SAN SALVADOR, 29 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal 5° de Sentencia condenó este viernes a 12 años de prisión al ex presidente de la Sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica y Casa Corredora de Bolsas OBC, S.A. de C.V., Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, por el delito de Defraudación a la Economía Pública en perjuicio de más de 150 personas.
“Tenemos la certeza para considerarlo autor, hay certeza de la existencia del delito”, manifestó uno de los jueces, mientras Villatoro Monteagudo escuchaba atento con su rostro triste y barbado.
Por unanimidad los jueces basaron su condena en la prueba desfilada en el juicio, pero todavía más en la pericia contable realizada a OBC, en la que se corroboró que “los fondos de los clientes fueron a parar a cuentas bancarias de OBC, que no estaban registradas en la contabilidad de la institución”, señaló el juez.
Asimismo, el Tribunal manifestó cuáles cuentas de OBC fueron trasladadas a sociedades de las cuales él era el dueño, con los fondos de las víctimas.
Se reiteró, además, las irregularidades en OBC, antes que Villatoro Monteagudo fuera el propietario.
Se le condenó también por responsabilidad civil a cancelar el capital que invirtió cada una de las víctimas.
Se ordenó se descongelen los fondos para que se les pueda cancelar a los afectados de OBC que se conocieron en el juicio.
En la lectura del fallo se dijo que fue una “investigación deficiente” porque “se pudo investigar más allá, pero no le corresponde al Tribunal investigar. Ojalá más adelante se haga, si es posible”, manifestó uno de los jueces.
En junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas, por lo que el imputado estuvo en arresto domiciliar.
Al no cumplir con los acuerdos conciliatorios Villatoro fue recapturado el 11 de febrero de este año, para ser enviado al centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
Según la Fiscalía, desde 1999 al 2004, se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil no registradas en los sistemas de información contable de OBC. Asimismo se encontraron depósitos de dinero por cheques por 304,144.93 dólares realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada en su contabilidad.
También existió captación y apropiación ilegal de fondos del público bajo la figura de realizar actividad bursátil legitima. El monto se aproxima a los ocho millones de dólares.
r.t./Interjust
viernes, 29 de abril de 2011
martes, 26 de abril de 2011
PAUTA JUDICIAL PARA ESTE 27 DE ABRIL DE 2011.
1) El Juzgado 5º de Instrucción realizará una audiencia preliminar por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. 9:00 a.m., la asignada es Karina Cuadra de Díaz.
2) El Juzgado 9º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar contra seis imputados procesados por homicidio agravado, la víctima es una menor de edad y es una caso proveniente de Panchimalco. 9:00 a.m. y la comisionada es Karla Pineda.
3) La Comisión Interinstitucional en Materia de Tránsito y el COAMS realizarán un conversatorio sobre "Seguiridad Vial en los Municipios". Esto será a las 8:30 a.m. en el Edificio Administrativo de la CSJ.
2) El Juzgado 9º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar contra seis imputados procesados por homicidio agravado, la víctima es una menor de edad y es una caso proveniente de Panchimalco. 9:00 a.m. y la comisionada es Karla Pineda.
3) La Comisión Interinstitucional en Materia de Tránsito y el COAMS realizarán un conversatorio sobre "Seguiridad Vial en los Municipios". Esto será a las 8:30 a.m. en el Edificio Administrativo de la CSJ.
JUEZA DECRETA INSTRUCCIÓN FORMAL PARA IMPUTADOS EN CASO ARMAS
SAN SALVADOR, 26 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 6º de Paz decretó instrucción formal con medidas sustitutivas para los imputados Richard Tom Dale Funes, Sandra Yaneth Bolaños Osegueda y Aminta Ramona Marroquín de 61, 43 y 60 años respectivamente, acusados de tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La jueza, Ana Isabel López Valladares, valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y resolvió enviar el proceso a la siguiente etapa del proceso penal en el Juzgado 6º de Instrucción para que sea esta instancia la encargada de realizar una audiencia preliminar dentro de unos meses.
Los imputados deberán cumplir con medidas tales como no salir del país, y presentarse cada ocho días al juzgado ya referido; mientras que los esposos Dale Funes y Bolaños Osegueda también deberán cancelar la cantidad de 100 mil dólares.
La administradora de justicia consideró que existe la suficiente solvencia económica para pagar el dinero impuesto para recobrar la libertad y estar vinculado al proceso penal.
De igual manera, el hecho de no justificar la tenencia de tres armas fue lo que provocó la existencia de las medidas sustitutivas.
Según datos del proceso, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un allanamiento en la casa No. 19-“A” en el Pasaje Las Nubes en Colonia Escalón a las 5:15 p.m. del pasado 20 de abril.
En el lugar se encontraron armas de fuego tales como 18 escopetas, cuyas matrículas ya estaban vencidas; dos fusiles, cargadores y municiones. Además, en los cuartos de la casa se hallaron pistolas sin matrículas y en un archivero, ubicado en una pequeña oficina, había 12 armas de fuego más. Asimismo, decomisaron tres carros y 150 billetes de la denominación de 20 dólares.
c.m./Interjust
La jueza, Ana Isabel López Valladares, valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y resolvió enviar el proceso a la siguiente etapa del proceso penal en el Juzgado 6º de Instrucción para que sea esta instancia la encargada de realizar una audiencia preliminar dentro de unos meses.
Los imputados deberán cumplir con medidas tales como no salir del país, y presentarse cada ocho días al juzgado ya referido; mientras que los esposos Dale Funes y Bolaños Osegueda también deberán cancelar la cantidad de 100 mil dólares.
La administradora de justicia consideró que existe la suficiente solvencia económica para pagar el dinero impuesto para recobrar la libertad y estar vinculado al proceso penal.
De igual manera, el hecho de no justificar la tenencia de tres armas fue lo que provocó la existencia de las medidas sustitutivas.
Según datos del proceso, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un allanamiento en la casa No. 19-“A” en el Pasaje Las Nubes en Colonia Escalón a las 5:15 p.m. del pasado 20 de abril.
En el lugar se encontraron armas de fuego tales como 18 escopetas, cuyas matrículas ya estaban vencidas; dos fusiles, cargadores y municiones. Además, en los cuartos de la casa se hallaron pistolas sin matrículas y en un archivero, ubicado en una pequeña oficina, había 12 armas de fuego más. Asimismo, decomisaron tres carros y 150 billetes de la denominación de 20 dólares.
c.m./Interjust
MAÑANA AUDIENCIA POR HOMICIDIO EN PANCHIMALCO
SAN SALVADOR, 26 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 9° de Instrucción instalará mañana a las 9:00 a.m. audiencia preliminar contra seis imputados por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de una menor de edad y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Los imputados responden a los nombres de José Orlando Vásquez Vásquez, Edwin Alexander Canales, René Antonio Andrés Méndez, René Alonso Carrillo, Adilmar Jeremías Martínez y José Alexander González, todos procesados por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Según los datos del dictamen de acusación, los hechos sucedieron el 6 agosto de 2010 en la zona de la finca San José, en la colonia Florencia del municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador.
La Fiscalía General de la República cree que los sujetos habrían cometido el homicidio de la menor D.M.V.V. y posteriormente la decapitaron, dejando parte de su cuerpo, específicamente su cabeza al interior de un microbús del transporte colectivo que transita por esa zona.
Dentro de las investigaciones, la FGR tenía previsto realizar un reconocimiento en rueda de personas con los imputados, así como una inspección corporal en los imputados para determinar su posible participación en el hecho.
k.p./Interjust
Los imputados responden a los nombres de José Orlando Vásquez Vásquez, Edwin Alexander Canales, René Antonio Andrés Méndez, René Alonso Carrillo, Adilmar Jeremías Martínez y José Alexander González, todos procesados por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Según los datos del dictamen de acusación, los hechos sucedieron el 6 agosto de 2010 en la zona de la finca San José, en la colonia Florencia del municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador.
La Fiscalía General de la República cree que los sujetos habrían cometido el homicidio de la menor D.M.V.V. y posteriormente la decapitaron, dejando parte de su cuerpo, específicamente su cabeza al interior de un microbús del transporte colectivo que transita por esa zona.
Dentro de las investigaciones, la FGR tenía previsto realizar un reconocimiento en rueda de personas con los imputados, así como una inspección corporal en los imputados para determinar su posible participación en el hecho.
k.p./Interjust
viernes, 15 de abril de 2011
A JUICIO IMPUTADO POR VIOLACIÓN AGRAVADA EN CUATRO VÍCTIMAS
SAN SALVADOR, 15 ABRIL DE 2011. (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción ordenó enviar a juicio a Ricardo Escalante Larín, de 43 años, procesado por los delitos de privación de libertad y violación agravada en perjuicio de cuatro señoritas y robo en una de ellas.
El juez Samuel Lizama admitió la acusación y encontró suficientes y concordantes elementos de prueba contra el imputado, quien continuará detenido el Centro Penal de San Luis Mariona. Larín es investigado desde el mes de marzo de 2010, por presuntamente ofrecer trabajo de modelo a señoritas, quienes eran privadas de libertad y agredidas sexualmente.
El dictamen de acusación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) detalla que el implicado ofrecía empleo a través de una página en internet, las citaba en un restaurante de comida rápida ubicado por el Parque Infantil de San Salvador y las llevaba al Motel Las Cascadas en la calle 5 de Noviembre, donde las filmaba y abusaba sexualmente de ellas.
Las investigaciones detallan que algunas de las víctimas encontraron un anuncio en internet con el nombre de MundoAnuncio.com y la dirección modeloscomerciales@yahoo.com, luego se encontraba con ellas y les ofrecía doscientos cincuenta dólares por hacer un comercial.
Escalante Larín fue capturado el 9 de junio de 2010 en un patrullaje preventivo en el sector de la calle Gabriel Mistral y calle San Antonio Abad, al tener conocimiento por medio de personal técnico de la División de INTERPOL, se había localizado que los correos electrónicos con los que el sujeto había tenido comunicación con las víctimas, salían de la empresa EQOS, S.A. DE C.V., donde el implicado se desempeñaba como técnico en mantenimiento y telecomunicaciones. Al realizarle una requisa personal, se le encontró un tatuaje en el muslo superior izquierdo.
El Ministerio Público presentó como pruebas el testimonio de las víctimas, quienes lo describen físicamente, además peritajes psicológicos y psiquiátricos practicados a las ofendidas y el imputado, análisis practicado a las evidencias encontradas a las víctimas, incluido un análisis de ADN que determina un 99.99% de posibilidades que el semen encontrado proviene del imputado.
La vista pública será realizada en los próximos días por un Tribunal de Sentencia.
k.c/Interjust
El juez Samuel Lizama admitió la acusación y encontró suficientes y concordantes elementos de prueba contra el imputado, quien continuará detenido el Centro Penal de San Luis Mariona. Larín es investigado desde el mes de marzo de 2010, por presuntamente ofrecer trabajo de modelo a señoritas, quienes eran privadas de libertad y agredidas sexualmente.
El dictamen de acusación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) detalla que el implicado ofrecía empleo a través de una página en internet, las citaba en un restaurante de comida rápida ubicado por el Parque Infantil de San Salvador y las llevaba al Motel Las Cascadas en la calle 5 de Noviembre, donde las filmaba y abusaba sexualmente de ellas.
Las investigaciones detallan que algunas de las víctimas encontraron un anuncio en internet con el nombre de MundoAnuncio.com y la dirección modeloscomerciales@yahoo.com, luego se encontraba con ellas y les ofrecía doscientos cincuenta dólares por hacer un comercial.
Escalante Larín fue capturado el 9 de junio de 2010 en un patrullaje preventivo en el sector de la calle Gabriel Mistral y calle San Antonio Abad, al tener conocimiento por medio de personal técnico de la División de INTERPOL, se había localizado que los correos electrónicos con los que el sujeto había tenido comunicación con las víctimas, salían de la empresa EQOS, S.A. DE C.V., donde el implicado se desempeñaba como técnico en mantenimiento y telecomunicaciones. Al realizarle una requisa personal, se le encontró un tatuaje en el muslo superior izquierdo.
El Ministerio Público presentó como pruebas el testimonio de las víctimas, quienes lo describen físicamente, además peritajes psicológicos y psiquiátricos practicados a las ofendidas y el imputado, análisis practicado a las evidencias encontradas a las víctimas, incluido un análisis de ADN que determina un 99.99% de posibilidades que el semen encontrado proviene del imputado.
La vista pública será realizada en los próximos días por un Tribunal de Sentencia.
k.c/Interjust
JUZGADO GIRA ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DE ACUSADOS DE LAVADO DE DINERO
SAN SALVADOR, 15 DE ABRIL DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 2° de Instrucción instaló hoy la audiencia especial en el caso que se investiga a Guillermo Baires Bettaglio y a Eva María Touzard, procesados por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socio económico.
Según datos del juzgado la audiencia especial, ordenada por la Cámara 2° de lo Penal, tenía como objetivo resolver los incidentes planteados por la defensa de los imputados desde la audiencia inicial en la cual alegaban la nulidad del proceso, así como resolver sobre la medida cautelar, planteada por la Fiscalía General de la República (FGR).
A juicio de la jueza 2° de Instrucción las actuaciones de la PNC y la Fiscalía cuando se realizó el allanamiento en la vivienda de los imputados son correctas y considera que no adolecen de ningún tipo de vicios, ni se violentaron derechos ni garantías fundamentales de los imputados. Por lo tanto, los elementos probatorios recabados en el acto de registro y allanamiento son legales y se declaró sin lugar lo planteado por la defensa.
Para fundamentar de manera debida la resolución, la jueza aseguró que era necesario hacer un análisis integral y completo de todo el proceso, por lo que la decisión de imponer o no una medida cautelar tenía como base el análisis íntegro de los elementos de prueba.
Dentro del análisis la jueza determinó entre otras cosas la existencia del delito y la posible participación de los imputados, además que los imputados no comparecieron a la audiencia inicial, pese a estar legalmente convocados y ser citados de manera directa.
Ante esto el juzgado resolvió al final que sí existe un fundamento objetivo para decretar la detención provisional. Al no acudir los imputados serán declarados rebeldes y serán giradas nuevas órdenes de captura, ya que el proceso continua en su fase de investigación.
Al hacer un análisis de fondo del caso, la jueza ha decidido excusarse de seguir conociendo el proceso y será enviado a la Cámara 2° de lo Penal, la cual determinara si el caso pasa a otro juzgado o lo sigue conociendo el mismo juzgado.
El acta de la audiencia será entregada a las partes procesales el 26 de abril para que la defensa, si así lo determina, apele la resolución de la jueza 2° de instrucción.
Guillermo Baires Bettaglio y Eva María Touzard fueron arrestados el 17 de marzo, luego de que la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaran a su lugar de habitación, un apartamento ubicado sobre la zona del Paseo General Escalón, y encontraran 818,840 dólares repartidos en distintos lugares.
k.p./Interjust
Según datos del juzgado la audiencia especial, ordenada por la Cámara 2° de lo Penal, tenía como objetivo resolver los incidentes planteados por la defensa de los imputados desde la audiencia inicial en la cual alegaban la nulidad del proceso, así como resolver sobre la medida cautelar, planteada por la Fiscalía General de la República (FGR).
A juicio de la jueza 2° de Instrucción las actuaciones de la PNC y la Fiscalía cuando se realizó el allanamiento en la vivienda de los imputados son correctas y considera que no adolecen de ningún tipo de vicios, ni se violentaron derechos ni garantías fundamentales de los imputados. Por lo tanto, los elementos probatorios recabados en el acto de registro y allanamiento son legales y se declaró sin lugar lo planteado por la defensa.
Para fundamentar de manera debida la resolución, la jueza aseguró que era necesario hacer un análisis integral y completo de todo el proceso, por lo que la decisión de imponer o no una medida cautelar tenía como base el análisis íntegro de los elementos de prueba.
Dentro del análisis la jueza determinó entre otras cosas la existencia del delito y la posible participación de los imputados, además que los imputados no comparecieron a la audiencia inicial, pese a estar legalmente convocados y ser citados de manera directa.
Ante esto el juzgado resolvió al final que sí existe un fundamento objetivo para decretar la detención provisional. Al no acudir los imputados serán declarados rebeldes y serán giradas nuevas órdenes de captura, ya que el proceso continua en su fase de investigación.
Al hacer un análisis de fondo del caso, la jueza ha decidido excusarse de seguir conociendo el proceso y será enviado a la Cámara 2° de lo Penal, la cual determinara si el caso pasa a otro juzgado o lo sigue conociendo el mismo juzgado.
El acta de la audiencia será entregada a las partes procesales el 26 de abril para que la defensa, si así lo determina, apele la resolución de la jueza 2° de instrucción.
Guillermo Baires Bettaglio y Eva María Touzard fueron arrestados el 17 de marzo, luego de que la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaran a su lugar de habitación, un apartamento ubicado sobre la zona del Paseo General Escalón, y encontraran 818,840 dólares repartidos en distintos lugares.
k.p./Interjust
jueves, 14 de abril de 2011
JUZGADO ENVÍA A PRISIÓN ACUSADO DE ACOSO SEXUAL
SAN SALVADOR, 14 DE ABRIL DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 11º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, de 42 años de edad, acusado de acoso sexual en perjuicio de F.S y K.M, ambas de 17.
La Jueza Paula Patricia Velásquez valoró los indicios que presentó la fiscal del caso como suficientes, entre éstos, declaraciones de las víctimas, peritajes psicológicos, los cuales reflejaron que ambas jóvenes presentan trastornos ansiosos reactivos y afectación emocional, a raíz del hecho. También el Ministerio Público presentó un reconocimiento en rueda de fotografía y declaraciones de testigos.
A la diligencia judicial no se hizo presente el imputado porque desde el día de su captura, el pasado 9 de abril, está ingresado en un Hospital del Seguro Social, siendo víctima de ataques de pánico y claustrofobia, según un perito de Medicina Legal. Será en las próximas 24 horas que se sabrá a qué centro penitenciario será remitido.
