Roberto Calderón es el delegado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para efectuar los procesos de extradición.
En enero de este año El Salvador entregó al Gobierno de los Estados Unidos, al primer salvadoreño reclamado por este país para que cumpliera una pena de 18 años de cárcel en el sistema penitenciario norteamericano.
Ese día Roberto Calderón, juez propietario del Juzgado 12° de Paz y delegado por la CSJ para Ordenar Capturas en Procesos de Extradición, entregó al salvadoreño Marvin Hernández al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingleés).
Calderón atendió así una petición de reclamo por parte del gobierno estadounidense y dispuso todas las condiciones para que el condenado fuera extraditado. El escenario fue una pista de la Segunda Brigada Aérea de Comalapa.
A juicio del juzgador, el hecho “sentó un precedente en el sentido que cualquier salvadoreño que cometa un delito en Estados Unidos, y se venga a nuestro país, ya no está bajo el amparo si se refugia aquí porque no va a responder a ese gobierno por el delito que cometió” acotó.
José Marvin Martínez es un salvadoreño que fue condenado en marzo de 2006 en el Condado de Brazoria, Texas, por el delito de agresión sexual en perjuicio de su hija, entonces de 14 años. Luego huyó a El Salvador cuando gozaba de libertad bajo fianza durante el enjuiciamiento.
El Juez Calderón ordenó su captura por medio de la INTERPOL, quien la materializó el 11 de enero de 2008 en el municipio de Sonzacate, departamento de Sonsonate.
La extradición del salvadoreño fue realizada amparándose en un convenio entre ambos países, el cual está vigente desde 1911 y que firmado por el entonces Presidente de la República Manuel Enrique Araujo.
Dicho convenio regula delitos que ya no existen: delitos en alta mar, incendios, mutilación de partes del cuerpo y piratería, entre otros. Asimismo cuenta con artículos que ya no pueden ser aplicables; sin embargo son legales, porque el convenio está vigente y el gobierno de los Estados Unidos puede invocar en el mismo porque tiene robustez legal.
Según el juez, el convenio carecía de un procedimiento para su aplicación, y la CSJ acórdó delegar a un juez idóneo para sanear el proceso y llenar ese vacío. Es así como el juez Calderón trabaja en un procedimiento específico para el caso de Marvin Hernández. De lo contrario, El Salvador corría el riesgo de ser sancionado si tramitaba la petición, afirmó.
Es así como los magistrados en Corte Plena lo delegan para que sea el intermediario entre la parte requerida o reclamada, que era Hernández, y la Corte Suprema de Justicia.
Marvin era un ciudadano que no fue entregado en calidad de delincuente, refiere el funcionario. “Para nosotros él era un ciudadano salvadoreño que había cometido un delito fuera de nuestro territorio nacional. Allá era un delincuente; pero aquí era una persona requerida por dos delitos”, explica.
“Durante el proceso se garantizó que al salvadoreño le respetaran sus derechos constitucionales y derechos humanos, que no fuera objeto de ningún tipo de vejación, ni atropello” indicó
Al final del proceso, el funcionario afirmó sentirse satisfecho por haber cumplido y cree que lo hizo de la mejor manera pues hasta el momento no ha habido ninguna notificación de algún error en el procedimiento.
Podría decirse que esta fue la primera extradición en la historia moderna de El Salvador.
El nombramiento de Calderón significó un reconocimiento a la trayectoria judicial, a la capacidad de uno de los jueces más jóvenes que tiene el órgano judicial.
Con 37 años de edad, Roberto Calderón, antes de convertirse en juez de Paz, ingresó a la Fiscalía General de la República como fiscal auxiliar en la Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual. Tenía 23 años.
En 2003 ingresó al órgano judicial como Juez de Paz en el municipio de Nahuizalco; más adelante fue ascendido al Juzgado 2º de Paz de la ciudad de Ahuachapán.
En 2007 fue nombrado Juez Propietario del Juzgado 12° de Paz de San Salvador.
En sus palabras, el Jueza Calderón se considera un acérrimo defensor de los juzgados especializados creados para combatir el crimen organizado y cree que estos juzgados enfrentan la verdadera criminalidad del país.
FIN
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