CASOS RELEVANTES 2010

El año 2010 estuvo marcado por una serie de disputas viales que desencadenaron muchas veces en actos violentos que llegaron al extremo: la muerte. Estos acontecimientos pusieron en el tapete de discusión el hecho de que la falta de tolerancia puede llevar a consecuencias graves y definitivas en la sociedad salvadoreña.
Tres de los casos más relevantes fueron judicializados por la Fiscalía General de la República. Uno de ellos concluyó con una resolución condenatoria, mientras que los otros siguen el curso de la ley.

El primero tuvo su desenlace judicial en agosto de este año cuando Rafael Eulogio Romero Montenegro fue condenado a 40 años de prisión por el Tribunal 3° de Sentencia.
El imputado fue procesado por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de los hermanos Pablo Noé y Juan Carlos Recinos Cisneros y dos víctimas más bajo régimen de protección.

El imputado protagonizó una acalorada discusión donde sacó un arma y disparó a las víctimas por la disputa de un parqueo en las afueras de un restaurante ubicado en la Colonia Escalón el 30 de mayo de 2009.

Pablo Noé Recinos murió en el lugar y su hermano Juan Carlos en las instalaciones de un centro asistencial. El imputado fue capturado el 24 de diciembre de 2009 por la Policía Internacional (INTERPOL), en una propiedad en la jurisdicción de Masaya, en Nicaragua.

EL CASO DE MILITAR
En el Juzgado 9° de Instrucción es procesado Julio Napoleón Rodríguez Sosa, de 68 años de edad, quien es acusado del homicidio agravado del capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), Ricardo Arnoldo Alfaro, quien era de 32 años.

Según la investigación fiscal, Rodríguez Sosa, luego de una fuerte discusión por el uso de un espacio en la vía pública para parqueo, en la zona de la Colonia La Cima II, ubicada al suroeste de la capital, le disparó a la víctima.
El imputado fue detenido en el lugar y adujo que se había defendido de las amenazas del militar. La víctima falleció en el lugar debido a varios disparos provocados con arma de fuego.

El Juzgado ha ordenado que el imputado continúe detenido en el Centro Penal La Esperanza, ubicado en el cantón San Luis Mariona, hasta la realización de la audiencia preliminar programada para Febrero de 2011.

CASO MIXCO
Otro caso conocido por los tribunales de San Salvador a finales del presente año es el del estudiante de cocina Héctor Eduardo García González, quien era de 24 años.
Según consta en la acusación formal presentada por la Fiscalía, el joven perdió la vida luego que varios sujetos le propinaran una paliza en la zona de la 75 Avenida Sur y Redondel Fuentes de Beethoven, de la colonia Escalón.

En este caso son procesados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Héctor Eduardo García González los imputados Rodrigo Ernesto Mixco Chacón y el reo ausente Lisandro Miguel Mendoza Pohl.

Según los datos iniciales de la FGR, el crimen se registró la madrugada del 14 de noviembre cuando la víctima regresaba de laborar para un restaurante en la Zona Rosa y el automóvil en el que viajaba sobrepasó incidentalmente al carro de Rodrigo Ernesto Mixco y a otras personas que se conducían en dos automotores particulares.

Debido a eso se originó una disputa vial entre ellos lo que desembocó como resultado una riña callejera inicial y en una posterior persecución.

Según declaraciones de testigos, Mixco y Mendoza Pohl persiguieron a la víctima que quedó solo porque el resto de sus compañeros de auto huyo. Así los imputados vapulearon a la víctima hasta causarle la muerte. Hora mas tarde la Policía capturo a Mixco Chacón.

Ambos imputados fueron procesados en juzgados distintos, sin embargo, los casos serán acumulados en el Juzgado 2º de Instrucción, el cual ha confirmado la detención para Mixco Chacón en una cárcel y las nuevas órdenes de captura para Mendoza Pohl.

La audiencia preliminar se ha programado para marzo de 2011.

CASO PERRONES
Este año, los tribunales de Sentencia de San Salvador pusieron fin a la etapa judicial de algunos de los casos que la Fiscalía General de la Republica investigó y denominó como “Banda de los Perrones”.