De acuerdo a la acusación fiscal, el ilícito ocurrió el pasado 24 de enero en un apartamento al interior de las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), lugar donde el imputado presuntamente llevó a las víctimas, con la excusa de entrevistarlas antes de realizar sus prácticas de contaduría; sin embargo, el encuentro no fue precisamente una entrevista de trabajo, sino interrogatorios y actos donde el acusado sedujo a las jóvenes, manoseó y besó a la fuerza a una de ellas.
Según el relato de los hechos, el día referido las ofendidas acudieron a la oficina del imputado como parte de un grupo de seis jóvenes quienes aspiraban a realizar prácticas de Contaduría, en el marco de un convenio verbal entre la universidad y el colegio privado donde las jóvenes estudian segundo año.
Jenskin Lorenzana fungía como coordinador de Diplomado y Maestrías en Finanzas de dicho centros de estudios superiores.
El imputado las atendió y les dijo que irían en su vehículo hasta una oficina ubicada en otro edificio para buscar “unos documentos importantes”. Cuando llegaron al edificio, tomaron el ascensor hasta llegar al piso número 12, donde había un apartamento. El sujeto les manifestó que las iba a entrevistas a las tres, pero por separado.
Cuando entró la primera joven, les llamó la atención que el sujeto cerró con llave y fue así que comenzó a preguntarles aspectos personales íntimos que no tenían relación con las prácticas por la cual habían llegado.
Detalla la denuncia que los 15 minutos que las víctimas permanecieron a solas con el imputado fueron atemorizantes porque las obligó a realizar actos extraños tales como: “que actuaran como si eran actrices de telenovela y que explicaran cómo harían para enamorarlo” o que le modelaran de manera “sexi”.
Esto ocurría mientras él observada sentado en una silla. Asimismo, el sujeto le exigió a una de las jóvenes que le hiciera un masaje y le insinuó que tuvieran relaciones sexuales.
Según la denuncia, el imputado sobrepasó sus límites con una de las víctimas porque, según la investigación fiscal, éste presuntamente la sometió a manoseos y la sujetó con fuerza para besarla de forma violenta. Cuando logró soltarse, la víctima le expresó que si le hacía algo iba a gritar.
Posteriormente les ofreció llevarlas a un lugar para que abordaran un autobús, y las sentenció a que no deberían contarle a nadie acerca de lo sucedido.
Cuando salieron del apartamento, le expresó a una tercera estudiante que iba a entrevistarla hasta el día siguiente y que las podía llevar a un lugar para que abordaran un autobús. Las jóvenes optaron por quedarse en el centro comercial Metrocentro en San Salvador, donde se contaron lo que les había sucedido y se echaron a llorar.
Posteriormente, decidieron informarles a sus padres del hecho e interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Es así que el pasado 9 de abril agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en atención a una orden administrativa girada por la FGR, capturaron al sospechoso.
a.s./Interjust
La Jueza Paula Patricia Velásquez valoró los indicios que presentó la fiscal del caso como suficientes, entre éstos, declaraciones de las víctimas, peritajes psicológicos, los cuales reflejaron que ambas jóvenes presentan trastornos ansiosos reactivos y afectación emocional, a raíz del hecho. También el Ministerio Público presentó un reconocimiento en rueda de fotografía y declaraciones de testigos.
A la diligencia judicial no se hizo presente el imputado porque desde el día de su captura, el pasado 9 de abril, está ingresado en un Hospital del Seguro Social, siendo víctima de ataques de pánico y claustrofobia, según un perito de Medicina Legal. Será en las próximas 24 horas que se sabrá a qué centro penitenciario será remitido.
De acuerdo a la acusación fiscal, el ilícito ocurrió el pasado 24 de enero en un apartamento al interior de las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), lugar donde el imputado presuntamente llevó a las víctimas, con la excusa de entrevistarlas antes de realizar sus prácticas de contaduría; sin embargo, el encuentro no fue precisamente una entrevista de trabajo, sino interrogatorios y actos donde el acusado sedujo a las jóvenes, manoseó y besó a la fuerza a una de ellas.
Según el relato de los hechos, el día referido las ofendidas acudieron a la oficina del imputado como parte de un grupo de seis jóvenes quienes aspiraban a realizar prácticas de Contaduría, en el marco de un convenio verbal entre la universidad y el colegio privado donde las jóvenes estudian segundo año.
Jenskin Lorenzana fungía como coordinador de Diplomado y Maestrías en Finanzas de dicho centros de estudios superiores.
El imputado las atendió y les dijo que irían en su vehículo hasta una oficina ubicada en otro edificio para buscar “unos documentos importantes”. Cuando llegaron al edificio, tomaron el ascensor hasta llegar al piso número 12, donde había un apartamento. El sujeto les manifestó que las iba a entrevistas a las tres, pero por separado.
Cuando entró la primera joven, les llamó la atención que el sujeto cerró con llave y fue así que comenzó a preguntarles aspectos personales íntimos que no tenían relación con las prácticas por la cual habían llegado.
Detalla la denuncia que los 15 minutos que las víctimas permanecieron a solas con el imputado fueron atemorizantes porque las obligó a realizar actos extraños tales como: “que actuaran como si eran actrices de telenovela y que explicaran cómo harían para enamorarlo” o que le modelaran de manera “sexi”.
Esto ocurría mientras él observada sentado en una silla. Asimismo, el sujeto le exigió a una de las jóvenes que le hiciera un masaje y le insinuó que tuvieran relaciones sexuales.
Según la denuncia, el imputado sobrepasó sus límites con una de las víctimas porque, según la investigación fiscal, éste presuntamente la sometió a manoseos y la sujetó con fuerza para besarla de forma violenta. Cuando logró soltarse, la víctima le expresó que si le hacía algo iba a gritar.
Posteriormente les ofreció llevarlas a un lugar para que abordaran un autobús, y las sentenció a que no deberían contarle a nadie acerca de lo sucedido.
Cuando salieron del apartamento, le expresó a una tercera estudiante que iba a entrevistarla hasta el día siguiente y que las podía llevar a un lugar para que abordaran un autobús. Las jóvenes optaron por quedarse en el centro comercial Metrocentro en San Salvador, donde se contaron lo que les había sucedido y se echaron a llorar.
Posteriormente, decidieron informarles a sus padres del hecho e interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Es así que el pasado 9 de abril agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en atención a una orden administrativa girada por la FGR, capturaron al sospechoso.
a.s./Interjust
MAÑANA AUDIENCIA PRELIMINAR EN CASO DE ACTOS ARBITRARIOS EN VMT
SAN SALVADOR, 14 ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 10° de Instrucción instalará mañana viernes a las 11 a.m. audiencia preliminar contra Raúl Ernesto Somoza Menéndez, de 43 años, y José Gilberto Cornejo Beltrán, de 40, procesados por el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública bajo la modalidad de concurso real de delitos en calidad de coautores.
Según la investigación del Ministerio Público, Raúl Somoza Menéndez en su calidad de Director General de Transporte Terrestre en el año 2008 y José Cornejo Beltrán como jefe de la Unidad Técnica Operativa del Viceministerio de Transporte realizaron actos ilegales en el desempeño de sus funciones como servidores públicos.
La FGR señala que según la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial el Viceministerio de Transporte es el encargado de otorgar la concesión de líneas para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en el país, bajo un período de 10 años prorrogables.
Sin embargo, el 14 de diciembre de 2006 la Asamblea Legislativa emitió un decreto por medio del cual suspendió por un año a partir de la entrada en vigencia del decreto la concesión de todo permiso de línea a los conductores de ruta, por parte del Viceministerio de Transporte.
La prohibición estaría vigente desde el 21 de diciembre de 2006 hasta el 31 de julio de 2009, sin embargo en la investigación fiscal se detalla que la Dirección de Transporte otorgó diferentes concesiones, a pesar de la suspensión emitida en el artículo 186.
En el dictamen de acusación, la Fiscalía involucra en cuatro casos específicos a los imputados por haber favorecido a empresarios del transporte con el otorgamiento o ampliación de líneas de transporte de pasajeros. Los casos eran autorizados por el Director de de Transporte, luego que el informe técnico, emitido por José Gilberto Cornejo Beltrán en su calidad de jefe de la Unidad Técnica Operativa, fuera favorable. Dicha actividad era prohibida, según lo establecido en el decreto legislativo.
En uno de los casos, la Sociedad ACOETMISAB de R.L., que hace su recorrido con pasajeros desde la colonia Altavista, desde Ilopango hacia San Salvador fue favorecida con la autorización para ampliar la flota de unidades dentro de la ruta, de 27 a 36 unidades tipo COASTER.
La FGR ha solicitado al Juzgado 10° de Instrucción la apertura a juicio en el caso. Será al final de la audiencia que el juez Carlos Calderón emita una resolución.
k.p./Interjust
Según la investigación del Ministerio Público, Raúl Somoza Menéndez en su calidad de Director General de Transporte Terrestre en el año 2008 y José Cornejo Beltrán como jefe de la Unidad Técnica Operativa del Viceministerio de Transporte realizaron actos ilegales en el desempeño de sus funciones como servidores públicos.
La FGR señala que según la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial el Viceministerio de Transporte es el encargado de otorgar la concesión de líneas para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en el país, bajo un período de 10 años prorrogables.
Sin embargo, el 14 de diciembre de 2006 la Asamblea Legislativa emitió un decreto por medio del cual suspendió por un año a partir de la entrada en vigencia del decreto la concesión de todo permiso de línea a los conductores de ruta, por parte del Viceministerio de Transporte.
La prohibición estaría vigente desde el 21 de diciembre de 2006 hasta el 31 de julio de 2009, sin embargo en la investigación fiscal se detalla que la Dirección de Transporte otorgó diferentes concesiones, a pesar de la suspensión emitida en el artículo 186.
En el dictamen de acusación, la Fiscalía involucra en cuatro casos específicos a los imputados por haber favorecido a empresarios del transporte con el otorgamiento o ampliación de líneas de transporte de pasajeros. Los casos eran autorizados por el Director de de Transporte, luego que el informe técnico, emitido por José Gilberto Cornejo Beltrán en su calidad de jefe de la Unidad Técnica Operativa, fuera favorable. Dicha actividad era prohibida, según lo establecido en el decreto legislativo.
En uno de los casos, la Sociedad ACOETMISAB de R.L., que hace su recorrido con pasajeros desde la colonia Altavista, desde Ilopango hacia San Salvador fue favorecida con la autorización para ampliar la flota de unidades dentro de la ruta, de 27 a 36 unidades tipo COASTER.
La FGR ha solicitado al Juzgado 10° de Instrucción la apertura a juicio en el caso. Será al final de la audiencia que el juez Carlos Calderón emita una resolución.
k.p./Interjust
JUZGADO DE MENORES INSTALARÁ VISTA DE CAUSA POR HOMICIDIO EN COBRADOR
SAN SALVADOR, 14 ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 3º de Menores llevará a cabo una vista de la causa contra un adolescente de 17 años, acusado de homicidio agravado en el cobrador de la ruta 38-B, Víctor Hugo Jiménez Linares, de 21.
La diligencia está programada para este viernes a las 8:30 a.m. Según consta en el proceso minoril el hecho sucedió en la Colonia Ermita, en el municipio de Apopa, el 17 de enero de 2010.
Testigos manifestaron que el imputado, junto con un adulto, abordaron una unidad del transporte mencionado en la parada del ex-cine “Terraza” y al aproximarse a la parada conocida como “Puente Nueva Apopa” el menor, supuesto miembro de la pandilla “18”, le disparó una vez, luego saltaron de la unidad y le propinó dos descargas más en el suelo.
Aparentemente, el motivo del crimen fue que Jiménez Linares simpatizaba con ambas maras y por ello lo mataron. Por informaciones de testigos presenciales, se capturó al menor días más tarde y, al ser consignado, se le llevó a un Juzgado Especializado, pero fue allí donde se comprobó su menoría de edad; por lo tanto, es el Juzgado 3º de Menores el encargado de realizar la vista de causa en razón de la territorialidad.
c.m./Interjust
La diligencia está programada para este viernes a las 8:30 a.m. Según consta en el proceso minoril el hecho sucedió en la Colonia Ermita, en el municipio de Apopa, el 17 de enero de 2010.
Testigos manifestaron que el imputado, junto con un adulto, abordaron una unidad del transporte mencionado en la parada del ex-cine “Terraza” y al aproximarse a la parada conocida como “Puente Nueva Apopa” el menor, supuesto miembro de la pandilla “18”, le disparó una vez, luego saltaron de la unidad y le propinó dos descargas más en el suelo.
Aparentemente, el motivo del crimen fue que Jiménez Linares simpatizaba con ambas maras y por ello lo mataron. Por informaciones de testigos presenciales, se capturó al menor días más tarde y, al ser consignado, se le llevó a un Juzgado Especializado, pero fue allí donde se comprobó su menoría de edad; por lo tanto, es el Juzgado 3º de Menores el encargado de realizar la vista de causa en razón de la territorialidad.
c.m./Interjust
LIBERAN MENORES POR HOMICIDIO
SAN SALVADOR, 14 ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 3º de Menores dejó libres de cargos a dos menores de 17 y 16 años, supuestos miembros de la pandilla “MS”, acusados de homicidio agravado en perjuicio de René Alfredo Rodríguez López, de 28.
La jueza Yanira Herrera no comprobó la supuesta participación delincuencial de los imputados debido a las contradicciones de la testigo bajo régimen de protección, por lo tanto los acusados recuperaron su libertad, con excepción de la menor, quien no fue capturada.
Según las investigaciones fiscales y policiales, el crimen se registró el 27 de enero de 2010 en el interior del Motel “El Colonial”, ubicado en la Colonia Monserrat.
Una amiga de la víctima le presentó a los actuales procesados, éstos al percatarse que el occiso manejaba fuertes cantidades de dinero planificaron un secuestro y fue así que la noche del 26 de enero lo interceptaron en el desvío “Amayo”, que lleva hacia Chalatenango.
Las indagaciones apuntan a que los imputados, juntamente con otros adultos, exigían una cantidad de dinero no clarificada como rescate; sin embargo, la familia de Rodríguez López manifestó no haber recibido llamadas.
El parte de Medicina Legal arrojó que la víctima falleció debido a un degollamiento. Actualmente la menor está prófuga de la justicia, para ello se le han girado órdenes de localización; mientras que el adolescente fue capturado el 9 de diciembre de 2010 en una parada de buses de la Colonia Plan del Pino en Ciudad Delgado.
c.m./Interjust
La jueza Yanira Herrera no comprobó la supuesta participación delincuencial de los imputados debido a las contradicciones de la testigo bajo régimen de protección, por lo tanto los acusados recuperaron su libertad, con excepción de la menor, quien no fue capturada.
Según las investigaciones fiscales y policiales, el crimen se registró el 27 de enero de 2010 en el interior del Motel “El Colonial”, ubicado en la Colonia Monserrat.
Una amiga de la víctima le presentó a los actuales procesados, éstos al percatarse que el occiso manejaba fuertes cantidades de dinero planificaron un secuestro y fue así que la noche del 26 de enero lo interceptaron en el desvío “Amayo”, que lleva hacia Chalatenango.
Las indagaciones apuntan a que los imputados, juntamente con otros adultos, exigían una cantidad de dinero no clarificada como rescate; sin embargo, la familia de Rodríguez López manifestó no haber recibido llamadas.
El parte de Medicina Legal arrojó que la víctima falleció debido a un degollamiento. Actualmente la menor está prófuga de la justicia, para ello se le han girado órdenes de localización; mientras que el adolescente fue capturado el 9 de diciembre de 2010 en una parada de buses de la Colonia Plan del Pino en Ciudad Delgado.
c.m./Interjust
JUZGADO INSTALARÁ AUDIENCIA ESPECIAL EN CASO LAVADO DE DINERO
SAN SALVADOR, 14 ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 2° de Instrucción instalará mañana a las 8:30 a.m. audiencia especial en el caso que se investiga a Guillermo Baires Bettaglio y a Eva María Touzard, procesados por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socio económico.
Según el Juzgado, la audiencia tiene como propósito realizar una revisión de medidas para Guillermo Baires Bettaglio y a Eva María Touzard y darle cumplimiento a lo ordenado por la Cámara 2° de los Penal. A la diligencia han sido citadas las partes procesales y los imputados.
La audiencia será realizada luego que a finales de marzo, los defensores de los imputados apelaron ante la Cámara 2° de lo Penal por la detención del procesado. Los abogados alegaron durante la audiencia inicial, realizada en el Juzgado 2° de Paz el 21 de marzo pasado, que el proceso era nulo, ya que la base para ingresar a la vivienda fue una llamada anónima, recibida por la PNC.
Los defensores dijeron en su momento que las autoridades ingresaron ilegalmente a la casa, sin una orden de allanamiento, la que se obtuvo hasta varias horas después; por tanto, toda la prueba recabada era ilícita.
Guillermo Baires Bettaglio y a Eva María Touzard fueron arrestados el 17 de marzo, luego de que la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaran a su lugar de habitación, un apartamento ubicado sobre la zona del Paseo General Escalón, y encontraran 818,840 dólares repartidos en distintos lugares. El ingreso había sido desde aproximadamente las 9 de la mañana del día anterior; es decir, 16 de marzo.
k.p./interjust
Según el Juzgado, la audiencia tiene como propósito realizar una revisión de medidas para Guillermo Baires Bettaglio y a Eva María Touzard y darle cumplimiento a lo ordenado por la Cámara 2° de los Penal. A la diligencia han sido citadas las partes procesales y los imputados.
La audiencia será realizada luego que a finales de marzo, los defensores de los imputados apelaron ante la Cámara 2° de lo Penal por la detención del procesado. Los abogados alegaron durante la audiencia inicial, realizada en el Juzgado 2° de Paz el 21 de marzo pasado, que el proceso era nulo, ya que la base para ingresar a la vivienda fue una llamada anónima, recibida por la PNC.
Los defensores dijeron en su momento que las autoridades ingresaron ilegalmente a la casa, sin una orden de allanamiento, la que se obtuvo hasta varias horas después; por tanto, toda la prueba recabada era ilícita.
