos, de modo que los agentes captores indagaron la situación de la moto en la base de datos de la corporación. Poco después supieron que el número de chasis aún no tenía reporte de hurto o robo; sin embargo, no se logró identificar quien era el propietario.
Según el reporte, los imputados son miembros activos de la pandilla Salvatrucha trece. El fiscal del caso ha solicitado al juez les decrete instrucción formal con detención provisional.
a.s./Interjust
Según el requerimiento fiscal, los imputados conducían una motocicleta sin placas el pasado 26 de agosto a las 2:30 a.m. en la Calle Juan José Cañas y Pasaje Palomo, del Barrio San Jacinto, al sur de San Salvador.
Esta situación llamó la atención a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaban dicha zona, de modo que mandaron señal de alto.
El requerimiento detalla que los sospechosos desobedecieron la orden de los agentes y más adelante, sobre la calle Bolívar del mismo barrio, lanzaron la motocicleta al suelo y salieron corriendo pretendiendo darse a la fuga.
Cuando los neutralizaron, se les practicó el registro personal sin encontrarles nada ilícito. Al exigirles los documentos de la motocicleta, los sujetos expresaron no contar con ellos, de modo que los agentes captores indagaron la situación de la moto en la base de datos de la corporación. Poco después supieron que el número de chasis aún no tenía reporte de hurto o robo; sin embargo, no se logró identificar quien era el propietario.
Según el reporte, los imputados son miembros activos de la pandilla Salvatrucha trece. El fiscal del caso ha solicitado al juez les decrete instrucción formal con detención provisional.
a.s./Interjust
viernes, 27 de agosto de 2010
DECRETAN DETENCIÓN CONTRA SUPUESTO VIOLADOR
SAN SALVADOR, 27 DE AGOSTO 2010 (INTERJUST). El Juzgado 5º de Paz decretó instrucción formal con detención contra el imputado Ricardo Escalante Larín, de 43 años, acusado de privación de libertad y violación en una mujer de 20.
La jueza basó la resolución en los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), tales como la declaración de la ofendida y la gravedad del delito entre otros. El proceso se acumulará al que ya se sigue en el Juzgado 5º de Instrucción, en donde ya hay tres víctimas más. Escalante Larín permanecerá a la orden del Centro Penal “La Esperanza” en San Luis Mariona.
Según datos de la acusación, la ultrajada laboraba en un local como vendedora de productos lácteos, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo II. El acusado se hacía pasar como cliente del lugar y así logró convencer, entre octubre de 2009 al 14 de enero de 2010, a la víctima para que aceptara una nueva propuesta laboral para que trabajara en una empresa de publicidad con un salario semanal de 200 dólares.
Escalante Larín insistió hasta que la ofendida aceptó la supuesta oferta de trabajo y le pidió sus datos personales; días más tarde, le dijo que ya tenía “luz verde” de la compañía para que iniciara su nuevo trabajo.
El 16 de enero llegó a las 12:50 p.m. a la venta de lácteos para llevarla a la supuesta entrevista y cuando intentó subirla a un taxi, a ella le pareció sospechoso; pero el imputado la amenazó con un cuchillo en el abdomen.
El imputado condujo a la ultrajada hasta el Motel “La Cascada”, sobre la Calle 5 de Noviembre, en donde la amenazó con matar a la madre de la víctima si no accedía a sus peticiones sexuales. Así la mujer fue abusada.
Posterior a eso el imputado le hizo fotografías y grabó en video e, incluso, se burlaba de la víctima por “darle los datos personales a un desconocido”. Además, afirmó que “la Policía Nacional Civil (PNC) trabajaba para él y que adentro de la Corte Suprema de Justicia tenía un amigo, que con sólo llamarle salía rápido (de la cárcel)”.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la jueza decretar instrucción formal con detención provisional al término de la audiencia inicial, la cual se realizará a las 9:00 a.m. de este próximo 27 de agosto.
Actualmente Escalante Larín se encuentra en el Centro Penal “La Esperanza” en San Luis Mariona y sobre él pesa también un proceso por similar situación a la orden del Juzgado 5º de Instrucción.
Para el 12 de noviembre el Juzgado 5º de Instrucción ha programado la audiencia preliminar contra Ricardo Escalante Larín y la FGR espera que decreten apertura a juicio.
c.m./Interjust
La jueza basó la resolución en los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), tales como la declaración de la ofendida y la gravedad del delito entre otros. El proceso se acumulará al que ya se sigue en el Juzgado 5º de Instrucción, en donde ya hay tres víctimas más. Escalante Larín permanecerá a la orden del Centro Penal “La Esperanza” en San Luis Mariona.
Según datos de la acusación, la ultrajada laboraba en un local como vendedora de productos lácteos, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo II. El acusado se hacía pasar como cliente del lugar y así logró convencer, entre octubre de 2009 al 14 de enero de 2010, a la víctima para que aceptara una nueva propuesta laboral para que trabajara en una empresa de publicidad con un salario semanal de 200 dólares.
Escalante Larín insistió hasta que la ofendida aceptó la supuesta oferta de trabajo y le pidió sus datos personales; días más tarde, le dijo que ya tenía “luz verde” de la compañía para que iniciara su nuevo trabajo.
El 16 de enero llegó a las 12:50 p.m. a la venta de lácteos para llevarla a la supuesta entrevista y cuando intentó subirla a un taxi, a ella le pareció sospechoso; pero el imputado la amenazó con un cuchillo en el abdomen.
El imputado condujo a la ultrajada hasta el Motel “La Cascada”, sobre la Calle 5 de Noviembre, en donde la amenazó con matar a la madre de la víctima si no accedía a sus peticiones sexuales. Así la mujer fue abusada.
Posterior a eso el imputado le hizo fotografías y grabó en video e, incluso, se burlaba de la víctima por “darle los datos personales a un desconocido”. Además, afirmó que “la Policía Nacional Civil (PNC) trabajaba para él y que adentro de la Corte Suprema de Justicia tenía un amigo, que con sólo llamarle salía rápido (de la cárcel)”.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la jueza decretar instrucción formal con detención provisional al término de la audiencia inicial, la cual se realizará a las 9:00 a.m. de este próximo 27 de agosto.
Actualmente Escalante Larín se encuentra en el Centro Penal “La Esperanza” en San Luis Mariona y sobre él pesa también un proceso por similar situación a la orden del Juzgado 5º de Instrucción.
Para el 12 de noviembre el Juzgado 5º de Instrucción ha programado la audiencia preliminar contra Ricardo Escalante Larín y la FGR espera que decreten apertura a juicio.
c.m./Interjust
JUZGADO INSTALA AUDIENCIA PRELIMINAR EN CASO FUGA PANDILLEROS CENTRO JUDICIAL
SAN SALVADOR, 27 DE AGOSTO 2010 (INTERJUST). El Juzgado 9° de Instrucción instaló audiencia preliminar contra nueve custodios y varios pandilleros en el caso de la fuga ocurrida en las instalaciones del Centro Integrado de Justicia Penal Dr. Isidro Menéndez el 5 de diciembre de 2008.
La Jueza, Licda. Nora Montoya, separó el proceso, y declaró rebeldes y giró órdenes de captura para Franklin Rodríguez Ayala, Carlos Humberto Carvajal Castillo, Oscar Armando Cortéz López y René Alfonso Marroquín, debido a que no comparecieron a la audiencia preliminar programada para este viernes.
Además, separó el proceso contra Edwin Stanley Ramos Cruz, quien se encontraba presente; pero no podía estar en la audiencia por motivos de salud.
La defensa de la custodio Xiomara Bonilla presentó un incidente pidiendo la nulidad del registro realizado en el dormitorio y locker de la implicada, porque no estaba presente su defensor y no tener la orden para realizarlo. También pidió la nulidad de los videos por considerar que se rompió la cadena de custodia y pudieron haber sido modificados.
Por su parte, el defensor del custodio Carlos Zambrano solicitó excluir el resultado de la experticia de fijación de imágenes de los videos por no haber estado presente la defensa cuando se hizo la experticia. La Jueza pospuso la resolución de los incidentes hasta que finalice la audiencia.
Los custodios implicados son: Xiomara Soledad Bonilla Vásquez, Carlos Alberto Zambrano Vásquez, Víctor Manuel Barrera Hernández, Juan Antonio Fabián Hernández, David Antonio Arévalo, Héctor Omar Contreras Zetino, José Luis Martínez Miranda, Delmy del Carmen Díaz Ortíz y Josué Evelio Perdomo Flores procesados por el delito de favorecimiento a la evasión en perjuicio de la administración de justicia.
Los supuestos pandilleros procesados por el delito de evasión son: Joaquín Moisés Cruz López, Osmildo Irineo Artero Escalante, Edwin Stanley Ramos Cruz, Juan Antonio Saravia Iraheta, Miguel Enrique Martínez, Merle Jonathan Arévalo alias “El Crazy”, Oscar Ernesto García Ayala, Juan Francisco Parada Morán y Saúl Antonio Turcios alias “El Trece”.
Según el dictamen de acusación presentado por la FGR, los hechos se registraron en horas de la madrugada del 5 de diciembre de 2008 en las bartolinas del Centro Integrado de Justicia Penal “Dr. Isidro Menéndez”.
Según informes añadidos al proceso, en la celda número siete se encontraban recluidos 26 miembros de la pandilla Salvatrucha, quienes eran procesados por el Tribunal 3° de Sentencia. Al parecer, 13 de ellos burlaron la seguridad y escaparon, cortaron los barrotes del techo, hicieron un hueco y separaron la lámina para salir de la celda, utilizando una cuerda improvisada hecha con ropa.
El Sistema de Emergencia 911 fue alertado por habitantes de las comunidades cercanas, quienes observaron a varios sujetos caminar sobre los techos de las viviendas y correr por los pasajes de la zona. Fue en ese momento que revisaron las celdas y comprobaron que varios pandilleros escaparon por un boquete.
Según la Fiscalía General de la República, ese día fueron capturados nueve custodios que se encontraban de turno en las instalaciones del Centro Judicial.
El resultado de la audiencia preliminar podría conocerse en los próximos días.
k.c./Interjust
La Jueza, Licda. Nora Montoya, separó el proceso, y declaró rebeldes y giró órdenes de captura para Franklin Rodríguez Ayala, Carlos Humberto Carvajal Castillo, Oscar Armando Cortéz López y René Alfonso Marroquín, debido a que no comparecieron a la audiencia preliminar programada para este viernes.
Además, separó el proceso contra Edwin Stanley Ramos Cruz, quien se encontraba presente; pero no podía estar en la audiencia por motivos de salud.
La defensa de la custodio Xiomara Bonilla presentó un incidente pidiendo la nulidad del registro realizado en el dormitorio y locker de la implicada, porque no estaba presente su defensor y no tener la orden para realizarlo. También pidió la nulidad de los videos por considerar que se rompió la cadena de custodia y pudieron haber sido modificados.
Por su parte, el defensor del custodio Carlos Zambrano solicitó excluir el resultado de la experticia de fijación de imágenes de los videos por no haber estado presente la defensa cuando se hizo la experticia. La Jueza pospuso la resolución de los incidentes hasta que finalice la audiencia.
Los custodios implicados son: Xiomara Soledad Bonilla Vásquez, Carlos Alberto Zambrano Vásquez, Víctor Manuel Barrera Hernández, Juan Antonio Fabián Hernández, David Antonio Arévalo, Héctor Omar Contreras Zetino, José Luis Martínez Miranda, Delmy del Carmen Díaz Ortíz y Josué Evelio Perdomo Flores procesados por el delito de favorecimiento a la evasión en perjuicio de la administración de justicia.
Los supuestos pandilleros procesados por el delito de evasión son: Joaquín Moisés Cruz López, Osmildo Irineo Artero Escalante, Edwin Stanley Ramos Cruz, Juan Antonio Saravia Iraheta, Miguel Enrique Martínez, Merle Jonathan Arévalo alias “El Crazy”, Oscar Ernesto García Ayala, Juan Francisco Parada Morán y Saúl Antonio Turcios alias “El Trece”.
Según el dictamen de acusación presentado por la FGR, los hechos se registraron en horas de la madrugada del 5 de diciembre de 2008 en las bartolinas del Centro Integrado de Justicia Penal “Dr. Isidro Menéndez”.
Según informes añadidos al proceso, en la celda número siete se encontraban recluidos 26 miembros de la pandilla Salvatrucha, quienes eran procesados por el Tribunal 3° de Sentencia. Al parecer, 13 de ellos burlaron la seguridad y escaparon, cortaron los barrotes del techo, hicieron un hueco y separaron la lámina para salir de la celda, utilizando una cuerda improvisada hecha con ropa.
El Sistema de Emergencia 911 fue alertado por habitantes de las comunidades cercanas, quienes observaron a varios sujetos caminar sobre los techos de las viviendas y correr por los pasajes de la zona. Fue en ese momento que revisaron las celdas y comprobaron que varios pandilleros escaparon por un boquete.
Según la Fiscalía General de la República, ese día fueron capturados nueve custodios que se encontraban de turno en las instalaciones del Centro Judicial.
El resultado de la audiencia preliminar podría conocerse en los próximos días.
k.c./Interjust
JUZGADO REALIZARÁ AUDIENCIA PRELIMINAR POR HOMICIDIO AGRAVADO
SAN SALVADOR, 27 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 5º de Instrucción realizará audiencia preliminar el lunes a las 9:00 a.m. en contra de dos agentes policiales, procesados por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de Miguel de Jesús Marroquín y Ramón Blanco Lazo.
Los imputados son: Dagoberto Ramírez Cadena y Juan Antonio Alvarado García. Según datos del dictamen de acusación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), detalla que el hecho sucedió el 18 de abril del presente año, sobre la 4ª Avenida Norte, entre la 3ª y la 5ª Calle Oriente, frente a la “Cervecería Los Encuentros”, donde agentes policiales destacados en el Sistema de Emergencia 911 de la Delegación San Salvador intercambiaron disparos con dos sujetos.
También, el informe fiscal menciona que como resultado del enfrentamiento la víctima, Miguel de Jesús Marroquín, falleció en el lugar y Ramón Blanco Lazo resultó lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital Rosales.
El Ministerio Público menciona que en las entrevistas de testigos presenciales y la declaración de la víctima sobreviviente se destaca a una tercera persona en la escena del crimen, quien supuestamente se acercó a los imputados y los indujo al error diciéndoles que las victimas eran pandilleros y que pedían “renta” en el sector.
Debido a ese dato hay confusión sobre el hecho, por lo que la FGR pidió un sobreseimiento provisional para los implicados.
En este caso la audiencia inicial fue realizada el 22 de abril de 2010 por el Juzgado 5º de Paz, que les decretó instrucción formal con detención provisional. Los imputados fueron enviados a las Bartolinas del Sistema 911 de la Policía Nacional Civil.
El Juzgado 5º de Instrucción solicitó a los Juzgados 1º y 15º de Paz remitir las diligencias de ratificación de secuestro de las armas de fuego pertenecientes a los imputados, y también encomendó el análisis de la evidencia a la División Técnica de la Policía Nacional Civil (PNC).
Con la petición de sobreseimiento provisional, la Fiscalía pide al juez un año para recabar nuevos elementos que esclarezcan el hecho.
k.c./Interjust
Los imputados son: Dagoberto Ramírez Cadena y Juan Antonio Alvarado García. Según datos del dictamen de acusación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), detalla que el hecho sucedió el 18 de abril del presente año, sobre la 4ª Avenida Norte, entre la 3ª y la 5ª Calle Oriente, frente a la “Cervecería Los Encuentros”, donde agentes policiales destacados en el Sistema de Emergencia 911 de la Delegación San Salvador intercambiaron disparos con dos sujetos.
También, el informe fiscal menciona que como resultado del enfrentamiento la víctima, Miguel de Jesús Marroquín, falleció en el lugar y Ramón Blanco Lazo resultó lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital Rosales.
El Ministerio Público menciona que en las entrevistas de testigos presenciales y la declaración de la víctima sobreviviente se destaca a una tercera persona en la escena del crimen, quien supuestamente se acercó a los imputados y los indujo al error diciéndoles que las victimas eran pandilleros y que pedían “renta” en el sector.
Debido a ese dato hay confusión sobre el hecho, por lo que la FGR pidió un sobreseimiento provisional para los implicados.
En este caso la audiencia inicial fue realizada el 22 de abril de 2010 por el Juzgado 5º de Paz, que les decretó instrucción formal con detención provisional. Los imputados fueron enviados a las Bartolinas del Sistema 911 de la Policía Nacional Civil.
El Juzgado 5º de Instrucción solicitó a los Juzgados 1º y 15º de Paz remitir las diligencias de ratificación de secuestro de las armas de fuego pertenecientes a los imputados, y también encomendó el análisis de la evidencia a la División Técnica de la Policía Nacional Civil (PNC).
Con la petición de sobreseimiento provisional, la Fiscalía pide al juez un año para recabar nuevos elementos que esclarezcan el hecho.
k.c./Interjust
jueves, 26 de agosto de 2010
AGENDA
La agenda judicial para este 27 de agosto va de esta manera:
1) El Juzgado 9° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por fuga de bartolinas, contra un pandillero y agente de seguridad. 9:00 a.m. y la asignada es Rina Teos.
2) El Juzgado 5° de Paz instalará una audiencia inicial contra un imputado, acusado de violación y privación de libertad. Es el caso de un sujeto que contrataba a sus presuntas víctimas a través de Internet. 9:00 a.m. y el asignado es Carlos Merino.
3) La Asociación Foro de Jueces Democráticos e Independientes (FJDI) invita al Foro sobre propuesta de “Ley de Proscripción de Maras o Pandillas y Grupos de Exterminio”. Lugar: Sala de Audiencias 4-B de Tribunales de Sentencia del Centro Judicial Isidro Menéndez. Hora: 4:30 p.m. Ponencia, Lic. Henry Campos, Viceministro de Seguridad Pública y Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Magistrado de Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
4) Los juzgados en turno serán: 2° de Menores y 7° de Paz.
1) El Juzgado 9° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por fuga de bartolinas, contra un pandillero y agente de seguridad. 9:00 a.m. y la asignada es Rina Teos.
2) El Juzgado 5° de Paz instalará una audiencia inicial contra un imputado, acusado de violación y privación de libertad. Es el caso de un sujeto que contrataba a sus presuntas víctimas a través de Internet. 9:00 a.m. y el asignado es Carlos Merino.
3) La Asociación Foro de Jueces Democráticos e Independientes (FJDI) invita al Foro sobre propuesta de “Ley de Proscripción de Maras o Pandillas y Grupos de Exterminio”. Lugar: Sala de Audiencias 4-B de Tribunales de Sentencia del Centro Judicial Isidro Menéndez. Hora: 4:30 p.m. Ponencia, Lic. Henry Campos, Viceministro de Seguridad Pública y Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Magistrado de Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
4) Los juzgados en turno serán: 2° de Menores y 7° de Paz.
JUZGADO REALIZARÁ AUDIENCIA EN CASO DE FUGA EN CENTRO JUDICIAL
SAN SALVADOR, 26 DE AGOSTO 2010 (INTERJUST). El Juzgado 9° de Instrucción tiene previsto instalar mañana a la 9 a.m. audiencia preliminar en el caso que se sigue contra varios custodios del Centro Integrado de Justicia Penal Dr. Isidro Menéndez y supuestos pandilleros que se fugaron de dichas instalaciones el pasado 5 de diciembre de 2008.
