viernes, 8 de abril de 2011

REPROGRAMAN AUDIENCIA CONTRA CINCO PERSONAS POR ESTAFA EN 139 VÍCTIMAS

SAN SALVADOR, 8 DE ABRIL DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción suspendió este viernes audiencia preliminar contra cinco imputados procesados por el delito de estafa agravada debido a que un número considerable de víctimas, de las 139 que constan en el proceso, no presentaron los documentos originales.

En este caso se procesa también a Ana Ruth González Cruz, Susie Filomena Cruz Lara, y Carlos Alberto González Magaña, quienes se encuentran prófugos desde el 19 de agosto de 2010 cuando el Juzgado 5° de Paz decretó detención provisional, mediante vista del requerimiento.

La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) detalla que los hechos sucedieron en diferentes fechas de los años 2006 al 2008, cuando las víctimas se enteraron a través de promotores, panfletos y un anuncio en el periódico que en la empresa TRABAJADORES INDUSTRIALES SALVADORENOS ubicada en Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa y Pasaje María Magdalena, Local 3450, Edificio Roosevelt, necesitaban trabajadores para laborar en los Estados Unidos en diferentes ocupaciones.

La investigación revela que el trámite costó tres mil dólares que las víctimas pagaron en cuotas, cancelaron 35 dólares en concepto de asesoría y 200 para la realización de exámenes médicos, cantidades que eran entregadas a Ana Ruth González, Karla Cristina Méndez de Flamenco y Carlos Alberto González Magaña, quienes laboraban en calidad de representantes de la empresa.

En diferentes fechas del año 2007, los indiciados hablaron a las víctimas para informarles que sus contratos de trabajo fueron aprobados por los dueños de las empresas donde laborarían pero debían cancelar 750 dólares más para arreglar la visa de trabajo en la embajada, los convocaron a otra reunión y les manifestaron que debían entregar las escrituras de su casa como garantía que regresarían al país, además les solicitaban firmar un documento que supuestamente era el contrato con el que viajarían a trabajar, especificándose en el mismo que ganarían la cantidad de seis dólares por hora.

Según las víctimas a pesar de haber pagado, les daban excusas de la paralización del trámite, hasta que la oficina cerró, sin proporcionarles ninguna explicación.

La embajada de los Estados Unidos de América informó a la fiscalía que las compañías C.B. Intercontinental Services El Salvador y Trabajadores Industriales Salvadoreños, no tienen autorización para realizar o gestionar negocios en la embajada y no están autorizadas para tramitar visas de trabajo u otro tipo de permisos.

El Ministerio Público ha pedido al juez que ordene apertura a juicio en el proceso.

k.c./Interjust

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