Entre estos, el caso de Oscar René Molina Manzanares a quien, por unanimidad, el Tribunal 5° de Sentencia condenó a siete años de prisión, por el delito de lavado de dinero en perjuicio de la Hacienda Pública.

El imputado deberá devolver todos los bienes muebles e inmuebles, así como cuentas bancarias a su nombre que obtuvo desde el año 2005, pues pasarán a favor del Estado salvadoreño.

Los jueces basaron su condena al analizar la prueba documental y pericial, así como el testimonio de los peritos tanto del Ministerio de Hacienda como el de la defensa, ya que ambos coincidieron que el imputado llevaba una contabilidad anormal en sus empresas.

DEYSI FUENTES
Este año el juzgado 8º de Instrucción elevó a la etapa de juicio el proceso de Deysi Fuentes Cruz, procesada por el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la Hacienda Pública.

Sin embargo, el Tribunal 4º de Sentencia declaró la nulidad de la acusación, por lo que el caso permanecerá archivado mientras la FGR decide si presenta una nueva acusación en contra de la imputada.

Para la Fiscalía, Deysi Aracely Fuentes Cruz obtuvo mayores ingresos de los que ha declarado debido a su nivel económico y los movimientos bancarios a su nombre, los que han sido indicios para desarrollar la investigación, la cual inició en el año 2008, luego de un aviso de denuncia por parte del Ministerio de Hacienda.

A raíz de dicho aviso la FGR inicia la investigación sobre las actividades económicas de la imputada, quien prestaba servicios de moteles y hospedajes.

Para el Ministerio Público, Deysi Aracely Fuentes Cruz obtuvo ingresos que no declaró al Estado hasta por 50 mil dólares, pues obtuvo ingresos que le permitieron efectuar depósitos en diferentes cuentas bancarias a su nombre y acrecentó su masa patrimonial durante el año de 2006.

REYNERIO DE JESUS FLORES LAZO
Así también el caso de Reynerio de Jesús Flores Lazo ha concluido su etapa de investigación, el Juzgado 9º de Instrucción envió a juicio el proceso en su contra.
Flores Lazo es procesado por cinco casos de Tráfico Ilícito de droga a nivel centroamericano.

La estructura de Flores Lazo, según consta en el proceso, estaba integrada por 16 personas entre salvadoreños, guatemaltecos y costarricenses, pero sus tentáculos estaban en México y Sudamérica.

El imputado es vinculado con cinco decomisos de cocaína entre abril de 2004 y enero de 2008 en Nicaragua y Costa Rica. Se estima que habrían transportado más de 3.3 toneladas valoradas en 82 millones de dólares, además del decomiso en efectivo de 2.2 millones de dólares.

El primer decomiso, denominado “Puntarenas “, sucedió el 2 de febrero de 2004. En esa oportunidad incautaron 843 kilos de cocaína oculta en el compartimiento secreto de un cabezal con placas salvadoreñas.

CASO CHIRVIN ANTONIO LEE
En un primer momento la Fiscalía General de la República lo detuvo el 4 de noviembre de 2010 por el delito de resistencia; sin embargo, al salir bien librado de la audiencia por ese delito, agentes investigadores ya lo esperaban para capturarlo por una serie de delitos vinculados a abusos sexuales en menores.

El Juzgado 5º de Paz recibió los primeros de una serie de casos, en los cuales Chirvin Antonio Lee Romero, de 28 años, fue acusado de los delitos de violación en menor e incapaz, privación de libertad y agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de varias niñas.

Al final de la audiencia la jueza decretó la instrucción formal con detención provisional para el imputado.

El Juzgado 5º de Instrucción tiene a cargo el caso en su etapa de instrucción y ha ordenado una serie de diligencias con el imputado y las seis víctimas. Chirvin Antonio Lee Romero permanecerá detenido hasta la realización de la audiencia preliminar programada para el 30 de marzo de 2011.