Los imputados son Xiomara Soledad Bonilla Vásquez, de 32 años de edad, Carlos Alberto Zambrano Vásquez, de 27, Víctor Manuel Barrera Hernández, de 40, Juan Antonio Fabián Hernández, de 45, David Antonio Arévalo, de 28, Héctor Omar Contreras Zetino, de 44, José Luis Martínez Miranda, de 39, Delmy del Carmen Díaz Ortíz, de 26, y Josué Evelio Perdomo Flores, de 34, por el delito de favorecimiento a la evasión en perjuicio de la administración pública.
Asimismo son acusados por el delito de evasión, los pandilleros Joaquín Moisés Cruz López, Osmildo Irineo Artero Escalante, Edwin Stanley Ramos Cruz y Juan Antonio Saravia Iraheta por el delito de evasión en perjuicio de la administración de la justicia.
Según el dictamen de acusación presentado por la FGR, los hechos se registraron en horas de la madrugada del 5 de diciembre en las bartolinas del Centro Integrado de Justicia Penal “Dr. Isidro Menéndez”.
Según informes añadidos al proceso, en la celda número siete se hallaban recluidos 26 miembros de la pandilla Salvatrucha, quienes eran procesados por el Tribunal 3° de Sentencia. Al parecer, 13 de ellos burlaron la seguridad y escaparon, cortaron los barrotes del techo, formaron un hueco y separaron la lámina para salir de la celda uno por uno con ayuda de una cuerda improvisada que hicieron con ropa.
El Sistema de Emergencia 911 fue alertado por habitantes de las comunidades cercanas, quienes observaron a varios sujetos caminar sobre los techos de las viviendas y correr por los pasajes de la zona. Fue en ese momento que revisaron las celdas y comprobaron que varios pandilleros escaparon por un boquete.
Según la Fiscalía General de la República, ese día fueron capturados nueve custodios que se encontraban de turno en las instalaciones del Centro Judicial; entre ellos, el supervisor del grupo Víctor Manuel Barrera.
Tras la fuga, cuatro de los pandilleros fueron recapturados por agentes policiales cuando huían cerca del Parque Infantil. Entre los acusados se encuentra Saúl Antonio Turcios, (a) El Trece; y Merle Jonathan Arévalo, (a) El Crazy, quienes son considerados por la PNC y el FBI como de “alta peligrosidad”.
k.p./Interjust
Los imputados son Xiomara Soledad Bonilla Vásquez, de 32 años de edad, Carlos Alberto Zambrano Vásquez, de 27, Víctor Manuel Barrera Hernández, de 40, Juan Antonio Fabián Hernández, de 45, David Antonio Arévalo, de 28, Héctor Omar Contreras Zetino, de 44, José Luis Martínez Miranda, de 39, Delmy del Carmen Díaz Ortíz, de 26, y Josué Evelio Perdomo Flores, de 34, por el delito de favorecimiento a la evasión en perjuicio de la administración pública.
Asimismo son acusados por el delito de evasión, los pandilleros Joaquín Moisés Cruz López, Osmildo Irineo Artero Escalante, Edwin Stanley Ramos Cruz y Juan Antonio Saravia Iraheta por el delito de evasión en perjuicio de la administración de la justicia.
Según el dictamen de acusación presentado por la FGR, los hechos se registraron en horas de la madrugada del 5 de diciembre en las bartolinas del Centro Integrado de Justicia Penal “Dr. Isidro Menéndez”.
Según informes añadidos al proceso, en la celda número siete se hallaban recluidos 26 miembros de la pandilla Salvatrucha, quienes eran procesados por el Tribunal 3° de Sentencia. Al parecer, 13 de ellos burlaron la seguridad y escaparon, cortaron los barrotes del techo, formaron un hueco y separaron la lámina para salir de la celda uno por uno con ayuda de una cuerda improvisada que hicieron con ropa.
El Sistema de Emergencia 911 fue alertado por habitantes de las comunidades cercanas, quienes observaron a varios sujetos caminar sobre los techos de las viviendas y correr por los pasajes de la zona. Fue en ese momento que revisaron las celdas y comprobaron que varios pandilleros escaparon por un boquete.
Según la Fiscalía General de la República, ese día fueron capturados nueve custodios que se encontraban de turno en las instalaciones del Centro Judicial; entre ellos, el supervisor del grupo Víctor Manuel Barrera.
Tras la fuga, cuatro de los pandilleros fueron recapturados por agentes policiales cuando huían cerca del Parque Infantil. Entre los acusados se encuentra Saúl Antonio Turcios, (a) El Trece; y Merle Jonathan Arévalo, (a) El Crazy, quienes son considerados por la PNC y el FBI como de “alta peligrosidad”.
k.p./Interjust
AUDIENCIA INICIAL CONTRA SIETE PERSONAS ACUSADAS DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EN UN BANCO
SAN SALVADOR, 26 DE AGOSTO 2010 (INTERJUST). El Juzgado 13º de Paz instalará hoy a las 2:00 p.m. audiencia inicial contra siete personas acusadas de Administración fraudulenta y falsedad material en perjuicio de Banco Azteca y la fe pública, respectivamente.
Los acusados presentes son Clara Marcela Flamenco, Mirna Elena Rodríguez Mejía, Douglas Oswaldo González Palma, Verónica Jeaneth Tejada Platero, Jaime Roberto Melgar Mejía, Martha Concepción Soledad García y Herman Becker García Guzmán.
Tienen calidad de imputados ausentes: José Amaya Hernández, Jorge William Rodríguez, Jorge Rubio Muñoz y Geraldine Devechio.
Según la acusación fiscal, los imputados formaron una estructura delincuencial al interior de la institución financiera Banco Azteca valiéndose que la mayoría eran empleados de esa institución, los cuales presuntamente se asociaron con la imputada Martha Concepción Soledad para realizar la defraudación.
De acuerdo a la investigación proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), la imputada Martha Soledad presuntamente era la encargada de ubicar a las personas en su mayoría de bajos recursos y manipulables, a los cuales les conseguía créditos en la institución presentando documentación falsa o alterada.
Para tal propósito conseguían recibos de agua y energía eléctrica y constancias de salarios de empresas fantasmas y, cuando obtenían el crédito, la sospechosa acompañaba a la persona a la agencia solo para que firmara.
Presuntamente cuando le daban el efectivo se quedaba con el 90% y la presta nombre con el 10%. Asimismo se hacía cargo de la obligación del pago.
Sin embargo, al verificar en el Departamento de Cobros del Banco se corroboró que no se pagaban dichos créditos, de modo que las autoridades del banco realizaron una auditoria la cual presuntamente descubrió una defraudación patrimonial de 19,000 dólares.
El hallazgo fue denunciado por el apoderado legal del Banco Azteca. El Ministerio Público ha solicitado al Juez Francisco Antonio Escoto decrete instrucción formal con detención provisional.
a.s./Interjust
Los acusados presentes son Clara Marcela Flamenco, Mirna Elena Rodríguez Mejía, Douglas Oswaldo González Palma, Verónica Jeaneth Tejada Platero, Jaime Roberto Melgar Mejía, Martha Concepción Soledad García y Herman Becker García Guzmán.
Tienen calidad de imputados ausentes: José Amaya Hernández, Jorge William Rodríguez, Jorge Rubio Muñoz y Geraldine Devechio.
Según la acusación fiscal, los imputados formaron una estructura delincuencial al interior de la institución financiera Banco Azteca valiéndose que la mayoría eran empleados de esa institución, los cuales presuntamente se asociaron con la imputada Martha Concepción Soledad para realizar la defraudación.
De acuerdo a la investigación proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), la imputada Martha Soledad presuntamente era la encargada de ubicar a las personas en su mayoría de bajos recursos y manipulables, a los cuales les conseguía créditos en la institución presentando documentación falsa o alterada.
Para tal propósito conseguían recibos de agua y energía eléctrica y constancias de salarios de empresas fantasmas y, cuando obtenían el crédito, la sospechosa acompañaba a la persona a la agencia solo para que firmara.
Presuntamente cuando le daban el efectivo se quedaba con el 90% y la presta nombre con el 10%. Asimismo se hacía cargo de la obligación del pago.
Sin embargo, al verificar en el Departamento de Cobros del Banco se corroboró que no se pagaban dichos créditos, de modo que las autoridades del banco realizaron una auditoria la cual presuntamente descubrió una defraudación patrimonial de 19,000 dólares.
El hallazgo fue denunciado por el apoderado legal del Banco Azteca. El Ministerio Público ha solicitado al Juez Francisco Antonio Escoto decrete instrucción formal con detención provisional.
a.s./Interjust
miércoles, 25 de agosto de 2010
AUDIENCIA PRELIMINAR POR DAÑOS EN CÁMARA DE TECNOVISIÓN
SAN SALVADOR, 25 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 1° de Instrucción realizará mañana jueves a las 11 a.m. audiencia preliminar contra Digna Emérita Gálvez Meléndez, de 47 años, acusada por el delito de daños agravados en perjuicio patrimonial de la empresa TECNOVISIÓN S.A. de C.V., Canal 33.
Según el proceso, el hecho se registró el pasado 20 de mayo a las 3:30 de la tarde, cuando el camarógrafo de la referida empresa realizaba tomas a varios implicados en un caso de hurto y robo de vehículos, frente al Juzgado 5º de Paz del Centro Integrado de Justicia Penal “Dr. Isidro Menéndez”.
Ante la presencia de los medios de comunicación, Gálvez Meléndez golpeó con su cartera el lente de la cámara, que resultó dañada. El camarógrafo, José Mauricio Mancía dio aviso a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y detuvieron a la acusada.
La audiencia inicial en este caso, se realizó el 25 de mayo de 2010, por el Juzgado 1º de Paz que le decretó instrucción formal con detención provisional.
Posteriormente el Juzgado 1° de Instrucción sustituyó la detención provisional por medidas sustitutivas para la imputada y el pago de una caución económica de 500 dólares, que cumplió días después.
El Ministerio Público ha presentado como prueba la entrevista del camarógrafo, testimonios del apoderado legal y de agentes captores, secuestro de la cámara, el valúo de los daños que ascienden a cuatro mil dólares, entre otras, por lo que pide al Juez que el caso pase a la etapa de juicio.
f.g./Interjust
Según el proceso, el hecho se registró el pasado 20 de mayo a las 3:30 de la tarde, cuando el camarógrafo de la referida empresa realizaba tomas a varios implicados en un caso de hurto y robo de vehículos, frente al Juzgado 5º de Paz del Centro Integrado de Justicia Penal “Dr. Isidro Menéndez”.
Ante la presencia de los medios de comunicación, Gálvez Meléndez golpeó con su cartera el lente de la cámara, que resultó dañada. El camarógrafo, José Mauricio Mancía dio aviso a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y detuvieron a la acusada.
La audiencia inicial en este caso, se realizó el 25 de mayo de 2010, por el Juzgado 1º de Paz que le decretó instrucción formal con detención provisional.
Posteriormente el Juzgado 1° de Instrucción sustituyó la detención provisional por medidas sustitutivas para la imputada y el pago de una caución económica de 500 dólares, que cumplió días después.
El Ministerio Público ha presentado como prueba la entrevista del camarógrafo, testimonios del apoderado legal y de agentes captores, secuestro de la cámara, el valúo de los daños que ascienden a cuatro mil dólares, entre otras, por lo que pide al Juez que el caso pase a la etapa de juicio.
f.g./Interjust
MAÑANA AUDIENCIA INICIAL CONTRA ACUSADO POR HOMICIDIO DE MILITAR
SAN SALVADOR, 25 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 9º de Paz instalará mañana jueves a las 2:00 p.m. audiencia inicial contra Julio Napoleón Rodríguez Sosa, de 67 años de edad, acusado por el homicidio agravado en perjuicio de Ricardo Arnoldo Alfaro, de 32 años de edad.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el hecho ocurrió el 21 de agosto en la senda número 4 , calle San Nicolás de la Colonia Cima “2” de San Salvador, cuando unos disparos alertaron al Sistema de Emergencia 911 para que llegaran a dicha dirección para indagar qué es lo que ocurría.
Al llegar al lugar observaron en la calle el cuerpo de una persona sin vida.
En ese momento se les acercó una persona que, presuntamente, fue quien presenció lo que había ocurrido y les relató que aproximadamente a las 9:30 a.m. la víctima salió de su casa para abordar el vehículo que tenía estacionado. Sin embargo, antes movió un cono naranja que le imposibilitaba salir y que el imputado había colocado en la calle frente a su casa.
Después de moverlo, la víctima salió con su vehículo y bajó para colocarlo de nuevo en su posición original. Presuntamente esta circunstancia fue la que originó que el imputado se enfureciera contra la víctima y se originara una acalorada discusión donde hubo gritos.
Los dos hombres guardaban una distancia entre sí de un metro aproximadamente, según el testigo, y fue en medio de la discusión que observó cuando el sospechoso presuntamente sacó un arma de fuego que tenía escondida a la altura de la cintura e hizo tres disparos a la víctima, los cuales le quitaron la vida de forma inmediata.
Según el acta de inspección ocular que realizó la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima presentaba heridas en el pecho y en una mano las cuales presentan restos de pólvora, por lo que se presume que trató de esquivar los tiros, y hace concluir que el imputado disparó a una corta distancia contra el cuerpo del ahora occiso.
A las 11:00 a.m. está programado un anticipo de prueba consistente en un reconocimiento al imputado en rueda de personas.
El Ministerio Público ha solicitado al Juez 9º de Paz, Romeo Giammattei, decrete instrucción formal con detención provisional por contar con indicios suficientes como pruebas documental y testimonial contra el acusado.
a.s./Interjust
De acuerdo al requerimiento fiscal, el hecho ocurrió el 21 de agosto en la senda número 4 , calle San Nicolás de la Colonia Cima “2” de San Salvador, cuando unos disparos alertaron al Sistema de Emergencia 911 para que llegaran a dicha dirección para indagar qué es lo que ocurría.
Al llegar al lugar observaron en la calle el cuerpo de una persona sin vida.
En ese momento se les acercó una persona que, presuntamente, fue quien presenció lo que había ocurrido y les relató que aproximadamente a las 9:30 a.m. la víctima salió de su casa para abordar el vehículo que tenía estacionado. Sin embargo, antes movió un cono naranja que le imposibilitaba salir y que el imputado había colocado en la calle frente a su casa.
Después de moverlo, la víctima salió con su vehículo y bajó para colocarlo de nuevo en su posición original. Presuntamente esta circunstancia fue la que originó que el imputado se enfureciera contra la víctima y se originara una acalorada discusión donde hubo gritos.
Los dos hombres guardaban una distancia entre sí de un metro aproximadamente, según el testigo, y fue en medio de la discusión que observó cuando el sospechoso presuntamente sacó un arma de fuego que tenía escondida a la altura de la cintura e hizo tres disparos a la víctima, los cuales le quitaron la vida de forma inmediata.
Según el acta de inspección ocular que realizó la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima presentaba heridas en el pecho y en una mano las cuales presentan restos de pólvora, por lo que se presume que trató de esquivar los tiros, y hace concluir que el imputado disparó a una corta distancia contra el cuerpo del ahora occiso.
A las 11:00 a.m. está programado un anticipo de prueba consistente en un reconocimiento al imputado en rueda de personas.
El Ministerio Público ha solicitado al Juez 9º de Paz, Romeo Giammattei, decrete instrucción formal con detención provisional por contar con indicios suficientes como pruebas documental y testimonial contra el acusado.
a.s./Interjust
martes, 24 de agosto de 2010
AGENDA
PAUTA PARA MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO
1) El Juzgado 2º de Instrucción realizará una audiencia preliminar contra tres médicos y siete enfermeras, acusados de homicidio culposo en una señora de 84 años. 9:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda Mendoza.
2) Continúa la vista pública contra Daysi Fuentes Cruz, acusada de defraudación al fisco. Sala 3-“A” y la asignada es Rina Guadalupe Teos. 9:00 a.m.
3) Sigue la vista pública contra Rafael Eulogio Romero, acusado de homicidio agravado en los hermanos Cisneros. Tribunal 3º de Sentencia, sala 2-“A”. 9:00 a.m.
4) El Tribunal 1° de Sentencia. Sala 2-“C”. 8:30 a.m. Vista Pública contra imputado acusado de otras agresiones sexuales en perjuicio de una menor de edad de 40 días de nacida. Asignada es Rina Guadalupe Teos.
5) Los juzgados en turno serán: 2º de Menores y 5º de Paz.
1) El Juzgado 2º de Instrucción realizará una audiencia preliminar contra tres médicos y siete enfermeras, acusados de homicidio culposo en una señora de 84 años. 9:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda Mendoza.
2) Continúa la vista pública contra Daysi Fuentes Cruz, acusada de defraudación al fisco. Sala 3-“A” y la asignada es Rina Guadalupe Teos. 9:00 a.m.
3) Sigue la vista pública contra Rafael Eulogio Romero, acusado de homicidio agravado en los hermanos Cisneros. Tribunal 3º de Sentencia, sala 2-“A”. 9:00 a.m.
4) El Tribunal 1° de Sentencia. Sala 2-“C”. 8:30 a.m. Vista Pública contra imputado acusado de otras agresiones sexuales en perjuicio de una menor de edad de 40 días de nacida. Asignada es Rina Guadalupe Teos.
5) Los juzgados en turno serán: 2º de Menores y 5º de Paz.
PRESENTAN REQUERIMIENTO CONTRA SUPUESTO VIOLADOR
SAN SALVADOR, 24 DE AGOSTO DE 2010. (INTERJUST). El Juzgado 5º de Paz recibió requerimiento fiscal contra el imputado Ricardo Escalante Larín, de 43 años, acusado de privación de libertad y violación en una mujer mayor de edad.
Según datos de la acusación, la ultrajada laboraba en un local como vendedora de productos lácteos, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo II. El acusado se hacía pasar como cliente del lugar y así logró convencer, entre octubre de 2009 al 14 de enero de 2010, a la víctima para que aceptara una nueva propuesta laboral para que trabajara en una empresa de publicidad con un salario semanal de 200 dólares.
Escalante Larín insistió hasta que la ofendida aceptó la supuesta oferta de trabajo y le pidió sus datos personales; días más tarde, le dijo que ya tenía “luz verde” de la compañía para que iniciara su nuevo trabajo.
El 16 de enero llegó a las 12:50 p.m. a la venta de lácteos para llevarla a la supuesta entrevista y cuando intentó subirla a un taxi, a ella le pareció sospechoso; pero el imputado la amenazó con un cuchillo en el abdomen.
El imputado condujo a la ultrajada hasta el Motel “La Cascada”, sobre la Calle 5 de Noviembre, en donde la amenazó con matar a la madre de la víctima si no accedía a sus peticiones sexuales. Así la mujer fue abusada.
Posterior a eso el imputado le hizo fotografías y grabó en video e, incluso, se burlaba de la víctima por “darle los datos personales a un desconocido”. Además, afirmó que “la Policía Nacional Civil (PNC) trabajaba para él y que adentro de la Corte Suprema de Justicia tenía un amigo, que con sólo llamarle salía rápido (de la cárcel)”.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la jueza decretar instrucción formal con detención provisional al término de la audiencia inicial, la cual se realizará a las 9:00 a.m. de este próximo 27 de agosto.
