SAN SALVADOR, 31 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 4º de Paz decretó instrucción formal con medidas sustitutivas contra el imputado Roberto Ángel González, de 53 años, acusado de homicidio culposo en perjuicio de Natividad González, de 76.
La jueza Nelly Pozas valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, tanto los representantes del imputado como los de la hija del difunto no lograron ponerse de acuerdo con la conciliación, por lo tanto, el proceso pasará a la orden del Juzgado 1º de Tránsito.
Datos del requerimiento fiscal señalan que el hecho se registró a las 7:30 p.m. del pasado 26 de marzo, sobre la Alameda Juan Pablo II y Calle Concepción.
Una testigo manifestó que el bus de la ruta 7, la cual hace recorrido desde la ciudad de Soyapango hasta el monumento al Salvador del Mundo, no respetó el derecho peatonal y, en este sentido, Gónzalez conducía a una velocidad excesiva y atropelló a la víctima.
Agentes de Tránsito Terrestre de la PNC capturaron al motorista en la zona de Plaza Mundo, ya que siempre hay presencia policial en el lugar.
El ofendido fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Rosales, pero murió un día después.
c.m./Interjust
jueves, 31 de marzo de 2011
miércoles, 30 de marzo de 2011
DETENCIÓN PROVISIONAL CONTRA TRES SUJETOS ACUSADOS DE ROBO DE MERCADERÍA
SAN SALVADOR, 30 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST) El Juzgado 8º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Felipe de Jesús Mejía Reyes, de 21 años de edad, Ismael Alexander Osorio Palma, de 23, y Erick Geovanny Guevara Meléndez, de 21, acusados de robo agravado en perjuicio de tres víctimas.
En la diligencia judicial, el juez valoró a bien los primeros indicios que presentó el Ministerio Público contra los acusados y confirmó la detención provisional, razón por la que los envío a la Penitenciaría “La Esperanza”, en San Luis Mariona, a la espera de la vista pública que se desarrollará aproximadamente en un mes, ya que el caso es contemplado como juicio sumario.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el ilícito ocurrió el pasado 23 de marzo a las 8:00 de la mañana en el redondel conocido como El Roble, cercano a la Universidad de El Salvador, cuando las víctimas transportaban lácteos a bordo de un vehículo particular y fueron interceptados por unos sujetos que a punta de pistola los obligaron a que detuvieran la marcha. Los sujetos los despojaron del vehículo y de la mercadería con rumbo desconocido.
Sin embargo, gracias a la denuncia oportuna que hicieron las víctimas al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), el vehículo y los sujetos fueron rastreados hasta lograrlos interceptarlos tres horas después en la calle La Campiña y calle Central, presuntamente cuando descargaban la mercadería a otro vehículo.
Los acusados fueron capturados en flagrancia y durante el procedimiento les decomisaron dos vehículos.
a.s./Interjust
En la diligencia judicial, el juez valoró a bien los primeros indicios que presentó el Ministerio Público contra los acusados y confirmó la detención provisional, razón por la que los envío a la Penitenciaría “La Esperanza”, en San Luis Mariona, a la espera de la vista pública que se desarrollará aproximadamente en un mes, ya que el caso es contemplado como juicio sumario.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el ilícito ocurrió el pasado 23 de marzo a las 8:00 de la mañana en el redondel conocido como El Roble, cercano a la Universidad de El Salvador, cuando las víctimas transportaban lácteos a bordo de un vehículo particular y fueron interceptados por unos sujetos que a punta de pistola los obligaron a que detuvieran la marcha. Los sujetos los despojaron del vehículo y de la mercadería con rumbo desconocido.
Sin embargo, gracias a la denuncia oportuna que hicieron las víctimas al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), el vehículo y los sujetos fueron rastreados hasta lograrlos interceptarlos tres horas después en la calle La Campiña y calle Central, presuntamente cuando descargaban la mercadería a otro vehículo.
Los acusados fueron capturados en flagrancia y durante el procedimiento les decomisaron dos vehículos.
a.s./Interjust
LA PAUTA PARA ESTE JUEVES ES LA SIGUIENTE:
1) El Tribunal 5º de Sentencia continuará con la vista pública en torno al caso OBC. Sala 3-"B", 9:00 a.m. y la comisionada es Rina Guadalupe Teos.
2) El Juzgado 1º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar por homicidio agravado. 11:00 a.m. y la asignada es Karina Cuadra de Díaz.
3) Los juzgados en turno serán: 13º de Paz y 3º de Menores.
2) El Juzgado 1º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar por homicidio agravado. 11:00 a.m. y la asignada es Karina Cuadra de Díaz.
3) Los juzgados en turno serán: 13º de Paz y 3º de Menores.
VÍCTIMAS DECLARAN EN OBC
SAN SALVADOR, 30 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal 5° de Sentencia continuó este miércoles por segundo día consecutivo la vista pública contra el ex presidente de la Sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica y Casa Corredora de Bolsas OBC, S.A. de C.V., Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, por el delito de Defraudación a la Economía Publica en perjuicio de más de 100 personas.
Entre los personas afectadas está el señor Gerber Romero, quien a preguntas de la Fiscalía, manifestó que se siente muy ofendido por ser el mayor accionista, con más de 401,000 dólares invertidos.
“Yo comencé a invertir en OBC a partir de 1995, es dinero era de mi esposa, mi suegra y de mi persona”, añadió Romero.
Otra de las victimas manifestó: “el dinero que invertí en OBC era producto de mi trabajo honesto y honrado de más de 40 años y hoy veo que ese dinero se ha esfumado”
Todas las victimas que hoy desfilaron culparon a Villatoro Monteagudo del fraude en OBC.
Se espera que mañana declaren unas treinta víctimas más.
En junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas, por lo que estuvo en arresto domiciliar.
Al no cumplir con los acuerdos conciliatorios es recapturado el 11 de febrero de este año, donde fue enviado al centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
Villatoro era el presidente de la sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) y la casa corredora de Bolsas OBC, cuando supuestamente cometió el delito.
Según la Fiscalía, desde 1999 al 2004 se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil no registradas en los sistemas de información contable de OBC. Asimismo se encontraron depósitos de dinero por cheques por 304,144.93 dólares realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada.
Supuestamente existió captación y apropiación ilegal de fondos del público bajo la figura de realizar actividad bursátil legitima. El monto se aproxima a los ocho millones de dólares.
r.t./Interjust
Entre los personas afectadas está el señor Gerber Romero, quien a preguntas de la Fiscalía, manifestó que se siente muy ofendido por ser el mayor accionista, con más de 401,000 dólares invertidos.
“Yo comencé a invertir en OBC a partir de 1995, es dinero era de mi esposa, mi suegra y de mi persona”, añadió Romero.
Otra de las victimas manifestó: “el dinero que invertí en OBC era producto de mi trabajo honesto y honrado de más de 40 años y hoy veo que ese dinero se ha esfumado”
Todas las victimas que hoy desfilaron culparon a Villatoro Monteagudo del fraude en OBC.
Se espera que mañana declaren unas treinta víctimas más.
En junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas, por lo que estuvo en arresto domiciliar.
Al no cumplir con los acuerdos conciliatorios es recapturado el 11 de febrero de este año, donde fue enviado al centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
Villatoro era el presidente de la sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) y la casa corredora de Bolsas OBC, cuando supuestamente cometió el delito.
Según la Fiscalía, desde 1999 al 2004 se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil no registradas en los sistemas de información contable de OBC. Asimismo se encontraron depósitos de dinero por cheques por 304,144.93 dólares realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada.
Supuestamente existió captación y apropiación ilegal de fondos del público bajo la figura de realizar actividad bursátil legitima. El monto se aproxima a los ocho millones de dólares.
r.t./Interjust
martes, 29 de marzo de 2011
PAUTA PARA ESTE 30 DE MARZO 2011
1) El Juzgado 3° de Instrucción realizará audiencia pública a las 10:00 a.m. por violación en menor o incapaz, inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales. Asignada será Karina Cuadra.
2) El Tribunal 5° de Sentencia continuará con la vista pública en el caso OBC. Sala 3-“B”. Comisionada es Rina Teos.
3) Los juzgados en turno serán: 12º de Paz y el 3º de Menores.
2) El Tribunal 5° de Sentencia continuará con la vista pública en el caso OBC. Sala 3-“B”. Comisionada es Rina Teos.
3) Los juzgados en turno serán: 12º de Paz y el 3º de Menores.
DECRETAN DETENCIÓN A SUPUESTO PANDILLERO POR HOMICIDIO
SAN SALVADOR, 29 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 4º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra el imputado, Jorge Eduardo Cañénguez Sibrián, de 19 años, acusado de homicidio agravado en perjuicio de Melvin Ernesto Jaime Morán, de 18.
La jueza, Nelly Pozas, basó la resolución en los elementos de la probable participación delincuencial del procesado, tales como el testimonio de los agentes captores de la Policía Nacional Civil (PNC) y el testimonio de varias personas que vieron la supuesta participación de Cañénguez en el hecho. Luego de la diligencia, el imputado fue remitido al Centro Penal en Cojutepeque, ya que es presunto miembro de la pandilla “18”.
Según información del requerimiento fiscal, el hecho se registró el pasado 19 de marzo, a eso de las 8:45 p.m. en el interior del Edificio “F” de la Urbanización Lourdes en el Barrio Lourdes. Los agentes circulaban en su ronda sobre la 34 Avenida Sur cuando escucharon varios disparos, al llegar encontraron el cadáver de Jaime Morán al interior del referido lugar.
Los miembros policiales inspeccionaron hasta encontrar a un joven que estaba sentado y nervioso en la última planta del edificio, a quien le decomisaron un arma de fuego y 29 cartuchos con dos celulares.
El caso pasará a la orden del Juzgado 4º de Instrucción.
c.m./Interjust
La jueza, Nelly Pozas, basó la resolución en los elementos de la probable participación delincuencial del procesado, tales como el testimonio de los agentes captores de la Policía Nacional Civil (PNC) y el testimonio de varias personas que vieron la supuesta participación de Cañénguez en el hecho. Luego de la diligencia, el imputado fue remitido al Centro Penal en Cojutepeque, ya que es presunto miembro de la pandilla “18”.
Según información del requerimiento fiscal, el hecho se registró el pasado 19 de marzo, a eso de las 8:45 p.m. en el interior del Edificio “F” de la Urbanización Lourdes en el Barrio Lourdes. Los agentes circulaban en su ronda sobre la 34 Avenida Sur cuando escucharon varios disparos, al llegar encontraron el cadáver de Jaime Morán al interior del referido lugar.
Los miembros policiales inspeccionaron hasta encontrar a un joven que estaba sentado y nervioso en la última planta del edificio, a quien le decomisaron un arma de fuego y 29 cartuchos con dos celulares.
El caso pasará a la orden del Juzgado 4º de Instrucción.
c.m./Interjust
JUZGADO ENVÍA A PRISIÓN A ACUSADO DE EXTORSIÓN
SAN SALVADOR, 29 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 8º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Axel Alexis Hernández Guevara, de 18 años de edad, acusado de extorsión en perjuicio de víctima bajo régimen de protección.
El juez Carlos Bendix valoró los indicios que presentó el Ministerio Público como suficientes por lo que remitió al imputado al Penal de Apanteos.
De acuerdo a la investigación fiscal, el pasado 23 de marzo el acusado fue sorprendido en flagrancia cuando recogía al interior del Centro Comercial de Metrocentro, un paquete de dinero producto del chantaje que realizaba en contra de la víctima.
La captura se realizó gracias a un dispositivo de vigilancia que planificó la Policía Nacional Civil (PNC), en la 49ª Avenida Norte, frente a la entrada principal de dicho centro comercial en momentos que se disponía a abordar un taxi.
Según la denuncia que interpuso la víctima en la Fiscalía General de la República (FGR), el 22 de marzo, en horas de la tarde un sujeto desconocido comenzó a llamarlo por teléfono manifestándole que desde hace 15 días “le viene taloneando a su familia” y que de fallarle comenzaría a matarlos uno por uno.
El sujeto le dijo que para evitar hacerles daño a los parientes tenía que tenerle listo 3,000 dólares en efectivo para ese día y acordaron que la entrega fuera al día siguiente en la 8ª Etapa del centro comercial. Fue así que planificaron el dispositivo policial que culminó con la captura del sujeto.
a.s./Interjust
El juez Carlos Bendix valoró los indicios que presentó el Ministerio Público como suficientes por lo que remitió al imputado al Penal de Apanteos.
De acuerdo a la investigación fiscal, el pasado 23 de marzo el acusado fue sorprendido en flagrancia cuando recogía al interior del Centro Comercial de Metrocentro, un paquete de dinero producto del chantaje que realizaba en contra de la víctima.
La captura se realizó gracias a un dispositivo de vigilancia que planificó la Policía Nacional Civil (PNC), en la 49ª Avenida Norte, frente a la entrada principal de dicho centro comercial en momentos que se disponía a abordar un taxi.
Según la denuncia que interpuso la víctima en la Fiscalía General de la República (FGR), el 22 de marzo, en horas de la tarde un sujeto desconocido comenzó a llamarlo por teléfono manifestándole que desde hace 15 días “le viene taloneando a su familia” y que de fallarle comenzaría a matarlos uno por uno.
El sujeto le dijo que para evitar hacerles daño a los parientes tenía que tenerle listo 3,000 dólares en efectivo para ese día y acordaron que la entrega fuera al día siguiente en la 8ª Etapa del centro comercial. Fue así que planificaron el dispositivo policial que culminó con la captura del sujeto.
a.s./Interjust
lunes, 28 de marzo de 2011
JUZGADO SOBRESEE DEFINITIVAMENTE A IMPUTADO CARLOS UMANZOR
SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 8° de Instrucción sobreseyó de manera definitiva a Carlos Armando Umanzor, de 43 años de edad, procesado por el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la Hacienda Pública.
Según datos del juzgado, al final de la audiencia preliminar en contra del imputado, se resolvió un sobreseimiento provisional a su favor a petición de la Fiscalía General de la República, ya que los elementos de convicción en contra del imputado no eran suficientes y el Peritaje Fiscal Contable no fue realizado durante la etapa de investigación.
En consecuencia, el tribunal resolvió el 23 de marzo de 2010 un sobreseimiento provisional para Carlos Armando Umanzor, ya que los indicios de prueba resultaron insuficientes para fundamentar la acusación. Al transcurrir más de un año sin que la FGR presente nuevos elementos de prueba sobre la participación delincuencial del imputado para propiciar la reapertura del caso, el tribunal resolvió un sobreseimiento definitivo a su favor.
En el caso también ha sido ordenada la devolución de varios vehículos, armas y documentación a nombre del imputado que fueron secuestrados durante los allanamientos realizados por el Ministerio Público. El juzgado también ordenó el archivo del caso.
Según datos del caso, el imputado, quien es originario del municipio de Pasaquina, departamento de La Unión, fue acusado por el Ministerio Público Fiscal por el delito de evasión de impuestos.
El caso fue conocido en la etapa inicial por el juzgado 8° de Paz de San Salvador, el cual envió el proceso a la etapa de instrucción; sin embargo el Juzgado 8° de Instrucción se declaró incompetente de conocer al respecto y lo envió al Juzgado 1° de Instrucción de San Miguel, dicha instancia lo remitió a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En su resolución la Sala de lo Penal remite y vuelve el caso, un año después, al 8° de Instrucción.
k.p./Interjust
Según datos del juzgado, al final de la audiencia preliminar en contra del imputado, se resolvió un sobreseimiento provisional a su favor a petición de la Fiscalía General de la República, ya que los elementos de convicción en contra del imputado no eran suficientes y el Peritaje Fiscal Contable no fue realizado durante la etapa de investigación.
En consecuencia, el tribunal resolvió el 23 de marzo de 2010 un sobreseimiento provisional para Carlos Armando Umanzor, ya que los indicios de prueba resultaron insuficientes para fundamentar la acusación. Al transcurrir más de un año sin que la FGR presente nuevos elementos de prueba sobre la participación delincuencial del imputado para propiciar la reapertura del caso, el tribunal resolvió un sobreseimiento definitivo a su favor.
En el caso también ha sido ordenada la devolución de varios vehículos, armas y documentación a nombre del imputado que fueron secuestrados durante los allanamientos realizados por el Ministerio Público. El juzgado también ordenó el archivo del caso.
Según datos del caso, el imputado, quien es originario del municipio de Pasaquina, departamento de La Unión, fue acusado por el Ministerio Público Fiscal por el delito de evasión de impuestos.
El caso fue conocido en la etapa inicial por el juzgado 8° de Paz de San Salvador, el cual envió el proceso a la etapa de instrucción; sin embargo el Juzgado 8° de Instrucción se declaró incompetente de conocer al respecto y lo envió al Juzgado 1° de Instrucción de San Miguel, dicha instancia lo remitió a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En su resolución la Sala de lo Penal remite y vuelve el caso, un año después, al 8° de Instrucción.
k.p./Interjust
viernes, 25 de marzo de 2011
JUEZA AUTORIZA CONCILIACIÓN PARA FOTOPERIODISTA ESPAÑOL POR HOMICIDIO CULPOSO
SAN SALVADOR, 25 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 4º de Paz autorizó la conciliación entre el fotoperiodista español, Bernat Camps Porera, de 27 años, acusado por homicidio culposo en perjuicio de Edwin Isaías Aguirre Rodríguez, de 45, lesiones culposas y 21 personas más.
La suscrita, además, le decretó instrucción formal con medidas sustitutivas al procesado, tales como no salir del país y presentarse cada ocho días al Juzgado 4º de Instrucción por el delito de conducción temeraria, el cual es de naturaleza sumaria; sin embargo, debido a que por éste se produjeron dos ilícitos más se pasó a ordinario.
En el caso del homicidio del cabo Aguirre Rodríguez, el Juzgado informó que otorgó una conciliación integral a la esposa.
Ninguna de las partes procesales reveló la cantidad de dinero que Camps Porera pagó para lograr llegar a un acuerdo conciliatorio entre él y sus demandantes. En total fueron nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y 18 miembros de una ONG.
Según señala el requerimiento fiscal, los hechos se registraron a las 7:00 a.m. del pasado 20 de marzo sobre la calle Loma Linda No. 2 de la colonia San Benito.
Aparentemente el imputado manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes el vehículo P-141-780 y no respetó una señal de alto, colisionó con una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES) de la Policía Nacional Civil (PNC) y éste a su vez con otro vehículo particular, en el cual se transportaban 21 personas, incluidos dos menores de edad de 14 y 15 años.