Guillermo Baires Bettaglio y a Eva María Touzard fueron arrestados el 17 de marzo, luego de que la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaran a su lugar de habitación, un apartamento ubicado sobre la zona del Paseo General Escalón, y encontraran 818,840 dólares repartidos en distintos lugares. El ingreso había sido desde aproximadamente las 9 de la mañana del día anterior; es decir, 16 de marzo.
k.p./interjust
MAÑANA AUDIENCIA PRELIMINAR EN CASO DE ACTOS ARBITRARIOS EN VMT
SAN SALVADOR, 14 ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 10° de Instrucción instalará mañana viernes a las 11 a.m. audiencia preliminar contra Raúl Ernesto Somoza Menéndez, de 43 años, y José Gilberto Cornejo Beltrán, de 40, procesados por el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública bajo la modalidad de concurso real de delitos en calidad de coautores.
Según la investigación del Ministerio Público, Raúl Somoza Menéndez en su calidad de Director General de Transporte Terrestre en el año 2008 y José Cornejo Beltrán como jefe de la Unidad Técnica Operativa del Viceministerio de Transporte realizaron actos ilegales en el desempeño de sus funciones como servidores públicos.
La FGR señala que según la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial el Viceministerio de Transporte es el encargado de otorgar la concesión de líneas para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en el país, bajo un período de 10 años prorrogables.
Sin embargo, el 14 de diciembre de 2006 la Asamblea Legislativa emitió un decreto por medio del cual suspendió por un año a partir de la entrada en vigencia del decreto la concesión de todo permiso de línea a los conductores de ruta, por parte del Viceministerio de Transporte.
La prohibición estaría vigente desde el 21 de diciembre de 2006 hasta el 31 de julio de 2009, sin embargo en la investigación fiscal se detalla que la Dirección de Transporte otorgó diferentes concesiones, a pesar de la suspensión emitida en el artículo 186.
En el dictamen de acusación, la Fiscalía involucra en cuatro casos específicos a los imputados por haber favorecido a empresarios del transporte con el otorgamiento o ampliación de líneas de transporte de pasajeros. Los casos eran autorizados por el Director de de Transporte, luego que el informe técnico, emitido por José Gilberto Cornejo Beltrán en su calidad de jefe de la Unidad Técnica Operativa, fuera favorable. Dicha actividad era prohibida, según lo establecido en el decreto legislativo.
En uno de los casos, la Sociedad ACOETMISAB de R.L., que hace su recorrido con pasajeros desde la colonia Altavista, desde Ilopango hacia San Salvador fue favorecida con la autorización para ampliar la flota de unidades dentro de la ruta, de 27 a 36 unidades tipo COASTER.
La FGR ha solicitado al Juzgado 10° de Instrucción la apertura a juicio en el caso. Será al final de la audiencia que el juez Carlos Calderón emita una resolución.
c.m./Interjust
Según la investigación del Ministerio Público, Raúl Somoza Menéndez en su calidad de Director General de Transporte Terrestre en el año 2008 y José Cornejo Beltrán como jefe de la Unidad Técnica Operativa del Viceministerio de Transporte realizaron actos ilegales en el desempeño de sus funciones como servidores públicos.
La FGR señala que según la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial el Viceministerio de Transporte es el encargado de otorgar la concesión de líneas para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en el país, bajo un período de 10 años prorrogables.
Sin embargo, el 14 de diciembre de 2006 la Asamblea Legislativa emitió un decreto por medio del cual suspendió por un año a partir de la entrada en vigencia del decreto la concesión de todo permiso de línea a los conductores de ruta, por parte del Viceministerio de Transporte.
La prohibición estaría vigente desde el 21 de diciembre de 2006 hasta el 31 de julio de 2009, sin embargo en la investigación fiscal se detalla que la Dirección de Transporte otorgó diferentes concesiones, a pesar de la suspensión emitida en el artículo 186.
En el dictamen de acusación, la Fiscalía involucra en cuatro casos específicos a los imputados por haber favorecido a empresarios del transporte con el otorgamiento o ampliación de líneas de transporte de pasajeros. Los casos eran autorizados por el Director de de Transporte, luego que el informe técnico, emitido por José Gilberto Cornejo Beltrán en su calidad de jefe de la Unidad Técnica Operativa, fuera favorable. Dicha actividad era prohibida, según lo establecido en el decreto legislativo.
En uno de los casos, la Sociedad ACOETMISAB de R.L., que hace su recorrido con pasajeros desde la colonia Altavista, desde Ilopango hacia San Salvador fue favorecida con la autorización para ampliar la flota de unidades dentro de la ruta, de 27 a 36 unidades tipo COASTER.
La FGR ha solicitado al Juzgado 10° de Instrucción la apertura a juicio en el caso. Será al final de la audiencia que el juez Carlos Calderón emita una resolución.
c.m./Interjust
OFICINA DE COMUNICACIONES INFORMA DE JUZGADOS EN TURNO
SAN SALVADOR, 14 ABRIL DE 2011 (INTERJUST). La Oficina de Comunicaciones y Prensa del Centro Integrado de Justicia Penal “Dr. Isidro Menéndez” informa sobre los juzgados que prestarán servicio de turno durante las vacaciones de Semana Santa.
JUZGADO NÚMERO TELEFÓNICO FECHA
13º de Paz 2231-8769 15 de abril
14º de Paz 2231-8770 16 de abril
15º de Paz 2231-8771 17 de abril
1º de Paz 2231-8757 18 de abril
2º de Paz 2231-8758 19 de abril
3º de Paz 2231-8759 20 de abril
4º de Paz 2231-8760 21 de abril
5º de Paz 2231-8761 22 de abril
6º de Paz 2231-8762 23 de abril
7º de Paz 2231-8763 24 de abril
8º de Paz 2231-8764 25 de abril
En el área Penal Juvenil los juzgados serán: 4º de Menores desde el 11 al 17 de abril, mientras que el 2º de Menores laborará desde el 17 al 24 de abril.
JUZGADO NÚMERO TELEFÓNICO FECHA
13º de Paz 2231-8769 15 de abril
14º de Paz 2231-8770 16 de abril
15º de Paz 2231-8771 17 de abril
1º de Paz 2231-8757 18 de abril
2º de Paz 2231-8758 19 de abril
3º de Paz 2231-8759 20 de abril
4º de Paz 2231-8760 21 de abril
5º de Paz 2231-8761 22 de abril
6º de Paz 2231-8762 23 de abril
7º de Paz 2231-8763 24 de abril
8º de Paz 2231-8764 25 de abril
En el área Penal Juvenil los juzgados serán: 4º de Menores desde el 11 al 17 de abril, mientras que el 2º de Menores laborará desde el 17 al 24 de abril.
miércoles, 13 de abril de 2011
MAÑANA AUDIENCIA INICIAL CONTRA SUJETO ACUSADO DE ACOSO SEXUAL
SAN SALVADOR, 13 ABRIL 2010 (INTERJUST). El Juzgado 11º de Paz instalará mañana jueves a las 10:30 a.m. la audiencia inicial contra Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, de 42 años de edad, acusado de acoso sexual en perjuicio de F.S y K.M, ambas de 17.
De acuerdo a la acusación fiscal, el ilícito ocurrió el pasado 24 de enero en un apartamento al interior de las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), lugar donde el imputado presuntamente llevó a las víctimas, con la excusa de entrevistarlas antes de realizar sus prácticas de contaduría; sin embargo, el encuentro no fue precisamente una entrevista de trabajo, sino interrogatorios y actos donde el acusado sedujo a las jóvenes, manoseó y besó a la fuerza a una de ellas.
Según el relato de los hechos, el día referido las ofendidas acudieron a la oficina del imputado como parte de un grupo de seis jóvenes quienes aspiraban a realizar prácticas de Contaduría, en el marco de un convenio verbal entre la universidad y el colegio privado donde las jóvenes estudian segundo año.
Jenskin Lorenzana fungía como coordinador de Diplomado y Maestrías en Finanzas de dicho centros de estudios superiores.
El imputado las atendió y les dijo que irían en su vehículo hasta una oficina ubicada en otro edificio para buscar “unos documentos importantes”. Cuando llegaron al edificio, tomaron el ascensor hasta llegar al piso número 12, donde había un apartamento. El sujeto les manifestó que las iba a entrevistas a las tres, pero por separado.
Cuando entró la primera joven, les llamó la atención que el sujeto cerró con llave y fue así que comenzó a preguntarles aspectos personales íntimos que no tenían relación con las prácticas por la cual habían llegado.
Detalla la denuncia que los 15 minutos que las víctimas permanecieron a solas con el imputado fueron atemorizantes porque las obligó a realizar actos extraños tales como: “que actuaran como si eran actrices de telenovela y que explicaran cómo harían para enamorarlo” o que le modelaran de manera “sexi”.
Esto ocurría mientras él observada sentado en una silla. Asimismo, el sujeto le exigió a una de las jóvenes que le hiciera un masaje y le insinuó que tuvieran relaciones sexuales.
Según la denuncia, el imputado sobrepasó sus límites con una de las víctimas porque, según la investigación fiscal, éste presuntamente la sometió a manoseos y la sujetó con fuerza para besarla de forma violenta. Cuando logró soltarse, la víctima le expresó que si le hacía algo iba a gritar.
Posteriormente les ofreció llevarlas a un lugar para que abordaran un autobús, y las sentenció a que no deberían contarle a nadie acerca de lo sucedido.
Cuando salieron del apartamento, le expresó a una tercera estudiante que iba a entrevistarla hasta el día siguiente y que las podía llevar a un lugar para que abordaran un autobús. Las jóvenes optaron por quedarse en el centro comercial Metrocentro en San Salvador, donde se contaron lo que les había sucedido y se echaron a llorar.
Posteriormente, decidieron informarles a sus padres del hecho e interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Es así que el pasado 9 de abril agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en atención a una orden administrativa girada por la FGR, capturaron al sospechoso.
El fiscal del caso ha solicitado a la jueza Paula Patricia Velásquez decrete detención provisional contra el acusado, quien se encuentra hospitalizado en un Hospital del Seguro Social.
a.s./Interjust
De acuerdo a la acusación fiscal, el ilícito ocurrió el pasado 24 de enero en un apartamento al interior de las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), lugar donde el imputado presuntamente llevó a las víctimas, con la excusa de entrevistarlas antes de realizar sus prácticas de contaduría; sin embargo, el encuentro no fue precisamente una entrevista de trabajo, sino interrogatorios y actos donde el acusado sedujo a las jóvenes, manoseó y besó a la fuerza a una de ellas.
Según el relato de los hechos, el día referido las ofendidas acudieron a la oficina del imputado como parte de un grupo de seis jóvenes quienes aspiraban a realizar prácticas de Contaduría, en el marco de un convenio verbal entre la universidad y el colegio privado donde las jóvenes estudian segundo año.
Jenskin Lorenzana fungía como coordinador de Diplomado y Maestrías en Finanzas de dicho centros de estudios superiores.
El imputado las atendió y les dijo que irían en su vehículo hasta una oficina ubicada en otro edificio para buscar “unos documentos importantes”. Cuando llegaron al edificio, tomaron el ascensor hasta llegar al piso número 12, donde había un apartamento. El sujeto les manifestó que las iba a entrevistas a las tres, pero por separado.
Cuando entró la primera joven, les llamó la atención que el sujeto cerró con llave y fue así que comenzó a preguntarles aspectos personales íntimos que no tenían relación con las prácticas por la cual habían llegado.
Detalla la denuncia que los 15 minutos que las víctimas permanecieron a solas con el imputado fueron atemorizantes porque las obligó a realizar actos extraños tales como: “que actuaran como si eran actrices de telenovela y que explicaran cómo harían para enamorarlo” o que le modelaran de manera “sexi”.
Esto ocurría mientras él observada sentado en una silla. Asimismo, el sujeto le exigió a una de las jóvenes que le hiciera un masaje y le insinuó que tuvieran relaciones sexuales.
Según la denuncia, el imputado sobrepasó sus límites con una de las víctimas porque, según la investigación fiscal, éste presuntamente la sometió a manoseos y la sujetó con fuerza para besarla de forma violenta. Cuando logró soltarse, la víctima le expresó que si le hacía algo iba a gritar.
Posteriormente les ofreció llevarlas a un lugar para que abordaran un autobús, y las sentenció a que no deberían contarle a nadie acerca de lo sucedido.
Cuando salieron del apartamento, le expresó a una tercera estudiante que iba a entrevistarla hasta el día siguiente y que las podía llevar a un lugar para que abordaran un autobús. Las jóvenes optaron por quedarse en el centro comercial Metrocentro en San Salvador, donde se contaron lo que les había sucedido y se echaron a llorar.
Posteriormente, decidieron informarles a sus padres del hecho e interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Es así que el pasado 9 de abril agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en atención a una orden administrativa girada por la FGR, capturaron al sospechoso.
El fiscal del caso ha solicitado a la jueza Paula Patricia Velásquez decrete detención provisional contra el acusado, quien se encuentra hospitalizado en un Hospital del Seguro Social.
a.s./Interjust
PAUTA JUDICIAL PARA ESTE 14 DE ABRIL
1) El Tribunal 1º de Sentencia instalará una vista pública por violación, 8:30 a.m., sala 2-“C” y la comisionada es Rina Teos de Renderos.
2) El Juzgado 11º de Paz desarrollará una audiencia inicial por acoso sexual, 10:30 a.m. y la asignada es Aída Sánchez. Se trata del caso del trabajador de la UCA.
3) Los juzgados en turno serán: 12º de Paz y 4º de Menores.
2) El Juzgado 11º de Paz desarrollará una audiencia inicial por acoso sexual, 10:30 a.m. y la asignada es Aída Sánchez. Se trata del caso del trabajador de la UCA.
3) Los juzgados en turno serán: 12º de Paz y 4º de Menores.
JUZGADO IMPONE LIBERTAD ASISTIDA A MENOR POR VIOLACIÓN
SAN SALVADOR, 13 ABRIL 2010 (INTERJUST). El Juzgado 1º de Menores impuso tres años de libertad asistida y reglas de conducta a un adolescente de 17 años, acusado de violación en perjuicio de una joven de 16.
La jueza, Lorena de Morales, valoró los peritajes de Medicina Legal y la declaración de la ofendida, por lo tanto le impuso restricción migratoria y alejamiento de la ultrajada por espacio de 36 meses. Según datos del proceso minoril, el hecho se registró el 7 de abril del año pasado en la casa del imputado, ubicado en una zona de Cuscatancingo.
El hecho fue denunciado hasta el 1 de junio de 2010 y la menor no comentaba nada por temor a las amenazas que el acusado le hizo, ya que en su momento le manifestó con atentar contra la vida de sus hermanos.
c.m./Interjust
La jueza, Lorena de Morales, valoró los peritajes de Medicina Legal y la declaración de la ofendida, por lo tanto le impuso restricción migratoria y alejamiento de la ultrajada por espacio de 36 meses. Según datos del proceso minoril, el hecho se registró el 7 de abril del año pasado en la casa del imputado, ubicado en una zona de Cuscatancingo.
El hecho fue denunciado hasta el 1 de junio de 2010 y la menor no comentaba nada por temor a las amenazas que el acusado le hizo, ya que en su momento le manifestó con atentar contra la vida de sus hermanos.
c.m./Interjust
JUEZA IMPONE MEDIDA A MENOR POR HOMICIDIO AGRAVADO
SAN SALVADOR, 13 ABRIL 2010 (INTERJUST). El Juzgado 1º de Menores impuso internamiento provisional por espacio de 90 días para un adolescente de 15 años, presunto miembro de la pandilla “18”, acusado de homicidio agravado en perjuicio de Claudia del Pilar Flores Jovel, de 24.
Según datos de la investigación fiscal, el crimen se registró el 2 de abril alrededor de la 1:30 p.m. en el interior de una cancha de softball, ubicada en la colonia Alta Vista en Tonacatepeque. La ofendida había finalizado un encuentro deportivo y se acercaba a los graderíos cuando fue interceptada por el menor, quien sin mediar palabra le disparó a quemarropa.
Varios testigos presenciales directos capturaron al menor, no sin antes haberle propinado golpes hasta con un bate; luego de eso llegaron los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). La jueza, Lorena de Morales, basó la resolución en el levantamiento del cadáver y en el término de la flagrancia entre otros indicios.
Flores Jovel deja un hijo de tres años de edad y su cónyuge.
El proceso pasará a la orden del Juzgado 2º de Menores en razón de la territorialidad, mientras tanto el imputado permanecerá recluido en el Centro de Resguardo “El Espino”, en el departamento de Ahuachapán.
c.m./Interjust
Según datos de la investigación fiscal, el crimen se registró el 2 de abril alrededor de la 1:30 p.m. en el interior de una cancha de softball, ubicada en la colonia Alta Vista en Tonacatepeque. La ofendida había finalizado un encuentro deportivo y se acercaba a los graderíos cuando fue interceptada por el menor, quien sin mediar palabra le disparó a quemarropa.
Varios testigos presenciales directos capturaron al menor, no sin antes haberle propinado golpes hasta con un bate; luego de eso llegaron los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). La jueza, Lorena de Morales, basó la resolución en el levantamiento del cadáver y en el término de la flagrancia entre otros indicios.
Flores Jovel deja un hijo de tres años de edad y su cónyuge.
El proceso pasará a la orden del Juzgado 2º de Menores en razón de la territorialidad, mientras tanto el imputado permanecerá recluido en el Centro de Resguardo “El Espino”, en el departamento de Ahuachapán.
c.m./Interjust
martes, 12 de abril de 2011
FINALIZA VISTA PÚBLICA CONTRA EX PRESIDENTE DE OBC
SAN SALVADOR, 12 ABRIL 2010 (INTERJUST). El Tribunal 5° de Sentencia finalizo este martes la vista pública que en el que se procesa al ex presidente de la Sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica y Casa Corredora de Bolsas OBC, S.A. de C.V., Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, por el delito de Defraudación a la Economía Pública en perjuicio varias personas.
Hoy en el uso de la última palabra, siete de las más de 80 víctimas hicieron la misma petición a los jueces de sentencia: “queremos justicia, queremos nos devuelvan nuestro dinero para compensar la situación”, exclamaron.
Una de las afectadas, con voz quebrantada, solicito al Tribunal: “oiga nuestras suplicas, que sea una pena máxima la que le apliquen a este señor, ya son siete años de dolor y angustia. Le suplicamos descongelen ese dinero, señores jueces”, manifestó.