Actualmente Escalante Larín se encuentra en el Centro Penal “La Esperanza” en San Luis Mariona y sobre él pesa también un proceso por similar situación a la orden del Juzgado 5º de Instrucción.
c.m./Interjust
Según datos de la acusación, la ultrajada laboraba en un local como vendedora de productos lácteos, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo II. El acusado se hacía pasar como cliente del lugar y así logró convencer, entre octubre de 2009 al 14 de enero de 2010, a la víctima para que aceptara una nueva propuesta laboral para que trabajara en una empresa de publicidad con un salario semanal de 200 dólares.
Escalante Larín insistió hasta que la ofendida aceptó la supuesta oferta de trabajo y le pidió sus datos personales; días más tarde, le dijo que ya tenía “luz verde” de la compañía para que iniciara su nuevo trabajo.
El 16 de enero llegó a las 12:50 p.m. a la venta de lácteos para llevarla a la supuesta entrevista y cuando intentó subirla a un taxi, a ella le pareció sospechoso; pero el imputado la amenazó con un cuchillo en el abdomen.
El imputado condujo a la ultrajada hasta el Motel “La Cascada”, sobre la Calle 5 de Noviembre, en donde la amenazó con matar a la madre de la víctima si no accedía a sus peticiones sexuales. Así la mujer fue abusada.
Posterior a eso el imputado le hizo fotografías y grabó en video e, incluso, se burlaba de la víctima por “darle los datos personales a un desconocido”. Además, afirmó que “la Policía Nacional Civil (PNC) trabajaba para él y que adentro de la Corte Suprema de Justicia tenía un amigo, que con sólo llamarle salía rápido (de la cárcel)”.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la jueza decretar instrucción formal con detención provisional al término de la audiencia inicial, la cual se realizará a las 9:00 a.m. de este próximo 27 de agosto.
Actualmente Escalante Larín se encuentra en el Centro Penal “La Esperanza” en San Luis Mariona y sobre él pesa también un proceso por similar situación a la orden del Juzgado 5º de Instrucción.
c.m./Interjust
SUSPENDEN VISTA PÚBLICA CONTRA DAYSI ARACELY FUENTES POR EVASIÓN DE IMPUESTOS
SAN SALVADOR, 24 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Tribunal 4° de Sentencia suspendió este martes y programó para el próximo martes 31 de agosto a las 2:00 p.m. la vista pública contra Daisy Aracely Fuentes, procesada por el delito de evasión de impuestos en perjuicio del orden socioeconómico.
La suspensión se debió a que se ha buscado la salida alterna de la excusa absolutoria, que consiste en que si la imputada cancela lo supuestamente defraudado, quedará libre de cargos.
Para ello la defensa ha ofrecido un inmueble como garantía de pago, el que tendrá que ser valuado por un perito en los próximos días.
Según información del proceso judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la imputada de evadir al Ministerio de Hacienda más de 50,000 dólares más los intereses generados que se presume sobrepasan los 21,000. Esta información se originó a raíz de una investigación realizada por dicho ente fiscal, luego que el Ministerio de Hacienda diera aviso de la cantidad presuntamente evadida.
La FGR investigó las actividades económicas de la imputada, quien se presume prestaba servicios de moteles y hospedaje, en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, así como en los depósitos bancarios y otros patrimonios que se presume no declaró durante el año 2006.
r.t./Interjust
La suspensión se debió a que se ha buscado la salida alterna de la excusa absolutoria, que consiste en que si la imputada cancela lo supuestamente defraudado, quedará libre de cargos.
Para ello la defensa ha ofrecido un inmueble como garantía de pago, el que tendrá que ser valuado por un perito en los próximos días.
Según información del proceso judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la imputada de evadir al Ministerio de Hacienda más de 50,000 dólares más los intereses generados que se presume sobrepasan los 21,000. Esta información se originó a raíz de una investigación realizada por dicho ente fiscal, luego que el Ministerio de Hacienda diera aviso de la cantidad presuntamente evadida.
La FGR investigó las actividades económicas de la imputada, quien se presume prestaba servicios de moteles y hospedaje, en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, así como en los depósitos bancarios y otros patrimonios que se presume no declaró durante el año 2006.
r.t./Interjust
CONTINÚA JUICIO EN CASO HERMANOS RECINOS
SAN SALVADOR, 24 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Tribunal 3º de Sentencia continuó este martes, por segundo día consecutivo, el juicio contra Rafael Eulogio Romero, de 33 años de edad, procesado por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de Pablo Noé y Juan Carlos Recinos Cisneros y dos víctimas más.
En el desarrollo de la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante los Jueces de Sentencia la declaración de siete testigos, incluyendo a la hermana y el padre de los fallecidos.
También se espera que declare, como testigo de descargo, la esposa del imputado, quien ya fue condenada por este mismo caso a dos años de prisión; pero se le benefició con la suspensión condicional de la pena.
Según las investigaciones fiscales, el imputado presuntamente disparó contra las víctimas el 30 de mayo de 2009 en horas de la noche, cuando éstas salían de un restaurante ubicado en la Colonia Escalón, sobre la 85 Avenida Norte y 3ª Calle Poniente, en el Pasaje Dordely. El reporte policial de los hechos señala que en el lugar un sujeto les habría atravesado una camioneta a las víctimas y luego éste les disparó.
Pablo Noé Recinos murió en el lugar y su hermano Juan Carlos en las instalaciones de un centro asistencial. El imputado fue capturado el 24 de diciembre de 2009 por miembros de la Policía Internacional (INTERPOL), en la zona de la Quinta Santa Marta sobre la carretera hacia Masaya en la República de Nicaragua.
En los próximos días se dará a conocer el fallo que determinará la inocencia o culpabilidad del procesado.
r.t./Interjust
En el desarrollo de la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante los Jueces de Sentencia la declaración de siete testigos, incluyendo a la hermana y el padre de los fallecidos.
También se espera que declare, como testigo de descargo, la esposa del imputado, quien ya fue condenada por este mismo caso a dos años de prisión; pero se le benefició con la suspensión condicional de la pena.
Según las investigaciones fiscales, el imputado presuntamente disparó contra las víctimas el 30 de mayo de 2009 en horas de la noche, cuando éstas salían de un restaurante ubicado en la Colonia Escalón, sobre la 85 Avenida Norte y 3ª Calle Poniente, en el Pasaje Dordely. El reporte policial de los hechos señala que en el lugar un sujeto les habría atravesado una camioneta a las víctimas y luego éste les disparó.
Pablo Noé Recinos murió en el lugar y su hermano Juan Carlos en las instalaciones de un centro asistencial. El imputado fue capturado el 24 de diciembre de 2009 por miembros de la Policía Internacional (INTERPOL), en la zona de la Quinta Santa Marta sobre la carretera hacia Masaya en la República de Nicaragua.
En los próximos días se dará a conocer el fallo que determinará la inocencia o culpabilidad del procesado.
r.t./Interjust
JUEZ IMPONE FIANZAS A EX FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTRO TRANSPORTE Y LOS PASA A INSTRUCCIÓN
SAN SALVADOR, 23 DE AGOSTO DE DE 2010 (INTERJUST) El Juzgado 13º de Paz decretó instrucción formal con medidas sustitutivas contra Raúl Ernesto Somoza Menéndez, de 43 años de edad, y José Gilberto Cornejo Beltrán, de 40, acusados de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública.
El juez Francisco Antonio Escoto dio a conocer la resolución el domingo y se basó en suficientes indicios que presentó el ministerio público en los cuales vinculan a los ex funcionarios con el ilícito. Los imputados no podrán salir del país ni cambiar de domicilio y se presentaran periódicamente a firmar al Juzgado 10º de Instrucción.
Como requisito para que gocen de libertad, el juez les impuso una fianza de 25,000 dólares para Raúl Somoza y de 10,000 dólares para Cornejo Beltrán, las cuales deben ser canceladas en el Ministerio de Hacienda.
Según indagaciones de la Fiscalía General de República (FGR) a los acusados se les relacionó en cuatro casos donde otorgaron presuntamente concesiones de líneas a transportistas del sector público, pese a que existía un decreto legislativo que prohibía emitir más autorizaciones.
Los acusados presuntamente cometieron el ilícito cuando ambos fungían como Director General de Transporte Terrestre y Jefe del Departamento Técnico, del Viceministerio de Transporte (VMT), respectivamente.
Según la investigación, el decreto legislativo que desobedecieron los funcionarios establecía que desde el 21 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2009 estaba suspendida el otorgamiento de concesiones por parte de la Dirección General de Trasporte Terrestre, del Vice-Ministerio de Transporte, con base al decreto legislativo número 186 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
De acuerdo a las indagaciones del FGR, los imputados violentaron dicho decreto y otorgaron permisos que ya habían sido denegados por no llenar los requisitos.
El imputado Somoza emitió dichas resoluciones en la cual favorecía a los solicitantes. Este presuntamente se basaba en las opiniones técnicas del acusado Cornejo Beltrán las cuales reflejaba que las unidades de transporte cumplían los requisitos necesarios para su operatividad.
a.s./Interjust
El juez Francisco Antonio Escoto dio a conocer la resolución el domingo y se basó en suficientes indicios que presentó el ministerio público en los cuales vinculan a los ex funcionarios con el ilícito. Los imputados no podrán salir del país ni cambiar de domicilio y se presentaran periódicamente a firmar al Juzgado 10º de Instrucción.
Como requisito para que gocen de libertad, el juez les impuso una fianza de 25,000 dólares para Raúl Somoza y de 10,000 dólares para Cornejo Beltrán, las cuales deben ser canceladas en el Ministerio de Hacienda.
Según indagaciones de la Fiscalía General de República (FGR) a los acusados se les relacionó en cuatro casos donde otorgaron presuntamente concesiones de líneas a transportistas del sector público, pese a que existía un decreto legislativo que prohibía emitir más autorizaciones.
Los acusados presuntamente cometieron el ilícito cuando ambos fungían como Director General de Transporte Terrestre y Jefe del Departamento Técnico, del Viceministerio de Transporte (VMT), respectivamente.
Según la investigación, el decreto legislativo que desobedecieron los funcionarios establecía que desde el 21 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2009 estaba suspendida el otorgamiento de concesiones por parte de la Dirección General de Trasporte Terrestre, del Vice-Ministerio de Transporte, con base al decreto legislativo número 186 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
De acuerdo a las indagaciones del FGR, los imputados violentaron dicho decreto y otorgaron permisos que ya habían sido denegados por no llenar los requisitos.
El imputado Somoza emitió dichas resoluciones en la cual favorecía a los solicitantes. Este presuntamente se basaba en las opiniones técnicas del acusado Cornejo Beltrán las cuales reflejaba que las unidades de transporte cumplían los requisitos necesarios para su operatividad.
a.s./Interjust
FISCALÍA PIDE AMPLIACIÓN EN CASO MASACRE DE MICROBÚS
SAN SALVADOR, 23 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 1º de Menores recibió la petición de ampliación de 30 días en torno al caso de la masacre de un microbús, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
La jueza envió la petición a la Cámara de Menores, la cual avaló, y otorgó la ampliación de 30 días más. El objetivo es que el Ministerio Público Fiscal indague más al respecto y que se amplíe o robustezca la prueba contra el adolescente, de 17 años, así como contactar más testigos.
El imputado está acusado de homicidios agravados, homicidios agravados tentados, daños agravados y lesiones en perjuicio de varias personas, la paz pública y un microbús de la ruta 47.
Estos hechos se registraron a eso de las 7:20 p.m. del pasado 20 de junio en el municipio de Mejicanos, cuando, presuntamente varios supuestos miembros de la pandilla “18” interceptaron la unidad del transporte colectivo y, después de disparar contra los usuarios, procedieron a incendiar el microbús.
El proceso se inició en el Juzgado 3º de Menores; pero, debido a la territorialidad, el caso fue trasladado al 1º de Menores. El caso continúa en la etapa investigativa y en septiembre se espera que se promueva acción contra el imputado para que después se realice una audiencia preparatoria.
Asimismo, la jueza 1º de Menores mantiene el internamiento provisional basada en el reconocimiento de cadáveres realizado por el Instituto de Medicina Legal (IML) y al testimonio de personas. El imputado fue capturado el 21 de junio, en una casa ubicada en Cuscatancingo, a eso de las 3:00 a.m., junto con varios adultos, quienes están a la orden de los Juzgados Instrucción de Mejicanos y Especializado de San Salvador.
c.m./Interjust
La jueza envió la petición a la Cámara de Menores, la cual avaló, y otorgó la ampliación de 30 días más. El objetivo es que el Ministerio Público Fiscal indague más al respecto y que se amplíe o robustezca la prueba contra el adolescente, de 17 años, así como contactar más testigos.
El imputado está acusado de homicidios agravados, homicidios agravados tentados, daños agravados y lesiones en perjuicio de varias personas, la paz pública y un microbús de la ruta 47.
Estos hechos se registraron a eso de las 7:20 p.m. del pasado 20 de junio en el municipio de Mejicanos, cuando, presuntamente varios supuestos miembros de la pandilla “18” interceptaron la unidad del transporte colectivo y, después de disparar contra los usuarios, procedieron a incendiar el microbús.
El proceso se inició en el Juzgado 3º de Menores; pero, debido a la territorialidad, el caso fue trasladado al 1º de Menores. El caso continúa en la etapa investigativa y en septiembre se espera que se promueva acción contra el imputado para que después se realice una audiencia preparatoria.
Asimismo, la jueza 1º de Menores mantiene el internamiento provisional basada en el reconocimiento de cadáveres realizado por el Instituto de Medicina Legal (IML) y al testimonio de personas. El imputado fue capturado el 21 de junio, en una casa ubicada en Cuscatancingo, a eso de las 3:00 a.m., junto con varios adultos, quienes están a la orden de los Juzgados Instrucción de Mejicanos y Especializado de San Salvador.
c.m./Interjust
DECRETAN DETENCIÓN A IMPUTADO POR AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR
SAN SALVADOR, 23 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 2º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra el imputado Jorge Alberto Ponce Guerra, de 56 años, acusado de agresión sexual en menor e incapaz en un adolescente, de 13 años, quien padece retardo mental.
La jueza valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) tales como la declaración del ofendido y de la madre de éste, así como la peligrosidad del ilícito penal y el estudio de Medicina Legal.
Por lo tanto la administradora de justicia envió el caso al Juzgado 2º de Instrucción mientras que el procesado al Centro Penal “La Esperanza” en San Luis Mariona.
Según la relación de los hechos, el hecho se registró el pasado 18 de agosto en el interior de la casa del ofendido, ubicada en la Colonia La Campiña III. Ponce Guerra, quien laboraba como panadero del lugar, le pidió un vaso con agua al menor y al regresar no lo encontró en la sala, sino en la habitación de él; luego lo obligó a tener sexo oral y roces corporales. Momentos más tarde, la madre del ofendido entró a la casa y, al percatarse de lo ocurrido, cerró con llave la puerta principal y llamó a la Policía Nacional Civil (PNC).
Dentro de cuatro meses se instalará una audiencia preliminar.
c.m./Interjust
La jueza valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) tales como la declaración del ofendido y de la madre de éste, así como la peligrosidad del ilícito penal y el estudio de Medicina Legal.
Por lo tanto la administradora de justicia envió el caso al Juzgado 2º de Instrucción mientras que el procesado al Centro Penal “La Esperanza” en San Luis Mariona.
Según la relación de los hechos, el hecho se registró el pasado 18 de agosto en el interior de la casa del ofendido, ubicada en la Colonia La Campiña III. Ponce Guerra, quien laboraba como panadero del lugar, le pidió un vaso con agua al menor y al regresar no lo encontró en la sala, sino en la habitación de él; luego lo obligó a tener sexo oral y roces corporales. Momentos más tarde, la madre del ofendido entró a la casa y, al percatarse de lo ocurrido, cerró con llave la puerta principal y llamó a la Policía Nacional Civil (PNC).
Dentro de cuatro meses se instalará una audiencia preliminar.
c.m./Interjust
SUSPENDEN VISTA PÚBLICA EN CASO BATERÍAS DE EL SALVADOR (RECORD S.A. de C.V.)
SAN SALVADOR, 23 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla suspendió este lunes la Vista Pública en el caso que se investiga contra tres gerentes de la empresa Baterías de El Salvador S.A. de C.V., procesados por el delito de contaminación ambiental agravada.
El inicio de la Vista Pública estaba programado para hoy, sin embargo; los jueces del tribunal accedieron a no instalarla debido a dos peticiones hechas por las partes procesales.
Los defensores de los imputados Hugo Reynaldo Trujillo, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito, quienes son juzgados por el delito de contaminación ambiental agravada, solicitaron que el juicio se suspenda, ya que están a la espera de los resultados del laboratorio sobre la escoria extraída de la fábrica Baterías de El Salvador (RECORD), para determinar el nivel de plomo que posee.
La empresa Industrias MONDELO, de origen mexicano, ha mostrado interés en comprar y remover la escoria que permanece al interior de la fábrica para posteriormente vender el plomo extraído, según sostienen los defensores.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió un plazo para que el Ministerio de Hacienda les otorgue los fondos para el traslado y comparecencia de los peritos y testigos a la Vista Pública.
Ante esto, el tribunal otorgó el plazo correspondiente para dichas diligencias y, aunque no precisó la fecha exacta, si adelantó que el juicio sería instalado hasta el próximo año. Sin embargo, la FGR y los defensores de los imputados deberán informar al tribunal sobre los adelantos y el resultado de las diligencias hechas; además de diseñar un plan de trabajo para la ejecución, remoción y transporte transfronterizo de la escoria.
La audiencia en este caso fue realizada en junio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico y su resolución fue dada a conocer el 27 de julio del mismo año, donde el caso pasó a la etapa de Vista Pública.
Los imputados se desempeñaban como ingenieros dentro de la empresa Baterías de El Salvador y actualmente gozan de medidas sustitutivas a la detención provisional.
Según datos del proceso, el 24 de septiembre del año 2007, las autoridades del Ministerio de Salud clausuraron la fábrica Baterías RECORD de El Salvador por considerar que no contaban con los permisos necesarios para operar.
El 29 de febrero de 2008 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó requerimiento en el Juzgado de Paz de San Juan Opico contra tres miembros de la directiva de la empresa y tres ingenieros.
El 6 de marzo el Juzgado de Paz instaló la audiencia inicial, en la cual el Juez, Lic. Rafael Meléndez, resolvió instrucción formal con detención provisional para los directivos, así como la inmovilización de varias cuentas bancarias por 141 millones de dólares.
En los meses siguientes, el Juzgado de Primera Instancia programó varias diligencias; entre estas, entrevistas a testigos, tomas de muestras de agua, suelo y aire.
Durante el mes de septiembre de 2008 el Juzgado realizó la inspección en el Río Sucio, ubicado en el municipio de San Juan Opico, y que recorre varios caseríos y cantones cercanos a la planta. El objetivo de esta diligencia fue tomar muestras para analizarlas y determinar presencia de plomo en el agua. Además, se realizó anticipo de prueba de toma de muestras y ceniza del interior de la fábrica Baterías de El Salvador.