Del impacto Aguirre Rodríguez, miembro del GOES, resultó con severos golpes en la cara y pierna derecha, lo que le provocó la muerte instantánea. Los lesionados se transportaban en un automotor de la “Fundación Huellas”.
c.m./Interjust
DETENCIÓN PROVISIONAL CONTRA ACUSADOS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA
SAN SALVADOR, 25 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 8º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Julio César Brizuela Ortiz, de 56 años de edad, Carlos Elenilson Gómez, de 32, Orlando Antonio Mendoza Amaya, de 40, y Carlos Rubén Espinoza Díaz, de 67, acusados de falsificación, tenencia o alteración de moneda en perjuicio de la fe pública.
Al imputado Alfredo Antonio Rivas López, de 55 años, el juez Carlos Bendix le decretó instrucción formal con medidas sustitutivas, y el pago de una fianza de 1,500 dólares.
Los cuatro acusados fueron enviados a la Penitenciaría “La Esperanza”, en San Luis Mariona, por encontrar suficientes indicios en su contra.
Según la investigación fiscal, los acusados, presuntamente, forman parte de una red de distribuidores de billetes de dólares falsos de diferentes denominaciones, los cuales eran cambiados por dinero genuino cuando realizaban compras en tiendas y comercios informales ubicados en San Vicente y la carretera a Sonsonate.
El Ministerio Público cuenta con la declaración de un testigo con criterio de oportunidad que presuntamente dio a conocer la forma de operar de dicha red delincuencial. Según las indagaciones, los imputados vendían a personas interesadas a iniciarse en el “negocio”, a tres dólares cada billete falso de 20. Por cada billete falso que lograran cambiar, los distribuidores los recompensaban con seis dólares genuinos.
Detalla la acusación fiscal que en una de tantas ocasiones los sujetos lograron cambiar en tiendas de la ciudad de San Vicente, 40 billetes falsos de 20 dólares por dinero genuino. Los billetes eran de muy buena calidad porque pasaban la prueba del plumón de detección.
a.s./Interjust
Al imputado Alfredo Antonio Rivas López, de 55 años, el juez Carlos Bendix le decretó instrucción formal con medidas sustitutivas, y el pago de una fianza de 1,500 dólares.
Los cuatro acusados fueron enviados a la Penitenciaría “La Esperanza”, en San Luis Mariona, por encontrar suficientes indicios en su contra.
Según la investigación fiscal, los acusados, presuntamente, forman parte de una red de distribuidores de billetes de dólares falsos de diferentes denominaciones, los cuales eran cambiados por dinero genuino cuando realizaban compras en tiendas y comercios informales ubicados en San Vicente y la carretera a Sonsonate.
El Ministerio Público cuenta con la declaración de un testigo con criterio de oportunidad que presuntamente dio a conocer la forma de operar de dicha red delincuencial. Según las indagaciones, los imputados vendían a personas interesadas a iniciarse en el “negocio”, a tres dólares cada billete falso de 20. Por cada billete falso que lograran cambiar, los distribuidores los recompensaban con seis dólares genuinos.
Detalla la acusación fiscal que en una de tantas ocasiones los sujetos lograron cambiar en tiendas de la ciudad de San Vicente, 40 billetes falsos de 20 dólares por dinero genuino. Los billetes eran de muy buena calidad porque pasaban la prueba del plumón de detección.
a.s./Interjust
jueves, 24 de marzo de 2011
JUZGADO INSTALA AUDIENCIA PRELIMINAR CONTRA REYNERIO Y SU ESPOSA
SAN SALVADOR, 24 DE MARZO 2011 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción instaló este jueves audiencia preliminar contra Reynerio de Jesús Flores Lazo y su esposa Deysi Araceli Fuentes Cruz procesados por los delitos de Actos Preparatorios, Proposición, Conspiración y Asociaciones Ilícitas para cometer el delito de Tráfico Ilícito en perjuicio de la salud pública.
La audiencia se instaló a las 10 45 a.m. debido al atraso en el traslado del imputado desde el Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca. El juez Samuel Lizama aclaró en la audiencia que únicamente conocerá la situación jurídica de ambos implicados, tal como lo ordenó la Cámara Tercera de lo Penal. Hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) presenta la relación de los hechos de los ocho delitos atribuidos a los imputados relacionados al tráfico ilícito de droga y agrupaciones ilícitas.
El fiscal Wil Walter Ruíz detalló que cuentan con prueba documental, pericial y testimonial, entre esta última, 20 personas, entre policías, fiscales y técnicos del Laboratorio que participaron en la investigación, inspección y registro de los vehículos y furgones donde encontraron más de tres mil kilogramos de cocaína; sin embargo, los testigos no ubican al matrimonio al momento de la asignación de la droga.
Además, informó que han presentado bitácoras de llamadas que vinculan al imputado al narcotraficante guatemalteco Jaime Rodolfo Pérez Artola y al costarricense Warner Hernández Mora ya condenado por tráfico internacional de drogas.
Por su parte, el defensor Oscar Lara considera que “la Fiscalía se ha limitado a involucrar a sus defendidos indirectamente y no han probado que los esposos dieron órdenes o tuvieron un dominio de la sustancia ilícita encontrada en esos países”. Además, consideró que el cruce de llamadas presentado por la Fiscalía es ilegal porque fue realizada por peritos estatales y se le privó a su cliente de la defensa en esa diligencia.
A Flores Lazo también se le atribuyen los delitos de Contrabando de Mercadería y Ocultamiento, Falsificación o Destrucción de Información Tributaria, en perjuicio de la Hacienda Pública.
En su dictamen de acusación, la Fiscalía vincula a los imputados con diferentes hechos sucedidos en los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano; pero la investigación detalla que el salvadoreño Flores Lazo traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua.
El imputado habría utilizado tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
Reynerio Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien sostuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína hacia Costa Rica, en febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Las autoridades han investigado cinco decomisos vinculados al imputado Flores Lazo, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kg de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril de 2004 en la frontera Peñas Blancas, Costa Rica donde incautaron 188 kg de cocaína.
El tercer hecho se dio el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua con un decomiso de 1,105 kg de cocaína; en este caso, seis empleados de Reynerio Flores fueron detenidos. El cuarto caso ocurrió el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas, Costa Rica al detectar una rastra con 219 kg de cocaína y finalmente el quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua en el cual fueron decomisados 1,328 kg de cocaína.
Además, la FGR maneja como base de su acusación el peritaje fiscal y financiero realizado por peritos contables en la documentación secuestrada a lo largo de la investigación. En su análisis, la FGR señala que los imputados manejaron millonarias sumas de dinero en sus cuentas personales, las cuales no tendrían un justificación real. Es decir, un origen ilícito, cuestionado por la fiscalía y relacionado directamente con el tráfico y transporte de droga a nivel centroamericano.
Deysi Araceli Fuentes Cruz fue detenida en San Miguel el 11 de marzo de 2008. La imputada cumple una condena de tres años de prisión impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Unión. Mientras que Flores Lazo logró burlar un operativo policial conjunto ese mismo día en el predio donde funcionaba la empresa “Transportes de Jesús”, en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2009, Reynerio de Jesús Flores Lazo fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en La Granja, Tegucigalpa, Honduras. El imputado adujo al momento de su captura que era ciudadano hondureño. Sin embargo, Honduras ordenó su deportación a El Salvador.
El Ministerio Público pide al juez ordene apertura a juicio en el proceso contra ambos imputados.
k.c/Interjust
La audiencia se instaló a las 10 45 a.m. debido al atraso en el traslado del imputado desde el Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca. El juez Samuel Lizama aclaró en la audiencia que únicamente conocerá la situación jurídica de ambos implicados, tal como lo ordenó la Cámara Tercera de lo Penal. Hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) presenta la relación de los hechos de los ocho delitos atribuidos a los imputados relacionados al tráfico ilícito de droga y agrupaciones ilícitas.
El fiscal Wil Walter Ruíz detalló que cuentan con prueba documental, pericial y testimonial, entre esta última, 20 personas, entre policías, fiscales y técnicos del Laboratorio que participaron en la investigación, inspección y registro de los vehículos y furgones donde encontraron más de tres mil kilogramos de cocaína; sin embargo, los testigos no ubican al matrimonio al momento de la asignación de la droga.
Además, informó que han presentado bitácoras de llamadas que vinculan al imputado al narcotraficante guatemalteco Jaime Rodolfo Pérez Artola y al costarricense Warner Hernández Mora ya condenado por tráfico internacional de drogas.
Por su parte, el defensor Oscar Lara considera que “la Fiscalía se ha limitado a involucrar a sus defendidos indirectamente y no han probado que los esposos dieron órdenes o tuvieron un dominio de la sustancia ilícita encontrada en esos países”. Además, consideró que el cruce de llamadas presentado por la Fiscalía es ilegal porque fue realizada por peritos estatales y se le privó a su cliente de la defensa en esa diligencia.
A Flores Lazo también se le atribuyen los delitos de Contrabando de Mercadería y Ocultamiento, Falsificación o Destrucción de Información Tributaria, en perjuicio de la Hacienda Pública.
En su dictamen de acusación, la Fiscalía vincula a los imputados con diferentes hechos sucedidos en los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano; pero la investigación detalla que el salvadoreño Flores Lazo traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua.
El imputado habría utilizado tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
Reynerio Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien sostuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína hacia Costa Rica, en febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Las autoridades han investigado cinco decomisos vinculados al imputado Flores Lazo, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kg de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril de 2004 en la frontera Peñas Blancas, Costa Rica donde incautaron 188 kg de cocaína.
El tercer hecho se dio el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua con un decomiso de 1,105 kg de cocaína; en este caso, seis empleados de Reynerio Flores fueron detenidos. El cuarto caso ocurrió el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas, Costa Rica al detectar una rastra con 219 kg de cocaína y finalmente el quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua en el cual fueron decomisados 1,328 kg de cocaína.
Además, la FGR maneja como base de su acusación el peritaje fiscal y financiero realizado por peritos contables en la documentación secuestrada a lo largo de la investigación. En su análisis, la FGR señala que los imputados manejaron millonarias sumas de dinero en sus cuentas personales, las cuales no tendrían un justificación real. Es decir, un origen ilícito, cuestionado por la fiscalía y relacionado directamente con el tráfico y transporte de droga a nivel centroamericano.
Deysi Araceli Fuentes Cruz fue detenida en San Miguel el 11 de marzo de 2008. La imputada cumple una condena de tres años de prisión impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Unión. Mientras que Flores Lazo logró burlar un operativo policial conjunto ese mismo día en el predio donde funcionaba la empresa “Transportes de Jesús”, en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2009, Reynerio de Jesús Flores Lazo fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en La Granja, Tegucigalpa, Honduras. El imputado adujo al momento de su captura que era ciudadano hondureño. Sin embargo, Honduras ordenó su deportación a El Salvador.
El Ministerio Público pide al juez ordene apertura a juicio en el proceso contra ambos imputados.
k.c/Interjust
JUZGADO IMPONE FIANZA A MUJER ACUSADA DE HOMICIDIO CULPOSO
SAN SALVADOR, 24 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 11º de Paz decretó instrucción formal con medidas sustitutivas contra Elisa Madai Quinteros Minero, de 24 años de edad, acusada de homicidio culposo en perjuicio de R.M., de 70.
En la diligencia judicial ningún familiar de la víctima se hizo presente por lo que no se dieron las condiciones para una posible conciliación, por tal razón el juez Carlos Edgardo Bendix remitió el caso al Juzgado 3º de Tránsito y le impuso a la acusada una fianza económica de $2,000.
Según el requerimiento fiscal, el accidente ocurrió el pasado 12 de marzo en la Alameda Juan Pablo Segundo, frente al Parque Centenario, de San Salvador, en momento que la joven conducía el vehículo P-281.171 y al parecer no acató las medidas de seguridad cuando cruzan los peatones la vía, atropellando así al septuagenario a quien le causó la muerte inmediata.
La imputada se presentará cada semana a firmar a dicho Juzgado de Transito, mientras tanto no podrá cambiar de domicilio ni salir del país y a la espera de una audiencia preliminar.
a.s./Interjust
En la diligencia judicial ningún familiar de la víctima se hizo presente por lo que no se dieron las condiciones para una posible conciliación, por tal razón el juez Carlos Edgardo Bendix remitió el caso al Juzgado 3º de Tránsito y le impuso a la acusada una fianza económica de $2,000.
Según el requerimiento fiscal, el accidente ocurrió el pasado 12 de marzo en la Alameda Juan Pablo Segundo, frente al Parque Centenario, de San Salvador, en momento que la joven conducía el vehículo P-281.171 y al parecer no acató las medidas de seguridad cuando cruzan los peatones la vía, atropellando así al septuagenario a quien le causó la muerte inmediata.
La imputada se presentará cada semana a firmar a dicho Juzgado de Transito, mientras tanto no podrá cambiar de domicilio ni salir del país y a la espera de una audiencia preliminar.
a.s./Interjust
INSTALARÁN AUDIENCIA CONTRA FOTOPERIODISTA ESPAÑOL POR HOMICIDIO CULPOSO
SAN SALVADOR, 24 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 4º de Paz instalará este viernes, a las 9:30 a.m., audiencia inicial contra el fotoperiodista español Bernat Camps, de 27 años, acusado por homicidio culposo en perjuicio de Edwin Isaías Aguirre Rodríguez, de 45, lesiones culposas en 21 personas más y conducción temeraria.
Según señala el requerimiento fiscal, los hechos se registraron a las 7:00 a.m. del pasado 20 de marzo sobre la calle Loma Linda No. 2 de la colonia San Benito.
Aparentemente el imputado manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes el vehículo P-141-780 y no respetó una señal de alto, colisionó con una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES) de la Policía Nacional Civil (PNC) y éste a su vez con otro vehículo particular, en el cual se transportaban 21 personas, incluidos dos menores de edad, de 14 y 15 años.
Del impacto, Aguirre Rodríguez, miembro del GOPES, resultó con severos golpes en la cara y pierna derecha, lo que le provocó la muerte instantánea.
Los lesionados se transportaban en un automotor de la “Fundación Huellas”.
La FGR ha solicitado a la jueza, Nelly Pozas, decretar instrucción formal con detención provisional; sin embargo, miembros de la defensa han manifestado que el acusado desea conciliar con los afectados.
c.m./Interjust
Según señala el requerimiento fiscal, los hechos se registraron a las 7:00 a.m. del pasado 20 de marzo sobre la calle Loma Linda No. 2 de la colonia San Benito.
Aparentemente el imputado manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes el vehículo P-141-780 y no respetó una señal de alto, colisionó con una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES) de la Policía Nacional Civil (PNC) y éste a su vez con otro vehículo particular, en el cual se transportaban 21 personas, incluidos dos menores de edad, de 14 y 15 años.
Del impacto, Aguirre Rodríguez, miembro del GOPES, resultó con severos golpes en la cara y pierna derecha, lo que le provocó la muerte instantánea.
Los lesionados se transportaban en un automotor de la “Fundación Huellas”.
La FGR ha solicitado a la jueza, Nelly Pozas, decretar instrucción formal con detención provisional; sin embargo, miembros de la defensa han manifestado que el acusado desea conciliar con los afectados.
c.m./Interjust
lunes, 21 de marzo de 2011
LA PAUTA PARA ESTE 24 DE MARZO DE 2011
1) El Juzgado 5º de Instrucción instalará una audiencia preliminar contra Reynerio de Jesús Flores y su mujer, Daysi Fuentes. 9:00 a.m. y la asignada es Karina Cuadra. Esto será en una sala de jurados.
2) Los juzgados en turno serán: 3º, 4º y 5º de Paz, mientras que el Juzgado 2º de Menores prestará servicio de turno.
2) Los juzgados en turno serán: 3º, 4º y 5º de Paz, mientras que el Juzgado 2º de Menores prestará servicio de turno.
DECRETAN DETENCIÓN PROVISIONAL POR LAVADO DE DINERO
SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 2º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra los imputados, Guillermo José Baires Bettaglio y Eva María Tougard Contreras, de 29 y 32 años, respectivamente.
El primero acusado de lavado de dinero y activos, portación o conducción y tenencia de armas de fuego, posesión y tenencia de droga, mientras que la mujer sólo por lavado de dinero en perjuicio del orden socio-económico, salud pública y la paz pública.
La jueza Marta Valladares valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), además que no decretó la reserva del caso, tal y como peticionaba la FGR, debido a que el caso ya es del dominio público y la petición no estaba fundamentada del todo.
Actualmente, Baires Bettaglio se encuentra en el Hospital Centro de Emergencias, ya que presenta problemas cardíacos; mientras que Tougard Conteras, de nacionalidad panameña, recibe atención médica en el Hospital Ginecológico, ya que presenta cuatro meses de gestación.
Según datos del requerimiento, a las 7:30 p.m. del pasado 16 de marzo se realizó un registro y allanamiento en el apartamento No. 63 del Edificio Torre Paseo Dos, 6º nivel en el Paseo General Escalón, en dicho lugar se encontraron un fusil con tres cargadores y cuatro cartuchos y una carabina pavón negro calibre 30, así como fajos de billetes de varias denominaciones que hacen un total de 14 mil 837 dólares, 46 mil 900, una chequera a nombre de Baires Bettaglio de un banco de Panamá, BAC.
También en el interior del vehículo se hallaron 150 mil dólares y en un compartimiento la cantidad de 169 mil 103, mientras que en una bodega la cantidad de 438 mil. Todo hace un total de 818 mil 840 dólares. El proceso pasará a la orden del Juzgad 2º de Instrucción.
c.m./Interjust
El primero acusado de lavado de dinero y activos, portación o conducción y tenencia de armas de fuego, posesión y tenencia de droga, mientras que la mujer sólo por lavado de dinero en perjuicio del orden socio-económico, salud pública y la paz pública.
La jueza Marta Valladares valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), además que no decretó la reserva del caso, tal y como peticionaba la FGR, debido a que el caso ya es del dominio público y la petición no estaba fundamentada del todo.
Actualmente, Baires Bettaglio se encuentra en el Hospital Centro de Emergencias, ya que presenta problemas cardíacos; mientras que Tougard Conteras, de nacionalidad panameña, recibe atención médica en el Hospital Ginecológico, ya que presenta cuatro meses de gestación.
Según datos del requerimiento, a las 7:30 p.m. del pasado 16 de marzo se realizó un registro y allanamiento en el apartamento No. 63 del Edificio Torre Paseo Dos, 6º nivel en el Paseo General Escalón, en dicho lugar se encontraron un fusil con tres cargadores y cuatro cartuchos y una carabina pavón negro calibre 30, así como fajos de billetes de varias denominaciones que hacen un total de 14 mil 837 dólares, 46 mil 900, una chequera a nombre de Baires Bettaglio de un banco de Panamá, BAC.
