JUZGADO DECRETA INSTRUCCIÓN CON MEDIDAS POR CONTRABANDO DE MERCADERÍA

SAN SALVADOR, 6 julio 2010 (INTERJUST). El Juzgado 8° de Paz decretó instrucción formal con aplicación de medidas sustitutivas contra Clara Ernestina Santos Palacios, de 50 años, Juana del Tránsito Ayala, de 34, y Miguel Ángel Juárez, de 25, acusados por contrabando de mercadería en perjuicio de la hacienda pública.

Según la acusación fiscal, el pasado 2 de julio los sospechosos fueron observados por un Equipo de Reacción Especial de la División de Finanzas de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando presuntamente trasladaban varios paquetes de cigarrillos a ventas informales ubicadas sobre la Calle Gerardo Barrios, frente a la Iglesia El Calvario, de San Salvador.

Los comerciantes presuntamente ordenaban la mercadería sobre una mesa, cuando fueron abordados por los agentes para exigirles los documentos de respaldo; pero éstos manifestaron no tenerlos. Debido a eso, las autoridades los aprehendieron y decomisaron 501 paquetes de cigarrillos de origen chino, brasileño y alemanes.

En una segunda audiencia inicial, el juez Carlos Bendix decretó sobreseimiento provisional a favor de Iliana Lissette Aguilar González, de 28 años de edad, y Amelia del Rosario Cardona de Guevara, de 31, acusadas por contrabando de mercadería en perjuicio de la hacienda pública.

Según el requerimiento fiscal, el pasado 2 de julio las acusadas presuntamente fueron sorprendidas en el parqueo de un hotel capitalino cargando bolsas de nylon que contenían prendas de vestir de la cual no presentaron documentos que la respaldara.

El hecho ocurrió sobre la 4ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán de San Salvador, cuando agentes de la División de Finanzas de la PNC patrullaban la zona.

Al intervenir a las sospechosas, éstas expresaron no contar con facturas de la mercadería consistente en 155 docenas de blusas de diferentes marcas y 4 docenas de faldas, que eran de procedencia guatemalteca.

En la diligencia judicial la defensa de las imputadas presentó facturas de la mercadería para demostrar la legitimidad de la adquisición. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene un año para estudiar la autenticidad de las mismas.