En tanto, los imputados ausentes Ronald Antonio Lacayo Argüello, director; Sandra Cecilia Lacayo de Escapini, secretaria, y José Ofilio Gurdián Lacayo, presidente de la empresa Baterías de El Salvador, poseen orden de captura vigente.
k.p./Interjust
El inicio de la Vista Pública estaba programado para hoy, sin embargo; los jueces del tribunal accedieron a no instalarla debido a dos peticiones hechas por las partes procesales.
Los defensores de los imputados Hugo Reynaldo Trujillo, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito, quienes son juzgados por el delito de contaminación ambiental agravada, solicitaron que el juicio se suspenda, ya que están a la espera de los resultados del laboratorio sobre la escoria extraída de la fábrica Baterías de El Salvador (RECORD), para determinar el nivel de plomo que posee.
La empresa Industrias MONDELO, de origen mexicano, ha mostrado interés en comprar y remover la escoria que permanece al interior de la fábrica para posteriormente vender el plomo extraído, según sostienen los defensores.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió un plazo para que el Ministerio de Hacienda les otorgue los fondos para el traslado y comparecencia de los peritos y testigos a la Vista Pública.
Ante esto, el tribunal otorgó el plazo correspondiente para dichas diligencias y, aunque no precisó la fecha exacta, si adelantó que el juicio sería instalado hasta el próximo año. Sin embargo, la FGR y los defensores de los imputados deberán informar al tribunal sobre los adelantos y el resultado de las diligencias hechas; además de diseñar un plan de trabajo para la ejecución, remoción y transporte transfronterizo de la escoria.
La audiencia en este caso fue realizada en junio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico y su resolución fue dada a conocer el 27 de julio del mismo año, donde el caso pasó a la etapa de Vista Pública.
Los imputados se desempeñaban como ingenieros dentro de la empresa Baterías de El Salvador y actualmente gozan de medidas sustitutivas a la detención provisional.
Según datos del proceso, el 24 de septiembre del año 2007, las autoridades del Ministerio de Salud clausuraron la fábrica Baterías RECORD de El Salvador por considerar que no contaban con los permisos necesarios para operar.
El 29 de febrero de 2008 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó requerimiento en el Juzgado de Paz de San Juan Opico contra tres miembros de la directiva de la empresa y tres ingenieros.
El 6 de marzo el Juzgado de Paz instaló la audiencia inicial, en la cual el Juez, Lic. Rafael Meléndez, resolvió instrucción formal con detención provisional para los directivos, así como la inmovilización de varias cuentas bancarias por 141 millones de dólares.
En los meses siguientes, el Juzgado de Primera Instancia programó varias diligencias; entre estas, entrevistas a testigos, tomas de muestras de agua, suelo y aire.
Durante el mes de septiembre de 2008 el Juzgado realizó la inspección en el Río Sucio, ubicado en el municipio de San Juan Opico, y que recorre varios caseríos y cantones cercanos a la planta. El objetivo de esta diligencia fue tomar muestras para analizarlas y determinar presencia de plomo en el agua. Además, se realizó anticipo de prueba de toma de muestras y ceniza del interior de la fábrica Baterías de El Salvador.
En tanto, los imputados ausentes Ronald Antonio Lacayo Argüello, director; Sandra Cecilia Lacayo de Escapini, secretaria, y José Ofilio Gurdián Lacayo, presidente de la empresa Baterías de El Salvador, poseen orden de captura vigente.
k.p./Interjust
viernes, 20 de agosto de 2010
AGENDA
PAUTA PARA LUNES 23 DE AGOSTO
1) El Tribunal 3° de Sentencia desarrollará una vista pública contra Rafael Eulogio Romero, acusado de homicidio agravado en los hermanos Recinos. Sala 2-“A”, 8:30 a.m. y la asignada es Rina Guadalupe Teos.
2) El Tribunal 6° de Sentencia instalará una vista pública por estafa en perjuicio de más de 200 personas. Sala 3-“C”, 9:30 a.m. y la asignada es Rina Teos.
3) El Juzgado de Sentencia de Santa Tecla realizará vista pública este lunes a las 9:00 a.m. en el caso Record por el delito de contaminación ambiental agravada. La asignada es Karla Pineda.
4) Los juzgados en turno serán: 15°, 1° y 2° de Paz para el fin de semana; mientras que el 3° de Menores hasta el próximo domingo.
1) El Tribunal 3° de Sentencia desarrollará una vista pública contra Rafael Eulogio Romero, acusado de homicidio agravado en los hermanos Recinos. Sala 2-“A”, 8:30 a.m. y la asignada es Rina Guadalupe Teos.
2) El Tribunal 6° de Sentencia instalará una vista pública por estafa en perjuicio de más de 200 personas. Sala 3-“C”, 9:30 a.m. y la asignada es Rina Teos.
3) El Juzgado de Sentencia de Santa Tecla realizará vista pública este lunes a las 9:00 a.m. en el caso Record por el delito de contaminación ambiental agravada. La asignada es Karla Pineda.
4) Los juzgados en turno serán: 15°, 1° y 2° de Paz para el fin de semana; mientras que el 3° de Menores hasta el próximo domingo.
PRÓXIMO LUNES VISTA PÚBLICA CONTRA EULOGIO MONTENEGRO POR HOMICIDIO AGRAVADO
SAN SALVADOR, 20 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Tribunal 3º de Sentencia instalará el próximo lunes 23, a las 8:30 a.m., la vista pública contra Rafael Eulogio Montenegro, de 33 años de edad, procesado por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de los hermanos Pablo Noé y Juan Carlos Recinos Cisneros y dos víctimas más bajo régimen de protección.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado presuntamente disparó contra las víctimas el 30 de mayo de 2009 en horas de la noche, cuando éstas salían de un restaurante ubicado sobre la 85 Avenida Norte y 3ª Calle Poniente en el pasaje Dordely de la Colonia Escalón.
El reporte policial de los hechos señala que en el lugar un sujeto les habría atravesado una camioneta a las víctimas y luego inició una discusión en la que el sujeto sacó un arma y les disparó.
Pablo Noé Recinos murió en el lugar y su hermano, Juan Carlos, en las instalaciones de un centro asistencial. El imputado fue capturado el 24 de diciembre de 2009 por miembros de la Policía Internacional (INTERPOL), en la zona de la Quinta Santa Marta, sobre la carretera hacia Masaya en la República de Nicaragua.
El ente fiscal cuenta con la declaración de dos testigos denominados “Camila” y “Ada” quienes ubican al procesado como actor directo de los hechos.
Por este mismo caso la FGR procesó al suegro y a la esposa de Montenegro por los delitos de simulación de delitos y fraude procesal. El Tribunal 6° de Sentencia únicamente condenó a la cónyuge por este último delito.
r.t./Interjust
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado presuntamente disparó contra las víctimas el 30 de mayo de 2009 en horas de la noche, cuando éstas salían de un restaurante ubicado sobre la 85 Avenida Norte y 3ª Calle Poniente en el pasaje Dordely de la Colonia Escalón.
El reporte policial de los hechos señala que en el lugar un sujeto les habría atravesado una camioneta a las víctimas y luego inició una discusión en la que el sujeto sacó un arma y les disparó.
Pablo Noé Recinos murió en el lugar y su hermano, Juan Carlos, en las instalaciones de un centro asistencial. El imputado fue capturado el 24 de diciembre de 2009 por miembros de la Policía Internacional (INTERPOL), en la zona de la Quinta Santa Marta, sobre la carretera hacia Masaya en la República de Nicaragua.
El ente fiscal cuenta con la declaración de dos testigos denominados “Camila” y “Ada” quienes ubican al procesado como actor directo de los hechos.
Por este mismo caso la FGR procesó al suegro y a la esposa de Montenegro por los delitos de simulación de delitos y fraude procesal. El Tribunal 6° de Sentencia únicamente condenó a la cónyuge por este último delito.
r.t./Interjust
DECRETAN MEDIDAS POR ESTAFA A IMPUTADA
SAN SALVADOR, 20 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 5º de Paz decretó instrucción formal con medidas sustitutivas contra la imputada Karla Cristina Méndez de Flamenco, de 30 años de edad, acusada de estafa agravada en perjuicio de 128 ofendidos.
La Jueza valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y por lo tanto le decretó medidas tales como la prohibición de salir del país, presentarse cada viernes al Juzgado 5º de Instrucción y cancelar una caución económica de 40.000 dólares.
En el requerimiento también se mencionaba a otros imputados como Ana Ruth González Cruz, Susie Filomena Cruz Lara, José Rubén Granadeño Serrano y Carlos Alberto González Magaña por quienes la administradora de justicia emitirá una resolución diferente, ya que son acusados ausentes.
Datos de las investigaciones señalan que los hechos se registraron entre los años 2006 y 2008, cuando, supuestamente, los procesados se dedicaron a publicar, a través de anuncios clasificados y panfletos, avisos sobre la empresa “Trabajadores Industriales Salvadoreños”, la cual se dedicaba a contratar personal para que fuera a laborar a los Estados Unidos como albañiles, agricultores, y electricistas, entre otros.
Para ello les cobraban la cantidad de 3.000 dólares, pagados en cuatro cuotas de 750, así como 35 por la asesoría y la solicitud más 200 por los exámenes médicos.
Asimismo, debían entregar las escrituras de la casa como garantía que iban a regresar a El Salvador. Los imputados comenzaron a exigir el cumplimiento de la visa de trabajo y para 2008 la empresa ya había cerrado sus funciones. La compañía estaba ubicada en el Edificio Roosvelt, sobre la Calle San Antonio Abad.
El monto de la estafa asciende a más de 200.000 dólares aproximadamente y actualmente no hay paradero del resto de los imputados. El caso pasará a la orden del Juzgado 5º de Instrucción.
c.m./Interjust
La Jueza valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y por lo tanto le decretó medidas tales como la prohibición de salir del país, presentarse cada viernes al Juzgado 5º de Instrucción y cancelar una caución económica de 40.000 dólares.
En el requerimiento también se mencionaba a otros imputados como Ana Ruth González Cruz, Susie Filomena Cruz Lara, José Rubén Granadeño Serrano y Carlos Alberto González Magaña por quienes la administradora de justicia emitirá una resolución diferente, ya que son acusados ausentes.
Datos de las investigaciones señalan que los hechos se registraron entre los años 2006 y 2008, cuando, supuestamente, los procesados se dedicaron a publicar, a través de anuncios clasificados y panfletos, avisos sobre la empresa “Trabajadores Industriales Salvadoreños”, la cual se dedicaba a contratar personal para que fuera a laborar a los Estados Unidos como albañiles, agricultores, y electricistas, entre otros.
Para ello les cobraban la cantidad de 3.000 dólares, pagados en cuatro cuotas de 750, así como 35 por la asesoría y la solicitud más 200 por los exámenes médicos.
Asimismo, debían entregar las escrituras de la casa como garantía que iban a regresar a El Salvador. Los imputados comenzaron a exigir el cumplimiento de la visa de trabajo y para 2008 la empresa ya había cerrado sus funciones. La compañía estaba ubicada en el Edificio Roosvelt, sobre la Calle San Antonio Abad.
El monto de la estafa asciende a más de 200.000 dólares aproximadamente y actualmente no hay paradero del resto de los imputados. El caso pasará a la orden del Juzgado 5º de Instrucción.
c.m./Interjust
AUDIENCIA INICIAL CONTRA EX FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE POR ACTOS ARBITRARIOS
SAN SALVADOR, 20 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 13º de Paz instaló este viernes audiencia inicial contra Raúl Ernesto Somoza Menéndez, de 43 años de edad, y José Gilberto Cornejo Beltrán, de 40, acusados de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública.
Según indagaciones de la Fiscalía General de República (FGR) a los sospechosos se les vincula en cuatro casos donde otorgaron presuntamente concesiones de líneas a transportistas del sector público, pese a que existía un decreto legislativo que prohibía emitir más autorizaciones.
Los acusados presuntamente cometieron el ilícito cuando fungían como Director General de Transporte Terrestre y Jefe del Departamento Técnico en el Viceministerio de Transporte (VMT), respectivamente.
Según la investigación, el decreto legislativo que desobedecieron los funcionarios establecía que desde el 21 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2009 estaba suspendida el otorgamiento de concesiones por parte de la Dirección General de Trasporte Terrestre, del Vice-Ministerio de Transporte, con base al decreto legislativo número 186 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
Según las indagaciones de la FGR, los imputados violentaron dicho decreto y otorgaron permisos que ya habían sido denegados por no llenar los requisitos.
Supuestamente, el imputado Somoza durante dichos años emitió las resoluciones de los casos en la cual favorecía a los solicitantes. Este, presuntamente, se basaba en las opiniones técnicas del acusado Cornejo Beltrán, las cuales reflejaba que las unidades de transporte cumplían los requisitos necesarios para su operatividad.
Los informes que emitía Cornejo Beltrán, presuntamente, se elaboraban con la intención de favorecer a los cuatro transportistas y las otorgaron sin ninguna inspección de campo, lo que desembocó en un caso de competencia desleal, así como en el aumento de la capacidad técnica de la ruta, es decir, que hubo demasiadas unidades circulando.
Según la acusación, este tipo de manejos favoreció a la cooperativa Acoetmisab de R.L que recibió nueve unidades, pese a que ya contaba con 27. De modo mediante resolución del imputado Somoza, la cooperativa aumentó su capacidad técnica de ruta en el años 2008.
El Juez, el Licenciado Francisco Antonio Escoto, ha convocado a las partes para hoy viernes a las 5:00 p.m. para dar a conocer la resolución.
a.s./Interjust
Según indagaciones de la Fiscalía General de República (FGR) a los sospechosos se les vincula en cuatro casos donde otorgaron presuntamente concesiones de líneas a transportistas del sector público, pese a que existía un decreto legislativo que prohibía emitir más autorizaciones.
Los acusados presuntamente cometieron el ilícito cuando fungían como Director General de Transporte Terrestre y Jefe del Departamento Técnico en el Viceministerio de Transporte (VMT), respectivamente.
Según la investigación, el decreto legislativo que desobedecieron los funcionarios establecía que desde el 21 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2009 estaba suspendida el otorgamiento de concesiones por parte de la Dirección General de Trasporte Terrestre, del Vice-Ministerio de Transporte, con base al decreto legislativo número 186 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
Según las indagaciones de la FGR, los imputados violentaron dicho decreto y otorgaron permisos que ya habían sido denegados por no llenar los requisitos.
Supuestamente, el imputado Somoza durante dichos años emitió las resoluciones de los casos en la cual favorecía a los solicitantes. Este, presuntamente, se basaba en las opiniones técnicas del acusado Cornejo Beltrán, las cuales reflejaba que las unidades de transporte cumplían los requisitos necesarios para su operatividad.
Los informes que emitía Cornejo Beltrán, presuntamente, se elaboraban con la intención de favorecer a los cuatro transportistas y las otorgaron sin ninguna inspección de campo, lo que desembocó en un caso de competencia desleal, así como en el aumento de la capacidad técnica de la ruta, es decir, que hubo demasiadas unidades circulando.
Según la acusación, este tipo de manejos favoreció a la cooperativa Acoetmisab de R.L que recibió nueve unidades, pese a que ya contaba con 27. De modo mediante resolución del imputado Somoza, la cooperativa aumentó su capacidad técnica de ruta en el años 2008.
El Juez, el Licenciado Francisco Antonio Escoto, ha convocado a las partes para hoy viernes a las 5:00 p.m. para dar a conocer la resolución.
a.s./Interjust
jueves, 19 de agosto de 2010
PAUTA PARA VIERNES 20 DE AGOSTO
1) El Juzgado 4º de Tránsito llevará a cabo una reconstrucción de accidente vial, en el kilómetro 35 de la carretera Panamericana, jurisdicción de Cojutepeque. Mañana viernes a las 10:00 p.m. Favor tomar en cuenta para que los conductores tomen rutas alternas.
2) Vista pública 5º de Sentencia, 8:30 a.m. por homicidio agravado en la niña Sofía Michelle. Sala 3-“B”. La asignada es Rina Guadalupe Teos.
3) Vista pública 1º de Sentencia por cohecho propio, 8:30 a.m. Sala 2-“C”. La encargada es Rina Teos.
4) El Tribunal 6° de Sentencia instalará una vista pública por incumplimiento en caso de desórdenes públicos. Es un empleado de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Sala 3-“C”. La encargada es Rina Teos, 9:30 a.m.
5) El Juzgado 4° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar, a las 11:00 a.m., por cohecho impropio. La asignada es Karina Cuadra de Díaz.
6) El Juzgado 13° de Paz celebra Audiencia Inicial contra dos empleados del Viceministerio de Transporte (VMT) acusados por actos arbitrarios a las 8:30 a.m. La asignada es Aída Sánchez.
7) Los juzgados en turno serán: 3º de Menores y 15º de Paz.
2) Vista pública 5º de Sentencia, 8:30 a.m. por homicidio agravado en la niña Sofía Michelle. Sala 3-“B”. La asignada es Rina Guadalupe Teos.
3) Vista pública 1º de Sentencia por cohecho propio, 8:30 a.m. Sala 2-“C”. La encargada es Rina Teos.
4) El Tribunal 6° de Sentencia instalará una vista pública por incumplimiento en caso de desórdenes públicos. Es un empleado de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Sala 3-“C”. La encargada es Rina Teos, 9:30 a.m.
5) El Juzgado 4° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar, a las 11:00 a.m., por cohecho impropio. La asignada es Karina Cuadra de Díaz.
6) El Juzgado 13° de Paz celebra Audiencia Inicial contra dos empleados del Viceministerio de Transporte (VMT) acusados por actos arbitrarios a las 8:30 a.m. La asignada es Aída Sánchez.
7) Los juzgados en turno serán: 3º de Menores y 15º de Paz.
QUERELLANTE ACUSA IMPUTADA COMO COAUTORA POR HOMICIDIO DE ESTUDIANTE DEL INFRAMEN
SAN SALVADOR, 19 DE AGOSTO 2010 (INTERJUST). El Abogado Oscar Vega presentó este jueves la acusación contra Blanca Cecilia Navarro como coautora en el delito de homicidio agravado en perjuicio de la vida de Carlos Francisco Garay Granados, estudiante del Instituto Nacional “Francisco Menéndez” (INFRAMEN), asesinado el 11 de marzo de este año.
Vega pidió al Tribunal que el caso pase a la etapa de juicio y presentó como principal prueba las 54 fotografías tomadas al momento del hecho por el periódico La Prensa Gráfica, para que sean tomadas como prueba directa, en la audiencia preliminar programada para el 1 de septiembre próximo.
La acusación detalla que la imputada actuó en coordinación con Jonathan D. al ahuyentar con un cincho y una piedra a un amigo de la víctima para que nadie pudiera defenderlo.
El Abogado detalló que también se presentó como pruebas a testigos presenciales del hecho; sin embargo, debido a que la imputada no tuvo contacto directo con la víctima, no se presentó prueba pericial de ADN, ya que su conducta fue la de evitar que cualquier persona interviniera para ayudar a la víctima.
Carlos Garay falleció cuando era atendido en el Hospital Rosales, producto de varias puñaladas. Los imputados fueron capturados en el momento.