También en el interior del vehículo se hallaron 150 mil dólares y en un compartimiento la cantidad de 169 mil 103, mientras que en una bodega la cantidad de 438 mil. Todo hace un total de 818 mil 840 dólares. El proceso pasará a la orden del Juzgad 2º de Instrucción.
c.m./Interjust
PROGRAMAN VISTA PÚBLICA EN CASO BATERÍAS DE EL SALVADOR
SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla instalará a partir del 30 de mayo en el caso que se investiga contra varios directivos de la empresa Baterías de El Salvador S.A. de C.V.
Según datos del tribunal la vista pública sería instalada contra los tres reos presentes, Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez, quienes son juzgados por el delito de contaminación ambiental agravada. No así con los ausentes contra quienes pesa una orden de captura.
La audiencia preliminar en el caso fue realizada en junio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico y su resolución fue dada a conocer el 27 de julio del mismo año, en la cual el caso pasó a la etapa de Vista Pública.
Durante la audiencia preliminar comparecieron los reos presentes Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez, quienes son juzgados por el delito de contaminación ambiental agravada.
Los imputados se desempeñaban como ingenieros dentro de la empresa Baterías de El Salvador y actualmente gozan de medidas sustitutivas a la detención provisional.
Según datos del proceso, el 24 de septiembre del año 2007, las autoridades del Ministerio de Salud clausuraron la fábrica Baterías RECORD de El Salvador por considerar que no contaban con los permisos necesarios para operar.
El 29 de febrero de 2008 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó requerimiento en el Juzgado de Paz de San Juan Opico, contra tres miembros de la directiva de la empresa y tres ingenieros.
El 6 de marzo el Juzgado de Paz instaló la audiencia inicial, en la cual el Juez, Lic. Rafael Meléndez, resolvió instrucción formal con detención provisional para los directivos, así como la inmovilización de varias cuentas bancarias por 141 millones de dólares.
Para los ingenieros imputados fue decretada la instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención. El caso así pasó al Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico a cargo del juez Lic. David Amael Morán Ascencio.
En los meses siguientes, el Juzgado de Primera Instancia programó varias diligencias; entre estas, entrevistas a testigos, tomas de muestras de agua, suelo y aire.
El Juzgado realizó la inspección en el Río Sucio, ubicado en el municipio de San Juan Opico, y que recorre varios caseríos y cantones cercanos a la planta. El objetivo de esta diligencia fue tomar muestras para analizarlas y determinar presencia de plomo en el agua. Además se realizó anticipo de prueba de toma de muestras y ceniza del interior de la fábrica Baterías de El Salvador.
Los imputados ausentes Ronald Antonio Lacayo Argüello, director; Sandra Cecilia Lacayo de Escapini, secretaria, y José Ofilio Gurdián Lacayo, presidente de la empresa Baterías de El Salvador, quienes son procesados por el delito de contaminación ambiental agravada. La vista pública se tiene prevista para tres meses.
k.p./Interjust
Según datos del tribunal la vista pública sería instalada contra los tres reos presentes, Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez, quienes son juzgados por el delito de contaminación ambiental agravada. No así con los ausentes contra quienes pesa una orden de captura.
La audiencia preliminar en el caso fue realizada en junio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico y su resolución fue dada a conocer el 27 de julio del mismo año, en la cual el caso pasó a la etapa de Vista Pública.
Durante la audiencia preliminar comparecieron los reos presentes Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez, quienes son juzgados por el delito de contaminación ambiental agravada.
Los imputados se desempeñaban como ingenieros dentro de la empresa Baterías de El Salvador y actualmente gozan de medidas sustitutivas a la detención provisional.
Según datos del proceso, el 24 de septiembre del año 2007, las autoridades del Ministerio de Salud clausuraron la fábrica Baterías RECORD de El Salvador por considerar que no contaban con los permisos necesarios para operar.
El 29 de febrero de 2008 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó requerimiento en el Juzgado de Paz de San Juan Opico, contra tres miembros de la directiva de la empresa y tres ingenieros.
El 6 de marzo el Juzgado de Paz instaló la audiencia inicial, en la cual el Juez, Lic. Rafael Meléndez, resolvió instrucción formal con detención provisional para los directivos, así como la inmovilización de varias cuentas bancarias por 141 millones de dólares.
Para los ingenieros imputados fue decretada la instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención. El caso así pasó al Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico a cargo del juez Lic. David Amael Morán Ascencio.
En los meses siguientes, el Juzgado de Primera Instancia programó varias diligencias; entre estas, entrevistas a testigos, tomas de muestras de agua, suelo y aire.
El Juzgado realizó la inspección en el Río Sucio, ubicado en el municipio de San Juan Opico, y que recorre varios caseríos y cantones cercanos a la planta. El objetivo de esta diligencia fue tomar muestras para analizarlas y determinar presencia de plomo en el agua. Además se realizó anticipo de prueba de toma de muestras y ceniza del interior de la fábrica Baterías de El Salvador.
Los imputados ausentes Ronald Antonio Lacayo Argüello, director; Sandra Cecilia Lacayo de Escapini, secretaria, y José Ofilio Gurdián Lacayo, presidente de la empresa Baterías de El Salvador, quienes son procesados por el delito de contaminación ambiental agravada. La vista pública se tiene prevista para tres meses.
k.p./Interjust
AUDIENCIA PRELIMINAR CONTRA REYNERIO Y SU ESPOSA REPROGRAMADA PARA JUEVES
SAN SALVADOR, 21 DE MARZO 2011 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción reprogramó para el jueves 24 de marzo a las 9 a.m. la audiencia preliminar contra Reynerio de Jesús Flores Lazo y su esposa Deysi Araceli Fuentes Cruz procesados por los delitos de Actos Preparatorios, Proposición, Conspiración y Asociaciones Ilícitas para cometer el delito de Tráfico Ilícito en perjuicio de la salud pública.
La audiencia se suspendió este día debido a que los reos no fueron trasladados.
El juez Samuel Lizama ha programado la audiencia para siete días y convocado a las partes procesales para que presenten las pruebas a favor y en contra de ambos implicados. Esto luego que la audiencia preliminar realizada por el Juzgado 9° de Instrucción en agosto de 2010, en la que envió a juicio a los implicados, fuera declarada nula por el Tribunal 1° de Sentencia dos meses después y recientemente la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro designó al Juzgado 5° de Instrucción para realizar la audiencia preliminar.
A Flores Lazo también se le atribuyen los delitos de Contrabando de Mercadería y Ocultamiento, Falsificación o Destrucción de Información Tributaria, en perjuicio de la Hacienda Pública.
En su dictamen de acusación, la Fiscalía General de la República (FGR) vincula a los imputados con diferentes hechos sucedidos en los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano; pero la investigación detalla que el salvadoreño Flores Lazo traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua. El imputado habría utilizado tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
La Fiscalía identifica una red de 14 personas subcontratadas por narcotraficantes ligados al cártel del Golfo. La mayoría prófugos en este proceso.
Reynerio Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien sostuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína hacia Costa Rica, en febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Las autoridades han investigado cinco decomisos vinculados al imputado Flores Lazo, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kilogramos de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril de 2004 en la frontera Peñas Blancas, Costa Rica donde incautaron 188 Kg de cocaína.
El tercer hecho se dio el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua con un decomiso de 1,105 Kg de cocaína; en este caso, seis empleados de Reynerio Flores fueron detenidos. El cuarto caso ocurrió el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas, Costa Rica al detectar una rastra con 219 kg. de cocaína y finalmente el quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua en el cual fueron decomisados 1,328 Kg de cocaína.
En el proceso de investigación del caso se han realizado una serie de diligencias; entre estas, un anticipo de prueba consistente en la toma de declaraciones de agentes policiales, investigadores, fiscales y peritos, quienes fueron protagonistas en los procedimientos de inspección y registro, decomiso y análisis de la droga decomisada en los diferentes allanamientos en Centroamérica.
Además, la FGR maneja como base de su acusación el peritaje fiscal y financiero realizado por peritos contables en la documentación secuestrada a lo largo de la investigación. En su análisis, la FGR señala que los imputados manejaron millonarias sumas de dinero en sus cuentas personales, las cuales no tendrían un justificación real. Es decir, un origen ilícito, cuestionado por la fiscalía y relacionado directamente con el tráfico y transporte de droga a nivel centroamericano.
Deysi Araceli Fuentes Cruz fue detenida en San Miguel el 11 de marzo de 2008. La imputada cumple una condena de tres años de prisión impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Unión. Mientras que Flores Lazo logró burlar un operativo policial conjunto ese mismo día en el predio donde funcionaba la empresa “Transportes de Jesús”, en Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión.
Sin embargo el 6 de mayo de 2009 Reynerio de Jesús Flores Lazo fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en La Granja, Tegucigalpa, Honduras. El imputado adujo al momento de su captura que era ciudadano hondureño. Sin embargo Honduras ordenó su deportación a El Salvador.
El Ministerio Público pide al Juez ordene apertura a juicio en el proceso contra ambos imputados.
k.c/Interjust
La audiencia se suspendió este día debido a que los reos no fueron trasladados.
El juez Samuel Lizama ha programado la audiencia para siete días y convocado a las partes procesales para que presenten las pruebas a favor y en contra de ambos implicados. Esto luego que la audiencia preliminar realizada por el Juzgado 9° de Instrucción en agosto de 2010, en la que envió a juicio a los implicados, fuera declarada nula por el Tribunal 1° de Sentencia dos meses después y recientemente la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro designó al Juzgado 5° de Instrucción para realizar la audiencia preliminar.
A Flores Lazo también se le atribuyen los delitos de Contrabando de Mercadería y Ocultamiento, Falsificación o Destrucción de Información Tributaria, en perjuicio de la Hacienda Pública.
En su dictamen de acusación, la Fiscalía General de la República (FGR) vincula a los imputados con diferentes hechos sucedidos en los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano; pero la investigación detalla que el salvadoreño Flores Lazo traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua. El imputado habría utilizado tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
La Fiscalía identifica una red de 14 personas subcontratadas por narcotraficantes ligados al cártel del Golfo. La mayoría prófugos en este proceso.
Reynerio Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien sostuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína hacia Costa Rica, en febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Las autoridades han investigado cinco decomisos vinculados al imputado Flores Lazo, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kilogramos de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril de 2004 en la frontera Peñas Blancas, Costa Rica donde incautaron 188 Kg de cocaína.
El tercer hecho se dio el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua con un decomiso de 1,105 Kg de cocaína; en este caso, seis empleados de Reynerio Flores fueron detenidos. El cuarto caso ocurrió el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas, Costa Rica al detectar una rastra con 219 kg. de cocaína y finalmente el quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua en el cual fueron decomisados 1,328 Kg de cocaína.
En el proceso de investigación del caso se han realizado una serie de diligencias; entre estas, un anticipo de prueba consistente en la toma de declaraciones de agentes policiales, investigadores, fiscales y peritos, quienes fueron protagonistas en los procedimientos de inspección y registro, decomiso y análisis de la droga decomisada en los diferentes allanamientos en Centroamérica.
Además, la FGR maneja como base de su acusación el peritaje fiscal y financiero realizado por peritos contables en la documentación secuestrada a lo largo de la investigación. En su análisis, la FGR señala que los imputados manejaron millonarias sumas de dinero en sus cuentas personales, las cuales no tendrían un justificación real. Es decir, un origen ilícito, cuestionado por la fiscalía y relacionado directamente con el tráfico y transporte de droga a nivel centroamericano.
Deysi Araceli Fuentes Cruz fue detenida en San Miguel el 11 de marzo de 2008. La imputada cumple una condena de tres años de prisión impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Unión. Mientras que Flores Lazo logró burlar un operativo policial conjunto ese mismo día en el predio donde funcionaba la empresa “Transportes de Jesús”, en Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión.
Sin embargo el 6 de mayo de 2009 Reynerio de Jesús Flores Lazo fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en La Granja, Tegucigalpa, Honduras. El imputado adujo al momento de su captura que era ciudadano hondureño. Sin embargo Honduras ordenó su deportación a El Salvador.
El Ministerio Público pide al Juez ordene apertura a juicio en el proceso contra ambos imputados.
k.c/Interjust
viernes, 18 de marzo de 2011
La pauta para este 17 de marzo va de la siguiente manera:
1) El Juzgado 5º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar contra Reynerio Flores Lazo y su esposa Deysi Fuentes Cruz por los delitos de Tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública. 9:00 a.m. y la asignada es Karina Cuadra.
2) El Tribunal de Sentencia en Santa Tecla llevará a cabo una audiencia especial en torno al caso de RECORD. 9:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
3) Los juzgados en turno serán: 15º, 1º y 2º de Paz, mientras que el Juzgado 4º de Menores labora hasta el domingo entrante.
2) El Tribunal de Sentencia en Santa Tecla llevará a cabo una audiencia especial en torno al caso de RECORD. 9:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
3) Los juzgados en turno serán: 15º, 1º y 2º de Paz, mientras que el Juzgado 4º de Menores labora hasta el domingo entrante.
LUNES AUDIENCIA PRELIMINAR CONTRA REYNERIO Y SU ESPOSA
SAN SALVADOR, 18 DE MARZO 2011 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción programó a partir de este lunes 21 de marzo a las 9 a.m. audiencia preliminar contra Reynerio de Jesús Flores Lazo y su esposa Deysi Araceli Fuentes Cruz procesados por los delitos de Actos Preparatorios, Proposición, Conspiración y Asociaciones Ilícitas para cometer el delito de Tráfico Ilícito en perjuicio de la salud pública.
El Juez, Licenciado Samuel Lizama ha programado la audiencia para 7 días y convocado a las partes procesales para que presenten las pruebas a favor y en contra de ambos implicado. Esto luego que la audiencia preliminar realizada por el Juzgado 9° de Instrucción en agosto de 2010, en la que envió a juicio a los implicados, fuera declarada nula por el Tribunal Primero de Sentencia dos meses después y recientemente la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro designó al Juzgado Quinto de Instrucción para realizar la audiencia preliminar.
A Flores Lazo también se le atribuyen los delitos de Contrabando de Mercadería y Ocultamiento, Falsificación o Destrucción de Información Tributaria, en perjuicio de la Hacienda Pública.
En su dictamen de acusación, La Fiscalía General de la República (FGR) vincula a los imputados con diferentes hechos sucedidos en los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano; pero la investigación detalla que el salvadoreño Flores Lazo traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua. El imputado habría utilizado tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
La Fiscalía identifica una red de 14 personas subcontratadas por narcotraficantes ligados al cártel del Golfo. La mayoría prófugos en este proceso.
Reynerio Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien sostuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína hacia Costa Rica, en febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Las autoridades han investigado cinco decomisos vinculados al imputado Flores Lazo, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kg. de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril de 2004 en la frontera Peñas Blancas, Costa Rica donde incautaron 188 kg. de cocaína.
El tercer hecho se dio el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua con un decomiso de 1,105 kg. de cocaína; en este caso, seis empleados de Reynerio Flores fueron detenidos. El cuarto caso ocurrió el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas, Costa Rica al detectar una rastra con 219 kg. de cocaína y finalmente el quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua en el cual fueron decomisados 1,328 kg. de cocaína.
En el proceso de investigación del caso se han realizado una serie de diligencias; entre estas, un anticipo de prueba consistente en la toma de declaraciones de agentes policiales, investigadores, fiscales y peritos, quienes fueron protagonistas en los procedimientos de inspección y registro, decomiso y análisis de la droga decomisada en los diferentes allanamientos en Centroamérica.
Además, la FGR maneja como base de su acusación el peritaje fiscal y financiero realizado por peritos contables en la documentación secuestrada a lo largo de la investigación. En su análisis, la FGR señala que los imputados manejaron millonarias sumas de dinero en sus cuentas personales, las cuales no tendrían una justificación real. Es decir, un origen ilícito, cuestionado por la fiscalía y relacionado directamente con el tráfico y transporte de droga a nivel centroamericano.
Deysi Araceli Fuentes Cruz fue detenida en San Miguel el 11 de marzo de 2008. La imputada cumple una condena de tres años de prisión impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Unión. Mientras que Flores Lazo logró burlar un operativo policial conjunto ese mismo día en el predio donde funcionaba la empresa “Transportes de Jesús”, en Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión.
Sin embargo el 6 de mayo de 2009 Reynerio de Jesús Flores Lazo fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en La Granja, Tegucigalpa, Honduras. El imputado adujo al momento de su captura que era ciudadano hondureño. Sin embargo Honduras ordenó su deportación a El Salvador.
El Ministerio Público pide al Juez ordene apertura a juicio en el proceso contra ambos imputados.
k.c/Interjust
El Juez, Licenciado Samuel Lizama ha programado la audiencia para 7 días y convocado a las partes procesales para que presenten las pruebas a favor y en contra de ambos implicado. Esto luego que la audiencia preliminar realizada por el Juzgado 9° de Instrucción en agosto de 2010, en la que envió a juicio a los implicados, fuera declarada nula por el Tribunal Primero de Sentencia dos meses después y recientemente la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro designó al Juzgado Quinto de Instrucción para realizar la audiencia preliminar.
A Flores Lazo también se le atribuyen los delitos de Contrabando de Mercadería y Ocultamiento, Falsificación o Destrucción de Información Tributaria, en perjuicio de la Hacienda Pública.
En su dictamen de acusación, La Fiscalía General de la República (FGR) vincula a los imputados con diferentes hechos sucedidos en los años 2004 y 2005, relacionados con el tráfico o comercio de droga a nivel centroamericano; pero la investigación detalla que el salvadoreño Flores Lazo traficó de diciembre de 2003 a enero de 2008 unos 82 millones de dólares en droga desde Costa Rica a Nicaragua. El imputado habría utilizado tres diferentes empresas de transporte, dos de las cuales eran conformadas por sus empleados.
La Fiscalía identifica una red de 14 personas subcontratadas por narcotraficantes ligados al cártel del Golfo. La mayoría prófugos en este proceso.
Reynerio Flores Lazo habría proporcionado respaldo logístico a narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y costarricenses, entre ellos el guatemalteco Jaime Pérez Artola, con quien sostuvo una conversación telefónica a fin de coordinar el traslado de 843 kilogramos de cocaína hacia Costa Rica, en febrero de 2004. La droga fue transportada en un cabezal con placas salvadoreñas, a nombre de Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Las autoridades han investigado cinco decomisos vinculados al imputado Flores Lazo, el primero sucedió el 3 de febrero de 2004 en Puntarenas, Costa Rica donde decomisaron 570 kg. de cocaína. El segundo se registró el 3 de abril de 2004 en la frontera Peñas Blancas, Costa Rica donde incautaron 188 kg. de cocaína.
El tercer hecho se dio el 27 de noviembre de 2004 en León Telica, Nicaragua con un decomiso de 1,105 kg. de cocaína; en este caso, seis empleados de Reynerio Flores fueron detenidos. El cuarto caso ocurrió el 10 de septiembre de 2005 en la frontera de Peñas Blancas, Costa Rica al detectar una rastra con 219 kg. de cocaína y finalmente el quinto caso se registró el 27 de enero de 2008 en Nicaragua en el cual fueron decomisados 1,328 kg. de cocaína.