Según el requerimiento fiscal los hechos sucedieron entre septiembre de 2009 y julio de 2010, el imputado acostumbraba atraer a las menores con engaños y posteriormente se las llevaba a su casa, predios baldíos o zona del lugar de trabajo, donde procedía a abusar sexualmente de ellas y finalmente las trasladaba al lugar donde las encontraba.

Además, un Tribunal de Paz de Soyapango lo procesa paralelamente por otros casos de violación en menores de edad.

CASO MICROBÚS MEJICANOS
Luego que la FGR iniciara las investigaciones en el caso donde varias personas murieron calcinadas al interior de un microbús de la ruta 47, en la zona de Mejicanos, varios menores de edad fueron capturados y puestos a la orden de los juzgados respectivos.

Una vez concluyó la Vista de la Causa, el caso fue resuelto judicialmente.

A finales de octubre de 2010, el Juzgado 1º de Menores impuso las medidas máximas de internamiento contra dos adolescentes, de 15 y 16 años, acusados de homicidio agravado, homicidio agravado tentado y lesiones en perjuicio de 17 personas y daños agravados en un microbús del transporte colectivo.

La jueza, Lorena de Morales, impuso penas de 5 y 15 años de internamiento a los dos menores procesados por los hechos. Ambos guardan prisión en el Centro para Menores de El Espino, en Ahuchapán, mientras que el proceso pasará a la orden del Juzgado 1° de Ejecución de Medidas.

En el Juzgado Especializado de Instrucción San Salvador son procesados los adultos que participaron también en este hecho.

CASO ESTUDIANTE INFRAMEN
Jonathan D., de 17 años, fue encontrado culpable del asesinato del estudiante del Instituto Francisco Menéndez (INFRAMEN), Carlos Francisco Garay, el 6 de julio de este año cuando el Juzgado 2º de Menores lo sentenció a siete años de internamiento que deberá cumplir en el Centro de Resguardo de Ilobasco, en Cabañas.

La Jueza 2º de Menores María Isabel Ponce Gallardo impuso la pena máxima tras el desfile de pruebas ofertadas por la FGR. Una de ellas, la mas concluyente para la juzgadora, fue la científica ya que la comparación de la sangre en el puñal encontrado al acusado y la sangre de la víctima, coincidía un 99.99%.

El hecho se registró la tarde del 11 de marzo en la zona de la 75 Av. Norte de la Colonia Escalón. Jonathan D., acompañado de Blanca Cecilia Navarro atacaron, por supuestas riñas estudiantiles, al joven Carlos Francisco Garay. El menor apuñaló a la víctima, mientras Blanca Cecilia Navarro lo ayudaba en su cometido.

Garay Granados utilizó su mochila para protegerse; pero Jonathan D. logró agredirlo varias ocasiones y, cuando la víctima se encontraba herido en el suelo, le quitó la camisa. El estudiante del INFRAMEN falleció cuando era atendido en el Hospital Rosales. Los implicados fueron capturados por agentes de la PNC varias cuadras después.

BLANCA CECILIA NAVARRO
El tribunal 5º de Sentencia encontró culpable a Blanca Cecilia Navarro de ser “cómplice necesaria” en el homicidio de Carlos Francisco Garay, alumno del INFRAMEN. El fallo del tribunal fue dado a conocer el 29 de septiembre de 2010, luego de la conclusión de la Vista Pública en su contra.

Pese a que el tribunal consideró que el dominio del hecho lo tuvo Jonathan D., si señaló que la colaboración de la imputada fue determinante para ejecutar el crimen.
La prueba documental, científica y testimonial presentada fue la base para la imposición de la condena de 20 años. La imputada guarda prisión en el Centro de Resguardo para Mujeres, en Ilopango.

PRIMER SALVADOREÑO
En enero de este año el sistema judicial de nuestro país entregó al primer salvadoreño reclamado por el gobierno de Estados Unidos.

El trabajo de coordinación lo inició el Juzgado 12º de Paz, luego que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador autorizara el 22 de diciembre de 2009 la extradición hacia Estados Unidos del salvadoreño José Marvin Hernández Martínez.