La audiencia inicial contra la imputada la realizó el Juzgado 5° de Paz el 15 de marzo y ordenó instrucción formal con detención provisional, y permanece en el Centro de Readaptación de Mujeres en Ilopango.
k.c./Interjust
Vega pidió al Tribunal que el caso pase a la etapa de juicio y presentó como principal prueba las 54 fotografías tomadas al momento del hecho por el periódico La Prensa Gráfica, para que sean tomadas como prueba directa, en la audiencia preliminar programada para el 1 de septiembre próximo.
La acusación detalla que la imputada actuó en coordinación con Jonathan D. al ahuyentar con un cincho y una piedra a un amigo de la víctima para que nadie pudiera defenderlo.
El Abogado detalló que también se presentó como pruebas a testigos presenciales del hecho; sin embargo, debido a que la imputada no tuvo contacto directo con la víctima, no se presentó prueba pericial de ADN, ya que su conducta fue la de evitar que cualquier persona interviniera para ayudar a la víctima.
Carlos Garay falleció cuando era atendido en el Hospital Rosales, producto de varias puñaladas. Los imputados fueron capturados en el momento.
La audiencia inicial contra la imputada la realizó el Juzgado 5° de Paz el 15 de marzo y ordenó instrucción formal con detención provisional, y permanece en el Centro de Readaptación de Mujeres en Ilopango.
k.c./Interjust
REALIZARÁN RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTE VIAL
SAN SALVADOR, 19 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 4º de Tránsito realizará una reconstrucción de un accidente vial, el cual fue provocado por un abogado de la República, acusado de lesiones culposas en 12 personas, incluidos tres menores de edad. La diligencia está señalada para mañana viernes a las 10:00 p.m.
El imputado es Pedro Orlando Hernández Salinas, quien, según las investigaciones policiales y fiscales, provocó el mencionado accidente a la altura del kilómetro 35, en el sector de los Pirineos, en la jurisdicción de Cojutepeque. El hecho se registró el pasado 1 de enero alrededor de las 12:25 a.m.
Datos del proceso señalan que Melvin Verónica Orellana González, quien manejaba un pick-up de su propiedad, se conducía con otras 11 personas sobre la referida arteria vehicular a dejar a unas amistades en el Barrio El Centro de Cojutepeque; supuestamente, el imputado realizó un “zig-zag” cuando manejaba.
Como resultado hubo varias personas lesionadas. El imputado fue capturado en el mismo lugar y puesto a la orden del Juzgado 2º de Paz de Cojutepeque, en donde se le decretó instrucción formal con la medida sustitutiva de presentarse cada 15 días al Juzgado 4ª de Tránsito.
c.m./Interjust
El imputado es Pedro Orlando Hernández Salinas, quien, según las investigaciones policiales y fiscales, provocó el mencionado accidente a la altura del kilómetro 35, en el sector de los Pirineos, en la jurisdicción de Cojutepeque. El hecho se registró el pasado 1 de enero alrededor de las 12:25 a.m.
Datos del proceso señalan que Melvin Verónica Orellana González, quien manejaba un pick-up de su propiedad, se conducía con otras 11 personas sobre la referida arteria vehicular a dejar a unas amistades en el Barrio El Centro de Cojutepeque; supuestamente, el imputado realizó un “zig-zag” cuando manejaba.
Como resultado hubo varias personas lesionadas. El imputado fue capturado en el mismo lugar y puesto a la orden del Juzgado 2º de Paz de Cojutepeque, en donde se le decretó instrucción formal con la medida sustitutiva de presentarse cada 15 días al Juzgado 4ª de Tránsito.
c.m./Interjust
MAÑANA VISTA PÚBLICA EN CASO HOMICIDIO DE MENOR
SAN SALVADOR, 19 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Tribunal 5° de Sentencia instalará mañana vienes a las 8:30 a.m. vista pública contra Santos Emilio López González, de 30 años de edad, procesado por los delitos de homicidio agravado, violación agravada y privación de libertad en perjuicio de la menor S.F.H.G., quien era de 5 años.
Según información del proceso judicial, los hechos sucedieron el 23 de octubre de 2009, en la Colonia Vista Bella 2, en las cercanías de la Calle a Huizúcar, en San Salvador, donde la menor permanecía en su casa ubicada en el Pasaje 4, Polígono 14, de la referida colonia, acompañada solo por un amigo de la familia y dos de sus hermanos menores.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la menor salió a una tienda cercana en horas de la tarde y no regresó.
Cuando el padre de la niña regresó a la casa y notó que S.F.H.G. no estaba, fue a buscarla en los diferentes pasajes y calles de la colonia. Fue hasta el día siguiente que los padres de la menor fueron alertados de que el cuerpo sin vida de su hija permanecía dentro de un saco de nylon en un predio baldío de la misma colonia.
El peritaje forense señala que la menor falleció a consecuencia de una herida hecha con arma blanca a la altura del cuello; además, presentaba evidencias de abuso sexual.
Un testigo, bajo régimen de protección, narró a las autoridades que la niña fue vista por última vez cuando entraba a la casa de un vecino identificado como Santos Emilio López González. Dentro de las investigaciones, la FGR logró allanar la vivienda de López González y encontró una serie de evidencias que comprometen al imputado en relación al homicidio de la niña.
La FGR presentará a los jueces del tribunal prueba documental, testimonial y pericial como es el resultado de la prueba de ADN encontrado en la ropa interior de la niña donde hay fluidos que pertenecen al imputado.
Santos Emilio López González fue detenido el 27 de octubre de 2009 bajo cargos de homicidio agravado, violación agravada y privación de libertada agravada.
r.t./Interjust
Según información del proceso judicial, los hechos sucedieron el 23 de octubre de 2009, en la Colonia Vista Bella 2, en las cercanías de la Calle a Huizúcar, en San Salvador, donde la menor permanecía en su casa ubicada en el Pasaje 4, Polígono 14, de la referida colonia, acompañada solo por un amigo de la familia y dos de sus hermanos menores.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la menor salió a una tienda cercana en horas de la tarde y no regresó.
Cuando el padre de la niña regresó a la casa y notó que S.F.H.G. no estaba, fue a buscarla en los diferentes pasajes y calles de la colonia. Fue hasta el día siguiente que los padres de la menor fueron alertados de que el cuerpo sin vida de su hija permanecía dentro de un saco de nylon en un predio baldío de la misma colonia.
El peritaje forense señala que la menor falleció a consecuencia de una herida hecha con arma blanca a la altura del cuello; además, presentaba evidencias de abuso sexual.
Un testigo, bajo régimen de protección, narró a las autoridades que la niña fue vista por última vez cuando entraba a la casa de un vecino identificado como Santos Emilio López González. Dentro de las investigaciones, la FGR logró allanar la vivienda de López González y encontró una serie de evidencias que comprometen al imputado en relación al homicidio de la niña.
La FGR presentará a los jueces del tribunal prueba documental, testimonial y pericial como es el resultado de la prueba de ADN encontrado en la ropa interior de la niña donde hay fluidos que pertenecen al imputado.
Santos Emilio López González fue detenido el 27 de octubre de 2009 bajo cargos de homicidio agravado, violación agravada y privación de libertada agravada.
r.t./Interjust
JUZGADO IMPONE INTERNAMIENTO A MENOR POR SECUESTRO
SAN SALVADOR, 19 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 3º de Menores impuso internamiento provisional contra una adolescente, de 17 años de edad, acusada de secuestro en perjuicio de un estudiante mayor de edad.
La Jueza valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) en los que se puso en evidencia la probable participación delincuencial de la acusada. Según datos de las investigaciones, el ofendido conoció a la imputada en un centro de prostitución, quien lo sedujo y convenció a que llegara a la casa de ésta, ubicada en San Jacinto.
La víctima llegó hasta la casa en donde intentó mantener relaciones íntimas con otra joven y fue cuando dos sujetos lo privaron de libertad. A cambio comenzaron a exigir un rescate de 100.000 dólares. Luego de las negociaciones llegaron al acuerdo con la familia del ofendido de pagar la cantidad de 1,750. Este hecho se registró el pasado 11 de agosto.
A la víctima lo mantuvieron en casas, ubicadas en San Jacinto, San Marcos y lo liberaron días después en una calle de la colonia Santa Lucía.
La menor fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en donde estuvo la víctima, luego de un seguimiento y dispositivo de seguridad.
La menor fue enviada al Centro de Reinserción Femenino en Ilopango. El caso pasará a la orden del Juzgado de Menores en Soyapango, ya que en esa zona fue la liberación del ofendido.
c.m./Interjust
La Jueza valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) en los que se puso en evidencia la probable participación delincuencial de la acusada. Según datos de las investigaciones, el ofendido conoció a la imputada en un centro de prostitución, quien lo sedujo y convenció a que llegara a la casa de ésta, ubicada en San Jacinto.
La víctima llegó hasta la casa en donde intentó mantener relaciones íntimas con otra joven y fue cuando dos sujetos lo privaron de libertad. A cambio comenzaron a exigir un rescate de 100.000 dólares. Luego de las negociaciones llegaron al acuerdo con la familia del ofendido de pagar la cantidad de 1,750. Este hecho se registró el pasado 11 de agosto.
A la víctima lo mantuvieron en casas, ubicadas en San Jacinto, San Marcos y lo liberaron días después en una calle de la colonia Santa Lucía.
La menor fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en donde estuvo la víctima, luego de un seguimiento y dispositivo de seguridad.
La menor fue enviada al Centro de Reinserción Femenino en Ilopango. El caso pasará a la orden del Juzgado de Menores en Soyapango, ya que en esa zona fue la liberación del ofendido.
c.m./Interjust
TRIBUNAL ORDENA JUICIO CONTRA IMPUTADA POR HOMICIDIO AGRAVADO EN SU RECIÉN NACIDA
SAN SALVADOR, 19 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 4º de Instrucción ordenó enviar a juicio a María del Tránsito Orellana Martínez, de 23 años de edad, procesada por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la vida de su hija recién nacida.
El Juez, Lic. Elmer Chavarría, encontró suficientes elementos de prueba para ser discutidos en la vista pública, a programarse en los próximos días en un tribunal de sentencia.
Según datos del dictamen de acusación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), el hecho sucedió el 5 de marzo del presente año en el Cantón El Carmen de San Salvador, donde trabajaba como doméstica, cuando en horas de la noche la imputada dio a luz a una niña. Posteriormente se presume que la asfixió con el lazo de un delantal y la ocultó en la ducha.
El Ministerio Público detalla que la implicada sufrió una hemorragia por lo que sus patrones se preocuparon y pidieron una ambulancia, después llamaron a unas amigas y a la hermana de la imputada, quienes abrieron el baño y encontraron el cadáver de la recién nacida. Finalmente la imputada fue trasladada al Hospital de Maternidad.
En este caso la audiencia inicial se realizó el 9 de marzo de 2010 en el Juzgado 15º de Paz que le decretó instrucción formal con detención provisional y fue enviada al Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango.
El Ministerio Público ha ofrecido como prueba las entrevistas de las personas que se cercioraron que el cuerpo de la pequeña víctima estaba en el baño, álbum fotográfico, pruebas de ADN y la autopsia de la bebé, entre otras.
k.c./Interjust
El Juez, Lic. Elmer Chavarría, encontró suficientes elementos de prueba para ser discutidos en la vista pública, a programarse en los próximos días en un tribunal de sentencia.
Según datos del dictamen de acusación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), el hecho sucedió el 5 de marzo del presente año en el Cantón El Carmen de San Salvador, donde trabajaba como doméstica, cuando en horas de la noche la imputada dio a luz a una niña. Posteriormente se presume que la asfixió con el lazo de un delantal y la ocultó en la ducha.
El Ministerio Público detalla que la implicada sufrió una hemorragia por lo que sus patrones se preocuparon y pidieron una ambulancia, después llamaron a unas amigas y a la hermana de la imputada, quienes abrieron el baño y encontraron el cadáver de la recién nacida. Finalmente la imputada fue trasladada al Hospital de Maternidad.
En este caso la audiencia inicial se realizó el 9 de marzo de 2010 en el Juzgado 15º de Paz que le decretó instrucción formal con detención provisional y fue enviada al Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango.
El Ministerio Público ha ofrecido como prueba las entrevistas de las personas que se cercioraron que el cuerpo de la pequeña víctima estaba en el baño, álbum fotográfico, pruebas de ADN y la autopsia de la bebé, entre otras.
k.c./Interjust
ÚLTIMA HORA
CONVOCATORIA
Para las 10:00 a.m. el Juzgado 5° de Instrucción recibirá la acusación de Oscar Vega, abogado de la familia de Carlos Francisco Garay, contra la imputada Blanca Cecilia Navarro. (Caso INFRAMEN).
Para las 10:00 a.m. el Juzgado 5° de Instrucción recibirá la acusación de Oscar Vega, abogado de la familia de Carlos Francisco Garay, contra la imputada Blanca Cecilia Navarro. (Caso INFRAMEN).
miércoles, 18 de agosto de 2010
MAÑANA AUDIENCIA PRELIMINAR CONTRA REYNERIO DE JESÚS FLORES LAZO
SAN SALVADOR, 18 JUNIO 2010 (INTERJUST). El Juzgado 9º de Instrucción instalará mañana la audiencia preliminar contra Reynerio de Jesús Flores Lazo y 13 imputados mas procesados por varios delitos relacionados al tráfico ilícito de droga.
La jueza 9° de Instrucción, Lic. Nora Montoya, ha señalado la audiencia para que comparezcan las partes procesales y los imputados presentes en el caso responden a los nombres de Reynerio de Jesús Flores Lazo, Deysi Fuentes Cruz y Manuel de Jesús Morán Jerez, procesados por cooperación con fines de tráfico, tráfico ilícito, falsedad material, entre otros.
Los procesados son vinculados por la Fiscalía General de la República (FGR) con diferentes hechos sucedidos durante los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano. Según la FGR, el salvadoreño Reynerio de Jesús Flores Lazo, traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua. Al parecer el imputado utilizó tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
El ministerio público identifica una red de 14 personas subcontratadas por narcotraficantes ligados al cártel del Golfo. La mayoría son prófugos en este proceso. El imputado Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien mantuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína para Costa Rica, el 2 de febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
El dictamen de acusación gira en torno a cinco decomisos, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kg de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril del mismo año, también en la frontera Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica, se incautaron 188 kg de cocaína.
El tercer hecho sucedió el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua donde decomisaron 1,105 kg de cocaína, donde seis empleados de Flores Lazo fueron detenidos.
El cuarto caso se dio el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas en una rastra con 219 kg de cocaína. El quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua y fueron decomisados 1,328 kg de cocaína. Los decomisos han sido valorados en varios millones de dólares.
El ministerio público realizó en noviembre de 2009 ante el juzgado 9° de Instrucción varios anticipos de prueba consistentes en entrevistas a agentes fiscales, policías y peritos costarricenses y nicaragüenses relacionados con los decomisos de droga realizados en esos países. En el proceso ya fue anexado un peritaje contable, desarrollado por los expertos de la Corte de Cuentas, en la documentación financiera encontrada.
Los imputados ausentes responden a los nombres de Bernardo Ricardo Varela Araniva, Víctor Antonio León Benavides, Santos Mauricio Rodríguez Reyes, José Hernán Miguel Melgar Escobar y Sonia Eliza Gómez, todos de nacionalidad salvadoreña.
Además, los nicaragüenses Félix Medardo Munguía Chévez, Juan Francisco Altamirano, Pablo Ramón Torres Reyes, Eusebio González Hernández, los guatemaltecos Jaime Rodolfo Pérez Artola, Tulio Griseldo Lemus, Oscar Gerardo Wolfgang Ramirez y el costarricense Luis Eduardo Venegas Mora, procesados por los delitos de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones ilícitas para perpetrar el delito de tráfico ilícito, así como también por los delitos de cooperación en el tráfico de droga en perjuicio de la salud pública y falsedad ideológica, entre otros.
La FGR ha solicitado a la Jueza 9° de Instrucción que el caso pase a la etapa de vista pública y que los imputados continúen detenidos.
k.p/Interjust
La jueza 9° de Instrucción, Lic. Nora Montoya, ha señalado la audiencia para que comparezcan las partes procesales y los imputados presentes en el caso responden a los nombres de Reynerio de Jesús Flores Lazo, Deysi Fuentes Cruz y Manuel de Jesús Morán Jerez, procesados por cooperación con fines de tráfico, tráfico ilícito, falsedad material, entre otros.
Los procesados son vinculados por la Fiscalía General de la República (FGR) con diferentes hechos sucedidos durante los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano. Según la FGR, el salvadoreño Reynerio de Jesús Flores Lazo, traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua. Al parecer el imputado utilizó tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
El ministerio público identifica una red de 14 personas subcontratadas por narcotraficantes ligados al cártel del Golfo. La mayoría son prófugos en este proceso. El imputado Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien mantuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína para Costa Rica, el 2 de febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
El dictamen de acusación gira en torno a cinco decomisos, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kg de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril del mismo año, también en la frontera Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica, se incautaron 188 kg de cocaína.
El tercer hecho sucedió el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua donde decomisaron 1,105 kg de cocaína, donde seis empleados de Flores Lazo fueron detenidos.
El cuarto caso se dio el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas en una rastra con 219 kg de cocaína. El quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua y fueron decomisados 1,328 kg de cocaína. Los decomisos han sido valorados en varios millones de dólares.
El ministerio público realizó en noviembre de 2009 ante el juzgado 9° de Instrucción varios anticipos de prueba consistentes en entrevistas a agentes fiscales, policías y peritos costarricenses y nicaragüenses relacionados con los decomisos de droga realizados en esos países. En el proceso ya fue anexado un peritaje contable, desarrollado por los expertos de la Corte de Cuentas, en la documentación financiera encontrada.
Los imputados ausentes responden a los nombres de Bernardo Ricardo Varela Araniva, Víctor Antonio León Benavides, Santos Mauricio Rodríguez Reyes, José Hernán Miguel Melgar Escobar y Sonia Eliza Gómez, todos de nacionalidad salvadoreña.
Además, los nicaragüenses Félix Medardo Munguía Chévez, Juan Francisco Altamirano, Pablo Ramón Torres Reyes, Eusebio González Hernández, los guatemaltecos Jaime Rodolfo Pérez Artola, Tulio Griseldo Lemus, Oscar Gerardo Wolfgang Ramirez y el costarricense Luis Eduardo Venegas Mora, procesados por los delitos de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones ilícitas para perpetrar el delito de tráfico ilícito, así como también por los delitos de cooperación en el tráfico de droga en perjuicio de la salud pública y falsedad ideológica, entre otros.
La FGR ha solicitado a la Jueza 9° de Instrucción que el caso pase a la etapa de vista pública y que los imputados continúen detenidos.
k.p/Interjust
ABSUELVEN MENORES POR HOMICIDIO Y AGRUPACIONES ILÍCITAS
SAN SALVADOR, 18 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 3º de Menores absolvió a un adolescente, de 17 años, acusado de homicidio agravado en perjuicio de Walter Vladimir Guillén Nolasco, de 20; mientras que el otro procesado enfrentaba la vista de causa por agrupaciones ilícitas.
La jueza dejó en libertad al acusado debido a las contradicciones del testigo bajo régimen de protección; sin embargo, les impuso la medida definitiva de tres años de internamiento por agrupaciones ilícitas para cada uno.