En el proceso de investigación del caso se han realizado una serie de diligencias; entre estas, un anticipo de prueba consistente en la toma de declaraciones de agentes policiales, investigadores, fiscales y peritos, quienes fueron protagonistas en los procedimientos de inspección y registro, decomiso y análisis de la droga decomisada en los diferentes allanamientos en Centroamérica.
Además, la FGR maneja como base de su acusación el peritaje fiscal y financiero realizado por peritos contables en la documentación secuestrada a lo largo de la investigación. En su análisis, la FGR señala que los imputados manejaron millonarias sumas de dinero en sus cuentas personales, las cuales no tendrían una justificación real. Es decir, un origen ilícito, cuestionado por la fiscalía y relacionado directamente con el tráfico y transporte de droga a nivel centroamericano.
Deysi Araceli Fuentes Cruz fue detenida en San Miguel el 11 de marzo de 2008. La imputada cumple una condena de tres años de prisión impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Unión. Mientras que Flores Lazo logró burlar un operativo policial conjunto ese mismo día en el predio donde funcionaba la empresa “Transportes de Jesús”, en Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión.
Sin embargo el 6 de mayo de 2009 Reynerio de Jesús Flores Lazo fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en La Granja, Tegucigalpa, Honduras. El imputado adujo al momento de su captura que era ciudadano hondureño. Sin embargo Honduras ordenó su deportación a El Salvador.
El Ministerio Público pide al Juez ordene apertura a juicio en el proceso contra ambos imputados.
k.c/Interjust
jueves, 17 de marzo de 2011
La pauta para este 17 de marzo va de la siguiente manera:
1) El Juzgado 2º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por estafa agravada. 8:30 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
2) El Juzgado 4º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por violación. 11:00 a.m. y la asignada es Karina Cuadra de Díaz.
3) El Tribunal 6º de Sentencia llevará a cabo una vista pública por tráfico ilegal de personas y estafa. Sala 3-"C", 9:30 a.m. y la comisionada es Rina Teos de Renderos.
4) El Juzgado 8° de Paz instalará audiencia inicial contra cinco imputados procesados por el delito de tenencia y falsificación de moneda. 12:00 m.d. Lugar: Juzgados Delegación de Montserrat.
5) Los juzgados en turno serán: 15º de Paz y 4º de Menores.
2) El Juzgado 4º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por violación. 11:00 a.m. y la asignada es Karina Cuadra de Díaz.
3) El Tribunal 6º de Sentencia llevará a cabo una vista pública por tráfico ilegal de personas y estafa. Sala 3-"C", 9:30 a.m. y la comisionada es Rina Teos de Renderos.
4) El Juzgado 8° de Paz instalará audiencia inicial contra cinco imputados procesados por el delito de tenencia y falsificación de moneda. 12:00 m.d. Lugar: Juzgados Delegación de Montserrat.
5) Los juzgados en turno serán: 15º de Paz y 4º de Menores.
MAÑANA AUDIENCIA PRELIMINAR POR FRAUDE DE TELECOMUNICACIONES
SAN SALVADOR, 17 DE MARZO 2011. (INTERJUST). El Juzgado 2° de Instrucción instalará mañana a las 8:30 a.m. audiencia preliminar contra David Ernesto Castro Marquina, de 34 años de edad, procesado por el delito de fraude de telecomunicaciones en perjuicio de la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador C.T.E., S.A de C.V.
Según datos del dictamen de acusación, el 15 de junio de 2010 los representantes legales de la Compañía de Telecomunicaciones interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de detectar un tráfico irregular en las llamadas telefónicas, en algunas zonas de San Salvador.
Dentro de las investigaciones constan los informes técnicos de la Gerencia de la empresa en los que revela un tráfico anormal en llamadas fijas, aparentemente generadas por algunos abonados provenientes de las colonias Bernal, Miramonte y la zona de la 75 avenida norte de San Salvador. La compañía detectó un promedio de 89 clientes afectados, cuyas líneas fueron interceptadas e intervenidas para generar llamadas salientes a Cuba, entre otros países.
Según el informe, con un equipo sofisticado se captaron las llamadas provenientes de Estados Unidos y se convirtieron en locales. Y utilizando líneas fijas de abonados salvadoreños se realiza una llamada saliente internacional con destino a Cuba.
Ante el hallazgo, la empresa envió a técnicos al sector de la 1ª calle poniente y 61° avenida norte detectando una conexión irregular y al darle seguimiento se dirigieron al inmueble, donde probablemente estaba el equipo técnico para realizar la operación fraudulenta.
Luego de la denuncia, la FGR solicita al Juzgado 7° de Paz un registro con prevención de allanamiento en dicho inmueble donde se halló el equipo telefónico y fue detenido el imputado David Ernesto Castro Marquina.
Según la Fiscalía, las alteraciones de la red telefónica de C.T.E. S.A de C.V produjeron una pérdida para la empresa de varios miles de dólares. La FGR ha solicitado al Juzgado que el caso pase a la etapa de vista pública y una responsabilidad civil para el imputado hasta por 37,748.10 dólares.
Según datos del dictamen de acusación, el 15 de junio de 2010 los representantes legales de la Compañía de Telecomunicaciones interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de detectar un tráfico irregular en las llamadas telefónicas, en algunas zonas de San Salvador.
Dentro de las investigaciones constan los informes técnicos de la Gerencia de la empresa en los que revela un tráfico anormal en llamadas fijas, aparentemente generadas por algunos abonados provenientes de las colonias Bernal, Miramonte y la zona de la 75 avenida norte de San Salvador. La compañía detectó un promedio de 89 clientes afectados, cuyas líneas fueron interceptadas e intervenidas para generar llamadas salientes a Cuba, entre otros países.
Según el informe, con un equipo sofisticado se captaron las llamadas provenientes de Estados Unidos y se convirtieron en locales. Y utilizando líneas fijas de abonados salvadoreños se realiza una llamada saliente internacional con destino a Cuba.
Ante el hallazgo, la empresa envió a técnicos al sector de la 1ª calle poniente y 61° avenida norte detectando una conexión irregular y al darle seguimiento se dirigieron al inmueble, donde probablemente estaba el equipo técnico para realizar la operación fraudulenta.
Luego de la denuncia, la FGR solicita al Juzgado 7° de Paz un registro con prevención de allanamiento en dicho inmueble donde se halló el equipo telefónico y fue detenido el imputado David Ernesto Castro Marquina.
Según la Fiscalía, las alteraciones de la red telefónica de C.T.E. S.A de C.V produjeron una pérdida para la empresa de varios miles de dólares. La FGR ha solicitado al Juzgado que el caso pase a la etapa de vista pública y una responsabilidad civil para el imputado hasta por 37,748.10 dólares.
INSTALARÁN AUDIENCIA POR HOMICIDIO EN PARQUEO
SAN SALVADOR, 17 DE MARZO 2011 (INTERJUST). El Juzgado 9° de Instrucción realizará mañana 18 de marzo a las 9 a.m. la audiencia preliminar contra Julio Napoleón Rodríguez Sosa, de 68 años, quien es acusado del homicidio agravado en perjuicio del capitán de la Fuerza Aérea Ricardo Arnoldo Alfaro, quien era de 32 años.
Dentro de la investigación fiscal, Rodríguez Sosa, luego de una acalorada discusión por el uso de un espacio en la vía pública para parqueo, en la zona de la colonia La Cima II, ubicada al sur de la capital, le disparó a la víctima quien fue auxiliado sin éxito, por los vecinos de la zona.
Luego de una audiencia especial de revisión de medidas el tribunal ordenó que el imputado continúe detenido en el Centro Penal La Esperanza en San Luis Mariona hasta la realización de la audiencia preliminar.
En este caso, los hechos sucedieron la mañana del 20 de agosto de 2010, luego que el militar se dirigía a su trabajo en la Base Aérea de Ilopango.
La víctima salió en su vehículo y su vecino se encontraba cortando el césped con una máquina podadora y, minutos después, se dio el altercado.
Rodríguez Sosa fue detenido en el lugar y adujo que se había defendido de las amenazas del militar. Sin embargo, la víctima falleció en el lugar, según el peritaje de Medicina Legal, por causa de disparos con arma de fuego.
Según datos del dictamen de acusación, la FGR ha solicitado que el caso pase a la etapa de vista pública y que el imputado continúe detenido.
k.p./Interjust
Dentro de la investigación fiscal, Rodríguez Sosa, luego de una acalorada discusión por el uso de un espacio en la vía pública para parqueo, en la zona de la colonia La Cima II, ubicada al sur de la capital, le disparó a la víctima quien fue auxiliado sin éxito, por los vecinos de la zona.
Luego de una audiencia especial de revisión de medidas el tribunal ordenó que el imputado continúe detenido en el Centro Penal La Esperanza en San Luis Mariona hasta la realización de la audiencia preliminar.
En este caso, los hechos sucedieron la mañana del 20 de agosto de 2010, luego que el militar se dirigía a su trabajo en la Base Aérea de Ilopango.
La víctima salió en su vehículo y su vecino se encontraba cortando el césped con una máquina podadora y, minutos después, se dio el altercado.
Rodríguez Sosa fue detenido en el lugar y adujo que se había defendido de las amenazas del militar. Sin embargo, la víctima falleció en el lugar, según el peritaje de Medicina Legal, por causa de disparos con arma de fuego.
Según datos del dictamen de acusación, la FGR ha solicitado que el caso pase a la etapa de vista pública y que el imputado continúe detenido.
k.p./Interjust
PRISION PARA ACUSADO DE PRIVAR DE LIBERTAD Y ROBAR A TAXISTA
SAN SALVADOR, 17 DE MARZO 2011 (INTERJUST). El Juzgado 9º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Edwin Eduardo Sánchez Cruz, de 30 años de edad, acusado de robo y privación de libertad en perjuicio de F.N.C.
En la audiencia inicial, el juez Romeo Giammattei, valoró a bien los indicios presentados por el Ministerio Público contra el detenido, razón por lo que lo envió a la Penitenciaría “La Esperanza”, ubicada en San Luis Mariona.
Según el requerimiento fiscal, el pasado 9 de marzo la víctima, a bordo de su taxi circulaba sobre la 50ª Avenida Norte y Calle Agua Caliente, cuando el imputado le hizo el alto y pidió que lo llevara a Ciudad Delgado. Cuando llegaron al lugar este le dijo que le diera el dinero y el celular, despojándolo así de 15 dólares producto de los viajes del día. No bastándole haber asaltado a la víctima el imputado lo obligó después a que siguiera circulando por la zona del mercado de mayoreo La Tiendona.
Allí dieron varias vueltas en el redondel conocido como “La Isla” y posteriormente tomaron la carretera Troncal del Norte. Relata la víctima que al observar que el sujeto lo estaba alejando de San Salvador, entró en pánico y desesperación, pues pensaba que quizás buscaba matarlo, de modo que al percatarse que circulaba por las instalaciones de la Brigada Especial Militar, decidió estacionarse bruscamente frente a la misma y salió del auto corriendo pidiendo auxilio a unos soldados.
Entonces, el sujeto intentó darse a la fuga cuando el taxi estacionó y corrió, pero a unos metros resbaló cayendo al suelo, oportunidad que aprovecharon para detenerlo. En la requisa personal que le practicaron le encontraron el dinero y el celular de la víctima.
a.s./Interjust
En la audiencia inicial, el juez Romeo Giammattei, valoró a bien los indicios presentados por el Ministerio Público contra el detenido, razón por lo que lo envió a la Penitenciaría “La Esperanza”, ubicada en San Luis Mariona.
Según el requerimiento fiscal, el pasado 9 de marzo la víctima, a bordo de su taxi circulaba sobre la 50ª Avenida Norte y Calle Agua Caliente, cuando el imputado le hizo el alto y pidió que lo llevara a Ciudad Delgado. Cuando llegaron al lugar este le dijo que le diera el dinero y el celular, despojándolo así de 15 dólares producto de los viajes del día. No bastándole haber asaltado a la víctima el imputado lo obligó después a que siguiera circulando por la zona del mercado de mayoreo La Tiendona.
Allí dieron varias vueltas en el redondel conocido como “La Isla” y posteriormente tomaron la carretera Troncal del Norte. Relata la víctima que al observar que el sujeto lo estaba alejando de San Salvador, entró en pánico y desesperación, pues pensaba que quizás buscaba matarlo, de modo que al percatarse que circulaba por las instalaciones de la Brigada Especial Militar, decidió estacionarse bruscamente frente a la misma y salió del auto corriendo pidiendo auxilio a unos soldados.
Entonces, el sujeto intentó darse a la fuga cuando el taxi estacionó y corrió, pero a unos metros resbaló cayendo al suelo, oportunidad que aprovecharon para detenerlo. En la requisa personal que le practicaron le encontraron el dinero y el celular de la víctima.
a.s./Interjust
miércoles, 16 de marzo de 2011
JUECES CONDENAN A IMPUTADOS POR SECUESTRO DE KATYA MIRANDA
SAN SALVADOR, 16 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal de Sentencia en Zacatecoluca dio a conocer este miércoles el fallo de la vista pública contra seis imputados procesados por el delito de secuestro agravado imperfecto en perjuicio de la menor Katya Natalia Miranda Jiménez.
Los jueces han condenado a Carlos Antonio Miranda González a la pena de 13 años con cuatro meses de prisión; mientras que al resto los ha considerado como cómplices necesarios y les impusieron la pena de ocho años con diez meses de cárcel.
En ambos se tomó también en consideración que se trataba de una persona vulnerable, el lazo de consanguinidad y la hora del hecho, el lugar y cómo ocurrió el crimen.
Sobre la responsabilidad civil, el Tribunal ha decidido establecer la suma de 100 mil dólares para Carlos Miranda; mientras que para los otros imputados 20 mil para cada uno.
El Tribunal ordena al Estado de El Salvador para que gire los respectivos oficios para la Embajada en Los Estados Unidos para que se le proporcione a la madre y hermana de la difunta un tratamiento psicológico oportuno.
Los imputados son el abuelo de la menor, Carlos Antonio Miranda González, y los mozos de la familia: Luis Alonso López y Juan Francisco Rosales, y Alejandro Cañénguez, Santos Ricardo Soriano Martínez y Nicolás Martínez Roque.
El fallo fue dado a conocer desde las 5:45 hasta las 7:03 p.m. de este 16 de marzo. Los acusados retornarán a los diferentes centros penales donde están recluidos desde marzo 2009.
El Juzgado de Instrucción de Zacatecoluca realizó en la etapa de instrucción diferentes diligencias. La FGR ofreció como prueba el testimonio de una persona bajo régimen de protección identificado como “CAMILA”, de cuyo relato dependía la realización de una reconstrucción de hechos en el rancho de playa de la familia Miranda, en la playa Los Blancos.
La audiencia inicial en este caso la realizó el Juzgado de Paz de San Luis Talpa el 27 de marzo del año 2008 cuando decretó instrucción formal con detención para los procesados.
El caso fue remitido en un primer momento al Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa; sin embargo, la jueza de Instrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán, se excusó de seguir conociendo el proceso por considerar que este caso tenía relación con el que se ventiló en ese juzgado en el año 2000.
En esa ocasión se decretó sobreseimiento provisional a favor de Carlos Antonio Miranda por los delitos de homicidio agravado, violación y agresión sexual agravada, Edwin Antonio Miranda Méndez por los delitos de abandono y desamparo de persona y Luis Alonso López y Juan Francisco Ramos por encubrimiento. La Cámara designó al Juzgado de Zacatecoluca para que llevara el caso.
La Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente otorgó el sobreseimiento provisional a favor de los imputados Mardonio Baires y Walter Badía Gomís acusados de los delitos secuestro agravado y homicidio agravado imperfecto, respectivamente.
Además, por el delito de Tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego Badía Gomis enfrentó audiencia preliminar, pero la jueza le otorgó el sobreseimiento definitivo.
cmerinoh/Interjust
Los jueces han condenado a Carlos Antonio Miranda González a la pena de 13 años con cuatro meses de prisión; mientras que al resto los ha considerado como cómplices necesarios y les impusieron la pena de ocho años con diez meses de cárcel.
En ambos se tomó también en consideración que se trataba de una persona vulnerable, el lazo de consanguinidad y la hora del hecho, el lugar y cómo ocurrió el crimen.
Sobre la responsabilidad civil, el Tribunal ha decidido establecer la suma de 100 mil dólares para Carlos Miranda; mientras que para los otros imputados 20 mil para cada uno.
El Tribunal ordena al Estado de El Salvador para que gire los respectivos oficios para la Embajada en Los Estados Unidos para que se le proporcione a la madre y hermana de la difunta un tratamiento psicológico oportuno.
Los imputados son el abuelo de la menor, Carlos Antonio Miranda González, y los mozos de la familia: Luis Alonso López y Juan Francisco Rosales, y Alejandro Cañénguez, Santos Ricardo Soriano Martínez y Nicolás Martínez Roque.
El fallo fue dado a conocer desde las 5:45 hasta las 7:03 p.m. de este 16 de marzo. Los acusados retornarán a los diferentes centros penales donde están recluidos desde marzo 2009.
El Juzgado de Instrucción de Zacatecoluca realizó en la etapa de instrucción diferentes diligencias. La FGR ofreció como prueba el testimonio de una persona bajo régimen de protección identificado como “CAMILA”, de cuyo relato dependía la realización de una reconstrucción de hechos en el rancho de playa de la familia Miranda, en la playa Los Blancos.
La audiencia inicial en este caso la realizó el Juzgado de Paz de San Luis Talpa el 27 de marzo del año 2008 cuando decretó instrucción formal con detención para los procesados.
El caso fue remitido en un primer momento al Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa; sin embargo, la jueza de Instrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán, se excusó de seguir conociendo el proceso por considerar que este caso tenía relación con el que se ventiló en ese juzgado en el año 2000.
En esa ocasión se decretó sobreseimiento provisional a favor de Carlos Antonio Miranda por los delitos de homicidio agravado, violación y agresión sexual agravada, Edwin Antonio Miranda Méndez por los delitos de abandono y desamparo de persona y Luis Alonso López y Juan Francisco Ramos por encubrimiento. La Cámara designó al Juzgado de Zacatecoluca para que llevara el caso.
La Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente otorgó el sobreseimiento provisional a favor de los imputados Mardonio Baires y Walter Badía Gomís acusados de los delitos secuestro agravado y homicidio agravado imperfecto, respectivamente.