En su resolución, la CSJ asignó al juez Carlos Roberto Calderón, como el juez que tendría a su cargo los trámites de la extradición, así como también el deber de garantizar la legalidad de los procedimientos y los derechos del imputado.

En un acto oficial presidido por el Juez 12° de Paz, Carlos Roberto Calderón, en la Segunda Brigada Aérea del la Fuerza Aérea Salvadoreña, el imputado fue entregado a las autoridades del FBI, quienes lo llevaron a bordo de un avión federal a la Corte de Brazoria, en Angleton, Texas.

CRISTIAN POVEDA
32 imputados, acusados del homicidio del periodista Franco Español Christian Poveda, enfrentarán un juicio el próximo año en el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador, por los delitos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas.

Luego de la audiencia preliminar, realizada en diciembre de este año, la titular del Juzgado Lucila Fuentes de Paz, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) tienen la robustez necesaria para enjuiciar a los implicados, entre ellos varios pandilleros del reparto La Campanera, en Soyapango, y del cantón El Rosario, en Tonacatepeque.

En el caso, existen pruebas como testimonios, una bitácora de llamadas telefónicas que establecen la relación comunicacional que los supuestos asesinos tuvieron antes, durante y después del asesinato de Poveda, el 2 de septiembre de 2009.

La FGR ha sostenido que para cometer el homicidio de la víctima participaron los autores intelectuales y materiales, así como otros coautores y cómplices, como quienes dieron seguridad en el área en que asesinaron a la víctima, así como los que desde distintos puntos controlaron sus movimientos, e incluso quienes lo acompañaron en su automóvil minutos antes de su homicidio.

Dentro de los imputados está el agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Juan Napoleón Espinoza. Como autores directos se identifica a los pandilleros José Alejandro Melara, Luis Roberto Vásquez, Calixto Rigoberto Escobar, Raúl Antonio Rivera y Miguel Ángel Ortiz. Los demás, serían coautores y cómplices. El juzgado ha girado nuevas órdenes de captura contra cinco de los reos ausentes.

KATYA MIRANDA
El juzgado 1º de Instrucción de Zacatecoluca determinó en julio de este año que el caso contra Carlos Miranda González, procesado por el delito de secuestro agravado en perjuicio de la niña Katya Miranda Jiménez, pase a la etapa de juicio.

En el caso sólo Carlos Miranda enfrentará la justicia por el secuestro de la menor, asesinada la madrugada del 4 de abril de 1999 en la Playa Los Blancos, en el departamento de La Paz.

Sin embargo, la Jueza 1º de Instrucción de Zacatecoluca, ordenó sobreseer definitivamente a Luis Alonso López, Juan Francisco Ramos Rosales, Alejandro Cañénguez, Santos Ricardo Soriano Martínez y Nicolás Martínez Roque, por considerar que la Fiscalía no logró individualizar la participación de los imputados en el hecho.

La Vista Pública en el caso podría realizarse los primeros meses del año 2011 a cargo del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.

CASO UTILA
Marvin Antonio Rodríguez y Carlos Alberto Mejía fueron acusados por la Fiscalía General de la República y presentados ante el Juzgado Especializado de San Salvador, a principios de diciembre de este año, como los autores materiales del homicidio de un ciudadano español y su familia, hecho ocurrido la madrugada del 20 de junio, en la Colonia Utila en Santa Tecla.

Los imputados son vinculados con la muerte de José Antonio, Graciela y Manuel Torres Galdámez de 58,74 y 80 años, respectivamente. Él último, un ciudadano de origen español, pero radicado en El Salvador desde hace más de una década.

Las víctimas fueron encontradas asesinadas al interior de la vivienda, dos de sus familiares fueron dejadas con vida en una habitación de la misma. Los presuntos autores del hecho, engañaron a uno de los residentes de la vivienda para que abriera la puerta e ingresaron aparentemente con el propósito de robar; sin embargo, el verdadero móvil de los crímenes aún se investiga.