Datos de las investigaciones fiscales y policiales señalan que uno los imputados, juntamente con otros 34 implicados, pensaron que el occiso era miembro de la clica “Petacones”, contraria a la “MS” de Apopa.
El crimen se registró el 15 de julio de 2008 sobre calle Principal de la colonia Santa Carlota del referido municipio. Una semana antes del hecho los imputados se reunieron para planificar el hecho; el acusado era el encargado de “postearlo”, es decir, de vigilar los movimientos de Guillén Nolasco.
El día del homicidio fue el encargado de llamar a otros dos adultos, apodados “Viejo Charol” y “Silent”, quienes le dispararon sin mediar palabra alguna. La víctima murió en el interior de la Cruz Roja de Apopa y no era miembro de pandilla alguna aparentemente.
El menor fue capturado el 24 de junio de 2009 en el mismo municipio, juntamente con otros 34 adultos, de quienes algunos enfrentan un proceso penal en el Juzgado Especializado de Instrucción, mientras que el resto purga penas en distintos centros penitenciarios del país.
La orden para matar al ofendido fue emanada del centro penal de Ciudad Barrios por un pandillero apodado “Denver”, quien le dijo al palabrero “Spanky” mandar a ejecutar el crimen. Asimismo, por el otro adolescente, acusado de agrupaciones ilícitas, sólo se le juzga por pertenecer a la pandilla “Saylar Locos Salvatruchos” de la “MS”.
La FGR informó que este menor participó en la planificación del hecho y en la del homicidio agravado en perjuicio de Juan Miguel Salguero Hernández.
Ambos imputados enfrentan sendos procesos en el Juzgado Especializado de Instrucción acusados de extorsión y ya purgan penas de 20 años de cárcel por otros ilícitos.
c.m./Interjust
La jueza dejó en libertad al acusado debido a las contradicciones del testigo bajo régimen de protección; sin embargo, les impuso la medida definitiva de tres años de internamiento por agrupaciones ilícitas para cada uno.
Datos de las investigaciones fiscales y policiales señalan que uno los imputados, juntamente con otros 34 implicados, pensaron que el occiso era miembro de la clica “Petacones”, contraria a la “MS” de Apopa.
El crimen se registró el 15 de julio de 2008 sobre calle Principal de la colonia Santa Carlota del referido municipio. Una semana antes del hecho los imputados se reunieron para planificar el hecho; el acusado era el encargado de “postearlo”, es decir, de vigilar los movimientos de Guillén Nolasco.
El día del homicidio fue el encargado de llamar a otros dos adultos, apodados “Viejo Charol” y “Silent”, quienes le dispararon sin mediar palabra alguna. La víctima murió en el interior de la Cruz Roja de Apopa y no era miembro de pandilla alguna aparentemente.
El menor fue capturado el 24 de junio de 2009 en el mismo municipio, juntamente con otros 34 adultos, de quienes algunos enfrentan un proceso penal en el Juzgado Especializado de Instrucción, mientras que el resto purga penas en distintos centros penitenciarios del país.
La orden para matar al ofendido fue emanada del centro penal de Ciudad Barrios por un pandillero apodado “Denver”, quien le dijo al palabrero “Spanky” mandar a ejecutar el crimen. Asimismo, por el otro adolescente, acusado de agrupaciones ilícitas, sólo se le juzga por pertenecer a la pandilla “Saylar Locos Salvatruchos” de la “MS”.
La FGR informó que este menor participó en la planificación del hecho y en la del homicidio agravado en perjuicio de Juan Miguel Salguero Hernández.
Ambos imputados enfrentan sendos procesos en el Juzgado Especializado de Instrucción acusados de extorsión y ya purgan penas de 20 años de cárcel por otros ilícitos.
c.m./Interjust
JUZGADO IMPONE REGLAS DE CONDUCTA A ACUSADO DE BIGAMIA
SAN SALVADOR, 18 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 9º de Paz decretó suspensión condicional del procedimiento al imputado N. Romero, de 47 años de edad, acusado de bigamia e incumplimiento de deberes económicos en perjuicio de M.R., de 40 años, y de R.G., de 13, respectivamente.
Según el relato de los hechos de la acusación fiscal, el imputado está casado con la ofendida desde el 6 de mayo de 1996, según consta la escritura pública y ante los oficios notariales de una abogada. Al parecer, el documento no fue asentado en la alcaldía respectiva, ni se marginó las partidas de nacimientos de los cónyuges.
Los esposos tuvieron un hijo, pero en vista que se separaron, la ofendida realizó diligencia de reclamo de cuota alimenticia en la Procuraduría General de la República (PGR) a favor del hijo, ya que presuntamente el imputado nunca aportó ayuda económica para el menor y se fijo una cuota de 30 dólares mensuales, la cual presuntamente el imputado nunca cumplió.
El imputado también está acusado de haber contraído nuevas nupcias en el año 2001 sin que antes resolviera el primer vínculo matrimonial y de mantener dos hogares al mismo tiempo y de evadir la responsabilidad con el hijo de la primera relación.
En la audiencia inicial por el delito de bigamia, el juez envió el caso a un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria quien será el encargado de verificar que el imputado cumpla las medidas que le impuso; entre ellas, trabajo de utilidad pública, presentarse cada vez que el juzgado lo requiera y no acercarse a la víctima por ningún medio.
Por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de su hijo, el sujeto concilió y se comprometió a pagar 50 dólares cada quince días hasta cubrir los 420 dólares que debe en total.
a.s./Interjust
Según el relato de los hechos de la acusación fiscal, el imputado está casado con la ofendida desde el 6 de mayo de 1996, según consta la escritura pública y ante los oficios notariales de una abogada. Al parecer, el documento no fue asentado en la alcaldía respectiva, ni se marginó las partidas de nacimientos de los cónyuges.
Los esposos tuvieron un hijo, pero en vista que se separaron, la ofendida realizó diligencia de reclamo de cuota alimenticia en la Procuraduría General de la República (PGR) a favor del hijo, ya que presuntamente el imputado nunca aportó ayuda económica para el menor y se fijo una cuota de 30 dólares mensuales, la cual presuntamente el imputado nunca cumplió.
El imputado también está acusado de haber contraído nuevas nupcias en el año 2001 sin que antes resolviera el primer vínculo matrimonial y de mantener dos hogares al mismo tiempo y de evadir la responsabilidad con el hijo de la primera relación.
En la audiencia inicial por el delito de bigamia, el juez envió el caso a un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria quien será el encargado de verificar que el imputado cumpla las medidas que le impuso; entre ellas, trabajo de utilidad pública, presentarse cada vez que el juzgado lo requiera y no acercarse a la víctima por ningún medio.
Por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de su hijo, el sujeto concilió y se comprometió a pagar 50 dólares cada quince días hasta cubrir los 420 dólares que debe en total.
a.s./Interjust
JUZGADO ENVÍA A PRISIÓN A SUJETO ACUSADO DE HOMICIDIO TENTADO CONTRA TAXISTA
SAN SALVADOR, 18 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 15º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra José Arcadio Pérez Hernández, de 20 años, acusado de homicidio simple imperfecto, robo agravado y tenencia portación o conducción ilegal de arma de fuego en perjuicio de J.A.A., de 39, y la paz pública, respectivamente.
Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió el pasado fin de semana a las 10:30 p.m., mientras la víctima se encontraba estacionada con su taxi esperando clientes, en la final de Avenida Peralta a la altura de la Terminal de Oriente cuando se le acercó un sujeto para solicitarle que lo llevara por “la Rio Soto”. La víctima accedió y el sujeto se sentó en la parte de atrás del taxi.
Detalla la acusación que en el momento que circulaban por la 18ª Avenida Sur de San Salvador el acusado presuntamente le puso un arma de fuego en la cabeza y le pidió que le entregara todo el dinero que andaba o, de lo contrario, “se iba a morir”.
La víctima le dio 40 dólares de las carreras del día; pero, al parecer, el sujeto no se conformó y le exigió más dinero y amenazó “que por eso se iba a morir”.
Fue así que el sujeto trató de dispararle en dos ocasiones en la cabeza, pero afortunadamente el revolver no le funcionó, de modo que la víctima decidió salir corriendo del auto y en el trayecto pidió auxilio a una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que circulaba por la zona.
En el lugar los agentes iniciaron una persecución contra el sujeto a quien lo lograron ubicar, le practicaron el registro rutinario y, presuntamente, le encontraron un revólver calibre 22, a la altura de la cintura. En uno de los bolsillos del pantalón llevaba un casquillo disparado. Según el reporte policial, el sujeto portaba guantes color blanco a la hora de la detención.
La jueza valoró los indicios presentados por el fiscal del caso como suficientes y remitió el caso al Juzgado 2º de Instrucción y al acusado al centro penal de Mariona.
a.s./Interjust
Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió el pasado fin de semana a las 10:30 p.m., mientras la víctima se encontraba estacionada con su taxi esperando clientes, en la final de Avenida Peralta a la altura de la Terminal de Oriente cuando se le acercó un sujeto para solicitarle que lo llevara por “la Rio Soto”. La víctima accedió y el sujeto se sentó en la parte de atrás del taxi.
Detalla la acusación que en el momento que circulaban por la 18ª Avenida Sur de San Salvador el acusado presuntamente le puso un arma de fuego en la cabeza y le pidió que le entregara todo el dinero que andaba o, de lo contrario, “se iba a morir”.
La víctima le dio 40 dólares de las carreras del día; pero, al parecer, el sujeto no se conformó y le exigió más dinero y amenazó “que por eso se iba a morir”.
Fue así que el sujeto trató de dispararle en dos ocasiones en la cabeza, pero afortunadamente el revolver no le funcionó, de modo que la víctima decidió salir corriendo del auto y en el trayecto pidió auxilio a una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que circulaba por la zona.
En el lugar los agentes iniciaron una persecución contra el sujeto a quien lo lograron ubicar, le practicaron el registro rutinario y, presuntamente, le encontraron un revólver calibre 22, a la altura de la cintura. En uno de los bolsillos del pantalón llevaba un casquillo disparado. Según el reporte policial, el sujeto portaba guantes color blanco a la hora de la detención.
La jueza valoró los indicios presentados por el fiscal del caso como suficientes y remitió el caso al Juzgado 2º de Instrucción y al acusado al centro penal de Mariona.
a.s./Interjust
RETORNA NORA MONTOYA A JUZGADO 9° DE INSTRUCCIÓN
SAN SALVADOR, 18 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). Su nombre sonó como la concejala que representó al gremio de Magistrados y jueces de la República ante el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Pero esta posición fue efectiva hasta el pasado 9 de agosto. Un día más tarde, Nora Montoya cerró el capítulo en el CNJ y retornó a los tribunales, al frente del Juzgado 9º de Instrucción, el mismo que ella presidió tras una reforma al sistema judicial.
Luego de presentar una petición de exoneración ante la Asamblea Legislativa, la Jueza Montoya reinició su trabajo judicial en uno de los tribunales paradigmáticos del Centro Judicial Isidro Menéndez, ya sea por a diario celebran de tres a cinco audiencias por delitos como robo imperfecto, amenazas, homicidio agravado y peculado.
Para la juzgadora, el 9° de Instrucción es una institución en sí misma desde que este fue constituido.
Y es que la jurista asumió la titularidad del tribunal en 1998, luego de haber desarrollado labores como Jueza de Paz en el Juzgado 15° de Paz, secretaria en el Juzgado 5° de lo Penal y colaboradora jurídica en un Juzgado de Hacienda.
Desde entonces, la Jueza contabiliza 26 años de carrera judicial, marcados por una serie de procesos que no solo han enriquecido su labor, sino también la han acercado con el público que a diario es protagonista de los diferentes casos.
El caso Perla y otros
Por ejemplo, en el año 2004, se ventiló en el Juzgado 9° de Instrucción el caso del secuestro del menor Oscar N.P, privado de libertad y posteriormente asesinado en la zona de la Colonia Radio Vea, en el municipio de San Martín.
En este caso la Jueza determinó que el testigo beneficiado con criterio de oportunidad era incongruente en su testimonio por lo que ordenó procesarlo.
En 2005, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el caso de corrupción en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Pero en aquel momento el ex director de la institución, Carlos Augusto Perla, ya permanecía en Francia. En el caso emblemático, la Jueza Nora Montoya realizó en conjunto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Relaciones Exteriores el trámite para efectuar el petitorio de extradición de Perla desde Francia.
Aquel instrumento fue el primero en su haber.
Así Francia dio luz verde a la extradición de Carlos Perla, quien posteriormente fue procesado en el país por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.
Sin embargo, luego Montoya tuvo que asumir el nuevo cargo en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), de modo que a partir del 22 de julio de 2005, la abogada Patricia Cruz de Chavarría asumió de forma interina el cargo como Jueza 9º de Instrucción. Cruz de Chavarría dejaba el 14º de Paz.
El Gobierno de Francia había dado luz verde para la extradición a El Salvador y, finales de noviembre de 2005, Carlos Perla fue presentado al juzgado e intimado por los delitos que pesaban en su contra.
El juzgado también revocó el arresto domiciliar y ordenó el traslado del testigo, en este caso, Mario Orellana Andrade, a las instalaciones de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), por sospechas de fuga.
Este voluminoso proceso fue enviado a la etapa de vista pública en febrero de 2006.
El paréntesis en el CNJ y el regreso
En julio de 2005, la Jueza Nora Montoya fue elegida como miembro propietario del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). En ese periodo, el 9º de Instrucción estuvo en manos de las abogadas Patricia Cruz de Chavarría y Mayra Salguero de Aguilar.
Montoya desempeñaría el cargo en el CNJ un periodo de tres años, sin embargo, mediante una reforma a la Ley del Consejo, éste fue ampliado a cinco.
Con 26 años de trayectoria judicial a sus espaldas, la Jueza Nora Montoya retoma la dirección de este tribunal en el que ella destaca el papel realizado por las dos juezas antecesoras.
“Creo que las anteriores juezas han hecho un excelente trabajo, han desarrollado la labor para la cual fueron llamadas”, valora la Jueza Montoya.
El tribunal 9° de Instrucción ha judicializado varios casos de bandas dedicadas al robo de vehículos y extorsiones, como fue el caso del grupo dirigido por Carlos Rivas Barahona, el llamado “Chino Tres Colas”. En este caso, Barahona y 14 reos más fueron enviados a juicio por ser los autores de una serie de extorsiones a los empresarios del transporte colectivo en los alrededores del parque Centenario, en el Centro de San Salvador.
Asimismo el caso de Domingo Saravia y su esposa Carmelina Bonilla de Saravia, quienes fueron procesados por el delito de lavado de dinero y activos.
También el caso de Rafael Eulogio Romero procesado por el delito de Homicidio agravado en perjuicio de los hermanos Recinos Cisneros; donde el juzgado realizó una serie de diligencias (como un reconocimiento en rueda de reos en el cual los testigos reconocieron al imputado). El caso fue enviado a la etapa de juicio.
En este juzgado también es diligenciado el caso del salvadoreño Reynerio de Jesús Flores Lazo, quien es procesado junto a 14 personas más vinculadas a un grupo de empresarios del oriente del país denominado “Los Perrones”.
Para este 19 de agosto, el juzgado ha convocado para la audiencia preliminar.
En la lista de espera también está el caso del pandillero Saúl Antonio Turcios Ángel, conocido como el “13”, quien se fugó en diciembre de 2008 junto a varios reos más de las Bartolinas del Centro Integrado de Justicia Penal en San Salvador.
La Jueza Montoya será quien procesará a los pandilleros por el delito de evasión en perjuicio de la Administración de Justicia.
“La función del juez es una función delicada. Es un gran reto de país y nuestra responsabilidad abarca que las personas crean cada día más en la justicia de nuestro país”, sostiene Montoya.
k.p/Interjust
AGENDA
PAUTA PARA JUEVES 19 DE AGOSTO
1) El Juzgado 8° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar contra Reynerio de Jesús Flores Lazo y otras 14 personas, vinculados a delitos de droga. 9:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda Mendoza.
2) El Tribunal 4° de Sentencia instalará una vista pública contra un imputado por homicidio agravado. Sala 3-“A” y la encargada es Rina Guadalupe Teos.
3) El Juzgado 7° de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar por extorsión, 11:00 a.m. y la encargada es Karina Cuadra de Díaz.
4) Para las 9:30 a.m., el Juzgado 3° de Instrucción instalará una audiencia preliminar por favorecimiento culposo a la evasión. La asignada es Karina Cuadra.
5) El Juzgado 4° de Instrucción instalará una audiencia preliminar, 9:00 a.m., contra una empleada doméstica acusada de homicidio agravado en perjuicio de su hija recién nacida. La encargada es Karina Cuadra.
6) Los juzgados en turno serán: 3° de Menores y 14° de Paz.
1) El Juzgado 8° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar contra Reynerio de Jesús Flores Lazo y otras 14 personas, vinculados a delitos de droga. 9:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda Mendoza.
2) El Tribunal 4° de Sentencia instalará una vista pública contra un imputado por homicidio agravado. Sala 3-“A” y la encargada es Rina Guadalupe Teos.
3) El Juzgado 7° de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar por extorsión, 11:00 a.m. y la encargada es Karina Cuadra de Díaz.
4) Para las 9:30 a.m., el Juzgado 3° de Instrucción instalará una audiencia preliminar por favorecimiento culposo a la evasión. La asignada es Karina Cuadra.
5) El Juzgado 4° de Instrucción instalará una audiencia preliminar, 9:00 a.m., contra una empleada doméstica acusada de homicidio agravado en perjuicio de su hija recién nacida. La encargada es Karina Cuadra.
6) Los juzgados en turno serán: 3° de Menores y 14° de Paz.
martes, 17 de agosto de 2010
AGENDA
Pauta para este miércoles 18 de agosto de 2010
1) El Juzgado 7° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar en torno al caso “Cadillac”. Se trata de dos imputados acusados de estafa y estafa agravada. 10:00 a.m., la encargada es Karina Cuadra de Díaz.
2) El Tribunal 5° de Sentencia instalará una vista pública por violación en menor o incapaz agravada. Sala 3-“B”, 10:30 a.m. y la encargada es Rina Guadalupe Teos.
3) A las 11:00 a.m., el Tribunal 1° de Sentencia instalará una vista pública por hurto agravado en TELECOM. Sala 2-“C” y la asignada es Rina Teos.
4) Los juzgados en turno serán: 3° de Menores y 13° de Paz.
1) El Juzgado 7° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar en torno al caso “Cadillac”. Se trata de dos imputados acusados de estafa y estafa agravada. 10:00 a.m., la encargada es Karina Cuadra de Díaz.
2) El Tribunal 5° de Sentencia instalará una vista pública por violación en menor o incapaz agravada. Sala 3-“B”, 10:30 a.m. y la encargada es Rina Guadalupe Teos.
3) A las 11:00 a.m., el Tribunal 1° de Sentencia instalará una vista pública por hurto agravado en TELECOM. Sala 2-“C” y la asignada es Rina Teos.
4) Los juzgados en turno serán: 3° de Menores y 13° de Paz.
CONDENAN A ESTUDIANTES POR ROBO AGRAVADO TENTADO
SAN SALVADOR, 17 de Agosto de 2010 (INTERJUST). El Tribunal 1° de Sentencia condenó este martes a cuatro años de prisión a César Oswaldo Ayala, de 21 años de edad, y a Jonhatan Canjura Coto, de 18, por el delito de robo agravado tentado en perjuicio de un estudiante.