Además, por el delito de Tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego Badía Gomis enfrentó audiencia preliminar, pero la jueza le otorgó el sobreseimiento definitivo.
cmerinoh/Interjust
DETENCIÓN PROVISIONAL CONTRA ACUSADO DE AGRESIÓN SEXUAL EN UNA MENOR
SAN SALVADOR, 16 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 10º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Chirvin Antonio Lee Romero, de 28 años de edad, acusado de privación de libertad y agresión sexual en menor o incapaz en perjuicio de una niña de 12 años.
El juez Marco Tulio Díaz valoró los indicios como suficientes, razón por la cual el acusado seguirá guardando prisión en el penal de Mariona. A la diligencia judicial no se presentó el acusado, quien se negó a salir de su celda, según informó el encargado de bartolina del penal a la secretaría del juzgado.
De acuerdo a la acusación fiscal, el imputado es acusado nuevamente de raptar con engaños a una niña de 11 años el pasado 7 de enero de 2010 en el Mercado Central de San Salvador. En el camino, la víctima fue golpeada por su agresor sin razón alguna y finalmente fue obligada a abordar un autobús donde la sometió a abusos sexuales.
La nueva acusación contra el imputado ocurrió en un negocio de comida a la orilla del mercado Central de San Salvador, aproximadamente a las 9:00 a.m., cuando la madre de la niña la mandó a comprar a una pupusería, ubicada a unos siete puestos de distancia. Afirma que a los 20 minutos fue a buscarla para averiguar por qué tardaba tanto y allí le confirmaron que su hija había llegado a comprar; pero, que no sabían nada de ella. Fue hasta las 3 de la tarde que la niña llegó al puesto de la familia, temblorosa y asustada.
Según el relato de los hechos, ese día la menor fue abordada presuntamente por el acusado a quien lo describió de ojos achinados y con un tatuaje de una iguana en la espalda. El sujeto le dijo que era su tío y que lo mandaba su mamá para que fueran donde la abuela.
Fue con este engaño que alejó a la niña del entorno del Mercado Central y de su familia y la llevó caminando hasta el túnel cercano a la Fuerza Aérea en Ilopango.
En este lugar le propinó varios puñetazos en el pecho y estómago que hicieron que la víctima cayera al suelo. Posteriormente el sujeto la subió a un autobús, donde la obligó a que le tocara su parte genital y que le practicara sexo oral.
El martirio que vivió la víctima al parecer no fue percatado por los pocos pasajeros que iban a bordo de la unidad. El Ministerio Público ha realizado diligencias que robustece los indicios contra el acusado, para tal fin solicitó un reconocimiento en rueda de fotografía para individualizarlo con el nuevo caso. El resultando del anticipo fue afirmativo, ya que la víctima reconoció a Romero como el sujeto que la raptó el día referido.
Asimismo, se realizó una inspección ocular en el lugar donde la víctima manifestó que sucedieron los hechos.
Asimismo, para mañana a las 2 p.m. el Juzgado 5° de Instrucción realizará un peritaje fisonómico a Lee Romero, como parte de las diligencias que se realizan en la etapa de instrucción, en el proceso que se investiga por los delitos de privación de libertad, violación y agresión sexual en menor en perjuicio de 6 víctimas.
La diligencia pretende analizar su apariencia física y compararla con las características físicas que mencionan las víctimas. La audiencia preliminar en este caso ha sido reprogramada para el 30 de mayo.
Actualmente, Lee Romero, se encuentra recluido en la Penitenciaría “La Esperanza” en San Luis Mariona, a la orden del Juzgado 5º de Instrucción de San Salvador, procesado por delitos de privación de libertad, violación en menor e incapaz y agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de seis menores de edad.
a.s./Interjust
El juez Marco Tulio Díaz valoró los indicios como suficientes, razón por la cual el acusado seguirá guardando prisión en el penal de Mariona. A la diligencia judicial no se presentó el acusado, quien se negó a salir de su celda, según informó el encargado de bartolina del penal a la secretaría del juzgado.
De acuerdo a la acusación fiscal, el imputado es acusado nuevamente de raptar con engaños a una niña de 11 años el pasado 7 de enero de 2010 en el Mercado Central de San Salvador. En el camino, la víctima fue golpeada por su agresor sin razón alguna y finalmente fue obligada a abordar un autobús donde la sometió a abusos sexuales.
La nueva acusación contra el imputado ocurrió en un negocio de comida a la orilla del mercado Central de San Salvador, aproximadamente a las 9:00 a.m., cuando la madre de la niña la mandó a comprar a una pupusería, ubicada a unos siete puestos de distancia. Afirma que a los 20 minutos fue a buscarla para averiguar por qué tardaba tanto y allí le confirmaron que su hija había llegado a comprar; pero, que no sabían nada de ella. Fue hasta las 3 de la tarde que la niña llegó al puesto de la familia, temblorosa y asustada.
Según el relato de los hechos, ese día la menor fue abordada presuntamente por el acusado a quien lo describió de ojos achinados y con un tatuaje de una iguana en la espalda. El sujeto le dijo que era su tío y que lo mandaba su mamá para que fueran donde la abuela.
Fue con este engaño que alejó a la niña del entorno del Mercado Central y de su familia y la llevó caminando hasta el túnel cercano a la Fuerza Aérea en Ilopango.
En este lugar le propinó varios puñetazos en el pecho y estómago que hicieron que la víctima cayera al suelo. Posteriormente el sujeto la subió a un autobús, donde la obligó a que le tocara su parte genital y que le practicara sexo oral.
El martirio que vivió la víctima al parecer no fue percatado por los pocos pasajeros que iban a bordo de la unidad. El Ministerio Público ha realizado diligencias que robustece los indicios contra el acusado, para tal fin solicitó un reconocimiento en rueda de fotografía para individualizarlo con el nuevo caso. El resultando del anticipo fue afirmativo, ya que la víctima reconoció a Romero como el sujeto que la raptó el día referido.
Asimismo, se realizó una inspección ocular en el lugar donde la víctima manifestó que sucedieron los hechos.
Asimismo, para mañana a las 2 p.m. el Juzgado 5° de Instrucción realizará un peritaje fisonómico a Lee Romero, como parte de las diligencias que se realizan en la etapa de instrucción, en el proceso que se investiga por los delitos de privación de libertad, violación y agresión sexual en menor en perjuicio de 6 víctimas.
La diligencia pretende analizar su apariencia física y compararla con las características físicas que mencionan las víctimas. La audiencia preliminar en este caso ha sido reprogramada para el 30 de mayo.
Actualmente, Lee Romero, se encuentra recluido en la Penitenciaría “La Esperanza” en San Luis Mariona, a la orden del Juzgado 5º de Instrucción de San Salvador, procesado por delitos de privación de libertad, violación en menor e incapaz y agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de seis menores de edad.
a.s./Interjust
ENCARGADA DEL RESTAURANTE WILLYS CONCILIA CON MENOR DE EDAD
SAN SALVADOR, 16 DE MARZO 2011 (INTERJUST). El Tribunal 1° de Sentencia autorizó este miércoles la conciliación en el delito de Suministro indebido de bebidas alcohólicas para la imputada Gladis Jacqueline Rodríguez de Lazo (encargada del restaurante Willy’s) y la víctima, una menor de 16 años.
La conciliación se dio ya que tanto la representante de la Fiscalía General de la República, la procuradora de familia, la madre de la víctima, así como la defensa estuvieron de acuerdo en que la procesada cancelara a la victima la cantidad de 150.
Según datos del proceso judicial el 10 de diciembre de 2010, a las 10:30 p.m., agentes policiales ingresan al negocio llamado Willys, ubicado entre la Alameda Juan Pablo II y 5ª calle poniente de San Salvador, con la finalidad de practicar un registro ordenada por el Juzgado 9° de Paz. Así es como encontraron a la menor en estado de ebriedad, por lo que procedieron a la detención de Rodríguez de Lazo.
r.t./Interjust
La conciliación se dio ya que tanto la representante de la Fiscalía General de la República, la procuradora de familia, la madre de la víctima, así como la defensa estuvieron de acuerdo en que la procesada cancelara a la victima la cantidad de 150.
Según datos del proceso judicial el 10 de diciembre de 2010, a las 10:30 p.m., agentes policiales ingresan al negocio llamado Willys, ubicado entre la Alameda Juan Pablo II y 5ª calle poniente de San Salvador, con la finalidad de practicar un registro ordenada por el Juzgado 9° de Paz. Así es como encontraron a la menor en estado de ebriedad, por lo que procedieron a la detención de Rodríguez de Lazo.
r.t./Interjust
EX PRESIDENTE DE OBC CONTINUARÁ EN DETENCIÓN
SAN SALVADOR, 16 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal 5° de Sentencia realizó este miércoles una audiencia especial de revisión de medida cautelar contra del ex presidente de la Sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica y Casa Corredora de Bolsas OBC, S.A. de C.V., Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, por el delito de Estafa agravada.
La audiencia se realizó debido a que el imputado manifestó al Tribunal que ya había accedido el plazo de su detención (24 meses); pero que los jueces resolvieron que únicamente han pasado 10 meses, ya que el imputado es detenido en noviembre de 2007, en Miami, (Florida, Estados Unidos).
Villatoro posteriormente fue extraditado a El Salvador en octubre 2009, por orden del Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador.
En Junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas, por lo que estuvo en arresto domiciliar.
Al no cumplir con los acuerdos conciliatorios es recapturado el 11 de febrero de este año, donde fue enviado al centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
También los jueces se pronunciaron en cuanto al centro penal donde actualmente se encuentra recluido y consideraron que el imputado sea enviado a otra penitenciaria porque no es de alta peligrosidad, y todavía no ha sido condenado.
“El Tribunal por ser garante de los derechos constitucionales de los procesados, ordena que el imputado sea trasladado a otro centro penitencial adecuado para su tratamiento (de sus enfermedades) y para ejercer su derecho de defensa”, manifestó uno de los jueces.
Será la Dirección de Centros Penales que decida donde guardara prisión el imputado. La vista pública está prevista para el próximo 29 de marzo a las 8:00 a.m.
Villatoro era el presidente de la sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) y la casa corredora de Bolsas OBC, cuando supuestamente cometió el delito.
Según la Fiscalía, desde 1999 al 2004 se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil no registradas en los sistemas de información contable de OBC. Asimismo se encontraron depósitos de dinero por cheques por 304, 144.93 realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada.
Supuestamente existió captación y apropiación ilegal de fondos del público bajo la figura de realizar actividad bursátil legitima. El monto se aproxima a los ocho millones de dólares.
r.t./Interjust
La audiencia se realizó debido a que el imputado manifestó al Tribunal que ya había accedido el plazo de su detención (24 meses); pero que los jueces resolvieron que únicamente han pasado 10 meses, ya que el imputado es detenido en noviembre de 2007, en Miami, (Florida, Estados Unidos).
Villatoro posteriormente fue extraditado a El Salvador en octubre 2009, por orden del Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador.
En Junio de 2010, el Tribunal 6° de Sentencia autorizó la conciliación del imputado con las víctimas, por lo que estuvo en arresto domiciliar.
Al no cumplir con los acuerdos conciliatorios es recapturado el 11 de febrero de este año, donde fue enviado al centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca.
También los jueces se pronunciaron en cuanto al centro penal donde actualmente se encuentra recluido y consideraron que el imputado sea enviado a otra penitenciaria porque no es de alta peligrosidad, y todavía no ha sido condenado.
“El Tribunal por ser garante de los derechos constitucionales de los procesados, ordena que el imputado sea trasladado a otro centro penitencial adecuado para su tratamiento (de sus enfermedades) y para ejercer su derecho de defensa”, manifestó uno de los jueces.
Será la Dirección de Centros Penales que decida donde guardara prisión el imputado. La vista pública está prevista para el próximo 29 de marzo a las 8:00 a.m.
Villatoro era el presidente de la sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) y la casa corredora de Bolsas OBC, cuando supuestamente cometió el delito.
Según la Fiscalía, desde 1999 al 2004 se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil no registradas en los sistemas de información contable de OBC. Asimismo se encontraron depósitos de dinero por cheques por 304, 144.93 realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada.
Supuestamente existió captación y apropiación ilegal de fondos del público bajo la figura de realizar actividad bursátil legitima. El monto se aproxima a los ocho millones de dólares.
r.t./Interjust
La pauta judicial para este 16 de marzo es la siguiente:
1) El Tribunal 1° de Sentencia realizará una audiencia por el delito de extorsión agravada. Sala 2-C, 8:30 a.m. Asignada es Rina Teos.
2) El Juzgado 5° de Instrucción realizará Peritaje Fisonómico en las víctimas del imputado Chirvin Lee Romero, 2 p.m.
3) El SUTOJ convoca a los medios para que acudan a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) donde denunciará a las 10:00 a.m. al presidente, así como al gerente y directora de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la aplicación de descuentos salariales a los dirigentes del sindicato.
4) Los juzgados en turno serán: 14º de Paz y 4º de Menores.
2) El Juzgado 5° de Instrucción realizará Peritaje Fisonómico en las víctimas del imputado Chirvin Lee Romero, 2 p.m.
3) El SUTOJ convoca a los medios para que acudan a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) donde denunciará a las 10:00 a.m. al presidente, así como al gerente y directora de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la aplicación de descuentos salariales a los dirigentes del sindicato.
4) Los juzgados en turno serán: 14º de Paz y 4º de Menores.
martes, 15 de marzo de 2011
La pauta judicial para este 16 de marzo es la siguiente:
1) El Tribunal 5º de Sentencia instalará una audiencia especial contra Julio Villatoro Monteagudo, caso OBC. Sala 3-"B", 8:15 a.m. y la asignada es Rina Guadalupe Teos.
2) El Juzgado 10º de Paz desarrollará una audiencia inicial contra Chirvin Romero, acusado de privación de libertad y agresión sexual en menor e incapaz. 11:00 a.m. y la asignada es Aída Sánchez Menjívar.
3) El Juzgado 5º de Instrucción realizará un peritaje fisionómico a Chirvin Romero, acusado de violación y agresión sexual en menor e incapaz y por privación de libertad. 2:00 p.m. La asignada es Karina Cuadra de Díaz.
4) El Tribunal 1º de Sentencia 11: a.m., sala 2-"C" vista pública por suministro de bebidas alcohólicas. La asignada es Rina Teos.
5) El Tribunal de Sentencia en Zacatecoluca dará lectura al fallo de la vista pública en el caso de Katya Miranda. 2:00 p.m. y los comisionados son: Carlos Merino y Álvaro Henríquez.
6) Los juzgados en turno serán: 13º de Paz y 4º de Menores.
2) El Juzgado 10º de Paz desarrollará una audiencia inicial contra Chirvin Romero, acusado de privación de libertad y agresión sexual en menor e incapaz. 11:00 a.m. y la asignada es Aída Sánchez Menjívar.
3) El Juzgado 5º de Instrucción realizará un peritaje fisionómico a Chirvin Romero, acusado de violación y agresión sexual en menor e incapaz y por privación de libertad. 2:00 p.m. La asignada es Karina Cuadra de Díaz.
4) El Tribunal 1º de Sentencia 11: a.m., sala 2-"C" vista pública por suministro de bebidas alcohólicas. La asignada es Rina Teos.
5) El Tribunal de Sentencia en Zacatecoluca dará lectura al fallo de la vista pública en el caso de Katya Miranda. 2:00 p.m. y los comisionados son: Carlos Merino y Álvaro Henríquez.
6) Los juzgados en turno serán: 13º de Paz y 4º de Menores.
MAÑANA AUDIENCIA INICIAL CONTRA CHIRVIN ROMERO ACUSADO DE AGRESION SEXUAL EN UNA MENOR
SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 10º de Paz instalará mañana miércoles a las 11:00 a.m. audiencia inicial contra Chirvin Antonio Lee Romero, de 28 años de edad, acusado de privación de libertad y agresión sexual en menor o incapaz en perjuicio de D. G. de 12 años.
De acuerdo a la acusación fiscal, el imputado es acusado nuevamente de raptar con engaños a una niña de 11 años el pasado 7 de enero de 2010 en el Mercado Central de San Salvador. En el camino, la víctima fue golpeada por su agresor sin razón alguna y finalmente fue obligada a abordar un autobús donde la sometió a abusos sexuales.
La nueva acusación contra el imputado ocurrió en un negocio de comida a la orilla del mercado Central de San Salvador, aproximadamente a las 9:00 a.m., cuando la madre de la niña la mandó a comprar a una pupusería, ubicada a unos siete puestos de distancia. Afirma que a los 20 minutos fue a buscarla para averiguar por qué tardaba tanto y allí le confirmaron que su hija había llegado a comprar; pero, que no sabían nada de ella. Fue hasta las 3 de la tarde que la niña llegó al puesto de la familia, temblorosa y asustada.
Según el relato de los hechos, ese día la menor fue abordada presuntamente por el acusado a quien lo describió de ojos achinados y con un tatuaje de una iguana en la espalda. El sujeto le dijo que era su tío y que lo mandaba su mamá para que fueran donde la abuela.
Fue con este engaño que alejó a la niña del entorno del Mercado Central y de su familia y la llevó caminando hasta el túnel cercano a la Fuerza Aérea en Ilopango.
En este lugar le propinó varios puñetazos en el pecho y estómago que hicieron que la víctima cayera al suelo. Posteriormente el sujeto la subió a un autobús, donde la obligó a que le tocara su parte genital y que le practicara sexo oral.
El martirio que vivió la víctima al parecer no fue percatado por los pocos pasajeros que iban a bordo de la unidad. El Ministerio Público ha realizado diligencias que robustece los indicios contra el acusado, para tal fin solicitó un reconocimiento en rueda de fotografía para individualizarlo con el nuevo caso. El resultando del anticipo fue afirmativo, ya que la víctima reconoció a Romero como el sujeto que la raptó el día referido.
Asimismo, se realizó una inspección ocular en el lugar donde la víctima manifestó que sucedieron los hechos.
Asimismo, para mañana a las 2 p.m. el Juzgado 5° de Instrucción realizará un peritaje fisonómico a Lee Romero, como parte de las diligencias que se realizan en la etapa de instrucción, en el proceso que se investiga por los delitos de privación de libertad, violación y agresión sexual en menor en perjuicio de 6 víctimas.
La diligencia pretende analizar su apariencia física y compararla con las características físicas que mencionan las víctimas. La audiencia preliminar en este caso ha sido reprogramada para el 30 de mayo.
Actualmente, Lee Romero, se encuentra recluido en la Penitenciaría “La Esperanza” en San Luis Mariona, a la orden del Juzgado 5º de Instrucción de San Salvador, procesado por delitos de privación de libertad, violación en menor e incapaz y agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de seis menores de edad.
a.s./Interjust
De acuerdo a la acusación fiscal, el imputado es acusado nuevamente de raptar con engaños a una niña de 11 años el pasado 7 de enero de 2010 en el Mercado Central de San Salvador. En el camino, la víctima fue golpeada por su agresor sin razón alguna y finalmente fue obligada a abordar un autobús donde la sometió a abusos sexuales.