Por su parte, la intervención del imputado fue larga y pausada, mientras revisaba sus apuntes, manifestó: “cuando adquirí OBC junto a mi familia, nunca tuve intenciones de defraudar. ¿Cómo iba a involucrar a mis hijos y esposas si son lo que más quiero?”.
Para finalizar dijo: “les pido a ustedes tengan en consideración a los ofendidos y a mi persona a la hora de dar el fallo. Hay dinero suficiente para liquidarles a estas personas. No es solo de venir a acusar a una persona”, manifestó, mientras los afectados sonreían y movían sus cabezas en negativa por el dicho de Villatoro.
Mencionó, además, que no tenían que darle validez a la auditoria ya que no “es confiable”, ya que ahí se reflejan ciertas cifras que no concuerdan con el monto de los afectados.
Según Arturo Magaña, fiscal del caso, se ha solicitado al Tribunal “se declare como comiso a favor de las víctimas el dinero que se encuentra congelado, para de alguna manera reparar el daño que se les ha causado a las víctimas”.
Se espera que el fallo sea dado a conocer el próximo 29 de abril, a las 2:00 p.m.
A lo largo del proceso, un total de 101 testigos declararon en el juicio, entre ellos 88 víctimas, así como ex empleados de OBC, peritos, empleados de la Superintendencia de Valores y empleados de la Central de Depósitos y Valores (CEDEVAL).
En junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas por lo que estuvo bajo arresto domiciliar.
Sin embargo, al no cumplir con los acuerdos conciliatorios, Villatoro fue recapturado el 11 de febrero de este año, cuando fue enviado al Centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
Villatoro era el presidente de la sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) y la casa corredora de Bolsas OBC cuando supuestamente cometió el delito.
r.t./Interjust
Hoy en el uso de la última palabra, siete de las más de 80 víctimas hicieron la misma petición a los jueces de sentencia: “queremos justicia, queremos nos devuelvan nuestro dinero para compensar la situación”, exclamaron.
Una de las afectadas, con voz quebrantada, solicito al Tribunal: “oiga nuestras suplicas, que sea una pena máxima la que le apliquen a este señor, ya son siete años de dolor y angustia. Le suplicamos descongelen ese dinero, señores jueces”, manifestó.
Por su parte, la intervención del imputado fue larga y pausada, mientras revisaba sus apuntes, manifestó: “cuando adquirí OBC junto a mi familia, nunca tuve intenciones de defraudar. ¿Cómo iba a involucrar a mis hijos y esposas si son lo que más quiero?”.
Para finalizar dijo: “les pido a ustedes tengan en consideración a los ofendidos y a mi persona a la hora de dar el fallo. Hay dinero suficiente para liquidarles a estas personas. No es solo de venir a acusar a una persona”, manifestó, mientras los afectados sonreían y movían sus cabezas en negativa por el dicho de Villatoro.
Mencionó, además, que no tenían que darle validez a la auditoria ya que no “es confiable”, ya que ahí se reflejan ciertas cifras que no concuerdan con el monto de los afectados.
Según Arturo Magaña, fiscal del caso, se ha solicitado al Tribunal “se declare como comiso a favor de las víctimas el dinero que se encuentra congelado, para de alguna manera reparar el daño que se les ha causado a las víctimas”.
Se espera que el fallo sea dado a conocer el próximo 29 de abril, a las 2:00 p.m.
A lo largo del proceso, un total de 101 testigos declararon en el juicio, entre ellos 88 víctimas, así como ex empleados de OBC, peritos, empleados de la Superintendencia de Valores y empleados de la Central de Depósitos y Valores (CEDEVAL).
En junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas por lo que estuvo bajo arresto domiciliar.
Sin embargo, al no cumplir con los acuerdos conciliatorios, Villatoro fue recapturado el 11 de febrero de este año, cuando fue enviado al Centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
Villatoro era el presidente de la sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) y la casa corredora de Bolsas OBC cuando supuestamente cometió el delito.
r.t./Interjust
JUZGADO ENVÍA A PRISIÓN A SUJETOS QUE TRANSPORTABAN DOS SACOS CON MARIHUANA
SAN SALVADOR, 12 ABRIL 2010 (INTERJUST). El Juzgado 8º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Marcos Antonio Navarro García, de 32 años de edad, Nelson David de León Navas, de 42, y Ana Adela García, de 59, acusados de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.
En la diligencia judicial, el juez Carlos Edgardo Bendix encontró suficientes indicios que relacionaron a los imputados con el hecho, razón por la que los remitirá en las próximas 24 horas a un centro penitenciario.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el ilícito sucedió aproximadamente a las 5 de la tarde del pasado 7 de abril, en el parqueo de la gasolinera Texaco, La Garita, ubicada en la calle Concepción de San Salvador. Aquí, los dos hombres y la mujer, fueron sorprendidos cuando presuntamente transportaban en el baúl de un vehículo dos sacos de nylon conteniendo marihuana, que al parecer pretendían negociar justo en el momento de su captura.
La captura en flagrancia de los sujetos se llevó a cabo gracias a una llamada anónima realizada a una sede policial, quien alertó que en el referido lugar llegarían unos sujetos a realizar una presunta transacción de droga, proporcionando las características físicas de al menos dos sujetos.
De modo que con la información proporcionada, la Policía Nacional Civil (PNC) organizó un dispositivo de vigilancia en lugares estratégicos de la zona que dio como resultado la captura de las tres personas y el decomiso del vehículo particular P-111882 marca Datsun, color celeste.
Según el requerimiento fiscal, la hierba estaba compactada y dividida en 81 porciones. Para cerciorarse de que se trataba de droga, técnicos de la División Antinarcóticos (DAN) llegaron al lugar para practicarle la prueba de campo que dio positivo.
a.s./Interjust
En la diligencia judicial, el juez Carlos Edgardo Bendix encontró suficientes indicios que relacionaron a los imputados con el hecho, razón por la que los remitirá en las próximas 24 horas a un centro penitenciario.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el ilícito sucedió aproximadamente a las 5 de la tarde del pasado 7 de abril, en el parqueo de la gasolinera Texaco, La Garita, ubicada en la calle Concepción de San Salvador. Aquí, los dos hombres y la mujer, fueron sorprendidos cuando presuntamente transportaban en el baúl de un vehículo dos sacos de nylon conteniendo marihuana, que al parecer pretendían negociar justo en el momento de su captura.
La captura en flagrancia de los sujetos se llevó a cabo gracias a una llamada anónima realizada a una sede policial, quien alertó que en el referido lugar llegarían unos sujetos a realizar una presunta transacción de droga, proporcionando las características físicas de al menos dos sujetos.
De modo que con la información proporcionada, la Policía Nacional Civil (PNC) organizó un dispositivo de vigilancia en lugares estratégicos de la zona que dio como resultado la captura de las tres personas y el decomiso del vehículo particular P-111882 marca Datsun, color celeste.
Según el requerimiento fiscal, la hierba estaba compactada y dividida en 81 porciones. Para cerciorarse de que se trataba de droga, técnicos de la División Antinarcóticos (DAN) llegaron al lugar para practicarle la prueba de campo que dio positivo.
a.s./Interjust
30 DE ABRIL RESOLUCIÓN POR ESTAFA DE VEHICULOS
SAN SALVADOR, 12 ABRIL 2010 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción programó para el 30 de abril próximo a las 9 a.m. resolución de la audiencia preliminar realizada contra 10 imputados vinculados a una supuesta banda relacionada con estafas de vehículos.
El juez Samuel Lizama escuchó las intervenciones de los ocho defensores, quienes desvincularon a sus clientes de los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) pidió al letrado decretar apertura a juicio en el proceso.
Los imputados son: José Rodrigo Cabreras Novales, quien es el único de los implicados detenido, mientras que con medidas sustitutivas se encuentran Guillermo Adolfo Bustillo Stanley, Arturo Alexander Monterrosa Rivera, Jaime Julio Torres Aparicio, Walter Eduardo García Ortega, Giovani Antonio Rivera Gálvez, José Orlando Rivera Gálvez, Adrian de Jesús Rivera Gálvez, Nefi Antonio Galdámez Méndez y Mario Alberto Reyes Velado.
Los delitos que se les atribuyen son: estafa, encubrimiento, receptación, falsedad ideológica con agravación especial, falsificación de señas y marcas, fraude procesal, tráfico de influencias, cohecho activo, denuncia o acusación calumniosa, actos arbitrarios, uso y tenencia de documentos falsos y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la fe pública, la administración pública, la administración de justicia y tres personas.
Según las investigaciones, los hechos sucedieron entre el año 2005 y 2008, cuando supuestamente los imputados se dedicaban a comprar vehículos dañados en los Estados Unidos, repararlos y posteriormente venderlos. Algunos de los automotores fueron retenidos por la policía, quienes realizaron diferentes análisis, donde se comprobó que había alteraciones de los números de seriales de motor y chasis.
k.c./Interjust
El juez Samuel Lizama escuchó las intervenciones de los ocho defensores, quienes desvincularon a sus clientes de los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) pidió al letrado decretar apertura a juicio en el proceso.
Los imputados son: José Rodrigo Cabreras Novales, quien es el único de los implicados detenido, mientras que con medidas sustitutivas se encuentran Guillermo Adolfo Bustillo Stanley, Arturo Alexander Monterrosa Rivera, Jaime Julio Torres Aparicio, Walter Eduardo García Ortega, Giovani Antonio Rivera Gálvez, José Orlando Rivera Gálvez, Adrian de Jesús Rivera Gálvez, Nefi Antonio Galdámez Méndez y Mario Alberto Reyes Velado.
Los delitos que se les atribuyen son: estafa, encubrimiento, receptación, falsedad ideológica con agravación especial, falsificación de señas y marcas, fraude procesal, tráfico de influencias, cohecho activo, denuncia o acusación calumniosa, actos arbitrarios, uso y tenencia de documentos falsos y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la fe pública, la administración pública, la administración de justicia y tres personas.
Según las investigaciones, los hechos sucedieron entre el año 2005 y 2008, cuando supuestamente los imputados se dedicaban a comprar vehículos dañados en los Estados Unidos, repararlos y posteriormente venderlos. Algunos de los automotores fueron retenidos por la policía, quienes realizaron diferentes análisis, donde se comprobó que había alteraciones de los números de seriales de motor y chasis.
k.c./Interjust
lunes, 11 de abril de 2011
MAÑANA USO DE ÚLTIMA PALABRA PARA IMPUTADO Y AFECTADOS EN CASO OBC
SAN SALVADOR, 11 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal 5° de Sentencia dio por finalizado este lunes los alegatos finales de las partes que intervienen en el caso donde se procesa al ex presidente de la Sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica y Casa Corredora de Bolsas OBC, S.A. de C.V., Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, por el delito de Defraudación a la Economía Pública en perjuicio de más de 100 personas.
Este día, en los alegatos finales, la Representación Fiscal pidió a los jueces del Tribunal “que con todo la prueba que ha desfilado se condene a la pena máxima de 15 años de prisión para Villatoro Monteagudo, ya que él tenía pleno conocimiento de su actuar y se aprovechó de los inversionistas”, añadió el fiscal Arturo Magaña.
También solicitó a los jueces “descongele los fondos para que le sean resarcido el daño a las personas que invirtieron en OBC, para que de alguna manera se les devuelva su dignidad”, recalcó Magaña.
Mañana se espera que haga uso de la última palabra el imputado Villatoro Monteagudo, asimismo los afectados podrían declarar en calidad de víctimas.
Fueron un total de 101 testigos los que declararon en el juicio, entre ellos 88 víctimas, así como ex empleados de OBC, peritos, empleados de la Superintendencia de Valores y empleados de la Central de Depósitos y Valores (CEDEVAL).
En junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas por lo que estuvo bajo arresto domiciliar.
Sin embargo, al no cumplir con los acuerdos conciliatorios, Villatoro fue recapturado el 11 de febrero de este año, donde fue enviado al Centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
Villatoro era el presidente de la sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) y la casa corredora de Bolsas OBC cuando supuestamente cometió el delito.
Según la Fiscalía, desde 1999 al 2004, se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil no registradas en los sistemas de información contable de OBC. Asimismo, se encontraron depósitos de dinero por cheques por 304,144.93 dólares realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada.
Supuestamente existió captación y apropiación ilegal de fondos del público bajo la figura de realizar actividad bursátil legitima. El monto se aproxima a los ocho millones de dólares.
r.t./Interjust
Este día, en los alegatos finales, la Representación Fiscal pidió a los jueces del Tribunal “que con todo la prueba que ha desfilado se condene a la pena máxima de 15 años de prisión para Villatoro Monteagudo, ya que él tenía pleno conocimiento de su actuar y se aprovechó de los inversionistas”, añadió el fiscal Arturo Magaña.
También solicitó a los jueces “descongele los fondos para que le sean resarcido el daño a las personas que invirtieron en OBC, para que de alguna manera se les devuelva su dignidad”, recalcó Magaña.
Mañana se espera que haga uso de la última palabra el imputado Villatoro Monteagudo, asimismo los afectados podrían declarar en calidad de víctimas.
Fueron un total de 101 testigos los que declararon en el juicio, entre ellos 88 víctimas, así como ex empleados de OBC, peritos, empleados de la Superintendencia de Valores y empleados de la Central de Depósitos y Valores (CEDEVAL).
En junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas por lo que estuvo bajo arresto domiciliar.
Sin embargo, al no cumplir con los acuerdos conciliatorios, Villatoro fue recapturado el 11 de febrero de este año, donde fue enviado al Centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
Villatoro era el presidente de la sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) y la casa corredora de Bolsas OBC cuando supuestamente cometió el delito.
Según la Fiscalía, desde 1999 al 2004, se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil no registradas en los sistemas de información contable de OBC. Asimismo, se encontraron depósitos de dinero por cheques por 304,144.93 dólares realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada.
Supuestamente existió captación y apropiación ilegal de fondos del público bajo la figura de realizar actividad bursátil legitima. El monto se aproxima a los ocho millones de dólares.
r.t./Interjust
PAUTA PARA ESTE 12 DE ABRIL DE 2011
1) El Juzgado 7º de Instrucción realizará las primeras audiencias especiales de homologación por lesiones. Esto es el resultado de los acuerdos alcanzados en la Oficina de Mediaciones. 9:00 y 10:00 a.m. Karina Cuadra es la asignada.
2) El Juzgado 3º de Menores desarrollará una vista de causa contra dos adolescentes, supuestos miembros de la pandilla “MS”, acusados de homicidio agravado. 8:30 a.m. y el asignado es Carlos Humberto Merino.
3) Los juzgados en turno serán: 10º de Paz y 4º de Menores.
2) El Juzgado 3º de Menores desarrollará una vista de causa contra dos adolescentes, supuestos miembros de la pandilla “MS”, acusados de homicidio agravado. 8:30 a.m. y el asignado es Carlos Humberto Merino.
3) Los juzgados en turno serán: 10º de Paz y 4º de Menores.
DECRETAN DETENCIÓN A IMPUTADO POR HOMICIDIO DE TAXISTA
SAN SALVADOR, 11 ABRIL 2010 (INTERJUST). El Juzgado 7º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra el imputado presente Erick David León López, de 19 años, quien es procesado por el ilícito de homicidio simple en la humanidad de Lázaro Granados Castillo, de 58 años.
La jueza, Alba Salamanca, encontró suficientes indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) tales como la captura en flagrancia, por lo tanto el proceso pasará a la orden del Juzgado 7º de Instrucción, mientras que León López será llevado a un centro penal en las próximas horas.
El crimen se registró el pasado 6 de abril del presente año a eso de las 5:20 p.m., cerca de la calle “República Federal de Alemania”, en la colonia 5 de Noviembre.
Según versiones, el imputado se le acercó a la víctima y, sin motivo aparente, le disparó a quemarropa varias veces. El ahora occiso se desempeñaba como taxista en la zona y esperaba a por un cliente cuando fue atacado.
Unos militares que viajaban en un camión escucharon varias detonaciones y se percataron que un sujeto corría en dirección hacia los condominios “Pinos del Norte”, ubicados sobre la carretera Troncal del Norte. A la persecución se unió un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de modo que entre ambos detuvieron a León López.
c.m./Interjust
La jueza, Alba Salamanca, encontró suficientes indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) tales como la captura en flagrancia, por lo tanto el proceso pasará a la orden del Juzgado 7º de Instrucción, mientras que León López será llevado a un centro penal en las próximas horas.
El crimen se registró el pasado 6 de abril del presente año a eso de las 5:20 p.m., cerca de la calle “República Federal de Alemania”, en la colonia 5 de Noviembre.
Según versiones, el imputado se le acercó a la víctima y, sin motivo aparente, le disparó a quemarropa varias veces. El ahora occiso se desempeñaba como taxista en la zona y esperaba a por un cliente cuando fue atacado.
Unos militares que viajaban en un camión escucharon varias detonaciones y se percataron que un sujeto corría en dirección hacia los condominios “Pinos del Norte”, ubicados sobre la carretera Troncal del Norte. A la persecución se unió un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de modo que entre ambos detuvieron a León López.
c.m./Interjust
JUZGADO INSTALA AUDIENCIA PRELIMINAR CONTRA 10 IMPUTADOS POR ESTAFA DE VEHICULOS
SAN SALVADOR, 11 ABRIL 2010 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción instaló este día audiencia preliminar contra 10 imputados vinculados a una supuesta banda relacionada con estafas de vehículos.
El juez Samuel Lizama instaló la audiencia a las 10 a.m. y escuchó por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) los hechos atribuidos a los implicados. Mientras que separó el proceso del imputado Carlos Emilio Surio González, debido a que su abogado no se presentó a la audiencia.
Además, separó el proceso para los imputados ausentes: Moris Eduardo Galán Cabrera, Reynaldo Javier López Francia, Napoleón Segundo Renderos Sermeño y Juan Carlos Lima.
La audiencia se instaló contra José Rodrigo Cabreras Novales, quien es el único de los implicados detenido, mientras que con medidas sustitutivas se encuentran Guillermo Adolfo Bustillo Stanley, Arturo Alexander Monterrosa Rivera, Jaime Julio Torres Aparicio, Walter Eduardo García Ortega, Giovani Antonio Rivera Gálvez, José Orlando Rivera Gálvez, Adrian de Jesús Rivera Gálvez, Nefi Antonio Galdámez Méndez y Mario Alberto Reyes Velado.