Los jueces decidieron condenar a los estudiantes de noveno grado y primer año de bachillerato, respectivamente, basados en la prueba testimonial tanto de la víctima como del agente captor, quien observó a pocos metros de distancia cómo le quitaron la mochila a la víctima.
Según información del proceso judicial, los hechos sucedieron el 10 de marzo del presente año, aproximadamente a las 15 horas sobre la 1ª Avenida Norte y 9ª Calle Poniente de esta ciudad, momento en que los estudiantes del Complejo Educativo “Joaquín Rodezno” y otros dos menores de edad, se le acercaron a la víctima.
La víctima manifestó a los jueces de sentencia que los imputados lo amenazaron con un cuchillo y lo despojaron de su mochila que contenía útiles escolares.
Los dos imputados tendrán que permanecer en el Penitenciaría Central “La Esperanza” de San Luis Mariona hasta que cumplan su condena.
r.t./Interjust
Los jueces decidieron condenar a los estudiantes de noveno grado y primer año de bachillerato, respectivamente, basados en la prueba testimonial tanto de la víctima como del agente captor, quien observó a pocos metros de distancia cómo le quitaron la mochila a la víctima.
Según información del proceso judicial, los hechos sucedieron el 10 de marzo del presente año, aproximadamente a las 15 horas sobre la 1ª Avenida Norte y 9ª Calle Poniente de esta ciudad, momento en que los estudiantes del Complejo Educativo “Joaquín Rodezno” y otros dos menores de edad, se le acercaron a la víctima.
La víctima manifestó a los jueces de sentencia que los imputados lo amenazaron con un cuchillo y lo despojaron de su mochila que contenía útiles escolares.
Los dos imputados tendrán que permanecer en el Penitenciaría Central “La Esperanza” de San Luis Mariona hasta que cumplan su condena.
r.t./Interjust
AUDIENCIA PRELIMINAR POR EXTORSIÓN AGRAVADA
SAN SALVADOR, 17 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 4º de Instrucción realizó este martes una audiencia preliminar contra José Alexander Quevedo Montoya procesado por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de la víctima con régimen de protección denominada clave “Marvin”.
Las investigaciones del caso iniciaron el 11 de marzo del presente año, con la denuncia de la víctima, quien manifestó haber recibido llamadas y mensajes de texto a su teléfono celular, a través del cual un sujeto le manifestaba que lo habían contratado por la cantidad de 3.000 dólares para matarlo a él y a su familia.
Sin embargo, el sujeto dijo que estaba dispuesto a negociar, siempre y cuando, le pagara el mismo monto o de lo contrario sí le quitaría la vida.
Según el dictamen de acusación fiscal, el involucrado y el ofendido llegaron a un acuerdo de entregar la suma de 1,500 dólares y acordaron la entrega en la Gasolinera ESSO en el Bulevar Universitario.
El Ministerio Publico manifiesta que el sujeto fue detenido el 15 de marzo, cuando recibía el dinero en el lugar acordado. La fiscalía pide auto de apertura a juicio y presenta como pruebas las entrevistas de la victima protegida y de los agentes captores, la denuncia del agraviado, álbum fotográfico, bitácora de llamadas, entre otras.
f.g./Interjust
Las investigaciones del caso iniciaron el 11 de marzo del presente año, con la denuncia de la víctima, quien manifestó haber recibido llamadas y mensajes de texto a su teléfono celular, a través del cual un sujeto le manifestaba que lo habían contratado por la cantidad de 3.000 dólares para matarlo a él y a su familia.
Sin embargo, el sujeto dijo que estaba dispuesto a negociar, siempre y cuando, le pagara el mismo monto o de lo contrario sí le quitaría la vida.
Según el dictamen de acusación fiscal, el involucrado y el ofendido llegaron a un acuerdo de entregar la suma de 1,500 dólares y acordaron la entrega en la Gasolinera ESSO en el Bulevar Universitario.
El Ministerio Publico manifiesta que el sujeto fue detenido el 15 de marzo, cuando recibía el dinero en el lugar acordado. La fiscalía pide auto de apertura a juicio y presenta como pruebas las entrevistas de la victima protegida y de los agentes captores, la denuncia del agraviado, álbum fotográfico, bitácora de llamadas, entre otras.
f.g./Interjust
AUDIENCIA MIÉRCOLES POR ESTAFA DE VEHICULOS CADILLAC
SAN SALVADOR, 17 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 7º de Instrucción realizará mañana a las 10 a.m. audiencia preliminar contra dos imputados procesados por los delitos de falsedad documental agravada, estafa y estafa agravada en ocho casos de vehículos de la marca Cadillac.
El Juez ha convocado a las partes procesales para que presenten sus argumentos a favor y en contra de Iván Roldán Gregorio Guerra Tejada, quien se encuentra detenido por presuntamente ser el intermediario en la compra-venta de siete vehículos de dicha marca, que fueron traídos desde los Estados Unidos y presuntamente presentan reporte de robo y alteración en la numeración.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido al Juez un sobreseimiento definitivo para el abogado Manuel Edgardo García Cubías por el delito de falsedad documental agravada, relacionado al caso 4.
En este caso fueron procesados varias personas más, quienes fueron sobreseídas provisional y definitivamente en el Juzgado 7° de Paz; sin embargo, la Cámara Primera de la Penal revocó los sobreseimientos para los imputados quienes irán a audiencia preliminar este miércoles.
Las víctimas son: Mario Nelson Marroquín, Eric Adolfo Barraza Galdámez, Mario Wilfredo Sosa, Maximino Lemus Lemus y la empresa PROEMPRE S.A de C.V.
k.g./Intejust
El Juez ha convocado a las partes procesales para que presenten sus argumentos a favor y en contra de Iván Roldán Gregorio Guerra Tejada, quien se encuentra detenido por presuntamente ser el intermediario en la compra-venta de siete vehículos de dicha marca, que fueron traídos desde los Estados Unidos y presuntamente presentan reporte de robo y alteración en la numeración.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido al Juez un sobreseimiento definitivo para el abogado Manuel Edgardo García Cubías por el delito de falsedad documental agravada, relacionado al caso 4.
En este caso fueron procesados varias personas más, quienes fueron sobreseídas provisional y definitivamente en el Juzgado 7° de Paz; sin embargo, la Cámara Primera de la Penal revocó los sobreseimientos para los imputados quienes irán a audiencia preliminar este miércoles.
Las víctimas son: Mario Nelson Marroquín, Eric Adolfo Barraza Galdámez, Mario Wilfredo Sosa, Maximino Lemus Lemus y la empresa PROEMPRE S.A de C.V.
k.g./Intejust
IMPONEN MEDIDAS DEFINITIVAS A MENORES POR SECUESTRO Y HOMICIDIO
SAN SALVADOR, 17 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 4º de Menores impuso medidas definitivas de internamiento contra cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, acusados de homicidio agravado y secuestro en perjuicio de Claudia Mazariego y por agrupaciones ilícitas.
La Jueza basó la resolución en la declaración del testigo protegido, así como pruebas documental y pericial.
En este sentido, el tribunal determinó que dos adolescentes, de 17 años, miembros de la pandilla “Mara Salvatrucha”, fueron los responsables del homicidio, por lo que se les impuso la medida de seis años de internamiento en el centro de readaptación de Tonacatepeque.
En tanto que los otros dos quedó establecida la conducta antisocial por lo que penarán la medida de tres y cuatro años, respectivamente, en el centro para menores “Sendero de Libertad”, ubicado en Ilobasco, departamento de Cabañas.
Datos del proceso señalan que el secuestro ocurrió en San Marcos, cerca de la casa de la ofendida a finales de octubre de 2006 y luego fue hallada sin vida en San Martín en noviembre del mismo año.
Por el rescate los pandilleros exigían a la familia el pago de 75.000 dólares; sin embargo, la familia solamente logró reunir 4.200.
Actualmente hay tres adolescentes que purgan medidas definitivas por otros ilícitos penales.
c.m./Interjust
La Jueza basó la resolución en la declaración del testigo protegido, así como pruebas documental y pericial.
En este sentido, el tribunal determinó que dos adolescentes, de 17 años, miembros de la pandilla “Mara Salvatrucha”, fueron los responsables del homicidio, por lo que se les impuso la medida de seis años de internamiento en el centro de readaptación de Tonacatepeque.
En tanto que los otros dos quedó establecida la conducta antisocial por lo que penarán la medida de tres y cuatro años, respectivamente, en el centro para menores “Sendero de Libertad”, ubicado en Ilobasco, departamento de Cabañas.
Datos del proceso señalan que el secuestro ocurrió en San Marcos, cerca de la casa de la ofendida a finales de octubre de 2006 y luego fue hallada sin vida en San Martín en noviembre del mismo año.
Por el rescate los pandilleros exigían a la familia el pago de 75.000 dólares; sin embargo, la familia solamente logró reunir 4.200.
Actualmente hay tres adolescentes que purgan medidas definitivas por otros ilícitos penales.
c.m./Interjust
lunes, 16 de agosto de 2010
AGENDA JUDICIAL
Pauta para este 17 de agosto de 2010
1) El Tribunal 5º de Sentencia realizará una vista pública contra un imputado, acusado de homicidio agravado. 10:00 a.m., sala 3-“B” y la delegada es Rina Guadalupe Teos.
2) El Juzgado 4º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por extorsión agravada, 11:00 a.m. y la designada es Karina Cuadra de Díaz.
3) Para las 8:30 a.m., el Juzgado 2º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar contra varios imputados por homicidio culposo en una anciana de 84 años. Es un caso de mala-praxis médica. La encargada es Karla Pineda.
4) El Tribunal 4º de Sentencia realizará una vista pública por violación en menor. 8:30 a.m., sala 3-“A” y la asignada es Rina Guadalupe Teos.
5) El Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) convoca a conferencia de prensa a las 9:00 a.m. en el local de ANEJUS, ubicado en el Módulo 15 de los módulos temporales, ubicado frente al Centro Judicial “Dr. Isidro Menéndez”, sobre el Bulevar Tutunichapa.
6) Los juzgados en turno serán: 3º de Menores y 12º de Paz.
1) El Tribunal 5º de Sentencia realizará una vista pública contra un imputado, acusado de homicidio agravado. 10:00 a.m., sala 3-“B” y la delegada es Rina Guadalupe Teos.
2) El Juzgado 4º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por extorsión agravada, 11:00 a.m. y la designada es Karina Cuadra de Díaz.
3) Para las 8:30 a.m., el Juzgado 2º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar contra varios imputados por homicidio culposo en una anciana de 84 años. Es un caso de mala-praxis médica. La encargada es Karla Pineda.
4) El Tribunal 4º de Sentencia realizará una vista pública por violación en menor. 8:30 a.m., sala 3-“A” y la asignada es Rina Guadalupe Teos.
5) El Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) convoca a conferencia de prensa a las 9:00 a.m. en el local de ANEJUS, ubicado en el Módulo 15 de los módulos temporales, ubicado frente al Centro Judicial “Dr. Isidro Menéndez”, sobre el Bulevar Tutunichapa.
6) Los juzgados en turno serán: 3º de Menores y 12º de Paz.
DETENCIÓN PROVISIONAL A SUPUESTOS PANDILLEROS ACUSADOS POR VARIOS HOMICIDIOS AGRAVADOS
SAN SALVADOR, 16 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 11º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra 20 presuntos miembros de la pandilla dieciocho, acusados de homicidio agravado en perjuicio de ocho víctimas y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a 24 personas, de las cuales nueve fueron capturadas recientemente, once fueron intimados en los centros penitenciarios de Cojutepeque y Sonsonate, acusados de otros delitos, mientras que cuatro son imputados ausentes.
La jueza decretó detención provisional por homicidio agravado contra Hito Antoniel Constanza Hernández, de 37 años de edad, Jorge Emiliano Chávez Sosa, 23, José Francisco Sánchez López, Héctor Antonio Vega Ortiz, 34, José Manuel García Sánchez, 24, Rafael Arturo Barrera, 26, Eusebio Enrique Vásquez, 30, Orlando Enrique Ramírez, 26, Roberto Alexander Landaverde, 21, Henry Heriberto Martínez, 24, Nery William Guillen, 23, Oscar Torres Portillo, 27, Edwin Leonardo Constanza, 33, José Manolo de La Cruz, 24, Alejandro Rigoberto Marín, 24, y Rafael Arturo Barraza Dueñas, de 26.
Además, decretó detención provisional por agrupaciones ilícitas a cuatro de los nueve presentes: Gerson Hernández, 25, Héctor Antonio Vega, 34, Ovidio Ernesto Sánchez, 27, y Miguel Ángel Jorge Alonso, 23. En cuanto a los cuatros imputados ausentes, la jueza resolverá con vista del requerimiento.
Estas personas son acusadas por la FGR con base al testimonio de un ex pandillero, quien presuntamente participó en varias ejecuciones de las víctimas, como miembro de la clica Six Bony Brean Tayny Locos de la pandilla dieciocho, que operaban en el municipio de San Marcos, una estructura que se dedicaba a una diversidad de actividades delictivas que incluye desde el sicariato y ejecuciones de pandilleros rivales y/o informantes, comercio de drogas, extorsiones, hasta robos de pasajeros en las unidades de transporte, según las indagaciones.
Los acusados presuntamente participaron directamente en los homicidios de ocho personas por diferentes móviles, como fue el caso del asesinato de Marvin Daniel Palma Ramírez, de 37, que ocurrió el 21 de abril del año 2004, sobre la Alameda Juan Pablo II y 19ª Avenida Norte. La víctima conducía una pipa de agua el día de su muerte y, según las investigaciones, dicha estructura criminal fue contratada por el imputado Rafael Arturo Barrera Dueñas. Al parecer, Palma Ramírez debía una fuerte cantidad de dinero a Barrera Dueñas, de modo que contrató a los pandilleros para que lo mataran a cambio de 2,500 dólares.
Asimismo, el homicidio del motorista de la Ruta 26, Mario Espinoza Rodríguez, de 42 años, el cual sucedió el 27 de noviembre de 2004 en la entrada a la Colonia El Mirador, en el municipio de San Marcos. La víctima presuntamente estaba relacionaba con la pandilla Mara Salvatrucha, por lo que su muerte fue planificada tres días antes de la ejecución.
Mario Ernesto Cruz Amaya, de 21, fue ejecutado en diciembre de 2004 en el Pasaje Vilanova de la Colonia El Milagro, de San Marcos, quien laboraba como cobrador de una empresa de verduras y especies, y fue vinculado con tener afinidad a la pandilla MS.
El caso de las muertes de Ana Eliza Gutiérrez, de 15, y Magdalena Isabel Gómez, de 24, ocurrida el 8 de marzo de 2005, fue planificado en un reunión interna (“meeting”), en el que acordaron matarlas por relacionarse con pandilleros contrarios.
Las víctimas, según el testigo, no “querían bacilar con los 18”.
Otra víctima, identificada como Miguel Ángel Vásquez Sánchez, de 24, laborada en una carpintería ubicada en la Pasaje Vilanova, en la Colonia El Milagro, San Marcos, fue asesinado el 8 de septiembre del año 2005, porque supuestamente tenía tatuajes alusivos a la MS. En ese sentido, al imputado Jorge Emilio Chávez Sosa (que tenían pocos días de haber ingresado a la pandilla y “quería matar”) le dieron la misión de matar a Vásquez.
Por otro lado, José Antonio Marroquín Landaverde, de 28, laboraba como vigilante en la Colonia Florencia de San Marcos, fue asesinado porque no permitía el ingreso de pandilleros de la 18 de la colonia el Milagro. Su ejecución ocurrió en horas de la madrugada del 15 de septiembre de 2005, una semana después del joven en la carpintería.
La víctima número ocho de la investigación fue el 15 de agosto de 2009 en perjuicio de José Boris Castro Ávila, de 36, quien fue sentenciado a muerte por salirse de la pandilla. Castro Ávila fue embriagado, golpeado en la cabeza con un bate, y luego lo mataron con arma blanca.
La víctima tenía tatuajes de la pandilla 18 en el pecho, los cuales se había cubierto con otros tatuajes de un dragón.
En la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de República (FGR) como suficientes, entre ellos abundante elementos de prueba tales como testimonios, prueba documental, informes de medicina forense que documentan cada uno de los homicidios investigados que vinculan a los imputados.
Ocho de los nueve imputados presentes fueron enviados al Penal de Cojutepeque, mientras que Rafael Arturo Barrera Dueñas fue remitido al Penal de Mariona.
a.s./ Interjust
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a 24 personas, de las cuales nueve fueron capturadas recientemente, once fueron intimados en los centros penitenciarios de Cojutepeque y Sonsonate, acusados de otros delitos, mientras que cuatro son imputados ausentes.
La jueza decretó detención provisional por homicidio agravado contra Hito Antoniel Constanza Hernández, de 37 años de edad, Jorge Emiliano Chávez Sosa, 23, José Francisco Sánchez López, Héctor Antonio Vega Ortiz, 34, José Manuel García Sánchez, 24, Rafael Arturo Barrera, 26, Eusebio Enrique Vásquez, 30, Orlando Enrique Ramírez, 26, Roberto Alexander Landaverde, 21, Henry Heriberto Martínez, 24, Nery William Guillen, 23, Oscar Torres Portillo, 27, Edwin Leonardo Constanza, 33, José Manolo de La Cruz, 24, Alejandro Rigoberto Marín, 24, y Rafael Arturo Barraza Dueñas, de 26.
Además, decretó detención provisional por agrupaciones ilícitas a cuatro de los nueve presentes: Gerson Hernández, 25, Héctor Antonio Vega, 34, Ovidio Ernesto Sánchez, 27, y Miguel Ángel Jorge Alonso, 23. En cuanto a los cuatros imputados ausentes, la jueza resolverá con vista del requerimiento.
Estas personas son acusadas por la FGR con base al testimonio de un ex pandillero, quien presuntamente participó en varias ejecuciones de las víctimas, como miembro de la clica Six Bony Brean Tayny Locos de la pandilla dieciocho, que operaban en el municipio de San Marcos, una estructura que se dedicaba a una diversidad de actividades delictivas que incluye desde el sicariato y ejecuciones de pandilleros rivales y/o informantes, comercio de drogas, extorsiones, hasta robos de pasajeros en las unidades de transporte, según las indagaciones.
Los acusados presuntamente participaron directamente en los homicidios de ocho personas por diferentes móviles, como fue el caso del asesinato de Marvin Daniel Palma Ramírez, de 37, que ocurrió el 21 de abril del año 2004, sobre la Alameda Juan Pablo II y 19ª Avenida Norte. La víctima conducía una pipa de agua el día de su muerte y, según las investigaciones, dicha estructura criminal fue contratada por el imputado Rafael Arturo Barrera Dueñas. Al parecer, Palma Ramírez debía una fuerte cantidad de dinero a Barrera Dueñas, de modo que contrató a los pandilleros para que lo mataran a cambio de 2,500 dólares.
Asimismo, el homicidio del motorista de la Ruta 26, Mario Espinoza Rodríguez, de 42 años, el cual sucedió el 27 de noviembre de 2004 en la entrada a la Colonia El Mirador, en el municipio de San Marcos. La víctima presuntamente estaba relacionaba con la pandilla Mara Salvatrucha, por lo que su muerte fue planificada tres días antes de la ejecución.