La nueva acusación contra el imputado ocurrió en un negocio de comida a la orilla del mercado Central de San Salvador, aproximadamente a las 9:00 a.m., cuando la madre de la niña la mandó a comprar a una pupusería, ubicada a unos siete puestos de distancia. Afirma que a los 20 minutos fue a buscarla para averiguar por qué tardaba tanto y allí le confirmaron que su hija había llegado a comprar; pero, que no sabían nada de ella. Fue hasta las 3 de la tarde que la niña llegó al puesto de la familia, temblorosa y asustada.
Según el relato de los hechos, ese día la menor fue abordada presuntamente por el acusado a quien lo describió de ojos achinados y con un tatuaje de una iguana en la espalda. El sujeto le dijo que era su tío y que lo mandaba su mamá para que fueran donde la abuela.
Fue con este engaño que alejó a la niña del entorno del Mercado Central y de su familia y la llevó caminando hasta el túnel cercano a la Fuerza Aérea en Ilopango.
En este lugar le propinó varios puñetazos en el pecho y estómago que hicieron que la víctima cayera al suelo. Posteriormente el sujeto la subió a un autobús, donde la obligó a que le tocara su parte genital y que le practicara sexo oral.
El martirio que vivió la víctima al parecer no fue percatado por los pocos pasajeros que iban a bordo de la unidad. El Ministerio Público ha realizado diligencias que robustece los indicios contra el acusado, para tal fin solicitó un reconocimiento en rueda de fotografía para individualizarlo con el nuevo caso. El resultando del anticipo fue afirmativo, ya que la víctima reconoció a Romero como el sujeto que la raptó el día referido.
Asimismo, se realizó una inspección ocular en el lugar donde la víctima manifestó que sucedieron los hechos.
Asimismo, para mañana a las 2 p.m. el Juzgado 5° de Instrucción realizará un peritaje fisonómico a Lee Romero, como parte de las diligencias que se realizan en la etapa de instrucción, en el proceso que se investiga por los delitos de privación de libertad, violación y agresión sexual en menor en perjuicio de 6 víctimas.
La diligencia pretende analizar su apariencia física y compararla con las características físicas que mencionan las víctimas. La audiencia preliminar en este caso ha sido reprogramada para el 30 de mayo.
Actualmente, Lee Romero, se encuentra recluido en la Penitenciaría “La Esperanza” en San Luis Mariona, a la orden del Juzgado 5º de Instrucción de San Salvador, procesado por delitos de privación de libertad, violación en menor e incapaz y agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de seis menores de edad.
a.s./Interjust
JUZGADO ORDENA JUICIO 4 IMPUTADOS POR ROBO AGRAVADO
SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción ordenó enviar a juicio a cuatro imputados procesados por el delito de robo agravado en perjuicio de un hombre, hecho ocurrido en el centro de la capital.
El juez consideró que existen suficientes elementos de prueba en contra de Francisco Javier Hernández Portillo, Rodolfo Alexander Gallardo Hernández, Marco Antonio Coto Renderos y José Mario Ferrer Rojas, por lo que deberán enfrentar un juicio.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima manifestó que el 6 de octubre de 2010 a las 7:30 de la noche, cuando circulaba por la 19 Calle Oriente y Avenida Monseñor Romero, un vehículo se le cruzó y se bajaron dos sujetos, uno de ellos lo tomó del cuello, mientras el otro lo despojó de una cadena de oro, una esclava, dos celulares, cien dólares y una billetera con sus documentos personales.
La víctima declaró que los implicados amenazaron con matarlo si ponía resistencia; pero que debido a que lo tenían del cuello soltó el freno y su carro impactó el vehículo en el que se desplazaban los sujetos, quienes huyeron en sentido contrario sobre la avenida Monseñor Romero. Estos, posteriormente fueron capturados en flagrancia en la Diagonal Universitaria, frente al Palacio de los Deportes por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Al ser requisados, les encontraron las pertenencias de la víctima, quien posteriormente los identificó, además de que el vehículo en el que se trasladaban estaba a nombre de otra persona.
El proceso fue enviado a un Tribunal de Sentencia que programará la vista pública en los próximos días.
k.c./Interjust
El juez consideró que existen suficientes elementos de prueba en contra de Francisco Javier Hernández Portillo, Rodolfo Alexander Gallardo Hernández, Marco Antonio Coto Renderos y José Mario Ferrer Rojas, por lo que deberán enfrentar un juicio.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima manifestó que el 6 de octubre de 2010 a las 7:30 de la noche, cuando circulaba por la 19 Calle Oriente y Avenida Monseñor Romero, un vehículo se le cruzó y se bajaron dos sujetos, uno de ellos lo tomó del cuello, mientras el otro lo despojó de una cadena de oro, una esclava, dos celulares, cien dólares y una billetera con sus documentos personales.
La víctima declaró que los implicados amenazaron con matarlo si ponía resistencia; pero que debido a que lo tenían del cuello soltó el freno y su carro impactó el vehículo en el que se desplazaban los sujetos, quienes huyeron en sentido contrario sobre la avenida Monseñor Romero. Estos, posteriormente fueron capturados en flagrancia en la Diagonal Universitaria, frente al Palacio de los Deportes por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Al ser requisados, les encontraron las pertenencias de la víctima, quien posteriormente los identificó, además de que el vehículo en el que se trasladaban estaba a nombre de otra persona.
El proceso fue enviado a un Tribunal de Sentencia que programará la vista pública en los próximos días.
k.c./Interjust
REPROGRAMAN AUDIENCIA POR HOMICIDIO EN PARQUEO
SAN SALVADOR, 15 DE MARZO 2011 (INTERJUST). EL Juzgado 9° de Instrucción reprogramó para el viernes 18 de marzo a las 9 a.m. la audiencia preliminar contra Julio Napoleón Rodríguez Sosa, de 68 años, quien es acusado del homicidio agravado del capitán de la Fuerza Aérea Ricardo Arnoldo Alfaro, quien era de 32 años.
Según el juzgado la audiencia no fue instalada debido a que los defensores del imputado no se presentaron a la diligencia judicial, no así fiscalía, ofendidos y el imputado que sí comparecieron a la audiencia.
Dentro de la investigación fiscal, Rodríguez Sosa luego de una acalorada discusión por el uso de un espacio en la vía pública para parqueo, en la zona de la colonia La Cima II, al sur de la capital, le disparó a la víctima quien fue auxiliado sin éxito por los vecinos de la zona.
Luego de una audiencia especial de revisión de medidas, el tribunal ordenó que el imputado continúe detenido en el Centro Penal La Esperanza en San Luis Mariona hasta la realización de la audiencia preliminar.
En este caso, los hechos sucedieron la mañana del 20 de agosto de 2010, luego que el militar se dirigía a su trabajo en la Base Aérea de Ilopango. La víctima salió en su vehículo y su vecino se encontraba cortando el césped con una máquina podadora y, minutos después, se dio el altercado.
Rodríguez Sosa fue detenido en el lugar y adujo que se había defendido de las amenazas del militar. Sin embargo, la víctima falleció en el lugar y, según el peritaje de Medicina Legal, fue por causa de disparos con arma de fuego.
k.p./Interjust
Según el juzgado la audiencia no fue instalada debido a que los defensores del imputado no se presentaron a la diligencia judicial, no así fiscalía, ofendidos y el imputado que sí comparecieron a la audiencia.
Dentro de la investigación fiscal, Rodríguez Sosa luego de una acalorada discusión por el uso de un espacio en la vía pública para parqueo, en la zona de la colonia La Cima II, al sur de la capital, le disparó a la víctima quien fue auxiliado sin éxito por los vecinos de la zona.
Luego de una audiencia especial de revisión de medidas, el tribunal ordenó que el imputado continúe detenido en el Centro Penal La Esperanza en San Luis Mariona hasta la realización de la audiencia preliminar.
En este caso, los hechos sucedieron la mañana del 20 de agosto de 2010, luego que el militar se dirigía a su trabajo en la Base Aérea de Ilopango. La víctima salió en su vehículo y su vecino se encontraba cortando el césped con una máquina podadora y, minutos después, se dio el altercado.
Rodríguez Sosa fue detenido en el lugar y adujo que se había defendido de las amenazas del militar. Sin embargo, la víctima falleció en el lugar y, según el peritaje de Medicina Legal, fue por causa de disparos con arma de fuego.
k.p./Interjust
lunes, 14 de marzo de 2011
La pauta judicial para este 15 de marzo es la siguiente:
1) El Juzgado 4º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por violación en menor. 10:00 a.m. y la asignada es Karina Cuadra de Díaz.
2) El Juzgado 9º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por homicidio agravado en el caso del sexagenario acusado del h0micidio del capitán de la Fuerza Aérea a raíz de una disputa por un parqueo. 10:00 a.m. y la comisionada es Karla Pineda.
3) Los juzgados en turno serán: 12º de Paz y 4º de Menores.
2) El Juzgado 9º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por homicidio agravado en el caso del sexagenario acusado del h0micidio del capitán de la Fuerza Aérea a raíz de una disputa por un parqueo. 10:00 a.m. y la comisionada es Karla Pineda.
3) Los juzgados en turno serán: 12º de Paz y 4º de Menores.
MAÑANA AUDIENCIA PRELIMINAR POR HOMICIDIO EN PARQUEO
SAN SALVADOR, 14 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 9° de Instrucción instalará mañana a las 10 a.m. la audiencia preliminar contra Julio Napoleón Rodríguez Sosa, de 68 años, quien es acusado del homicidio agravado del Capitán de la Fuerza Aérea Ricardo Arnoldo Alfaro, quien era de 32 años.
Según la investigación fiscal, Rodríguez Sosa, luego de una acalorada discusión por el uso de un espacio en la vía pública para parqueo, en la zona de la Colonia La Cima II, al sur de la capital, le disparó a la víctima quien fue auxiliado sin éxito, por los vecinos de la zona.
Luego de una audiencia especial de revisión de medidas el tribunal ordenó que el imputado continúe detenido en el Centro Penal La Esperanza en San Luis Mariona hasta la audiencia preliminar.
Según datos del juzgado, los hechos sucedieron la mañana del 20 de agosto de este año, luego que el militar se dirigía a su trabajo en la Base Aérea de Ilopango. La víctima salió en su vehículo y su vecino se encontraba cortando el césped con una máquina podadora y, minutos después, se dio el altercado.
Rodríguez Sosa fue detenido en el lugar y adujo que se había defendido de las amenazas del militar. Sin embargo, la víctima falleció en el lugar, según el peritaje de Medicina Legal, por causa de disparos con arma de fuego.
Según datos del dictamen de acusación la FGR ha solicitado que el caso pase a la etapa de vista pública y que el imputado continúe detenido.
k.p./Interjust
Según la investigación fiscal, Rodríguez Sosa, luego de una acalorada discusión por el uso de un espacio en la vía pública para parqueo, en la zona de la Colonia La Cima II, al sur de la capital, le disparó a la víctima quien fue auxiliado sin éxito, por los vecinos de la zona.
Luego de una audiencia especial de revisión de medidas el tribunal ordenó que el imputado continúe detenido en el Centro Penal La Esperanza en San Luis Mariona hasta la audiencia preliminar.
Según datos del juzgado, los hechos sucedieron la mañana del 20 de agosto de este año, luego que el militar se dirigía a su trabajo en la Base Aérea de Ilopango. La víctima salió en su vehículo y su vecino se encontraba cortando el césped con una máquina podadora y, minutos después, se dio el altercado.
Rodríguez Sosa fue detenido en el lugar y adujo que se había defendido de las amenazas del militar. Sin embargo, la víctima falleció en el lugar, según el peritaje de Medicina Legal, por causa de disparos con arma de fuego.
Según datos del dictamen de acusación la FGR ha solicitado que el caso pase a la etapa de vista pública y que el imputado continúe detenido.
k.p./Interjust
MAÑANA AUDIENCIA PRELIMINAR POR HOMICIDIO EN PARQUEO
EL Juzgado 9° de Instrucción pretende instalar mañana a las 10 a.m. la audiencia preliminar contra Julio Napoleón Rodríguez Sosa, de 68 años, quien es acusado del homicidio agravado del Capitán de la Fuerza Aérea Ricardo Arnoldo Alfaro, quien era de 32 años.
Según la investigación fiscal, Rodríguez Sosa, luego de una acalorada discusión por el uso de un espacio en la vía pública para parqueo, en la zona de la Colonia La Cima II, al sur de la capital, le disparó a la víctima quien fue auxiliado sin éxito, por los vecinos de la zona.
Luego de una audiencia especial de revisión de medidas el tribunal ordenó que el imputado continúe detenido en el Centro Penal La Esperanza en San Luis Mariona hasta la audiencia preliminar.
Según datos del juzgado, los hechos sucedieron la mañana del 20 de agosto de este año, luego que el militar se dirigía a su trabajo en la Base Aérea de Ilopango. La víctima salió en su vehículo y su vecino se encontraba cortando el césped con una máquina podadora y, minutos después, se dio el altercado.
Rodríguez Sosa fue detenido en el lugar y adujo que se había defendido de las amenazas del militar. Sin embargo, la víctima falleció en el lugar, según el peritaje de Medicina Legal, por causa de disparos con arma de fuego.
Según datos del dictamen de acusación la FGR ha solicitado que el caso pase a la etapa de vista pública y que el imputado continúe detenido.
k.p/Interjust
Según la investigación fiscal, Rodríguez Sosa, luego de una acalorada discusión por el uso de un espacio en la vía pública para parqueo, en la zona de la Colonia La Cima II, al sur de la capital, le disparó a la víctima quien fue auxiliado sin éxito, por los vecinos de la zona.
Luego de una audiencia especial de revisión de medidas el tribunal ordenó que el imputado continúe detenido en el Centro Penal La Esperanza en San Luis Mariona hasta la audiencia preliminar.
Según datos del juzgado, los hechos sucedieron la mañana del 20 de agosto de este año, luego que el militar se dirigía a su trabajo en la Base Aérea de Ilopango. La víctima salió en su vehículo y su vecino se encontraba cortando el césped con una máquina podadora y, minutos después, se dio el altercado.
Rodríguez Sosa fue detenido en el lugar y adujo que se había defendido de las amenazas del militar. Sin embargo, la víctima falleció en el lugar, según el peritaje de Medicina Legal, por causa de disparos con arma de fuego.
Según datos del dictamen de acusación la FGR ha solicitado que el caso pase a la etapa de vista pública y que el imputado continúe detenido.
k.p/Interjust
viernes, 11 de marzo de 2011
La pauta judicial para este 14 de marzo será de la siguiente manera:
1) El Juzgado 5º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por pornografía, 9:00 a.m. y la comisionada es Karina Cuadra.
2) El Juzgado 5º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar contra cuatro imputados, acusados de robo agravado, 3:00 p.m. La asignada es Karina Cuadra.
3) Los juzgados en turno serán: 8º, 9º y 10º de Paz respectivamente, mientras que el Juzgado 1º de Menores labora hasta el próximo domingo.
2) El Juzgado 5º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar contra cuatro imputados, acusados de robo agravado, 3:00 p.m. La asignada es Karina Cuadra.
3) Los juzgados en turno serán: 8º, 9º y 10º de Paz respectivamente, mientras que el Juzgado 1º de Menores labora hasta el próximo domingo.
TRIBUNAL DECRETA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO CONTRA CIUDADANO CHINO POR POSESIÓN DE PORNOGRAFÍA
SAN SALVADOR, 11 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal 3° de Sentencia ordenó este viernes la Suspensión Condicional del Procedimiento para el ciudadano de origen chino Yi Wang, de 22 años de edad, procesado por el delito de posesión de pornografía en perjuicio de la libertad sexual.
La suspensión se dio a petición tanto de Fiscalía General de la República (FGR) como de la defensa, quienes solicitaron al Tribunal buscar esa salida alterna, para lo cual el procesado tuvo que aceptar los hechos.
Entre las medidas que debe cumplir es no cambiar su lugar de residencia, no ingerir bebidas alcohólicas, asistir a charlas o capacitaciones sobre material pornográfico y el impacto negativo que esto tiene en la sociedad, a través del Centro de Atención Psicológico y Social (CAPS), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El proceso pasa al Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena en donde el imputado estará a prueba por el lapso de un año.
Según información judicial, el hecho ocurrió el 3 de junio de 2010, cuando el imputado llegó al Departamento de Investigaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería a verificar su estatus migratorio en el país y mostró a la persona que lo atendió videos con contenido pornográfico que portaba en su teléfono celular.
El funcionario observó en los videos personas menores de edad realizando actos sexuales, por lo que dio aviso al Departamento de Prevención e Investigación contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil (PNC).
El asiático manifestó a los agentes que los videos se los había enviado un compañero de trabajo; sin embargo, fue detenido en el momento.
r.t./Interjust
La suspensión se dio a petición tanto de Fiscalía General de la República (FGR) como de la defensa, quienes solicitaron al Tribunal buscar esa salida alterna, para lo cual el procesado tuvo que aceptar los hechos.
Entre las medidas que debe cumplir es no cambiar su lugar de residencia, no ingerir bebidas alcohólicas, asistir a charlas o capacitaciones sobre material pornográfico y el impacto negativo que esto tiene en la sociedad, a través del Centro de Atención Psicológico y Social (CAPS), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El proceso pasa al Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena en donde el imputado estará a prueba por el lapso de un año.
Según información judicial, el hecho ocurrió el 3 de junio de 2010, cuando el imputado llegó al Departamento de Investigaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería a verificar su estatus migratorio en el país y mostró a la persona que lo atendió videos con contenido pornográfico que portaba en su teléfono celular.
El funcionario observó en los videos personas menores de edad realizando actos sexuales, por lo que dio aviso al Departamento de Prevención e Investigación contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil (PNC).
El asiático manifestó a los agentes que los videos se los había enviado un compañero de trabajo; sin embargo, fue detenido en el momento.
r.t./Interjust
POSTERGAN FALLO EN JUICIO POR SECUESTRO DE KATYA MIRANDA
SAN SALVADOR 11 MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca informó que reprogramó el fallo , que originalmente estaba previsto para este tarde.
Un portavoz del Tribunal informó que los jueces todavía continúan con la deliberación por el caso del secuestro de la niña Katya Miranda.
En este sentido, el Tribunal reprogramó el fallo para el próximo miércoles 16 de marzo a las 2:00 p.m.
c.m./Interjust
Un portavoz del Tribunal informó que los jueces todavía continúan con la deliberación por el caso del secuestro de la niña Katya Miranda.
En este sentido, el Tribunal reprogramó el fallo para el próximo miércoles 16 de marzo a las 2:00 p.m.
c.m./Interjust
jueves, 10 de marzo de 2011
La pauta para este viernes 11 de marzo es la siguiente:
1) El Tribunal 3º de Sentencia instalará una vista pública por posesión de pornografía. 9:00 a.m., sala 2-"A" y la asignada es Rina Teos.
