viernes, 27 de abril de 2012

ESPAÑOL EXTRADITADO FUE PRESENTADO HOY A UN JUZGADO DE INSTRUCCION

San Salvador, 27 de Abril de 2012 (INTERJUST) El Juzgado 7º de Instrucción intimó hoy a Juan Torrens Tolosa, de 72 años de edad, quien era reclamado por el delito de estafa agravada en perjuicio de la Sociedad COMALAPARK, representada por Gilberto Vázquez Sosa. En la audiencia especial, el juez Dr. Miguel Ángel García, notificó al extranjero el delito por el cual es acusado por el ministerio público fiscal, asi también le dio lectura a los derechos que le confiere la ley penal salvadoreña entre estos la oportunidad de defenderse igual que un nacional. También le hizo saber el derecho a la defensa material para escoger los abogados que lo representaran durante el proceso hasta llegar a la audiencia preliminar programada para el 29 de mayo. Después de la diligencia judicial, el acusado fue sometido a chequeos médicos por parte de peritos del Instituto de Medicina Legal, al finalizar los mismos será remitido al Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana. Torrens quien era reclamado por el juzgado arribó anoche en un vuelo comercial de Iberia procedente de Madrid, España, custodiado por la Policía Internacional (INTERPOL) y dos fiscales salvadoreños. Su extradición, es la primera que autoriza el Reino de España para que uno de sus ciudadanos enfrente la justicia salvadoreña. Datos del expediente detallan que el acusado presuntamente estafó a la víctima con $112 mil 468. cuando fue contratado para construir una zona franca que no llegó a realizarse a pesar de recibir varias transferencias de dinero para tal fin. Según la acusación, el ciudadano español se presentó ante la víctima como el representante de la Federación Mundial de Zonas Francas, supuestamente organización fantasma, y como un experto en elaborar estudios de factibilidad. La víctima confiando en sus credenciales lo contrató para impulsar el proyecto de Zona Franca, denominado “COMALAPARK”, que sería construido en una propiedad de Vásquez Sosa, en la Hacienda Comalapa, del departamento de La Paz. Las pláticas concluyeron con la firma de un contrato entre ambos, en julio de 2005. El acusado adquirió obligaciones como hacer la terraceria del inmueble, construcción de edificios y atraer inversión extranjera, entre otros. Para tal fin la víctima le transfirió dinero en concepto de consultorías y administración, así como anticipos por compras de materiales de construcción. El tiempo pasó y aún el ofendido no veía concretizar su proyecto por lo que exigió explicaciones al acusado ya que desde que firmaron el documento le había hecho alrededor de 7 transferencia cablegráficas por un monto de 182, 210 dólares. Sin embargo, a pesar del desembolso el proyecto no fue concretado supuestamente y el español solo devolvió $ 69, 741 dólares, según se detalla el expediente.

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