Los delitos que se les atribuyen son: estafa, encubrimiento, receptación, falsedad ideológica con agravación especial, falsificación de señas y marcas, fraude procesal, tráfico de influencias, cohecho activo, denuncia o acusación calumniosa, actos arbitrarios, uso y tenencia de documentos falsos y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la fe pública, la administración pública, la administración de justicia y tres personas.
Según las investigaciones, los hechos sucedieron entre el año 2005 y 2008, cuando supuestamente los imputados se dedicaban a comprar vehículos dañados en los Estados Unidos, repararlos y posteriormente venderlos. Algunos de los automotores fueron retenidos por la policía, quienes realizaron diferentes análisis, donde se comprobó que había alteraciones de los números de seriales de motor y chasis.
El Ministerio Público pide al juez decretar apertura a juicio en el caso. La audiencia está programada parta el transcurso de la semana.
k.c/Interjust
El juez Samuel Lizama instaló la audiencia a las 10 a.m. y escuchó por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) los hechos atribuidos a los implicados. Mientras que separó el proceso del imputado Carlos Emilio Surio González, debido a que su abogado no se presentó a la audiencia.
Además, separó el proceso para los imputados ausentes: Moris Eduardo Galán Cabrera, Reynaldo Javier López Francia, Napoleón Segundo Renderos Sermeño y Juan Carlos Lima.
La audiencia se instaló contra José Rodrigo Cabreras Novales, quien es el único de los implicados detenido, mientras que con medidas sustitutivas se encuentran Guillermo Adolfo Bustillo Stanley, Arturo Alexander Monterrosa Rivera, Jaime Julio Torres Aparicio, Walter Eduardo García Ortega, Giovani Antonio Rivera Gálvez, José Orlando Rivera Gálvez, Adrian de Jesús Rivera Gálvez, Nefi Antonio Galdámez Méndez y Mario Alberto Reyes Velado.
Los delitos que se les atribuyen son: estafa, encubrimiento, receptación, falsedad ideológica con agravación especial, falsificación de señas y marcas, fraude procesal, tráfico de influencias, cohecho activo, denuncia o acusación calumniosa, actos arbitrarios, uso y tenencia de documentos falsos y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la fe pública, la administración pública, la administración de justicia y tres personas.
Según las investigaciones, los hechos sucedieron entre el año 2005 y 2008, cuando supuestamente los imputados se dedicaban a comprar vehículos dañados en los Estados Unidos, repararlos y posteriormente venderlos. Algunos de los automotores fueron retenidos por la policía, quienes realizaron diferentes análisis, donde se comprobó que había alteraciones de los números de seriales de motor y chasis.
El Ministerio Público pide al juez decretar apertura a juicio en el caso. La audiencia está programada parta el transcurso de la semana.
k.c/Interjust
INSTALARÁN VISTA DE CAUSA CONTRA MENORES POR HOMICIDIO
SAN SALVADOR, 11 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 3º de Menores instalará este martes, a las 8:30 a.m., vista de la causa contra dos menores de 17 y 16 años, supuestos miembros de la mara “MS”, acusados de homicidio agravado en perjuicio de René Alfredo Rodríguez López, de 28.
Según las investigaciones fiscales y policiales, el crimen se registró el 27 de enero de 2010 en el interior del Motel “El Colonial”, ubicado en la colonia Monserrat.
Una amiga de la víctima le presentó a los actuales procesados y estos al percatarse que el occiso manejaba fuertes cantidades de dinero planificaron el secuestro.
Así la noche del 26 de enero Rodríguez López fue interceptado en el desvío de la carretera Troncal del Norte conocido como Amayo y que lleva hacia Chalatenango.
Las indagaciones apuntan a que los imputados, juntamente con otros adultos, exigían una cantidad de dinero no clarificada como rescate; sin embargo, la familia de Rodríguez López manifestó no haber recibido llamadas.
El parte de Medicina Legal arrojó que la víctima falleció debido a que fue degollado. Actualmente, la menor está prófuga de la justicia, de modo que las autoridades han girado órdenes para su localización; mientras que el adolescente fue capturado el 9 de diciembre de 2010 en una parada de buses de la colonia Plan del Pino en Ciudad Delgado.
La diligencia está programada para dos días.
c.m./Interjust
Según las investigaciones fiscales y policiales, el crimen se registró el 27 de enero de 2010 en el interior del Motel “El Colonial”, ubicado en la colonia Monserrat.
Una amiga de la víctima le presentó a los actuales procesados y estos al percatarse que el occiso manejaba fuertes cantidades de dinero planificaron el secuestro.
Así la noche del 26 de enero Rodríguez López fue interceptado en el desvío de la carretera Troncal del Norte conocido como Amayo y que lleva hacia Chalatenango.
Las indagaciones apuntan a que los imputados, juntamente con otros adultos, exigían una cantidad de dinero no clarificada como rescate; sin embargo, la familia de Rodríguez López manifestó no haber recibido llamadas.
El parte de Medicina Legal arrojó que la víctima falleció debido a que fue degollado. Actualmente, la menor está prófuga de la justicia, de modo que las autoridades han girado órdenes para su localización; mientras que el adolescente fue capturado el 9 de diciembre de 2010 en una parada de buses de la colonia Plan del Pino en Ciudad Delgado.
La diligencia está programada para dos días.
c.m./Interjust
sábado, 9 de abril de 2011
JUEZA DECRETA DETENCIÓN Y MEDIDAS CONTRA EX-MINISTRO DE SALUD Y OTROS POR CORRUPCIÓN
SAN SALVADOR, 09 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 2º de Paz decretó instrucción formal con medidas sustitutivas contra el ex-ministro de Salud José Guillermo Maza Brizuela y seis imputados presentes más ocho ausentes, procesados por delitos relacionados en perjuicio del patrimonio estatal representado en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
La jueza, Marta Lilian Villatoro, decretó instrucción formal con medias sustitutivas para Maza Brizuela ya que no se establecieron los extremos procesales para una detención provisional, por lo tanto se decretó instrucción formal con medidas sustitutivas tales como no salir del país y la presentación cada 15 días al Juzgado 2º de Instrucción, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias e inmuebles.
La suscrita también decretó instrucción formal con detención provisional para el ex-director de la Policía Nacional Civil (PNC), César Rolando García Herrera, debido a que el imputado está vinculado a los delitos de falsedad documental agravada y complicidad necesaria en el delito de estafa agravada.
Aparentemente, el acusado ya sabía sobre el comportamiento corporativo; además, de decretar la notación de los inmuebles.
De igual forma para el resto de los acusados se les decretó instrucción formal con medidas sustitutivas tales como presentarse cada 15 días al Juzgado 2º de Instrucción y no salir del país. Sin embargo, Arturo Ernesto López Mejía deberá cancelar una caución económica de 10 mil dólares; e, igualmente, Manuel Eduardo Coronado Paíz (ausente) deberá pagar una suma de 100 mil.
La juzgadora, asimismo, decretó instrucción formal con detención provisional para Gerardo Enrique Pineda, acusado de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos, además de girarle órdenes de captura y la inmovilización de sus cuentas bancarias en el sistema financiero. Para José Alexander Ramírez Jiménez decretó instrucción formal sin ninguna medida, ya que cuandoósus labores, ya se había acaecido la referida situación.
Maza Brizuela es acusado de actos arbitrarios en concurso ideal con el delito de negociaciones ilícitas; César Rolando García Herrera por falsedad documental agravada y por complicidad necesaria en el delito de estafa agravada.
Roberto Oswaldo Salazar Martínez, quien fungía como representante legal de la Sociedad Roberto Salazar y Asociados Ingenieros Consultores S.A. de C.V.; José Mauricio Serrano Martínez, José Alexander Ramírez Jiménez, ambos supervisores de obra del Asocio Supervisor CHC NORCONTROL. A estos últimos tres se les procesa por falsedad ideológica y complicidad en el delito de estafa agravada.
Además, Guillermo Rafael Alfaro García, René Arturo Portillo Montalvo y Herbert Leonel Perdomo Ulloa, representantes de la entidades ADVANCED TECHNOLOGY, PROYECTOS Y VENTAS S.A. de C.V. (PROVENSA) Y MATERIALES TÉCNICOS S.A. de C.V. Y CPK CONSULTORES S.A. de C.V. son acusados falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública. Igualmente están acusados de complicidad necesaria en el delito de estafa agravada. El resto de acusados son procesados por delitos similares.
Datos del requerimiento fiscal señalan que el 21 de mayo de 2010 se recibió una denuncia escrita en la que se manifestaba la suscripción entre la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un préstamo millonario para finanaciar un proyecto de reconstrucción de siete hospitales, incluido el Hospital Santa Teresa en Zacatecoluca, los cuales fueron dañados por los terremotos de 2001.
Dentro del contrato se hizo una aprobación para ejecutar obras relacionadas con la especialidad de vapor, electricidad, gases médicos, aire acondicionado, ascensores y señales débiles, todo esto incluido en el contrato de diversos rubros.
“El equipo se pagará conforme al arribo al sitio, instalación y recepción satisfactoria de los equipos propios del inmueble, previo visto bueno del Gerente de Obras. La relación de pagos será del 70% por arribo al sitio, 20% contra montaje e instalación y el restante 10% contra la puesta en operación de dichos equipos, después de las pruebas, ajustes y calibraciones”, señalaba el mencionado contrato. Dentro del mismo hubo varias concesiones entre los imputados y sus empresas entre febrero de 2007 hasta abril de 2009.
Aparentemente Maza Brizuela usurpó arbitrariamente las funciones del “Gerente de Obras”, lo que trajo como consecuencia el daño en los bienes del Ministerio. Todo esto conllevó a que durante el tiempo que duró la obra se enriquecieran con la cantidad de más de seis millones de dólares. Luego de las investigaciones, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a los nueve imputados en distintos puntos de la capital.
c.m./Interjust
La jueza, Marta Lilian Villatoro, decretó instrucción formal con medias sustitutivas para Maza Brizuela ya que no se establecieron los extremos procesales para una detención provisional, por lo tanto se decretó instrucción formal con medidas sustitutivas tales como no salir del país y la presentación cada 15 días al Juzgado 2º de Instrucción, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias e inmuebles.
La suscrita también decretó instrucción formal con detención provisional para el ex-director de la Policía Nacional Civil (PNC), César Rolando García Herrera, debido a que el imputado está vinculado a los delitos de falsedad documental agravada y complicidad necesaria en el delito de estafa agravada.
Aparentemente, el acusado ya sabía sobre el comportamiento corporativo; además, de decretar la notación de los inmuebles.
De igual forma para el resto de los acusados se les decretó instrucción formal con medidas sustitutivas tales como presentarse cada 15 días al Juzgado 2º de Instrucción y no salir del país. Sin embargo, Arturo Ernesto López Mejía deberá cancelar una caución económica de 10 mil dólares; e, igualmente, Manuel Eduardo Coronado Paíz (ausente) deberá pagar una suma de 100 mil.
La juzgadora, asimismo, decretó instrucción formal con detención provisional para Gerardo Enrique Pineda, acusado de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos, además de girarle órdenes de captura y la inmovilización de sus cuentas bancarias en el sistema financiero. Para José Alexander Ramírez Jiménez decretó instrucción formal sin ninguna medida, ya que cuandoósus labores, ya se había acaecido la referida situación.
Maza Brizuela es acusado de actos arbitrarios en concurso ideal con el delito de negociaciones ilícitas; César Rolando García Herrera por falsedad documental agravada y por complicidad necesaria en el delito de estafa agravada.
Roberto Oswaldo Salazar Martínez, quien fungía como representante legal de la Sociedad Roberto Salazar y Asociados Ingenieros Consultores S.A. de C.V.; José Mauricio Serrano Martínez, José Alexander Ramírez Jiménez, ambos supervisores de obra del Asocio Supervisor CHC NORCONTROL. A estos últimos tres se les procesa por falsedad ideológica y complicidad en el delito de estafa agravada.
Además, Guillermo Rafael Alfaro García, René Arturo Portillo Montalvo y Herbert Leonel Perdomo Ulloa, representantes de la entidades ADVANCED TECHNOLOGY, PROYECTOS Y VENTAS S.A. de C.V. (PROVENSA) Y MATERIALES TÉCNICOS S.A. de C.V. Y CPK CONSULTORES S.A. de C.V. son acusados falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública. Igualmente están acusados de complicidad necesaria en el delito de estafa agravada. El resto de acusados son procesados por delitos similares.
Datos del requerimiento fiscal señalan que el 21 de mayo de 2010 se recibió una denuncia escrita en la que se manifestaba la suscripción entre la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un préstamo millonario para finanaciar un proyecto de reconstrucción de siete hospitales, incluido el Hospital Santa Teresa en Zacatecoluca, los cuales fueron dañados por los terremotos de 2001.
Dentro del contrato se hizo una aprobación para ejecutar obras relacionadas con la especialidad de vapor, electricidad, gases médicos, aire acondicionado, ascensores y señales débiles, todo esto incluido en el contrato de diversos rubros.
“El equipo se pagará conforme al arribo al sitio, instalación y recepción satisfactoria de los equipos propios del inmueble, previo visto bueno del Gerente de Obras. La relación de pagos será del 70% por arribo al sitio, 20% contra montaje e instalación y el restante 10% contra la puesta en operación de dichos equipos, después de las pruebas, ajustes y calibraciones”, señalaba el mencionado contrato. Dentro del mismo hubo varias concesiones entre los imputados y sus empresas entre febrero de 2007 hasta abril de 2009.
Aparentemente Maza Brizuela usurpó arbitrariamente las funciones del “Gerente de Obras”, lo que trajo como consecuencia el daño en los bienes del Ministerio. Todo esto conllevó a que durante el tiempo que duró la obra se enriquecieran con la cantidad de más de seis millones de dólares. Luego de las investigaciones, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a los nueve imputados en distintos puntos de la capital.
c.m./Interjust
CONSIGNAN IMPUTADO POR HOMICIDIO EN TAXISTA
SAN SALVADOR, 09 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 7º de paz recibió este sábado requerimiento fiscal contra el imputado presente Erick David León López, de 19 años, procesado por el ilícito de homicidio simple en la humanidad de Lázaro Granados Castillo, de 58.
El crimen se registró el pasado 6 de abril del presente año a eso de las 5:20 p.m., cerca de la calle República Federal de Alemania, en la colonia 5 de Noviembre. Según versiones, el imputado se le acercó a la víctima y, sin motivo aparente, le disparó a quemarropa varias veces. El ahora occiso se desempeñaba como taxista en la zona y esperaba a por un cliente cuando fue atacado.
Unos militares que se transportaban en un camión escucharon varias detonaciones y se percataron que un sujeto corría en dirección hacia los condominios Pinos del Norte, que están ubicados sobre la carretera Troncal del Norte. De igual manera a la persecución se unieron unos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes detuvieron a León López.
La audiencia inicial quedó señalada para las 10:30 a.m. de este 11 de abril y la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a la jueza, Alba Gladys Salamanca, decretar instrucción formal con detención provisional.
c.m./Interjust
El crimen se registró el pasado 6 de abril del presente año a eso de las 5:20 p.m., cerca de la calle República Federal de Alemania, en la colonia 5 de Noviembre. Según versiones, el imputado se le acercó a la víctima y, sin motivo aparente, le disparó a quemarropa varias veces. El ahora occiso se desempeñaba como taxista en la zona y esperaba a por un cliente cuando fue atacado.
Unos militares que se transportaban en un camión escucharon varias detonaciones y se percataron que un sujeto corría en dirección hacia los condominios Pinos del Norte, que están ubicados sobre la carretera Troncal del Norte. De igual manera a la persecución se unieron unos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes detuvieron a León López.
La audiencia inicial quedó señalada para las 10:30 a.m. de este 11 de abril y la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a la jueza, Alba Gladys Salamanca, decretar instrucción formal con detención provisional.
c.m./Interjust
PREVEN PRÓXIMO LUNES ALEGATO FINALES CASO OBC
SAN SALVADOR, 09 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal 5° de Sentencia continuara el próximo lunes 11 de abril la vista publica contra el ex presidente de la Sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica y Casa Corredora de Bolsas OBC, S.A. de C.V., Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, por el delito de Defraudación a la Economía Publica en perjuicio de más de 100 personas.
Se prevé que el lunes inicien los alegatos finales de las partes que intervienen en este proceso.
El Tribunal dio un receso el viernes para continuar el próximo lunes para que la representación fiscal, la querella, así como la defensa del imputado corroboren la existencia de la prueba documental para que luego se incorpore al proceso.
En lo que va del proceso, han sido un total de 101 testigos los que declararon en el juicio, entre ellos 88 víctimas, así como ex empleados de OBC, peritos, empleados de la Superintendencia de Valores y empleados de la Central de Depósitos y Valores (CEDEVAL).
En junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas por lo que estuvo bajo arresto domiciliar.
Sin embargo, al no cumplir con los acuerdos conciliatorios, Villatoro es recapturado el 11 de febrero de este año, donde fue enviado al centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
Villatoro era el presidente de la sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) y la casa corredora de Bolsas OBC cuando supuestamente cometió el delito.
Según la Fiscalía, desde 1999 al 2004, se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil no registradas en los sistemas de información contable de OBC. Asimismo, se encontraron depósitos de dinero por cheques por 304,144.93 dólares realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada.
Supuestamente existió captación y apropiación ilegal de fondos del público bajo la figura de realizar actividad bursátil legitima. El monto se aproxima a los ocho millones de dólares.
r.t./Interjust
Se prevé que el lunes inicien los alegatos finales de las partes que intervienen en este proceso.
El Tribunal dio un receso el viernes para continuar el próximo lunes para que la representación fiscal, la querella, así como la defensa del imputado corroboren la existencia de la prueba documental para que luego se incorpore al proceso.
En lo que va del proceso, han sido un total de 101 testigos los que declararon en el juicio, entre ellos 88 víctimas, así como ex empleados de OBC, peritos, empleados de la Superintendencia de Valores y empleados de la Central de Depósitos y Valores (CEDEVAL).
En junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas por lo que estuvo bajo arresto domiciliar.