2) El Juzgado 13º de Paz desarrollará una audiencia inicial por robo agravado en un bus, 11:00 a.m. y la comisionada es Aída Sánchez Menjívar.
3) El Tribunal de Sentencia en Zacatecoluca dará a conocer el fallo de la vista pública por el secuestro de Kathya Natalia Miranda. 3:00 P.M. y los comisionados son: Alvaro Henríquez, Karina Cuadra de Díaz y Carlos Merino.
4) Los juzgados en turno serán: 1º de Menores y 8º de Paz.
2) El Juzgado 13º de Paz desarrollará una audiencia inicial por robo agravado en un bus, 11:00 a.m. y la comisionada es Aída Sánchez Menjívar.
3) El Tribunal de Sentencia en Zacatecoluca dará a conocer el fallo de la vista pública por el secuestro de Kathya Natalia Miranda. 3:00 P.M. y los comisionados son: Alvaro Henríquez, Karina Cuadra de Díaz y Carlos Merino.
4) Los juzgados en turno serán: 1º de Menores y 8º de Paz.
MAÑANA AUDIENCIA INICIAL POR ROBO AGRAVADO TENTADO EN AUTOBÚS
SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 13º de Paz instalará mañana viernes a las 11:00 a.m. audiencia inicial contra Jorge Jonathan Lizano, de 19 años de edad, y Néstor Adiel Hernández, de 21, acusados de robo agravado en grado de tentativa en perjuicio de E.E.Z.
Según el requerimiento fiscal, el pasado 6 de marzo, cuando el ofendido se conducía a bordo de un autobús de la ruta 152 observó que a dos sujetos se levantaron de sus asientos a la altura del club Campestre y se dirigieron a donde él y uno de ellos le colocó una navaja en el cuello y le exigió su teléfono celular Blackberry , valorado en 400 dólares.
Declara la víctima que se sintió atemorizado y optó por no ofrecer resistencia y entregó el aparato a los sujetos, quienes inmediatamente bajaron del autobús y huyeron corriendo.
Así que la víctima bajó de la unidad del transporte y dio aviso del hecho a una patrulla policial que circulaba por la zona.
Los policías rastrearon la zona logrando darle alcance a los imputados en la 103ª Avenida Sur y Paseo General Escalón, cerca de la comunidad Cristo Redentor de San Salvador.
Según el reporte policial, en la requisa personal que les practicaron presuntamente al primer imputado le encontraron el teléfono de la víctima y la navaja.
El Ministerio Público ha solicitado al juez Antonio Escoto que el caso de los acusados sea contemplado en la modalidad de juicio sumario.
a.s./Interjust
Según el requerimiento fiscal, el pasado 6 de marzo, cuando el ofendido se conducía a bordo de un autobús de la ruta 152 observó que a dos sujetos se levantaron de sus asientos a la altura del club Campestre y se dirigieron a donde él y uno de ellos le colocó una navaja en el cuello y le exigió su teléfono celular Blackberry , valorado en 400 dólares.
Declara la víctima que se sintió atemorizado y optó por no ofrecer resistencia y entregó el aparato a los sujetos, quienes inmediatamente bajaron del autobús y huyeron corriendo.
Así que la víctima bajó de la unidad del transporte y dio aviso del hecho a una patrulla policial que circulaba por la zona.
Los policías rastrearon la zona logrando darle alcance a los imputados en la 103ª Avenida Sur y Paseo General Escalón, cerca de la comunidad Cristo Redentor de San Salvador.
Según el reporte policial, en la requisa personal que les practicaron presuntamente al primer imputado le encontraron el teléfono de la víctima y la navaja.
El Ministerio Público ha solicitado al juez Antonio Escoto que el caso de los acusados sea contemplado en la modalidad de juicio sumario.
a.s./Interjust
LIBERA JUZGADO A MARIO ORELLANA
SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 9º de Instrucción determinó hoy jueves dejar sin efecto las medidas sustitutivas para Mario Orellana Andrade, quien es testigo en la investigación por la red de corrupción en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
La jueza Nora Montoya determinó que los acuerdos que estableció la FGR con Mario Orellana ya fueron cumplidos, es decir, el peligro de que no comparezca ya fue superado y garantizado dentro del proceso. Los bienes, producto de las negociaciones ilícitas ya fueron entregados, además de los tres inmuebles a su nombre ya fueron declarados como pérdida a favor del Estado Salvadoreño.
También el dinero que fue encontrado en cuentas bancarias, a nombre de Mario Orellana en Panamá, pasará a formar parte de los fondos de la nación. El imputado ya no queda sujeto a ningún tipo de medidas cautelar.
En octubre de 2010 el juzgado le revocó las medidas cautelares que mantuvo en el proceso judicial desde mayo de 2004 y le ordenó presentarse una vez al mes ante la FGR, no cambiar de residencia, no salir del país y presentarse al juzgado cada vez que sea requerido. Además revocó el régimen de protección otorgado por la UTE, desde mayo de 2004.
El juzgado basó su resolución en ese entonces, en parte, en la sentencia emitida por el Tribunal 3° de Sentencia, cuando condenó a 15 años de prisión al ex presidente de ANDA Carlos Augusto Perla. En dicha sentencia el tribunal señaló que el testimonio de Mario Orellana no era eficaz, ni digno de confianza y le retiró su calidad de testigo y encomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con la persecución penal del testigo.
Hasta hoy la FGR ha mantenido que el testimonio de Mario Orellana tiene eficacia, por lo que será utilizado en los casos de los imputados que aún permanecen ausentes.
Según la resolución del juzgado el imputado ya no queda sujeto a ningún tipo de restricción y ha recuperado sus derechos como ciudadano.
k.p./interjust
La jueza Nora Montoya determinó que los acuerdos que estableció la FGR con Mario Orellana ya fueron cumplidos, es decir, el peligro de que no comparezca ya fue superado y garantizado dentro del proceso. Los bienes, producto de las negociaciones ilícitas ya fueron entregados, además de los tres inmuebles a su nombre ya fueron declarados como pérdida a favor del Estado Salvadoreño.
También el dinero que fue encontrado en cuentas bancarias, a nombre de Mario Orellana en Panamá, pasará a formar parte de los fondos de la nación. El imputado ya no queda sujeto a ningún tipo de medidas cautelar.
En octubre de 2010 el juzgado le revocó las medidas cautelares que mantuvo en el proceso judicial desde mayo de 2004 y le ordenó presentarse una vez al mes ante la FGR, no cambiar de residencia, no salir del país y presentarse al juzgado cada vez que sea requerido. Además revocó el régimen de protección otorgado por la UTE, desde mayo de 2004.
El juzgado basó su resolución en ese entonces, en parte, en la sentencia emitida por el Tribunal 3° de Sentencia, cuando condenó a 15 años de prisión al ex presidente de ANDA Carlos Augusto Perla. En dicha sentencia el tribunal señaló que el testimonio de Mario Orellana no era eficaz, ni digno de confianza y le retiró su calidad de testigo y encomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con la persecución penal del testigo.
Hasta hoy la FGR ha mantenido que el testimonio de Mario Orellana tiene eficacia, por lo que será utilizado en los casos de los imputados que aún permanecen ausentes.
Según la resolución del juzgado el imputado ya no queda sujeto a ningún tipo de restricción y ha recuperado sus derechos como ciudadano.
k.p./interjust
ATENCIÓN: CASO MARIO ORELLANA EN LA PAUTA
1) El Juzgado 9º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por negociaciones ilícitas en el caso Mario Orellana. 11:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
2) El Juzgado 10º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar por acoso sexual y privación de libertad. 10:00 a.m. y la comisionada es Karla Pineda.
3) El Juzgado 9º de Instrucción realizará una audiencia preliminar por violación agravada y robo agravado. 10:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
4) El Tribunal 3º de Sentencia instalará una vista pública por agresión sexual en menor e incapaz, 9:00 a.m. y la comisionada es Rina Guadalupe Teos.
5) Los juzgados en turno serán: 1º de Menores y 7º de Paz.
2) El Juzgado 10º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar por acoso sexual y privación de libertad. 10:00 a.m. y la comisionada es Karla Pineda.
3) El Juzgado 9º de Instrucción realizará una audiencia preliminar por violación agravada y robo agravado. 10:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
4) El Tribunal 3º de Sentencia instalará una vista pública por agresión sexual en menor e incapaz, 9:00 a.m. y la comisionada es Rina Guadalupe Teos.
5) Los juzgados en turno serán: 1º de Menores y 7º de Paz.
miércoles, 9 de marzo de 2011
CONDENAN A 11 DE 31 EN CASO CHRISTIAN POVEDA
SAN SALVADOR, 9 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal Especializado de Sentencia condenó este miércoles a 11 de 31 imputados por los delitos de Homicidio agravado, Proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en perjuicio de Christian Gregorio Poveda y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la Paz Pública.
Pese a que el Tribunal solo condenó a 11 imputados, el resto de los 31 acusados ya purgan penas por diversos delitos y, de hecho, hace 15 días algunos de ellos fueron condenados por agrupaciones ilícitas, según confirmó el representante de la Fiscalía General de la República (FGR).
Luis Roberto Vásquez Romero, alias “Tiger”, fue condenado a 30 años de prisión por el “homicidio agravado”, es decir, como autor directo del disparo contra Poveda.
Por este mismo delito se condenó a 20 años de prisión a la imputada Keyri Geraldina Mayorga Álvarez, como “cómplice no necesaria”.
Mientras que por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado se impuso 30 años de prisión a José Alejandro Melara, alias “El Puma”.
A la pena de cuatro años de prisión fueron condenados los imputados Javier Amílcar Fuentes Vásquez, alias “Cigarrito”; Daniel Cabrera Flores, “Black de las campas”; Juan Anastacio Jiménez, “Pepe”; José Mateo Aranzamendi Hernández, “Sapo”; Cruz Rivera Ramos, “Cachorro” o “Puro”; Carlos Antonio Peraza Valiente, “Mendieta de la Campanera”; Salvador Peraza Guzmán, “Sombra”.
En tanto, al ex agente policial Juan Napoleón Espinoza Pérez, también fue condenado a cuatro años como cooperador de las agrupaciones ilícitas.
El juez basó su condena en el relato de la testigo con clave “Mayerly”, el cual fue corroborado con la prueba documental y pericial que desfiló en el juicio.
A lo largo de la segunda jornada, el Tribunal Especializado escuchó la declaración de testigos de descargo, de 10 imputados, quienes declararon sobre los hechos y alegaron que eran víctimas de doble persecución.
Para el caso, Nelson Lazo Riveras, alias “El Molleja” afirmó que él ya fue juzgado previamente por agrupaciones ilícitas.
El Tribunal, asimismo, escuchó los alegatos de ambas partes, donde la FGR pidió 50 años de prisión para todos los acusados por el delito de homicidio agravado y por proposición y conspiración en delito de homicidio agravado.
Por su parte, el representante de la FGR celebró la decisión del Tribunal, pese a las condenas repartidas. “Los fallos condenatorios de 30 años para los autores materiales e intelectuales nos deja satisfechos tomando en cuenta que estas personas ya tienen ciertas condenas, de manera que esperamos que ellos pasen buena parte de sus vidas en prisión”, dijo un portavoz de los fiscales.
“En el caso de los señores Luis Roberto Vásquez Romero y José Alejandro Melara tiene condenas que superan los 40 años o 50 años de prisión las cuales están purgando actualmente y a esta se le vendría a sumar esta nueva (por el caso Poveda)”, recalcó el fiscal.
Según información judicial, el asesinato del periodista franco-español Christian Gregorio Poveda ocurrió el 2 de septiembre de 2009, en el cantón el Rosario del municipio de Tonacatepeque, y fue cometido presuntamente por miembros de la pandilla denominada “18”.
El proceso señala que miembros de la organización delincuencial habrían recibido información por parte del imputado Juan Napoleón Espinoza Pérez, quien era agente policial, en la que aseguraba que el periodista estaría delatándolos con la PNC.
A raíz de esto, los pandilleros habrían tomado la decisión de asesinar a Poveda, por lo que lo citaron en dicha comunidad y lo llevaron por un camino vecinal a bordo de su vehículo, de modo que unos metros antes del puente del río Las Cañas, del municipio de Tonacatepeque, lo bajaron y le dispararon en el rostro con armas de fuego calibre 38 y 9 milímetros.
r.t./Interjust
JUEZ ORDENA JUICIO CONTRA IMPUTADO POR HOMICIDIO AGRAVADO EN VIGILANTE
SAN SALVADOR, 9 MARZO 2011 (INTERJUST). El Juzgado 7° de Instrucción ordenó este miércoles apertura a juicio contra el imputado Roberto Carlos Serrano Rajo, de 21 de edad, procesado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la vida de Pedro Rodríguez Alas.
El juez admitió la acusación y encontró suficientes elementos de prueba para ordenar que se realice la vista pública contra el implicado en un Tribunal de Sentencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalla en la acusación que el hecho ocurrió a las 7:30 de la noche del 28 de agosto de 2010 cuando la víctima, quien laboraba como vigilante en la Residencial La Cima 1, recibió varios disparos de arma de fuego.
La Fiscalía cuenta con la declaración de un testigo protegido denominado “William”, quien manifiesta que escuchó los disparos, y se percató que un sujeto al que conocía como “El Fantasma” salía del pasaje, corrió con el arma y huyó en un carro gris que lo esperaba frente a la Escuela José Mejía, en las inmediaciones del lugar.
La víctima, quien se encontraba herido en la caseta de control de la residencial, fue atendido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y socorristas de la Cruz Verde, sin embargo falleció.
El testigo reconoció a Serrano Rajo, por medio de un anticipo de prueba de fotografías, realizado por el Juzgado 8° de Paz y fue capturado el 8 de noviembre con una orden de detención administrativa, en la intersección de la calle Las Posadas y calle principal de la Colonia La Constancia.
El juicio será programado en los próximos días.
k.c./Interjust
El juez admitió la acusación y encontró suficientes elementos de prueba para ordenar que se realice la vista pública contra el implicado en un Tribunal de Sentencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalla en la acusación que el hecho ocurrió a las 7:30 de la noche del 28 de agosto de 2010 cuando la víctima, quien laboraba como vigilante en la Residencial La Cima 1, recibió varios disparos de arma de fuego.
La Fiscalía cuenta con la declaración de un testigo protegido denominado “William”, quien manifiesta que escuchó los disparos, y se percató que un sujeto al que conocía como “El Fantasma” salía del pasaje, corrió con el arma y huyó en un carro gris que lo esperaba frente a la Escuela José Mejía, en las inmediaciones del lugar.
La víctima, quien se encontraba herido en la caseta de control de la residencial, fue atendido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y socorristas de la Cruz Verde, sin embargo falleció.
El testigo reconoció a Serrano Rajo, por medio de un anticipo de prueba de fotografías, realizado por el Juzgado 8° de Paz y fue capturado el 8 de noviembre con una orden de detención administrativa, en la intersección de la calle Las Posadas y calle principal de la Colonia La Constancia.
El juicio será programado en los próximos días.
k.c./Interjust
JUZGADO INTIMA A UN IMPUTADO POR ESTAFA
SAN SALVADOR 9 MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 5º de Paz mandó la intimación para el imputado, Jorge Alberto Murcia Recinos, de 61 años, acusado de estafa en perjuicio de Levyn Alberto Andrade Cruz, de 61 años.
Según datos de la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado ausente es representante legal de Sociedad Profesionales en Seguridad Privada S.A. de C.V., y desde hacía unos años la víctima mantuvo una relación comercial con la referida empresa. Andrade Cruz le compraba unos quedan a los clientes, a quienes la compañía les prestaba seguridad.
Esta relación estaba legalizada a través de un contrato de cesión. Asimismo el ofendido entregaba los quedan originales y se extendía un cheque a favor de la víctima para respaldar dicha operación.
En marzo de 2009 hubo un cambio de Gerente de Operaciones y Gerente Financiero en la mencionada Sociedad, supuestamente la empresa cobró los quedan que anteriormente le habían cedido a Andrade Cruz, los cuales fueron pagados a la Sociedad por él.
El denunciante presentó documentación en sede fiscal documentación que amparaba tal deuda, la cual asciende a la cantidad de 35,643 dólares con 52 centavos. Si Murcia Recinos se presenta ante el Juzgado 5º de Paz se realizará una audiencia inicial, de lo contrario se resolverá mediante vista del requerimiento.
La FGR ha pedido a la jueza interina, Inés Cuchilla Taura, decretar instrucción formal con medidas sustitutivas.
c.m./Interjust
Según datos de la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado ausente es representante legal de Sociedad Profesionales en Seguridad Privada S.A. de C.V., y desde hacía unos años la víctima mantuvo una relación comercial con la referida empresa. Andrade Cruz le compraba unos quedan a los clientes, a quienes la compañía les prestaba seguridad.
Esta relación estaba legalizada a través de un contrato de cesión. Asimismo el ofendido entregaba los quedan originales y se extendía un cheque a favor de la víctima para respaldar dicha operación.
En marzo de 2009 hubo un cambio de Gerente de Operaciones y Gerente Financiero en la mencionada Sociedad, supuestamente la empresa cobró los quedan que anteriormente le habían cedido a Andrade Cruz, los cuales fueron pagados a la Sociedad por él.
El denunciante presentó documentación en sede fiscal documentación que amparaba tal deuda, la cual asciende a la cantidad de 35,643 dólares con 52 centavos. Si Murcia Recinos se presenta ante el Juzgado 5º de Paz se realizará una audiencia inicial, de lo contrario se resolverá mediante vista del requerimiento.
La FGR ha pedido a la jueza interina, Inés Cuchilla Taura, decretar instrucción formal con medidas sustitutivas.
c.m./Interjust
LA PAUTA PARA ESTE JUEVES 10 DE MARZO ES LA SIGUIENTE:
1) El Juzgado 9º de Instrucción realizará una audiencia preliminar por violación agravada y robo agravado. 10:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
2) El Juzgado 10º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar por acoso sexual y privación de libertad. 10:00 a.m. y la comisionada es Karla Pineda.
3) El Juzgado 9º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por negociaciones ilícitas. 2:00 p.m. y la asignada es Karla Pineda.
4) El Tribunal 3º de Sentencia instalará una vista pública por agresión sexual en menor e incapaz, 9:00 a.m. y la comisionda es Rina Guadalupe Teos.
5) Los juzgados en turno serán: 1º de Menores y 7º de Paz.
2) El Juzgado 10º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar por acoso sexual y privación de libertad. 10:00 a.m. y la comisionada es Karla Pineda.
3) El Juzgado 9º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por negociaciones ilícitas. 2:00 p.m. y la asignada es Karla Pineda.