Las investigaciones judicializadas por la FGR señalan a Evelyn del Rosario Hernández de Torres, una de las sobrevivientes, como la presunta autora intelectual del hecho. Por lo que el juzgado giró ordenes de captura en su contra. El 9 de diciembre de 2010 fue detenida en una localidad de Galicia, España.

La FGR ha solicitado a la titular del Juzgado Especializado de Instrucción que dé inicio al trámite de extradición de la imputada. Dicha solicitud sería gestionada a través de la Corte Suprema de Justicia para que la analice y dé trámite al Ministerio de Relaciones Exteriores y la envíe a su similar en España.

CASO NIÑOS PANCHIMALCO
El Juzgado 9º de Instrucción envió a juicio el caso de Simón Antonio Mancía Vidal, de 23 años, procesado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, violación en menor e incapaz y daños agravados en perjuicio de tres menores.

Datos del proceso detallan que los hechos sucedieron el 27 de marzo del presente año en momentos que los niños de 6, 3, y 2 años se encontraban en su casa de habitación ubicada en la Lotificación Miramar, jurisdicción de Panchimalco.

Según la declaración de los niños, Simón Antonio Mancía aprovechó que los menores se encontraban solos en la vivienda para atacarlos, golpearlos y amarrarlos. El imputado buscó la ropa de los pequeños y comenzó a incendiarla. Los vecinos, al percatarse de los hechos, auxiliaron a los niños y dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) de la zona. El imputado fue detenido cerca de la escena.


BATERIAS de El Salvador (RECORD)
El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla ha realizado varias diligencias en el proceso contra los ingenieros de la empresa Baterías de El Salvador S.A. de C.V. Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez, todos por el delito de contaminación ambiental agravada.

Hasta el mes de noviembre el juzgado realizó una audiencia especial en la cual directivos de la Empresa MONDELO S.A de C.V presentaron el plan de trabajo para realizar el tratamiento de la escoria y ceniza dentro de la planta de Baterías de El Salvador, ubicada en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.

En la audiencia el empresario Miguel Pizzuto, propietario de la Empresa MONDELO de México, expuso el proyecto final de tratamiento in situ de la escoria, la cual incluía los procedimientos, las técnicas, la logística y la maquinaria a utilizar para dicho fin.

La empresa pretendía comprar y retirar la escoria de la fábrica; sin embargo la Fiscalía General de la República, luego de escuchar la propuesta no estuvo de acuerdo con esta.

El Tribunal de Sentencia advirtió que de no superar del impase la Vista Pública será realizada en enero de 2011.

En tanto, los imputados ausentes, Ronald Antonio Lacayo Argüello, director; Sandra Cecilia Lacayo de Escapini, secretaria, y José Ofilio Gurdián Lacayo, presidente de la empresa Baterías de El Salvador, poseen orden de captura vigente.

CASO OBC
El pasado 12 de julio, el Tribunal 6º de Sentencia instaló la Vista Pública contra Julio Eduardo Villatoro Monteagudo y modifico el delito de defraudación a la economía pública por el de estafa.
El tribunal autorizó la conciliación del imputado para que cancele lo defraudado a las víctimas.

Villatoro Monteagudo tiene hasta el 11 de enero de 2011 como plazo para pagar a los afectados. De no ejecutarse el pago, la conciliación será declarada nula. Y se iniciará nuevamente la Vista Pública, para comprobar su inocencia o culpabilidad.

La acusación de la Fiscalía señaló que en un informe contable hecho por varios peritos en el periodo de enero de 1999 a julio de 2004 se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil que no fueron registradas en los sistemas de información contable de la Sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica y Casa Corredora de Bolsas OBC, S.A. de C.V, así como depósitos de fondos por cheques emitidos por clientes a cuentas bancarias, las cuales no se registraban en la contabilidad de la corredora.

El dinero de los inversionistas fue apropiado y utilizado ilegalmente por los imputados para realizar actividades ilícitas sin la autorización de los afectados, generándose un fraude masivo. Se identificaron depósitos de dinero por cheques emitidos a nombre de los inversionistas por 304 mil 144.93 dólares realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada. El monto de lo defraudado es 8 millones 72 mil 834 dólares con 66 centavos.