JUZGADO INSTALÓ AUDIENCIA PRELIMINAR CONTRA IMPUTADA POR HOMICIDIO DE ESTUDIANTE

SAN SALVADOR, 1 DE SEPTIMBRE DE 2010 (INTERJUST). El Juzgado 5º de Instrucción instaló este miércoles audiencia preliminar contra Blanca Cecilia Navarro Mejía, de 19 años de edad, acusada de homicidio agravado en grado de coautoría en perjuicio del estudiante Carlos Francisco Garay Granados, de 18.

En la audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) expone las pruebas documentales, periciales y testimoniales en contra de la procesada, entre las que se encuentran los álbumes fotográficos que contienen la secuencia del hecho, además, de los relatos de testigos presenciales con los que pretenden acreditar la participación de la acusada.

Por su parte, el abogado querellante, Oscar Mauricio Vega, solicita además que el caso pase a la etapa de juicio y que no cambie la calidad jurídica como coautora del homicidio, es decir, que no sea modificada a la calidad de cómplice.

Datos de las investigaciones policiales señalan que el 11 de marzo pasado la acusada, junto con un menor de edad, se transportaban en un bus de la ruta 16 del que se bajaron en la 75 avenida norte de la Colonia Escalón.

Ambos se dirigieron a la víctima, quien vestía una camisa roja con el logo del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), el menor lo atacó con un arma blanca, mientras la imputada agredió al acompañante con un cincho de cuero. La víctima utilizó su mochila para protegerse, pero el menor lo hirió en varias ocasiones y le quitó la camisa cuando ya se encontraba en el suelo. El estudiante falleció cuando era atendido en el Hospital Rosales.

Los implicados fueron capturados por agentes de la Sub División Flor Blanca que participaban en el Plan Escuelas Seguras, quienes fueron informados del hecho y les dieron persecución, capturándolos varias cuadras después. La audiencia inicial para la imputada la realizó el Juzgado 5° de Paz el 15 de marzo, y se ordenó instrucción formal con detención provisional.

En la audiencia el juez determinará si el caso pasa a la etapa de juicio, donde de ser encontrada culpable podría pagar una pena de 30 a 50 años de prisión. La imputada ha permanecido recluida desde su captura en el Centro de Detención de Mujeres en Ilopango.