Sin embargo, al no cumplir con los acuerdos conciliatorios, Villatoro es recapturado el 11 de febrero de este año, donde fue enviado al centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
Villatoro era el presidente de la sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) y la casa corredora de Bolsas OBC cuando supuestamente cometió el delito.
Según la Fiscalía, desde 1999 al 2004, se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil no registradas en los sistemas de información contable de OBC. Asimismo, se encontraron depósitos de dinero por cheques por 304,144.93 dólares realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada.
Supuestamente existió captación y apropiación ilegal de fondos del público bajo la figura de realizar actividad bursátil legitima. El monto se aproxima a los ocho millones de dólares.
r.t./Interjust
viernes, 8 de abril de 2011
PAUTA PARA ESTE SÁBADO 9 Y LUNES 11 DE ABRIL 2011
1) El Juzgado 2° de Paz desarrollará este sábado audiencia inicial contra el ex ministro de Salud y ocho imputados. 8:30 a.m. Lugar: Sala 4-“B”. El delegado será Carlos Merino.
2) El Tribunal 5º de Sentencia continuará el lunes próximo con la vista pública del caso OBC sala 3-“B”, 9:00 a.m. y la asignada es Rina Teos.
3) El Juzgado 5° de Instrucción desarrollará audiencia preliminar contra 15 imputados por el caso de estafa, encubrimiento, receptación, falsedad ideológica y otros en el caso de una banda. Sala 3-“D”. 9:00 a.m. La asignada es Karina Cuadra.
Los juzgados en turno serán: 6º, 7º y 8º de Paz, y el 1º de Menores.
2) El Tribunal 5º de Sentencia continuará el lunes próximo con la vista pública del caso OBC sala 3-“B”, 9:00 a.m. y la asignada es Rina Teos.
3) El Juzgado 5° de Instrucción desarrollará audiencia preliminar contra 15 imputados por el caso de estafa, encubrimiento, receptación, falsedad ideológica y otros en el caso de una banda. Sala 3-“D”. 9:00 a.m. La asignada es Karina Cuadra.
Los juzgados en turno serán: 6º, 7º y 8º de Paz, y el 1º de Menores.
JUZGADO INSTALARÁ AUDIENCIA CONTRA EX-MINISTRO DE SALUD Y OTROS POR CORRUPCIÓN
SAN SALVADOR, 8 ABRIL DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 2º de Paz desarrollará este sábado, a las 8:30 a.m., audiencia inicial contra el ex-Ministro de Salud, José Guillermo Maza Brizuela y ocho imputados presentes más seis ausentes, procesados por delitos relacionados en perjuicio del patrimonio estatal representado en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Maza Brizuela es acusado de actos arbitrarios en concurso ideal con el delito de negociaciones ilícitas; César Rolando García Herrera por falsedad documental agravada y por complicidad necesaria en el delito de estafa agravada.
Por el delito de falsedad ideológica y complicidad en el delito de estafa agravada son procesados Roberto Oswaldo Salazar Martínez, quien fungía como representante legal de la Sociedad Roberto Salazar y Asociados Ingenieros Consultores S.A. de C.V.; José Mauricio Serrano Martínez, y José Alexander Ramírez Jiménez, ambos supervisores de obra del Asocio Supervisor CHC NORCONTROL.
Además, Guillermo Rafael Alfaro García, René Arturo Portillo Montalvo y Herbert Leonel Perdomo Ulloa, representantes de las entidades ADVANCED TECHNOLOGY, PROYECTOS y VENTAS S.A. de C.V. (PROVENSA) y MATERIALES TÉCNICOS S.A. de C.V. Y CPK CONSULTORES S.A. de C.V. son acusados falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública. Igualmente están acusados de complicidad necesaria en el delito de estafa agravada. El resto de acusados son procesados por delitos similares.
Datos del requerimiento fiscal señalan que el 21 de mayo de 2010 recibieron una denuncia escrita en la que se manifestaba la suscripción entre la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de un préstamo millonario para financiar un proyecto de reconstrucción de siete hospitales, incluido el Hospital Santa Teresa en Zacatecoluca, los cuales fueron dañados por los terremotos de 2001.
Dentro del contrato se hizo una aprobación para ejecutar obras relacionadas con la especialidad de vapor, electricidad, gases médicos, aire acondicionado, ascensores y señales débiles, todo esto incluido en el contrato de diversos rubros.
“El equipo se pagará conforme al arribo al sitio, instalación y recepción satisfactoria de los equipos propios del inmueble, previo visto bueno del Gerente de Obras. La relación de pagos será del 70% por arribo al sitio, 20% contra montaje e instalación y el restante 10% contra la puesta en operación de dichos equipos, después de las pruebas, ajustes y calibraciones”, señalaba el mencionado contrato.
Dentro del mismo hubo varias concesiones entre los imputados y sus empresas entre febrero de 2007 hasta abril de 2009.
Aparentemente, Maza Brizuela usurpó arbitrariamente las funciones del “Gerente de Obras”, lo que trajo como consecuencia el daño en los bienes del Ministerio de Salud.
Todo esto conllevó a que durante el tiempo que duró la obra se enriquecieran con la cantidad de más de seis millones de dólares. Luego de las investigaciones, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a los nueve imputados en distintos puntos de la capital, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la jueza, Marta Lilian Villatoro, decretar instrucción formal con detención provisional.
c.m./Interjust
Maza Brizuela es acusado de actos arbitrarios en concurso ideal con el delito de negociaciones ilícitas; César Rolando García Herrera por falsedad documental agravada y por complicidad necesaria en el delito de estafa agravada.
Por el delito de falsedad ideológica y complicidad en el delito de estafa agravada son procesados Roberto Oswaldo Salazar Martínez, quien fungía como representante legal de la Sociedad Roberto Salazar y Asociados Ingenieros Consultores S.A. de C.V.; José Mauricio Serrano Martínez, y José Alexander Ramírez Jiménez, ambos supervisores de obra del Asocio Supervisor CHC NORCONTROL.
Además, Guillermo Rafael Alfaro García, René Arturo Portillo Montalvo y Herbert Leonel Perdomo Ulloa, representantes de las entidades ADVANCED TECHNOLOGY, PROYECTOS y VENTAS S.A. de C.V. (PROVENSA) y MATERIALES TÉCNICOS S.A. de C.V. Y CPK CONSULTORES S.A. de C.V. son acusados falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública. Igualmente están acusados de complicidad necesaria en el delito de estafa agravada. El resto de acusados son procesados por delitos similares.
Datos del requerimiento fiscal señalan que el 21 de mayo de 2010 recibieron una denuncia escrita en la que se manifestaba la suscripción entre la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de un préstamo millonario para financiar un proyecto de reconstrucción de siete hospitales, incluido el Hospital Santa Teresa en Zacatecoluca, los cuales fueron dañados por los terremotos de 2001.
Dentro del contrato se hizo una aprobación para ejecutar obras relacionadas con la especialidad de vapor, electricidad, gases médicos, aire acondicionado, ascensores y señales débiles, todo esto incluido en el contrato de diversos rubros.
“El equipo se pagará conforme al arribo al sitio, instalación y recepción satisfactoria de los equipos propios del inmueble, previo visto bueno del Gerente de Obras. La relación de pagos será del 70% por arribo al sitio, 20% contra montaje e instalación y el restante 10% contra la puesta en operación de dichos equipos, después de las pruebas, ajustes y calibraciones”, señalaba el mencionado contrato.
Dentro del mismo hubo varias concesiones entre los imputados y sus empresas entre febrero de 2007 hasta abril de 2009.
Aparentemente, Maza Brizuela usurpó arbitrariamente las funciones del “Gerente de Obras”, lo que trajo como consecuencia el daño en los bienes del Ministerio de Salud.
Todo esto conllevó a que durante el tiempo que duró la obra se enriquecieran con la cantidad de más de seis millones de dólares. Luego de las investigaciones, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a los nueve imputados en distintos puntos de la capital, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la jueza, Marta Lilian Villatoro, decretar instrucción formal con detención provisional.
c.m./Interjust
JUZGADO REALIZARÁ AUDIENCIA PRELIMINAR CONTRA 15 IMPUTADOS POR ESTAFA DE VEHICULOS
SAN SALVADOR, 8 DE ABRIL DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción realizará el próximo lunes a las 9 a.m. audiencia preliminar contra 15 imputados vinculados a una supuesta banda relacionada con estafas de vehículos.
El juez Samuel Lizama ha citado a las partes procesales para que presenten las pruebas a favor y en contra de los implicados; algunos se encuentran con detención provisional, otros con medidas sustitutivas, mientras que el resto con orden de captura.
La Fiscalía General de la República (FGR) presenta como imputados en el dictamen de acusación a: Guillermo Adolfo Bustillo Stanley, José Rodrigo Cabreras Novales, Juan Carlos Lima, Napoleón Segundo Renderos Sermeño, Reynaldo Javier López Francia, Arturo Alexander Monterrosa Rivera, Jaime Julio Torres Aparicio y Moris Eduardo Galán Cabrera.
También están implicados Walter Eduardo García Ortega, Giovani Antonio Rivera Galvez, José Orlando Rivera Galvez, Adrian de Jesús Rivera Galvez, Nefi Antonio Galdámez Méndez, Mario Alberto Reyes Velado y Carlos Emilio Surio González, a quienes se les imputan los delitos de estafa, encubrimiento, receptación, falsedad ideológica con agravación especial, falsificación de señas y marcas, fraude procesal, tráfico de influencias, cohecho activo, denuncia o acusación calumniosa, actos arbitrarios, uso y tenencia de documentos falsos y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la fe pública, la administración pública, la administración de justicia y tres personas.
Según las investigaciones, los hechos sucedieron entre el año 2005 y 2008, cuando supuestamente los imputados se dedicaban a comprar vehículos dañados en los Estados Unidos, repararlos y posteriormente venderlos. Algunos de los automotores fueron retenidos por la policía, quienes realizaron diferentes análisis, donde se comprobó que había alteraciones de los números de seriales de motor y chasis.
El Ministerio Público pide al juez decretar apertura a juicio en el caso.
k.c./Interjust
El juez Samuel Lizama ha citado a las partes procesales para que presenten las pruebas a favor y en contra de los implicados; algunos se encuentran con detención provisional, otros con medidas sustitutivas, mientras que el resto con orden de captura.
La Fiscalía General de la República (FGR) presenta como imputados en el dictamen de acusación a: Guillermo Adolfo Bustillo Stanley, José Rodrigo Cabreras Novales, Juan Carlos Lima, Napoleón Segundo Renderos Sermeño, Reynaldo Javier López Francia, Arturo Alexander Monterrosa Rivera, Jaime Julio Torres Aparicio y Moris Eduardo Galán Cabrera.
También están implicados Walter Eduardo García Ortega, Giovani Antonio Rivera Galvez, José Orlando Rivera Galvez, Adrian de Jesús Rivera Galvez, Nefi Antonio Galdámez Méndez, Mario Alberto Reyes Velado y Carlos Emilio Surio González, a quienes se les imputan los delitos de estafa, encubrimiento, receptación, falsedad ideológica con agravación especial, falsificación de señas y marcas, fraude procesal, tráfico de influencias, cohecho activo, denuncia o acusación calumniosa, actos arbitrarios, uso y tenencia de documentos falsos y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la fe pública, la administración pública, la administración de justicia y tres personas.
Según las investigaciones, los hechos sucedieron entre el año 2005 y 2008, cuando supuestamente los imputados se dedicaban a comprar vehículos dañados en los Estados Unidos, repararlos y posteriormente venderlos. Algunos de los automotores fueron retenidos por la policía, quienes realizaron diferentes análisis, donde se comprobó que había alteraciones de los números de seriales de motor y chasis.
El Ministerio Público pide al juez decretar apertura a juicio en el caso.
k.c./Interjust
REPROGRAMAN AUDIENCIA CONTRA CINCO PERSONAS POR ESTAFA EN 139 VÍCTIMAS
SAN SALVADOR, 8 DE ABRIL DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción suspendió este viernes audiencia preliminar contra cinco imputados procesados por el delito de estafa agravada debido a que un número considerable de víctimas, de las 139 que constan en el proceso, no presentaron los documentos originales.
En este caso se procesa también a Ana Ruth González Cruz, Susie Filomena Cruz Lara, y Carlos Alberto González Magaña, quienes se encuentran prófugos desde el 19 de agosto de 2010 cuando el Juzgado 5° de Paz decretó detención provisional, mediante vista del requerimiento.
La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) detalla que los hechos sucedieron en diferentes fechas de los años 2006 al 2008, cuando las víctimas se enteraron a través de promotores, panfletos y un anuncio en el periódico que en la empresa TRABAJADORES INDUSTRIALES SALVADORENOS ubicada en Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa y Pasaje María Magdalena, Local 3450, Edificio Roosevelt, necesitaban trabajadores para laborar en los Estados Unidos en diferentes ocupaciones.
La investigación revela que el trámite costó tres mil dólares que las víctimas pagaron en cuotas, cancelaron 35 dólares en concepto de asesoría y 200 para la realización de exámenes médicos, cantidades que eran entregadas a Ana Ruth González, Karla Cristina Méndez de Flamenco y Carlos Alberto González Magaña, quienes laboraban en calidad de representantes de la empresa.
En diferentes fechas del año 2007, los indiciados hablaron a las víctimas para informarles que sus contratos de trabajo fueron aprobados por los dueños de las empresas donde laborarían pero debían cancelar 750 dólares más para arreglar la visa de trabajo en la embajada, los convocaron a otra reunión y les manifestaron que debían entregar las escrituras de su casa como garantía que regresarían al país, además les solicitaban firmar un documento que supuestamente era el contrato con el que viajarían a trabajar, especificándose en el mismo que ganarían la cantidad de seis dólares por hora.
Según las víctimas a pesar de haber pagado, les daban excusas de la paralización del trámite, hasta que la oficina cerró, sin proporcionarles ninguna explicación.
La embajada de los Estados Unidos de América informó a la fiscalía que las compañías C.B. Intercontinental Services El Salvador y Trabajadores Industriales Salvadoreños, no tienen autorización para realizar o gestionar negocios en la embajada y no están autorizadas para tramitar visas de trabajo u otro tipo de permisos.
El Ministerio Público ha pedido al juez que ordene apertura a juicio en el proceso.
k.c./Interjust
En este caso se procesa también a Ana Ruth González Cruz, Susie Filomena Cruz Lara, y Carlos Alberto González Magaña, quienes se encuentran prófugos desde el 19 de agosto de 2010 cuando el Juzgado 5° de Paz decretó detención provisional, mediante vista del requerimiento.
La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) detalla que los hechos sucedieron en diferentes fechas de los años 2006 al 2008, cuando las víctimas se enteraron a través de promotores, panfletos y un anuncio en el periódico que en la empresa TRABAJADORES INDUSTRIALES SALVADORENOS ubicada en Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa y Pasaje María Magdalena, Local 3450, Edificio Roosevelt, necesitaban trabajadores para laborar en los Estados Unidos en diferentes ocupaciones.
La investigación revela que el trámite costó tres mil dólares que las víctimas pagaron en cuotas, cancelaron 35 dólares en concepto de asesoría y 200 para la realización de exámenes médicos, cantidades que eran entregadas a Ana Ruth González, Karla Cristina Méndez de Flamenco y Carlos Alberto González Magaña, quienes laboraban en calidad de representantes de la empresa.
En diferentes fechas del año 2007, los indiciados hablaron a las víctimas para informarles que sus contratos de trabajo fueron aprobados por los dueños de las empresas donde laborarían pero debían cancelar 750 dólares más para arreglar la visa de trabajo en la embajada, los convocaron a otra reunión y les manifestaron que debían entregar las escrituras de su casa como garantía que regresarían al país, además les solicitaban firmar un documento que supuestamente era el contrato con el que viajarían a trabajar, especificándose en el mismo que ganarían la cantidad de seis dólares por hora.
Según las víctimas a pesar de haber pagado, les daban excusas de la paralización del trámite, hasta que la oficina cerró, sin proporcionarles ninguna explicación.
La embajada de los Estados Unidos de América informó a la fiscalía que las compañías C.B. Intercontinental Services El Salvador y Trabajadores Industriales Salvadoreños, no tienen autorización para realizar o gestionar negocios en la embajada y no están autorizadas para tramitar visas de trabajo u otro tipo de permisos.
El Ministerio Público ha pedido al juez que ordene apertura a juicio en el proceso.
k.c./Interjust
jueves, 7 de abril de 2011
JUZGADO ORDENA JUICIO CONTRA REYNERIO Y SU ESPOSA POR TRÁFICO DE DROGAS
SAN SALVADOR, 7 DE ABRIL 2011 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción ordenó enviar a juicio el proceso contra Reynerio de Jesús Flores Lazo y su esposa Deysi Araceli Fuentes Cruz por los delitos de Actos Preparatorios para realizar el delito de tráfico ilícito de drogas en cinco casos en perjuicio de la salud pública.
El juez Samuel Lizama admitió la prueba de la intervención telefónica, análisis financieros de las cuentas de los imputados y pruebas físico químicas presentadas por la Fiscalía. Reynerio continuará en prisión en el Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca y su esposa en el Centro Penal de San Miguel.
A Flores Lazo se le atribuyen un total de ocho delitos vinculados al tráfico de drogas en vehículos y furgones donde encontraron 3 mil kilogramos de cocaína. El juez también envió a juicio al imputado por el delito de contrabando de mercadería y dos casos de ocultamiento, falsificación o destrucción de información tributaria, en perjuicio de la hacienda pública.
En su dictamen de acusación, la Fiscalía vincula a los imputados con diferentes hechos sucedidos en los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano; pero la investigación detalla que el salvadoreño Flores Lazo traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua. El imputado habría utilizado tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
Reynerio Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien sostuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína hacia Costa Rica, en febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Las autoridades han investigado cinco decomisos vinculados al imputado Flores Lazo, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kg de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril de 2004 en la frontera Peñas Blancas, Costa Rica donde incautaron 188 kg de cocaína.
