JUEZA DECRETA DETENCIÓN Y MEDIDAS CONTRA EX-MINISTRO DE SALUD Y OTROS POR CORRUPCIÓN

SAN SALVADOR, 09 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 2º de Paz decretó instrucción formal con medidas sustitutivas contra el ex-ministro de Salud José Guillermo Maza Brizuela y seis imputados presentes más ocho ausentes, procesados por delitos relacionados en perjuicio del patrimonio estatal representado en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La jueza, Marta Lilian Villatoro, decretó instrucción formal con medias sustitutivas para Maza Brizuela ya que no se establecieron los extremos procesales para una detención provisional, por lo tanto se decretó instrucción formal con medidas sustitutivas tales como no salir del país y la presentación cada 15 días al Juzgado 2º de Instrucción, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias e inmuebles.

La suscrita también decretó instrucción formal con detención provisional para el ex-director de la Policía Nacional Civil (PNC), César Rolando García Herrera, debido a que el imputado está vinculado a los delitos de falsedad documental agravada y complicidad necesaria en el delito de estafa agravada.

Aparentemente, el acusado ya sabía sobre el comportamiento corporativo; además, de decretar la notación de los inmuebles.

De igual forma para el resto de los acusados se les decretó instrucción formal con medidas sustitutivas tales como presentarse cada 15 días al Juzgado 2º de Instrucción y no salir del país. Sin embargo, Arturo Ernesto López Mejía deberá cancelar una caución económica de 10 mil dólares; e, igualmente, Manuel Eduardo Coronado Paíz (ausente) deberá pagar una suma de 100 mil.

La juzgadora, asimismo, decretó instrucción formal con detención provisional para Gerardo Enrique Pineda, acusado de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos, además de girarle órdenes de captura y la inmovilización de sus cuentas bancarias en el sistema financiero. Para José Alexander Ramírez Jiménez decretó instrucción formal sin ninguna medida, ya que cuandoósus labores, ya se había acaecido la referida situación.

Maza Brizuela es acusado de actos arbitrarios en concurso ideal con el delito de negociaciones ilícitas; César Rolando García Herrera por falsedad documental agravada y por complicidad necesaria en el delito de estafa agravada.

Roberto Oswaldo Salazar Martínez, quien fungía como representante legal de la Sociedad Roberto Salazar y Asociados Ingenieros Consultores S.A. de C.V.; José Mauricio Serrano Martínez, José Alexander Ramírez Jiménez, ambos supervisores de obra del Asocio Supervisor CHC NORCONTROL. A estos últimos tres se les procesa por falsedad ideológica y complicidad en el delito de estafa agravada.

Además, Guillermo Rafael Alfaro García, René Arturo Portillo Montalvo y Herbert Leonel Perdomo Ulloa, representantes de la entidades ADVANCED TECHNOLOGY, PROYECTOS Y VENTAS S.A. de C.V. (PROVENSA) Y MATERIALES TÉCNICOS S.A. de C.V. Y CPK CONSULTORES S.A. de C.V. son acusados falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública. Igualmente están acusados de complicidad necesaria en el delito de estafa agravada. El resto de acusados son procesados por delitos similares.

Datos del requerimiento fiscal señalan que el 21 de mayo de 2010 se recibió una denuncia escrita en la que se manifestaba la suscripción entre la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un préstamo millonario para finanaciar un proyecto de reconstrucción de siete hospitales, incluido el Hospital Santa Teresa en Zacatecoluca, los cuales fueron dañados por los terremotos de 2001.

Dentro del contrato se hizo una aprobación para ejecutar obras relacionadas con la especialidad de vapor, electricidad, gases médicos, aire acondicionado, ascensores y señales débiles, todo esto incluido en el contrato de diversos rubros.

“El equipo se pagará conforme al arribo al sitio, instalación y recepción satisfactoria de los equipos propios del inmueble, previo visto bueno del Gerente de Obras. La relación de pagos será del 70% por arribo al sitio, 20% contra montaje e instalación y el restante 10% contra la puesta en operación de dichos equipos, después de las pruebas, ajustes y calibraciones”, señalaba el mencionado contrato. Dentro del mismo hubo varias concesiones entre los imputados y sus empresas entre febrero de 2007 hasta abril de 2009.

Aparentemente Maza Brizuela usurpó arbitrariamente las funciones del “Gerente de Obras”, lo que trajo como consecuencia el daño en los bienes del Ministerio. Todo esto conllevó a que durante el tiempo que duró la obra se enriquecieran con la cantidad de más de seis millones de dólares. Luego de las investigaciones, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a los nueve imputados en distintos puntos de la capital.

c.m./Interjust