Mario Ernesto Cruz Amaya, de 21, fue ejecutado en diciembre de 2004 en el Pasaje Vilanova de la Colonia El Milagro, de San Marcos, quien laboraba como cobrador de una empresa de verduras y especies, y fue vinculado con tener afinidad a la pandilla MS.
El caso de las muertes de Ana Eliza Gutiérrez, de 15, y Magdalena Isabel Gómez, de 24, ocurrida el 8 de marzo de 2005, fue planificado en un reunión interna (“meeting”), en el que acordaron matarlas por relacionarse con pandilleros contrarios.
Las víctimas, según el testigo, no “querían bacilar con los 18”.
Otra víctima, identificada como Miguel Ángel Vásquez Sánchez, de 24, laborada en una carpintería ubicada en la Pasaje Vilanova, en la Colonia El Milagro, San Marcos, fue asesinado el 8 de septiembre del año 2005, porque supuestamente tenía tatuajes alusivos a la MS. En ese sentido, al imputado Jorge Emilio Chávez Sosa (que tenían pocos días de haber ingresado a la pandilla y “quería matar”) le dieron la misión de matar a Vásquez.
Por otro lado, José Antonio Marroquín Landaverde, de 28, laboraba como vigilante en la Colonia Florencia de San Marcos, fue asesinado porque no permitía el ingreso de pandilleros de la 18 de la colonia el Milagro. Su ejecución ocurrió en horas de la madrugada del 15 de septiembre de 2005, una semana después del joven en la carpintería.
La víctima número ocho de la investigación fue el 15 de agosto de 2009 en perjuicio de José Boris Castro Ávila, de 36, quien fue sentenciado a muerte por salirse de la pandilla. Castro Ávila fue embriagado, golpeado en la cabeza con un bate, y luego lo mataron con arma blanca.
La víctima tenía tatuajes de la pandilla 18 en el pecho, los cuales se había cubierto con otros tatuajes de un dragón.
En la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de República (FGR) como suficientes, entre ellos abundante elementos de prueba tales como testimonios, prueba documental, informes de medicina forense que documentan cada uno de los homicidios investigados que vinculan a los imputados.
Ocho de los nueve imputados presentes fueron enviados al Penal de Cojutepeque, mientras que Rafael Arturo Barrera Dueñas fue remitido al Penal de Mariona.
a.s./ Interjust
AUDIENCIA EN CASO DE MÉDICOS POR HOMICIDIO CULPOSO
SAN SALVADOR, 16 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 2º de Instrucción realizará mañana martes a partir de las 8:30 a.m. audiencia preliminar contra varios imputados procesados por el delito de homicidio culposo en perjuicio de una anciana, quien era de 84 años.
Los imputados son identificados como Romeo Amílcar Bonilla Monterrosa, Rafael Quezada Galdámez, Carlos Ramón Menjívar, médicos del Hospital General del Seguro Social, y las enfermeras Olga Jiménez, Leonor Yamileth Chávez, Isabel Marina Nolasco López, Alina Marisol Guillen, Rosario del Milagro Zelaya, Víctor Daniel Guevara Merche, María Sonia Villalobos Renderos, Estela Pérez Recinos y William Ernesto Ramos, todos procesados por homicidio culposo en el ejercicio de la práctica médica en perjuicio de María Eva Sagastume viuda de Sánchez.
En el proceso judicial, la víctima es representada por dos hijos, quienes han manifestado a la Fiscalía General de la República (FGR) que su madre ingresó en horas de la tarde del 6 de junio de 2009 al Hospital General del Seguro Social a la Unidad de Máxima Urgencia, en donde le realizaron una tomografía y posteriormente fue remitida al cuarto nivel del nosocomio, con un diagnóstico de infección respiratoria aguda complicada.
El ofendido señaló que la víctima empezó a mostrar cambios bruscos en su monitor cardíaco, por lo que dio aviso al médico residente Rafael Quezada Galdámez para que atendiera a la paciente; sin embargo, esto no sucedió. En horas de la madrugada, la víctima no mostró mejoría alguna y falleció en horas del mediodía del 7 de junio de 2009.
Según las investigaciones del ministerio público, el Seguro Social no cuenta con un protocolo de manejo de pacientes críticos de la tercera edad o adulto mayor, esto según información remitida por el departamento jurídico de la institución.
Además, un análisis y evaluación del expediente clínico de la señora Sagastume Vda. de Sánchez, concluyó que no existe evidencia que la víctima fue atendida diligentemente por la gravedad de su caso, por lo que el médico a cargo, pese a que la paciente estaba en etapa crítica, fue abandonada a su suerte por más de cuatro horas.
El experto concluyó también que existió ausencia de vigilancia médica oportuna, carencia de tratamientos a tiempo durante el turno nocturno del 6 al 7 de junio de 2009, por lo que la responsabilidad recaería en médicos y enfermeras a cargo del cuarto piso del Hospital. Además, se evidenció un manejo negligente, un abandono de paciente crítico y delicado por parte del médico residente Rafael Quezada Galdámez.
Los imputados en este caso poseen medidas sustitutivas a la detención, por lo que han mantenido ciertas restricciones durante la etapa de instrucción. La FGR ha solicitado a la Jueza 2° de Instrucción que el caso pase a la etapa de vista pública.
k.p./Interjust
Los imputados son identificados como Romeo Amílcar Bonilla Monterrosa, Rafael Quezada Galdámez, Carlos Ramón Menjívar, médicos del Hospital General del Seguro Social, y las enfermeras Olga Jiménez, Leonor Yamileth Chávez, Isabel Marina Nolasco López, Alina Marisol Guillen, Rosario del Milagro Zelaya, Víctor Daniel Guevara Merche, María Sonia Villalobos Renderos, Estela Pérez Recinos y William Ernesto Ramos, todos procesados por homicidio culposo en el ejercicio de la práctica médica en perjuicio de María Eva Sagastume viuda de Sánchez.
En el proceso judicial, la víctima es representada por dos hijos, quienes han manifestado a la Fiscalía General de la República (FGR) que su madre ingresó en horas de la tarde del 6 de junio de 2009 al Hospital General del Seguro Social a la Unidad de Máxima Urgencia, en donde le realizaron una tomografía y posteriormente fue remitida al cuarto nivel del nosocomio, con un diagnóstico de infección respiratoria aguda complicada.
El ofendido señaló que la víctima empezó a mostrar cambios bruscos en su monitor cardíaco, por lo que dio aviso al médico residente Rafael Quezada Galdámez para que atendiera a la paciente; sin embargo, esto no sucedió. En horas de la madrugada, la víctima no mostró mejoría alguna y falleció en horas del mediodía del 7 de junio de 2009.
Según las investigaciones del ministerio público, el Seguro Social no cuenta con un protocolo de manejo de pacientes críticos de la tercera edad o adulto mayor, esto según información remitida por el departamento jurídico de la institución.
Además, un análisis y evaluación del expediente clínico de la señora Sagastume Vda. de Sánchez, concluyó que no existe evidencia que la víctima fue atendida diligentemente por la gravedad de su caso, por lo que el médico a cargo, pese a que la paciente estaba en etapa crítica, fue abandonada a su suerte por más de cuatro horas.
El experto concluyó también que existió ausencia de vigilancia médica oportuna, carencia de tratamientos a tiempo durante el turno nocturno del 6 al 7 de junio de 2009, por lo que la responsabilidad recaería en médicos y enfermeras a cargo del cuarto piso del Hospital. Además, se evidenció un manejo negligente, un abandono de paciente crítico y delicado por parte del médico residente Rafael Quezada Galdámez.
Los imputados en este caso poseen medidas sustitutivas a la detención, por lo que han mantenido ciertas restricciones durante la etapa de instrucción. La FGR ha solicitado a la Jueza 2° de Instrucción que el caso pase a la etapa de vista pública.
k.p./Interjust
viernes, 13 de agosto de 2010
ABSUELTO IMPUTADO POR TRÁFICO DE OBJETOS PROHIBIDOS
SAN SALVADOR, 13 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 4° de Sentencia absolvió este viernes a José Inés Portillo, de 30 años, procesado por el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios en perjuicio de la Administración Pública.
La absolución del imputado fue otorgada por un tribunal de conciencia integrado por cinco personas, quienes después de escuchar los argumentos de las partes determinaron que el acusado es inocente.
Según la investigación fiscal, el 26 de abril de 2009, a las 2 p.m., el imputado fue sorprendido ocultando un teléfono celular en el Centro Penal La Esperanza, donde está recluido cumpliendo una condena de 10 años de cárcel.
Tras el veredicto, el imputado fue trasladado al centro penal para que continúe cumpliendo su condena.
E.R./INTERJUST
La absolución del imputado fue otorgada por un tribunal de conciencia integrado por cinco personas, quienes después de escuchar los argumentos de las partes determinaron que el acusado es inocente.
Según la investigación fiscal, el 26 de abril de 2009, a las 2 p.m., el imputado fue sorprendido ocultando un teléfono celular en el Centro Penal La Esperanza, donde está recluido cumpliendo una condena de 10 años de cárcel.
Tras el veredicto, el imputado fue trasladado al centro penal para que continúe cumpliendo su condena.
E.R./INTERJUST
JUZGADO REALIZARÁ AUDIENCIA PRELIMINAR CONTRA PROFESOR POR CORRUPCIÓN DE MENORES
SAN SALVADOR, 13 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 2º de Instrucción instalará el lunes próximo a las 8:30 a.m. la audiencia preliminar contra Oscar Ovidio Vásquez, de 43 años, procesado por el delito de corrupción de menor e incapaz agravada en perjuicio de una menor de 17 años.
Según el dictamen de acusación, los hechos fueron denunciados el 7 de junio de 2010. Las investigaciones señalan que agentes policiales del Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), encontraron a la víctima junto al imputado en el interior de un vehículo sobre la Avenida “C” de la Colonia Bosques del Barrio San Miguelito.
En su reporte policial, los agentes manifiestan que ambos se encontraban semidesnudos al interior del automotor, por lo que les ordenaron que salieran del mismo. Oscar Ovidio Vásquez fue detenido en vías de investigación.
Según la FGR, el imputado es profesor de la materia de Informática en el Instituto Acción Cívica Militar y la joven es alumna de Segundo Año de Bachillerato y mantenían una relación sentimental desde hace dos años. La madre de la víctima ya había denunciado el hecho ante la Dirección del Centro Educativo, por lo que el maestro recibió un llamado de atención por parte de las autoridades del Instituto.
La Fiscalía señala que el imputado “mediante la realización de actos directos propició que la víctima se iniciara en el ámbito sexual, alterando así su estado mental, emocional y sexual, aprovechándose que era su alumna”.
K.E./INTERJUST
Según el dictamen de acusación, los hechos fueron denunciados el 7 de junio de 2010. Las investigaciones señalan que agentes policiales del Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), encontraron a la víctima junto al imputado en el interior de un vehículo sobre la Avenida “C” de la Colonia Bosques del Barrio San Miguelito.
En su reporte policial, los agentes manifiestan que ambos se encontraban semidesnudos al interior del automotor, por lo que les ordenaron que salieran del mismo. Oscar Ovidio Vásquez fue detenido en vías de investigación.
Según la FGR, el imputado es profesor de la materia de Informática en el Instituto Acción Cívica Militar y la joven es alumna de Segundo Año de Bachillerato y mantenían una relación sentimental desde hace dos años. La madre de la víctima ya había denunciado el hecho ante la Dirección del Centro Educativo, por lo que el maestro recibió un llamado de atención por parte de las autoridades del Instituto.
La Fiscalía señala que el imputado “mediante la realización de actos directos propició que la víctima se iniciara en el ámbito sexual, alterando así su estado mental, emocional y sexual, aprovechándose que era su alumna”.
K.E./INTERJUST
DETENCIÓN PROVISIONAL PARA ACUSADO DE TENENCIA DE MONEDA FALSA
SAN SALVADOR, 13 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 8º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Orlando Antonio Martínez, de 47 años de edad, acusado de falsificación, tenencia o alteración de moneda en perjuicio de la fe pública.
Según el requerimiento fiscal, el 9 de agosto a las 2:30 p.m. el imputado presuntamente intentó comprar una joya valorada en 20 dólares con dinero falso. El hecho ocurrió en una tienda ubicada en el centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
La acusación detalla que el imputado pagó con un billete de diez y dos de cinco y, cuando la empleada verificaba la autenticidad de los billetes con un marcador especial, resultó que uno de cinco era falso. El acusado al verse descubierto intentó alejarse de la tienda, pero la vigilancia del centro comercial logró detenerlo.
El ilícito fue reportado al Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), de modo que cuando se hicieron presentes le practicaron el registro personal y presuntamente le encontraron 14 billetes de cinco, uno de diez y cinco billetes de uno en los bolsillos de su pantalón.
En la audiencia inicial, el juez valoró los elementos indiciarios presentados por el fiscal del caso como contundentes, entre éstos una experticia de gravado de billete, la cual demostró que 11 de los 14 billetes de cinco dólares eran falsos. El acusado será remitido en las próximas horas a la penitenciaria de “La Esperanza”, en San Luis Mariona.
A.S./INTERJUST
Según el requerimiento fiscal, el 9 de agosto a las 2:30 p.m. el imputado presuntamente intentó comprar una joya valorada en 20 dólares con dinero falso. El hecho ocurrió en una tienda ubicada en el centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
La acusación detalla que el imputado pagó con un billete de diez y dos de cinco y, cuando la empleada verificaba la autenticidad de los billetes con un marcador especial, resultó que uno de cinco era falso. El acusado al verse descubierto intentó alejarse de la tienda, pero la vigilancia del centro comercial logró detenerlo.
El ilícito fue reportado al Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), de modo que cuando se hicieron presentes le practicaron el registro personal y presuntamente le encontraron 14 billetes de cinco, uno de diez y cinco billetes de uno en los bolsillos de su pantalón.
En la audiencia inicial, el juez valoró los elementos indiciarios presentados por el fiscal del caso como contundentes, entre éstos una experticia de gravado de billete, la cual demostró que 11 de los 14 billetes de cinco dólares eran falsos. El acusado será remitido en las próximas horas a la penitenciaria de “La Esperanza”, en San Luis Mariona.
A.S./INTERJUST
DETENCIÓN A AGRESOR EN CASO DE TIENDA Y SOBRESEEMIENTO PROVISIONAL A OTROS
SAN SALVADOR, 13 DE AGOSTO DE 2010 (INTERJUST). El Juez 13° de Paz cambió el delito de homicidio tentado por “disparo de arma de fuego” en el caso de una agresión cometida en perjuicio de A.S.G., de 31 de edad, propietario de una tienda en la colonia Miranda, en las cercanías del Bulevar Constitución.
El juez valoró el caso y remitió al autor del disparo, Walter Leonel Barahona, de 30 años de edad, a un centro de detención penitenciaria, y sobreseyó provisionalmente a los otros tres imputados identificados como José Francisco Barahona Pineda, de 22, Evelin Liseth Martínez Flores, de 30, y Jackeline Seferina Aguiñada Salmerón, de 25.
Originalmente la Fiscalía General de la República (FGR) había acusado de homicidio agravado en grado de tentativa y de agrupaciones ilícitas a los implicados en el hecho.
De acuerdo a la investigación fiscal, el 9 de agosto a las 10:40 p.m., los acusados en aparente estado de ebriedad y a bordo del vehículo P-351487 se estacionaron frente a la tienda de la víctima, ubicada en la Colonia Miranda, sobre el Bulevar Constitución de San Salvador. Del automotor se bajó el imputado Leonel Barahona y se dirigió a donde la víctima para pedirle tres cigarrillos y luego le pidió que le vendiera droga.
El ofendido respondió: “esto es una tienda y no se vende eso”.
La respuesta de la víctima, al parecer, enfureció al sujeto y lo comenzó a ultrajar con palabras soeces y regresó al vehículo donde sacó un arma de fuego y disparó dos ocasiones. La víctima buscó resguardarse rápidamente contra una pared, que es donde impactaron los proyectiles.
Cinco minutos después del hecho se presentaron unos efectivos policiales a la tienda y el vendedor relató lo sucedido aclarando que no fue responsable de los disparos; sino que él era la víctima. Más tarde fueron informados por radio que habían interceptados a unos sospechosos que se adecuaban a las características de los sujetos y que los tenían detenidos frente al Hospital de Especialidades del Seguro Social, ubicado sobre la Alameda Juan Pablo II.
La víctima se presentó al lugar donde presuntamente los identificó.
A los ahora imputados les practicaron el registro personal sin encontrarles nada ilícito; sin embargo, al revisar el automotor descubrieron en el piso del asiento del conductor un arma de fuego calibre 38 milímetros, a nombre del primer imputado.
A este se practicaron la prueba de alcotest con el resultado de 169 grados de alcohol en la sangre; asimismo, le realizaron el protocolo de embriaguez de Medicina Legal.
A.S./INTERJUST
El juez valoró el caso y remitió al autor del disparo, Walter Leonel Barahona, de 30 años de edad, a un centro de detención penitenciaria, y sobreseyó provisionalmente a los otros tres imputados identificados como José Francisco Barahona Pineda, de 22, Evelin Liseth Martínez Flores, de 30, y Jackeline Seferina Aguiñada Salmerón, de 25.
Originalmente la Fiscalía General de la República (FGR) había acusado de homicidio agravado en grado de tentativa y de agrupaciones ilícitas a los implicados en el hecho.
De acuerdo a la investigación fiscal, el 9 de agosto a las 10:40 p.m., los acusados en aparente estado de ebriedad y a bordo del vehículo P-351487 se estacionaron frente a la tienda de la víctima, ubicada en la Colonia Miranda, sobre el Bulevar Constitución de San Salvador. Del automotor se bajó el imputado Leonel Barahona y se dirigió a donde la víctima para pedirle tres cigarrillos y luego le pidió que le vendiera droga.
El ofendido respondió: “esto es una tienda y no se vende eso”.
La respuesta de la víctima, al parecer, enfureció al sujeto y lo comenzó a ultrajar con palabras soeces y regresó al vehículo donde sacó un arma de fuego y disparó dos ocasiones. La víctima buscó resguardarse rápidamente contra una pared, que es donde impactaron los proyectiles.
Cinco minutos después del hecho se presentaron unos efectivos policiales a la tienda y el vendedor relató lo sucedido aclarando que no fue responsable de los disparos; sino que él era la víctima. Más tarde fueron informados por radio que habían interceptados a unos sospechosos que se adecuaban a las características de los sujetos y que los tenían detenidos frente al Hospital de Especialidades del Seguro Social, ubicado sobre la Alameda Juan Pablo II.
La víctima se presentó al lugar donde presuntamente los identificó.
A los ahora imputados les practicaron el registro personal sin encontrarles nada ilícito; sin embargo, al revisar el automotor descubrieron en el piso del asiento del conductor un arma de fuego calibre 38 milímetros, a nombre del primer imputado.
A este se practicaron la prueba de alcotest con el resultado de 169 grados de alcohol en la sangre; asimismo, le realizaron el protocolo de embriaguez de Medicina Legal.
A.S./INTERJUST
Suscribirse a:
Entradas (Atom)