El tercer hecho se dio el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua con un decomiso de 1,105 kg de cocaína; en este caso, seis empleados de Reynerio Flores fueron detenidos. El cuarto caso ocurrió el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas, Costa Rica al detectar una rastra con 219 kg. de cocaína y finalmente el quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua en el cual fueron decomisados 1,328 kg de cocaína.
Además, la FGR maneja como base de su acusación el peritaje fiscal y financiero realizado por peritos contables en la documentación secuestrada a lo largo de la investigación. En su análisis, la FGR señala que los imputados manejaron millonarias sumas de dinero en sus cuentas personales, las cuales no tendrían una justificación real. Es decir, un origen ilícito, cuestionado por la Fiscalía y relacionado directamente con el tráfico y transporte de droga a nivel centroamericano.
Deysi Araceli Fuentes Cruz fue detenida en San Miguel el 11 de marzo de 2008. La imputada cumple una condena de tres años de prisión impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Unión. Mientras que Flores Lazo logró burlar un operativo policial conjunto ese mismo día en el predio donde funcionaba la empresa “Transportes de Jesús”, en Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2009, Reynerio de Jesús Flores Lazo fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en La Granja, Tegucigalpa, Honduras. El imputado adujo al momento de su captura que era ciudadano hondureño. Sin embargo la república de Honduras ordenó su deportación a El Salvador.
El proceso será enviado a un Tribunal de Sentencia que realizará la vista pública próximamente.
k.c./Interjust
CONDENAN A 26 AÑOS A VIOLADOR DE SU HIJASTRA
SAN SALVADOR, 7 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal 1° de Sentencia condenó este miércoles a 26 años con 8 meses de prisión a Wilfredo Jacinto Olmedo por el delito de violación en menor e incapaz agravada continuada en perjuicio de su hijastra, de siete años de edad.
Los jueces emitieron su condena basados en la prueba pericial y documental, así como el testimonio de la víctima y la madre de ésta.
Información del expediente judicial señalan que el hecho ocurrió a partir de febrero de 2010, cuando cada vez que la madre de la menor salía de la casa, el hombre sometía a su hijastra a abuso sexual a la vez que la amenazaba con matar a su mamá y a su hermanito si relataba lo que sucedía. “El siempre me amenazaba que si no hacía lo que él quería me iba a matar”, señaló la menor.
Durante la declaración, la madre de la menor manifestó que “cuando la niña me contó, yo le pregunte a él si era cierto. Al principio me lo negó, pero luego me dijo que era cierto, pero no era así como decía la niña”.
El hombre tendrá que pagar su condena en la Penitenciaría Central “La Esperanza”, de San Luis Mariona.
r.t./Interjust
Los jueces emitieron su condena basados en la prueba pericial y documental, así como el testimonio de la víctima y la madre de ésta.
Información del expediente judicial señalan que el hecho ocurrió a partir de febrero de 2010, cuando cada vez que la madre de la menor salía de la casa, el hombre sometía a su hijastra a abuso sexual a la vez que la amenazaba con matar a su mamá y a su hermanito si relataba lo que sucedía. “El siempre me amenazaba que si no hacía lo que él quería me iba a matar”, señaló la menor.
Durante la declaración, la madre de la menor manifestó que “cuando la niña me contó, yo le pregunte a él si era cierto. Al principio me lo negó, pero luego me dijo que era cierto, pero no era así como decía la niña”.
El hombre tendrá que pagar su condena en la Penitenciaría Central “La Esperanza”, de San Luis Mariona.
r.t./Interjust
CONDENAN A 25 AÑOS A HOMBRE QUE VIOLÓ A MENOR EN UN CENTRO COMERCIAL
SAN SALVADOR, 7 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal 6° de Sentencia condenó este miércoles a 25 años de prisión a Mauricio Edgardo Mendoza por los delitos de violación en menor e incapaz y agresión sexual, en perjuicio de un menor de edad.
Los jueces basaron su condena en el testimonio de la víctima, la cual fue corroborada con la prueba pericial y documental.
Según información del expediente judicial, el hecho ocurrió en junio de 2010, cuando el menor salió a vender golosinas e ingresó a los sanitarios del Centro Comercial Hiper Paiz, ubicado en el municipio de Soyapango.
El menor relató ante los jueces que “cuando yo iba saliendo del baño un hombre me haló de la camisa y me violó por unos diez minutos. Hasta que llegó un vigilante del Hiper logré salir”, dijo el niño con voz quebrantada.
Con lágrimas en su rostro también declaró la madre de la víctima, quien manifestó “el niño no me quería contar nada. Fue el doctor de Medicina Legal quien me dijo que al niño me lo habían violado”.
Antes de salir de la sala de audiencia, el niño reclamó: “yo pido justicia porque si lo dejan libre, va a volver hacer lo que me hizo a mí”.
r.t./Interjust
LA PAUTA JUDICIAL PARA ESTE 8 DE ABRIL ES LA SIGUIENTE:
1) El Juzgado 10º de Instrucción realizará una audiencia preliminar por actos arbitrarios. 10:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
2) El Juzgado 5° de Instrucción realizará audiencia preliminar por estafa en perjuicio de 139 víctimas. 9:00 a.m. La asignada es Karina Cuadra.
3) Los juzgados en turno serán: 6º de Paz y 1º de Menores.
2) El Juzgado 5° de Instrucción realizará audiencia preliminar por estafa en perjuicio de 139 víctimas. 9:00 a.m. La asignada es Karina Cuadra.
3) Los juzgados en turno serán: 6º de Paz y 1º de Menores.
MAÑANA AUDIENCIA CONTRA 5 PERSONAS POR ESTAFA EN 139 VÍCTIMAS
SAN SALVADOR, 7 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción realizará mañana a las 9 a.m. audiencia preliminar contra cinco imputados procesados por el delito de estafa agravada en perjuicio de 139 víctimas, a quienes ofrecieron trabajo en los Estados Unidos.
Según el dictamen de acusación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados son: Karla Cristina Méndez de Flamenco, Ana Ruth González Cruz, Susie Filomena Cruz Lara, José Rubén Granadeño Serrano y Carlos Alberto González Magaña.
La acusación detalla que los hechos sucedieron en diferentes fechas de los años 2006 al 2008, cuando las víctimas se enteraron a través de promotores, panfletos y un anuncio en el periódico que en la empresa TRABAJADORES INDUSTRIALES SALVADORENOS, ubicada en Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa y Pasaje María Magdalena, Local 3450, Edificio Roosevelt, necesitaban trabajadores para laborar en los Estados Unidos en diferentes ocupaciones.
La investigación revela que el trámite costó tres mil dólares que las víctimas pagaron en cuotas, cancelaron 35 dólares en concepto de asesoría y doscientos más para la realización de exámenes médicos. Todas las cantidades fueron entregadas a Ana Ruth González, Karla Cristina Méndez de Flamenco y Carlos Alberto González Magaña, quienes laboraban en calidad de representantes de la empresa.
En diferentes fechas del año 2007, los indiciados hablaron a las víctimas para informarles que sus contratos de trabajo fueron aprobados por los dueños de las empresas donde laborarían; pero debían cancelar 750 dólares más para arreglar la visa de trabajo en la embajada.
Así los convocaron a otra reunión y les manifestaron que debían entregar las escrituras de su casa como garantía de que regresarían al país; además, les solicitaban firmar un documento que supuestamente era el contrato con el que viajarían a trabajar, especificándose en el mismo que ganarían la cantidad de seis dólares por hora.
Las víctimas manifiestan que, a pesar de haber pagado, les daban excusas de la paralización del trámite, hasta que la oficina cerró, sin proporcionarles ninguna explicación.
La embajada de los Estados Unidos de América informó a la Fiscalía que las compañías C.B. Intercontinental Services El Salvador y Trabajadores Industriales Salvadoreños, no tienen autorización para realizar o gestionar negocios en la sede diplomática y no están autorizadas para tramitar visas de trabajo u otro tipo de permisos.
La audiencia inicial en este proceso la realizó el Juzgado 5° de Paz el 19 de agosto de 2010 y se decretó instrucción formal con medidas cautelares para Karla Méndez de Flamenco, mientras que para el resto de los implicados se decretó mediante vista del requerimiento, detención provisional.
El Ministerio Público ha pedido al juez que ordene apertura a juicio en el proceso.
k.c./Interjust
Según el dictamen de acusación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados son: Karla Cristina Méndez de Flamenco, Ana Ruth González Cruz, Susie Filomena Cruz Lara, José Rubén Granadeño Serrano y Carlos Alberto González Magaña.
La acusación detalla que los hechos sucedieron en diferentes fechas de los años 2006 al 2008, cuando las víctimas se enteraron a través de promotores, panfletos y un anuncio en el periódico que en la empresa TRABAJADORES INDUSTRIALES SALVADORENOS, ubicada en Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa y Pasaje María Magdalena, Local 3450, Edificio Roosevelt, necesitaban trabajadores para laborar en los Estados Unidos en diferentes ocupaciones.
La investigación revela que el trámite costó tres mil dólares que las víctimas pagaron en cuotas, cancelaron 35 dólares en concepto de asesoría y doscientos más para la realización de exámenes médicos. Todas las cantidades fueron entregadas a Ana Ruth González, Karla Cristina Méndez de Flamenco y Carlos Alberto González Magaña, quienes laboraban en calidad de representantes de la empresa.
En diferentes fechas del año 2007, los indiciados hablaron a las víctimas para informarles que sus contratos de trabajo fueron aprobados por los dueños de las empresas donde laborarían; pero debían cancelar 750 dólares más para arreglar la visa de trabajo en la embajada.
Así los convocaron a otra reunión y les manifestaron que debían entregar las escrituras de su casa como garantía de que regresarían al país; además, les solicitaban firmar un documento que supuestamente era el contrato con el que viajarían a trabajar, especificándose en el mismo que ganarían la cantidad de seis dólares por hora.
Las víctimas manifiestan que, a pesar de haber pagado, les daban excusas de la paralización del trámite, hasta que la oficina cerró, sin proporcionarles ninguna explicación.
La embajada de los Estados Unidos de América informó a la Fiscalía que las compañías C.B. Intercontinental Services El Salvador y Trabajadores Industriales Salvadoreños, no tienen autorización para realizar o gestionar negocios en la sede diplomática y no están autorizadas para tramitar visas de trabajo u otro tipo de permisos.
La audiencia inicial en este proceso la realizó el Juzgado 5° de Paz el 19 de agosto de 2010 y se decretó instrucción formal con medidas cautelares para Karla Méndez de Flamenco, mientras que para el resto de los implicados se decretó mediante vista del requerimiento, detención provisional.
El Ministerio Público ha pedido al juez que ordene apertura a juicio en el proceso.
k.c./Interjust
miércoles, 6 de abril de 2011
LA PAUTA JUDICIAL PARA ESTE 7 DE ABRIL ES LA SIGUIENTE:
1) El Juzgado 5º de Instrucción dará lectura a la resolución de la audiencia preliminar de actos preparatorios proposición conspiración y asociaciones ilícitas en tráfico ilícito, contrabando de mercadería y ocultamiento, falsificación o destrucción de informes tributarios. Caso de Reynerio Flores y esposa. 3:00 p.m. y la asignada es Karina Cuadra de Díaz.
2) El Tribunal 1º de Sentencia desarrollará una vista pública por violación agravada. 8:30 a.m., sala 2-“C” y la comisionada es Rina Teos.
3) El Juzgado 2° de Instrucción de Santa Tecla emitirá resolución contra 20 imputados presuntos miembros de la pandilla MS. La hora está por determinar. La asignada es Karla Pineda.
4) Los juzgados en turno serán: 5º de Paz y 1º de Menores.
2) El Tribunal 1º de Sentencia desarrollará una vista pública por violación agravada. 8:30 a.m., sala 2-“C” y la comisionada es Rina Teos.
3) El Juzgado 2° de Instrucción de Santa Tecla emitirá resolución contra 20 imputados presuntos miembros de la pandilla MS. La hora está por determinar. La asignada es Karla Pineda.
4) Los juzgados en turno serán: 5º de Paz y 1º de Menores.
JUZGADO 2° DE INSTRUCCIÓN DE SANTA TECLA INSTALA AUDIENCIA
SAN SALVADOR, 6 ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 2° de Instrucción de Santa Tecla instaló hoy la audiencia preliminar contra 20 imputados procesado por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas en perjuicio de varias víctimas.
La audiencia preliminar, a cargo del juez 2° de Instrucción de Santa Tecla, Lic. Rafael González Núñez, fue instalada con la comparecencia de las partes procesales y los imputados, quienes fueron trasladados desde diferentes centros penales del país a la sala de audiencias 4 “B” del Centro Judicial Isidro Menéndez.
En un primer momento, el juez escuchó el análisis de los hechos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para posteriormente darle paso a los argumentos de la defensa de los imputados.
Según el proceso, los imputados, supuestos miembros de una clica de la Mara Salvatrucha (MS), responden a los nombres de: Jaime Alirio Carpio, Ángel Josué Carpio Díaz, Fermín Hermana Cortéz, Omar Antonio Méndez, Mario de Jesús Alberto López, Alfredo Enrique Barrera, Carlos Alberto Mejía, Hugo Ernesto Miranda, Rafael Antonio Torres, Carlos Mauricio Hércules, Miguel Ángel Escobar, Elsy Elizabeth Martínez, Marta Elizabeth Méndez y Francisco Santos Padilla.
También Manuel Alberto Mejía Garay, Juan Antonio Arias, Jorge Alberto Hernández, Giovanni Alexander Elías, Giovanni Alberto Martínez, Juan Moisés Martínez, Jonás Fernández Zepeda, Juan Carlos Mojica, Carlos Eduardo Flores, Juan Abdul Flores, Mario Antonio Cañas, José Arturo Menjívar, Oscar Armando Zamora y Iboinne Crisia Pérez.
Según datos del proceso, los imputados son vinculados a una serie de hechos delictivos ocurridos desde el año 2005 hasta 2008 en diferentes fechas y municipios del departamento de la Libertad, como Lourdes Colón, Santa Tecla y Talnique.
En uno de los casos la víctima identificada como Marvin Antonio Bonilla, supuesto pandillero de la Mara 18, fue atacada a tiros por varios sujetos de la pandilla MS en la zona de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador, a la altura del Centro Comercial Unicentro, jurisdicción de Lourdes.
Los imputados también estarían vinculados con el hallazgo de un cementerio clandestino encontrado en julio de 2009 en las afueras del municipio Lourdes, Colón, por lo que en el proceso consta la identificación de tres de las seis víctimas ubicadas en el lugar.
La Fiscalía ha ofrecido como prueba al juez 2° de Instrucción de Santa Tecla la declaración de dos personas con criterio de oportunidad denominadas “Isaac” y “Josué”, quienes han narrado la manera de operar de los involucrados. Según las investigaciones, los hechos están siendo ordenados desde el Centro Penal de Ciudad Barrios, en San Miguel.
k.p./Interjust
La audiencia preliminar, a cargo del juez 2° de Instrucción de Santa Tecla, Lic. Rafael González Núñez, fue instalada con la comparecencia de las partes procesales y los imputados, quienes fueron trasladados desde diferentes centros penales del país a la sala de audiencias 4 “B” del Centro Judicial Isidro Menéndez.
En un primer momento, el juez escuchó el análisis de los hechos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para posteriormente darle paso a los argumentos de la defensa de los imputados.
Según el proceso, los imputados, supuestos miembros de una clica de la Mara Salvatrucha (MS), responden a los nombres de: Jaime Alirio Carpio, Ángel Josué Carpio Díaz, Fermín Hermana Cortéz, Omar Antonio Méndez, Mario de Jesús Alberto López, Alfredo Enrique Barrera, Carlos Alberto Mejía, Hugo Ernesto Miranda, Rafael Antonio Torres, Carlos Mauricio Hércules, Miguel Ángel Escobar, Elsy Elizabeth Martínez, Marta Elizabeth Méndez y Francisco Santos Padilla.
También Manuel Alberto Mejía Garay, Juan Antonio Arias, Jorge Alberto Hernández, Giovanni Alexander Elías, Giovanni Alberto Martínez, Juan Moisés Martínez, Jonás Fernández Zepeda, Juan Carlos Mojica, Carlos Eduardo Flores, Juan Abdul Flores, Mario Antonio Cañas, José Arturo Menjívar, Oscar Armando Zamora y Iboinne Crisia Pérez.
Según datos del proceso, los imputados son vinculados a una serie de hechos delictivos ocurridos desde el año 2005 hasta 2008 en diferentes fechas y municipios del departamento de la Libertad, como Lourdes Colón, Santa Tecla y Talnique.
En uno de los casos la víctima identificada como Marvin Antonio Bonilla, supuesto pandillero de la Mara 18, fue atacada a tiros por varios sujetos de la pandilla MS en la zona de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador, a la altura del Centro Comercial Unicentro, jurisdicción de Lourdes.
Los imputados también estarían vinculados con el hallazgo de un cementerio clandestino encontrado en julio de 2009 en las afueras del municipio Lourdes, Colón, por lo que en el proceso consta la identificación de tres de las seis víctimas ubicadas en el lugar.
La Fiscalía ha ofrecido como prueba al juez 2° de Instrucción de Santa Tecla la declaración de dos personas con criterio de oportunidad denominadas “Isaac” y “Josué”, quienes han narrado la manera de operar de los involucrados. Según las investigaciones, los hechos están siendo ordenados desde el Centro Penal de Ciudad Barrios, en San Miguel.
k.p./Interjust
MAÑANA RESOLUCIÓN AUDIENCIA PRELIMINAR CONTRA REYNERIO Y SU ESPOSA
SAN SALVADOR, 6 DE ABRIL 2011 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción dará a conocer mañana Jueves a las 3 de la tarde la resolución de audiencia preliminar realizada contra Reynerio de Jesús Flores Lazo y su esposa Deysi Araceli Fuentes Cruz procesados por los delitos de Actos Preparatorios, Proposición, Conspiración y Asociaciones Ilícitas para cometer el delito de Tráfico Ilícito en perjuicio de la salud pública.
El juez Samuel Lizama ha citado a las partes procesales para dar a conocer su resolución, después de haber escuchado de ellas durante tres días, las pruebas a favor y en contra de los implicados.
A Flores Lazo se le atribuyen un total de ocho delitos vinculados al tráfico de drogas en vehículos y furgones donde encontraron 3 mil kilogramos de cocaína y por contrabando de mercadería y ocultamiento, falsificación o destrucción de información tributaria, en perjuicio de la hacienda pública.
En su dictamen de acusación, la Fiscalía vincula a los imputados con diferentes hechos sucedidos en los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano; pero la investigación detalla que el salvadoreño Flores Lazo traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua.
El imputado habría utilizado tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
Reynerio Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien sostuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína hacia Costa Rica, en febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Las autoridades han investigado cinco decomisos vinculados al imputado Flores Lazo, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kg de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril de 2004 en la frontera Peñas Blancas, Costa Rica donde incautaron 188 kg de cocaína.
El tercer hecho se dio el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua con un decomiso de 1,105 kg de cocaína; en este caso, seis empleados de Reynerio Flores fueron detenidos. El cuarto caso ocurrió el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas, Costa Rica al detectar una rastra con 219 kg. de cocaína y finalmente el quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua en el cual fueron decomisados 1,328 kg de cocaína.
Además, la FGR maneja como base de su acusación el peritaje fiscal y financiero realizado por peritos contables en la documentación secuestrada a lo largo de la investigación. En su análisis, la FGR señala que los imputados manejaron millonarias sumas de dinero en sus cuentas personales, las cuales no tendrían una justificación real. Es decir, un origen ilícito, cuestionado por la fiscalía y relacionado directamente con el tráfico y transporte de droga a nivel centroamericano.
Deysi Araceli Fuentes Cruz fue detenida en San Miguel el 11 de marzo de 2008. La imputada cumple una condena de tres años de prisión impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Unión. Mientras que Flores Lazo logró burlar un operativo policial conjunto ese mismo día en el predio donde funcionaba la empresa “Transportes de Jesús”, en Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2009 Reynerio de Jesús Flores Lazo fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en La Granja, Tegucigalpa, Honduras. El imputado adujo al momento de su captura que era ciudadano hondureño. Sin embargo Honduras ordenó su deportación a El Salvador.
El Ministerio Público pide al Juez ordene apertura a juicio en el proceso contra ambos imputados.
k.c./Interjust
El juez Samuel Lizama ha citado a las partes procesales para dar a conocer su resolución, después de haber escuchado de ellas durante tres días, las pruebas a favor y en contra de los implicados.
A Flores Lazo se le atribuyen un total de ocho delitos vinculados al tráfico de drogas en vehículos y furgones donde encontraron 3 mil kilogramos de cocaína y por contrabando de mercadería y ocultamiento, falsificación o destrucción de información tributaria, en perjuicio de la hacienda pública.
En su dictamen de acusación, la Fiscalía vincula a los imputados con diferentes hechos sucedidos en los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano; pero la investigación detalla que el salvadoreño Flores Lazo traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua.
El imputado habría utilizado tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
Reynerio Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien sostuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína hacia Costa Rica, en febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Las autoridades han investigado cinco decomisos vinculados al imputado Flores Lazo, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kg de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril de 2004 en la frontera Peñas Blancas, Costa Rica donde incautaron 188 kg de cocaína.
El tercer hecho se dio el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua con un decomiso de 1,105 kg de cocaína; en este caso, seis empleados de Reynerio Flores fueron detenidos. El cuarto caso ocurrió el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas, Costa Rica al detectar una rastra con 219 kg. de cocaína y finalmente el quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua en el cual fueron decomisados 1,328 kg de cocaína.
Además, la FGR maneja como base de su acusación el peritaje fiscal y financiero realizado por peritos contables en la documentación secuestrada a lo largo de la investigación. En su análisis, la FGR señala que los imputados manejaron millonarias sumas de dinero en sus cuentas personales, las cuales no tendrían una justificación real. Es decir, un origen ilícito, cuestionado por la fiscalía y relacionado directamente con el tráfico y transporte de droga a nivel centroamericano.
Deysi Araceli Fuentes Cruz fue detenida en San Miguel el 11 de marzo de 2008. La imputada cumple una condena de tres años de prisión impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Unión. Mientras que Flores Lazo logró burlar un operativo policial conjunto ese mismo día en el predio donde funcionaba la empresa “Transportes de Jesús”, en Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2009 Reynerio de Jesús Flores Lazo fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en La Granja, Tegucigalpa, Honduras. El imputado adujo al momento de su captura que era ciudadano hondureño. Sin embargo Honduras ordenó su deportación a El Salvador.
El Ministerio Público pide al Juez ordene apertura a juicio en el proceso contra ambos imputados.
k.c./Interjust
martes, 5 de abril de 2011
PAUTA PARA ESTE 6 DE ABRIL 2011
1) El Juzgado 4º de Instrucción realizará una audiencia preliminar por violación, 10:00 a.m. y la comisionada es Karina Cuadra de Díaz.
2) El Juzgado 8º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por homicidio agravado, 9:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
3) Continúa la vista pública del caso OBC, Tribunal 5º de Sentencia, sala 3-“B” y la asignada es Rina de Renderos. 9:00 a.m.
4) Los juzgados en turno serán: 1º de Menores y 4º de Paz.
2) El Juzgado 8º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por homicidio agravado, 9:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
3) Continúa la vista pública del caso OBC, Tribunal 5º de Sentencia, sala 3-“B” y la asignada es Rina de Renderos. 9:00 a.m.
4) Los juzgados en turno serán: 1º de Menores y 4º de Paz.
DECRETAN DETENCIÓN PROVISIONAL POR HOMICIDIO TENTADO Y CONDUCCIÓN DE ARMAS
SAN SALVADOR, 5 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 1º de Paz decretó este martes instrucción formal con detención provisional contra el imputado, Luis Alonso Núñez, acusado de homicidio agravado tentado en perjuicio de de J.R.G.M., de 42 años, y por tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego en perjuicio de la paz pública.
La jueza Marta Rosales basó la resolución en las declaraciones de los agentes captores, la víctima y la peligrosidad del delito. El proceso pasará a la orden del Juzgado 2º de Instrucción, mientras que el imputado a la orden del Centro Penal de “La Esperanza”, en San Luis Mariona.
Según datos del requerimiento fiscal, los hechos se registraron el pasado 31 de marzo en horas por la mañana, sobre avenida Irazú y calle Puntarenas de la colonia Costa Rica, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) patrullaban la zona cuando y fueron alertados por el Servicio de Emergencias 911 que en esa zona se escucharon disparos.
Unos testigos manifestaron que el procesado se acercó al vehículo de Gámez Mejía le exigió las llaves del auto y luego unos anillos, pero al no poderse quitar uno le disparó.
Núñez fue capturado por una agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y fue aprehendido por miembros de la PNC, quienes le decomisaron un revolver calibre 38 mm. El ofendido fue trasladado al Hospital Nacional Rosales, donde su salud es estable.
c.m./Interjust
La jueza Marta Rosales basó la resolución en las declaraciones de los agentes captores, la víctima y la peligrosidad del delito. El proceso pasará a la orden del Juzgado 2º de Instrucción, mientras que el imputado a la orden del Centro Penal de “La Esperanza”, en San Luis Mariona.
Según datos del requerimiento fiscal, los hechos se registraron el pasado 31 de marzo en horas por la mañana, sobre avenida Irazú y calle Puntarenas de la colonia Costa Rica, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) patrullaban la zona cuando y fueron alertados por el Servicio de Emergencias 911 que en esa zona se escucharon disparos.
Unos testigos manifestaron que el procesado se acercó al vehículo de Gámez Mejía le exigió las llaves del auto y luego unos anillos, pero al no poderse quitar uno le disparó.
Núñez fue capturado por una agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y fue aprehendido por miembros de la PNC, quienes le decomisaron un revolver calibre 38 mm. El ofendido fue trasladado al Hospital Nacional Rosales, donde su salud es estable.
c.m./Interjust
MAÑANA AUDIENCIA INICIAL CONTRA PRESUNTO PANDILLERO ACUSADO DE LESIONES
SAN SALVADOR, 5 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 11º de Paz instalará mañana miércoles a las 9:30 a.m. audiencia inicial contra Roberto Alexander Argueta Araujo, de 20 años de edad, acusado de lesiones en perjuicio de H.S, de 19.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando el imputado y la víctima guardaban prisión en una bartolina de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional Civil (PNC) de la colonia Monserrat, de San Salvador. Al parecer ambos sujetos se reprochaban por ser colaboradores de las pandillas contrarias, por lo que el imputado presuntamente lesionó a la víctima en la nariz.
El encargado de la bartolina al observar la riña ordenó sacarlos del lugar percatándose así que uno de ellos sangraba del rostro. La víctima fue trasladada de inmediato al Instituto de Medicina Legal, donde el médico de turno dictaminó que las lesiones sanarían en 21días.
Según la declaración del ofendido, ese día se encontraba en la bartolina número uno de dicha delegación en compañía de 15 sujetos, cuando uno de ellos le preguntó si había pandilleros en el lugar donde residía porque él “era 18”. El joven le expresó que ya no se llevaba con ellos porque ahora se dedicaba a trabajar y presuntamente la respuesta fue la que originó el altercado.
El fiscal del caso ha solicitado a la jueza Paula Velásquez decrete instrucción con aplicación de medidas sustitutivas.
a.s./Interjust
De acuerdo al requerimiento fiscal, el hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando el imputado y la víctima guardaban prisión en una bartolina de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional Civil (PNC) de la colonia Monserrat, de San Salvador. Al parecer ambos sujetos se reprochaban por ser colaboradores de las pandillas contrarias, por lo que el imputado presuntamente lesionó a la víctima en la nariz.
El encargado de la bartolina al observar la riña ordenó sacarlos del lugar percatándose así que uno de ellos sangraba del rostro. La víctima fue trasladada de inmediato al Instituto de Medicina Legal, donde el médico de turno dictaminó que las lesiones sanarían en 21días.
Según la declaración del ofendido, ese día se encontraba en la bartolina número uno de dicha delegación en compañía de 15 sujetos, cuando uno de ellos le preguntó si había pandilleros en el lugar donde residía porque él “era 18”. El joven le expresó que ya no se llevaba con ellos porque ahora se dedicaba a trabajar y presuntamente la respuesta fue la que originó el altercado.
El fiscal del caso ha solicitado a la jueza Paula Velásquez decrete instrucción con aplicación de medidas sustitutivas.
a.s./Interjust
lunes, 4 de abril de 2011
PAUTA PARA ESTE 5 DE ABRIL 2011:
1) El Juzgado 7º de Instrucción instalará una audiencia especial para admitir prueba en torno a un caso de violación de derechos de autor. 10:00 a.m. y la asignada es Karina Cuadra de Díaz.
2) El Juzgado 5º de Instrucción llevará a cabo un peritaje fisionómico para el imputado, Chirvin Lee Romero, acusado de privación de libertad, violación en menor y agresión sexual. 11:00 a.m. y la comisionada es Karina Cuadra.
3) El Juzgado 1º de Paz realizará una audiencia inicial contra un imputado por homicidio agravado y tenencia portación o conducción irresponsable de armas de fuego.
4) Los juzgados en turno serán: 1º de Menores y 3º de Paz.
2) El Juzgado 5º de Instrucción llevará a cabo un peritaje fisionómico para el imputado, Chirvin Lee Romero, acusado de privación de libertad, violación en menor y agresión sexual. 11:00 a.m. y la comisionada es Karina Cuadra.
3) El Juzgado 1º de Paz realizará una audiencia inicial contra un imputado por homicidio agravado y tenencia portación o conducción irresponsable de armas de fuego.
4) Los juzgados en turno serán: 1º de Menores y 3º de Paz.
INSTALARÁN AUDIENCIA POR HOMICIDIO TENTADO Y CONDUCCIÓN DE ARMAS
SAN SALVADOR, 4 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 1º de Paz instalará audiencia inicial contra el imputado, Luis Alonso Núñez, acusado de homicidio agravado tentado en perjuicio de J.R.G.M., de 42 años, y por tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego en perjuicio de la paz pública.
Según datos del requerimiento fiscal, los hechos se registraron el pasado 31 de marzo en horas por la mañana, sobre avenida Irazú y calle Puntarenas de la colonia Costa Rica, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) patrullaban la zona cuando y fueron alertados por el Servicio de Emergencias 911 que en esa zona se escucharon disparos.
Unos testigos manifestaron que el procesado se acercó al vehículo de Gámez Mejía le exigió las llaves del auto y luego unos anillos, pero al no poderse quitar uno le disparó.
Núñez fue capturado por una agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y fue aprehendido por miembros de la PNC, quienes le decomisaron un revolver calibre 38 mm. El ofendido fue trasladado al Hospital Nacional Rosales, donde su salud es estable.
La audiencia inicial se realizará este martes 5 de abril a las 9:00 a.m. y la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a la jueza, Marta Rosales, decretar instrucción formal con detención provisional.
c.m./Interjust
Según datos del requerimiento fiscal, los hechos se registraron el pasado 31 de marzo en horas por la mañana, sobre avenida Irazú y calle Puntarenas de la colonia Costa Rica, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) patrullaban la zona cuando y fueron alertados por el Servicio de Emergencias 911 que en esa zona se escucharon disparos.
Unos testigos manifestaron que el procesado se acercó al vehículo de Gámez Mejía le exigió las llaves del auto y luego unos anillos, pero al no poderse quitar uno le disparó.
Núñez fue capturado por una agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y fue aprehendido por miembros de la PNC, quienes le decomisaron un revolver calibre 38 mm. El ofendido fue trasladado al Hospital Nacional Rosales, donde su salud es estable.
La audiencia inicial se realizará este martes 5 de abril a las 9:00 a.m. y la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a la jueza, Marta Rosales, decretar instrucción formal con detención provisional.
c.m./Interjust
viernes, 1 de abril de 2011
LA PAUTA PARA ESTE FIN DE SEMANA 2 Y 3 DE ABRIL 2011
1) Continúa la vista pública del caso OBC, Tribunal 5º de Sentencia, Sala 3-“B” y la asignada es Rina de Renderos. 9:00 a.m.
2) Los juzgados en turno este fin de semana serán: 14°, 15º y 1° de Paz y 3º de Menores.
2) Los juzgados en turno este fin de semana serán: 14°, 15º y 1° de Paz y 3º de Menores.
JUZGADO AVALA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL
SAN SALVADOR, 1 DE ABRIL DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 2° de Instrucción avaló este viernes conceder la suspensión condicional del procedimiento para el imputado David Ernesto Castro Marquina, de 34 años de edad, quien era procesado por el delito de fraude de telecomunicaciones en perjuicio de la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador CTE, S.A de C.V.
La propuesta fue acordada por la Fiscalía General de la República y los representantes legales de la empresa, por lo que el juzgado lo avalo mediante una audiencia especial en la que comparecieron las partes procesales y el imputado.
El imputado acordó el pago de 34.000 dólares a la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador CTE, S.A. de C.V. y según lo estableció el juzgado deberá cumplir ciertas reglas de conducta ya que el caso de David Ernesto Castro Marquina pasará al Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria.
Según datos del dictamen de acusación, el 15 de junio de 2010 los representantes legales de la Compañía de Telecomunicaciones interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de detectar un tráfico irregular en las llamadas telefónicas, en algunas zonas de San Salvador.
Dentro de las investigaciones constan los informes técnicos de la Gerencia de la empresa en los que revela un tráfico anormal en llamadas fijas, aparentemente generadas por algunos abonados provenientes de las Colonias Bernal, Miramonte y la zona de la 75 avenida norte de San Salvador. La compañía detecto un promedio de 89 clientes afectados, cuyas líneas fueron interceptadas e intervenidas para generar llamadas salientes a Cuba, entre otros países.
Según el informe, con un equipo sofisticado se captaron las llamadas provenientes de Estados Unidos y se convirtieron en locales. Y utilizando líneas fijas de abonados salvadoreños se realiza una llamada saliente internacional con destino a Cuba.
Ante el hallazgo, la empresa envió a técnicos al sector de la 1ª calle poniente y 61ª avenida norte donde detectaron una conexión irregular y al darle seguimiento se dirigieron al inmueble de donde probablemente se encontraba el equipo técnico para realizar la operación fraudulenta.
Luego de la denuncia, la FGR solicita al Juzgado 7° de Paz un registro con prevención de allanamiento en dicho inmueble donde se halló el equipo telefónico y fue detenido el imputado David Ernesto Castro Marquina.
k.p./Interjust
La propuesta fue acordada por la Fiscalía General de la República y los representantes legales de la empresa, por lo que el juzgado lo avalo mediante una audiencia especial en la que comparecieron las partes procesales y el imputado.
El imputado acordó el pago de 34.000 dólares a la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador CTE, S.A. de C.V. y según lo estableció el juzgado deberá cumplir ciertas reglas de conducta ya que el caso de David Ernesto Castro Marquina pasará al Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria.
Según datos del dictamen de acusación, el 15 de junio de 2010 los representantes legales de la Compañía de Telecomunicaciones interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de detectar un tráfico irregular en las llamadas telefónicas, en algunas zonas de San Salvador.
Dentro de las investigaciones constan los informes técnicos de la Gerencia de la empresa en los que revela un tráfico anormal en llamadas fijas, aparentemente generadas por algunos abonados provenientes de las Colonias Bernal, Miramonte y la zona de la 75 avenida norte de San Salvador. La compañía detecto un promedio de 89 clientes afectados, cuyas líneas fueron interceptadas e intervenidas para generar llamadas salientes a Cuba, entre otros países.
Según el informe, con un equipo sofisticado se captaron las llamadas provenientes de Estados Unidos y se convirtieron en locales. Y utilizando líneas fijas de abonados salvadoreños se realiza una llamada saliente internacional con destino a Cuba.
Ante el hallazgo, la empresa envió a técnicos al sector de la 1ª calle poniente y 61ª avenida norte donde detectaron una conexión irregular y al darle seguimiento se dirigieron al inmueble de donde probablemente se encontraba el equipo técnico para realizar la operación fraudulenta.
Luego de la denuncia, la FGR solicita al Juzgado 7° de Paz un registro con prevención de allanamiento en dicho inmueble donde se halló el equipo telefónico y fue detenido el imputado David Ernesto Castro Marquina.
k.p./Interjust
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