4) El Tribunal 3º de Sentencia instalará una vista pública por agresión sexual en menor e incapaz, 9:00 a.m. y la comisionda es Rina Guadalupe Teos.
5) Los juzgados en turno serán: 1º de Menores y 7º de Paz.
martes, 8 de marzo de 2011
LA PAUTA PARA ESTE MIÉRCOLES 9 DE MARZO ES LA SIGUIENTE:
1) El Tribunal Especializado de Sentencia emitirá mañana miércoles el fallo por el homicidio agravado en perjuicio del periodista franco-español Christian Poveda. Sala 4-“B” y la asignada es Rina Teos. Hora: 2:30 p.m.
2) El Juzgado 9° de Instrucción realizará una audiencia preliminar por homicidio agravado, 10:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
3) El Juzgado 4° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por violación, 11:00 a.m. y la asignada es Karina Cuadra de Díaz.
4) El Juzgado 7° de Instrucción instalará una audiencia preliminar por homicidio agravado, 11:00 a.m. y la comisionada es Karina Cuadra de Díaz.
5) Los juzgados en turno serán: 6º de Paz y el 1º de Menores.
2) El Juzgado 9° de Instrucción realizará una audiencia preliminar por homicidio agravado, 10:00 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
3) El Juzgado 4° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por violación, 11:00 a.m. y la asignada es Karina Cuadra de Díaz.
4) El Juzgado 7° de Instrucción instalará una audiencia preliminar por homicidio agravado, 11:00 a.m. y la comisionada es Karina Cuadra de Díaz.
5) Los juzgados en turno serán: 6º de Paz y el 1º de Menores.
FINALIZA ALEGATOS EN VISTA PÚBLICA CONTRA 31 IMPUTADOS EN CASO CHRISTIAN POVEDA
SAN SALVADOR, 08 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal Especializado de Sentencia concluyó este martes la vista pública contra 31 imputados procesados por los delitos de Homicidio agravado, Proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en perjuicio de Christian Gregorio Poveda y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la Paz Pública.
A lo largo de la segunda jornada, el Tribunal Especializado escuchó la declaración de testigos de descargo, de 10 imputados, quienes declararon sobre los hechos y alegaron que eran víctimas de doble persecución.
Para el caso, Nelson Lazo Riveras, alias “El Molleja” afirmó que él ya fue juzgado previamente por agrupaciones ilícitas.
El Tribunal, asimismo, escuchó los alegatos de ambas partes, donde la Fiscalía General de la República (FGR) pidió 50 años de prisión para todos los acusados por el delito de homicidio agravado y por proposición y conspiración en delito de homicidio agravado, incluso el ex agente de la policía Juan Napoleón Espinoza Pérez, quien estuvo destacado en la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Soyapango.
La FGR, además, pidió seis años y medio más para Espinoza Pérez por agrupaciones ilícitas.
Por su parte, el abogado defensor Roberto Bonilla, que representó a 15 de los 31 imputados, desestimó la veracidad del testimonio de la testigo y las evidencias recabadas por las autoridades y pidió un voto absolutorio para sus clientes.
Según información judicial, el asesinato del periodista franco-español Christian Gregorio Poveda ocurrió el 2 de septiembre de 2009, en el cantón el Rosario del municipio de Tonacatepeque, y fue cometido presuntamente por miembros de la pandilla denominada “18”.
El proceso señala que miembros de la organización delincuencial habrían recibido información por parte del imputado Juan Napoleón Espinoza Pérez, quien era agente policial, en la que aseguraba que el periodista estaría delatándolos con la PNC.
A raíz de esto, los pandilleros habrían tomado la decisión de asesinar a Poveda, por lo que lo citaron en dicha comunidad y lo llevaron por un camino vecinal a bordo de su vehículo, de modo que unos metros antes del puente del río Las Cañas, del municipio de Tonacatepeque, lo bajaron y le dispararon en el rostro con armas de fuego calibre 38 y 9 milímetros.
r.t./Interjust
A lo largo de la segunda jornada, el Tribunal Especializado escuchó la declaración de testigos de descargo, de 10 imputados, quienes declararon sobre los hechos y alegaron que eran víctimas de doble persecución.
Para el caso, Nelson Lazo Riveras, alias “El Molleja” afirmó que él ya fue juzgado previamente por agrupaciones ilícitas.
El Tribunal, asimismo, escuchó los alegatos de ambas partes, donde la Fiscalía General de la República (FGR) pidió 50 años de prisión para todos los acusados por el delito de homicidio agravado y por proposición y conspiración en delito de homicidio agravado, incluso el ex agente de la policía Juan Napoleón Espinoza Pérez, quien estuvo destacado en la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Soyapango.
La FGR, además, pidió seis años y medio más para Espinoza Pérez por agrupaciones ilícitas.
Por su parte, el abogado defensor Roberto Bonilla, que representó a 15 de los 31 imputados, desestimó la veracidad del testimonio de la testigo y las evidencias recabadas por las autoridades y pidió un voto absolutorio para sus clientes.
Según información judicial, el asesinato del periodista franco-español Christian Gregorio Poveda ocurrió el 2 de septiembre de 2009, en el cantón el Rosario del municipio de Tonacatepeque, y fue cometido presuntamente por miembros de la pandilla denominada “18”.
El proceso señala que miembros de la organización delincuencial habrían recibido información por parte del imputado Juan Napoleón Espinoza Pérez, quien era agente policial, en la que aseguraba que el periodista estaría delatándolos con la PNC.
A raíz de esto, los pandilleros habrían tomado la decisión de asesinar a Poveda, por lo que lo citaron en dicha comunidad y lo llevaron por un camino vecinal a bordo de su vehículo, de modo que unos metros antes del puente del río Las Cañas, del municipio de Tonacatepeque, lo bajaron y le dispararon en el rostro con armas de fuego calibre 38 y 9 milímetros.
r.t./Interjust
CONCLUYE JUICIO POR SECUESTRO DE KATYA MIRANDA
SAN SALVADOR 8 MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal de Sentencia en Zacatecoluca concluyó este martes con la vista pública instalada contra seis imputados procesados por el delito de secuestro agravado en perjuicio de Katya Natalia Miranda Jiménez.
En la jornada de este 8 de marzo, los jueces de sentencia escucharon los alegatos de la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los cuatro miembros de la defensa de los imputados.
El fallo se dará a conocer a las 3:00 p.m. de este próximo 11 de marzo en las instalaciones del referido juzgado. La madre de la víctima permanecerá hasta que concluya la vista pública.
La defensa prescindió de todos los testigos que llevaba para descargo, incluido Oscar Castro, por quien la FGR interpuso los respectivos recursos para que éste fuera aceptado; pero el Tribunal Colegiado mantuvo su resolución, algo que fue compartido por los abogados de los imputados.
c.m./Interjust
En la jornada de este 8 de marzo, los jueces de sentencia escucharon los alegatos de la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los cuatro miembros de la defensa de los imputados.
El fallo se dará a conocer a las 3:00 p.m. de este próximo 11 de marzo en las instalaciones del referido juzgado. La madre de la víctima permanecerá hasta que concluya la vista pública.
La defensa prescindió de todos los testigos que llevaba para descargo, incluido Oscar Castro, por quien la FGR interpuso los respectivos recursos para que éste fuera aceptado; pero el Tribunal Colegiado mantuvo su resolución, algo que fue compartido por los abogados de los imputados.
c.m./Interjust
lunes, 7 de marzo de 2011
CONCLUYE PRESENTACIÓN DE TESTIGOS EN JUICIO POR SECUESTRO DE KATYA MIRANDA
SAN SALVADOR 07 DE FEBRERO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal de Sentencia en Zacatecoluca concluyó este lunes con el desfile de la prueba pericial en la vista pública instalada contra seis imputados procesados por el delito de secuestro agravado en perjuicio de Katya Natalia Miranda Jiménez.
La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó con el testimonio de Godofredo Miranda, ex- jefe de la División de Investigación del Crimen (DIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), el testigo bajo régimen de protección clave “Capricornio” y la madre de la niña Hilda María Jiménez.
La señora Jiménez, quien tiene las dos categorías como víctima y testigo, manifestó luego de la vista pública su agradecimiento a los medios de comunicación por el seguimiento periodístico que se ha dado desde el 26 de octubre de 1999 por retardación de justicia. “Quiero disculparme con los medios por no haber podido dar entrevistas personales en estos últimos tres pasados viajes que he hecho. Lo lamento, pero no quería entorpecer las investigaciones”, declaró.
“¿Qué espero? Espero –como desde ese 26 de octubre, que pedí que se me investigara a todos los adultos que estaban en el lugar de los hechos– lo único que yo espero y exijo es verdad y justicia. Eso es lo que me tiene aquí”, dijo la víctima.
Asimismo, Jiménez manifestó que hasta el momento está complacida por el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hay testigos, elementos, en juicio hay pruebas y eso es lo que se está discutiendo en este Tribunal de Sentencia”, manifestó al ser interrogada sobre su opinión acerca del secuestro.
Dijo también que su relación con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) sigue siendo cordial y que ella está altamente agradecida con ellos por su aporte a las investigaciones en torno al caso de su hija.
La testigo permanecerá hasta que concluya la vista pública.
La defensa prescindió de todos los testigos que llevaba para descargo, incluido Oscar Castro, por quien la FGR interpuso los respectivos recursos para que éste fuera aceptado; pero el Tribunal Colegiado mantuvo su resolución, algo que fue compartido por los abogados de los imputados.
Este martes inicia la etapa de los debates por parte de la FGR y de la defensa, de modo que se espera que esta semana finalice la referida vista pública.
k.c/c.m./Interjust
LA PAUTA PARA ESTE 08 DE MARZO ES LA SIGUIENTE:
1) El Tribunal Especializado de Sentencia continúa la vista pública contra 30 imputados, involucrados en el homicidio agravado en Christian Poveda. 8:00 a.m., sala 4-"B" y la asignada es Rina Teos.
2) El Tribunal de Sentencia en Zacatecoluca continuará con la vista pública del caso Kathya Miranda en la etapa de debates. 8:30 a.m.
3) Vista pública 8:30 a.m. por robo, Juzgado 11 º de Paz, la asignada es Aída Sánchez.
4) El Juzgado 4º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por violación en menor e incapaz, 10:00 a.m. (Karina Cuadra)
5) El Juzgado 1º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por violación a las 10:00 a.m. la comisionada es Karina Cuadra.
6) El Juzgado 10º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por violación agravada, agresión sexual en menor y pornografía, 9:30 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
7) Los juzgados en turno serán: 5º de Paz y el 1º de Menores.
2) El Tribunal de Sentencia en Zacatecoluca continuará con la vista pública del caso Kathya Miranda en la etapa de debates. 8:30 a.m.
3) Vista pública 8:30 a.m. por robo, Juzgado 11 º de Paz, la asignada es Aída Sánchez.
4) El Juzgado 4º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por violación en menor e incapaz, 10:00 a.m. (Karina Cuadra)
5) El Juzgado 1º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por violación a las 10:00 a.m. la comisionada es Karina Cuadra.
6) El Juzgado 10º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por violación agravada, agresión sexual en menor y pornografía, 9:30 a.m. y la asignada es Karla Pineda.
7) Los juzgados en turno serán: 5º de Paz y el 1º de Menores.
INSTALAN VISTA PÚBLICA CONTRA 31 IMPUTADOS EN CASO CHRISTIAN POVEDA
SAN SALVADOR, 7 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal Especializado de Sentencia instaló este lunes la vista pública contra 31 imputados procesados por los delitos de Homicidio agravado, Proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en perjuicio de Christian Gregorio Poveda y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la Paz Pública.
Según información judicial, el hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2009, en el cantón el Rosario del municipio de Tonacatepeque, donde fue asesinado el periodista franco-español Christian Gregorio Poveda, presuntamente por miembros de la pandilla denominada “18”.
El proceso señala que miembros de la organización delincuencial habrían recibido información por parte del imputado Juan Napoleón Espinoza Pérez, quien era agente policial, en la que aseguraba que el periodista estaría delatándolos con la Policía Nacional Civil (PNC) del municipio de Soyapango.
A raíz de esto, los pandilleros habrían tomado la decisión de asesinar a Poveda, por lo que lo citaron en dicha comunidad y antes del puente del río Las Cañas, del municipio de Tonacatepeque, lo bajaron de su camioneta y le dispararon en el rostro para lo cual habrían utilizado armas de fuego calibre 38 y 9 milímetros.
La vista pública tendrá una jornada de tres días, en los que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara prueba documental, pericial y testimonial.
r.t./Interjust
Según información judicial, el hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2009, en el cantón el Rosario del municipio de Tonacatepeque, donde fue asesinado el periodista franco-español Christian Gregorio Poveda, presuntamente por miembros de la pandilla denominada “18”.
El proceso señala que miembros de la organización delincuencial habrían recibido información por parte del imputado Juan Napoleón Espinoza Pérez, quien era agente policial, en la que aseguraba que el periodista estaría delatándolos con la Policía Nacional Civil (PNC) del municipio de Soyapango.
A raíz de esto, los pandilleros habrían tomado la decisión de asesinar a Poveda, por lo que lo citaron en dicha comunidad y antes del puente del río Las Cañas, del municipio de Tonacatepeque, lo bajaron de su camioneta y le dispararon en el rostro para lo cual habrían utilizado armas de fuego calibre 38 y 9 milímetros.
La vista pública tendrá una jornada de tres días, en los que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara prueba documental, pericial y testimonial.
r.t./Interjust
jueves, 3 de marzo de 2011
JUZGADO ENVÍA A PRISIÓN ACUSADA DE ESTAFAR A ESTUDIANTES
SAN SALVADOR, 3 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 11º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Claudia Regina Pastori Linares, de 24 años de edad, acusada de estafa agravada en perjuicio de R.A.P y F.K.V.
La imputada fue enviada por tres meses a Cárcel de Mujeres, en Ilopango, ya que en la audiencia inicial la defensa de Pastori no contempló un acuerdo conciliatorio con los ofendidos.
De acuerdo al requerimiento fiscal, en el mes de agosto de 2010, los ofendidos se enteraron del programa que ofrecía la imputada por un anuncio pegado en las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), donde una empresa al parecer chilena ofrecía ofertas de trabajo a universitarios en los Estados Unidos. Las víctimas contactaron con la imputada para saber más detalles del proyecto. Ella les manifestó que el valor de la inscripción del programa era de 185 dólares y 1,200 el costo total.
Detalla la acusación que los ofendidos confiaron en la oferta de Pastori y depositaron el dinero en una cuenta a su nombre en el City Bank, luego que los hizo firmar varios documentos. Después, aseguran, les pidió 200 dólares más por el trámite de la visa estadounidense.
Una vez cancelado el costo del programa, les aseguraba que “ya estaban en el programa de la embajada de los Estados Unidos para estudiantes”
Señala la investigación que uno de los jóvenes firmó un contrato para trabajar, presuntamente en un parque de ski en Alaska que iba a comenzar el 10 de diciembre pasado; sin embargo, no pudo viajar porque la visa fue concedida ese mismo día.
Posteriormente, la acusada se comunicó y le propuso buscarle otro empleador y le pidió cien dólares más a lo que el ofendido desistió y respondió que mejor le regresara el dinero. La acusada le manifestó que sólo podía reintegrar 400 dólares.
El segundo ofendido depositó a la acusada un aproximado de 1,600 dólares y también firmó un contrato de trabajo para viajar a Alaska. Pero el día que fue a solicitar la visa a la embajada, según la denuncia, el cónsul se mostró sorprendido y dijo desconocer el programa al que hacía alusión la acusada. A la víctima le negaron la visa.
Afirma que pasó el tiempo y no le llamaron para optar a otra alternativa, ni le devolvieron el dinero.
Este sería el segundo caso de denuncia contra la acusada, ya que el 25 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la primera acusación en el Juzgado 15º de Paz por el delito de estafa en perjuicio de tres estudiantes universitarios con los cuales la acusada salió librada porque pudo conciliar con ellos.
a.s./Interjust
La imputada fue enviada por tres meses a Cárcel de Mujeres, en Ilopango, ya que en la audiencia inicial la defensa de Pastori no contempló un acuerdo conciliatorio con los ofendidos.
De acuerdo al requerimiento fiscal, en el mes de agosto de 2010, los ofendidos se enteraron del programa que ofrecía la imputada por un anuncio pegado en las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), donde una empresa al parecer chilena ofrecía ofertas de trabajo a universitarios en los Estados Unidos. Las víctimas contactaron con la imputada para saber más detalles del proyecto. Ella les manifestó que el valor de la inscripción del programa era de 185 dólares y 1,200 el costo total.
Detalla la acusación que los ofendidos confiaron en la oferta de Pastori y depositaron el dinero en una cuenta a su nombre en el City Bank, luego que los hizo firmar varios documentos. Después, aseguran, les pidió 200 dólares más por el trámite de la visa estadounidense.
Una vez cancelado el costo del programa, les aseguraba que “ya estaban en el programa de la embajada de los Estados Unidos para estudiantes”
Señala la investigación que uno de los jóvenes firmó un contrato para trabajar, presuntamente en un parque de ski en Alaska que iba a comenzar el 10 de diciembre pasado; sin embargo, no pudo viajar porque la visa fue concedida ese mismo día.
Posteriormente, la acusada se comunicó y le propuso buscarle otro empleador y le pidió cien dólares más a lo que el ofendido desistió y respondió que mejor le regresara el dinero. La acusada le manifestó que sólo podía reintegrar 400 dólares.
El segundo ofendido depositó a la acusada un aproximado de 1,600 dólares y también firmó un contrato de trabajo para viajar a Alaska. Pero el día que fue a solicitar la visa a la embajada, según la denuncia, el cónsul se mostró sorprendido y dijo desconocer el programa al que hacía alusión la acusada. A la víctima le negaron la visa.
Afirma que pasó el tiempo y no le llamaron para optar a otra alternativa, ni le devolvieron el dinero.
Este sería el segundo caso de denuncia contra la acusada, ya que el 25 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la primera acusación en el Juzgado 15º de Paz por el delito de estafa en perjuicio de tres estudiantes universitarios con los cuales la acusada salió librada porque pudo conciliar con ellos.
a.s./Interjust
JUEZA ESTABLECE PERÍODO DE INSTRUCCIÓN EN ACCIDENTE VIAL BOULEVAR VENEZUELA
SAN SALVADOR, 3 DE MARZO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 4º de Tránsito mantuvo la medida de instrucción formal contra Blanca Lorena Campos Reina, de 32 años, acusada de lesiones culposas en perjuicio de Evaristo Guardado Núñez, Manuel Antonio López Ramos, Wilfredo Pérez Azmitia y Elías Ismael Martínez.
La jueza, Sandra Carolina Aguilar, acudió al Hospital Nacional Rosales para verificar el estado salud de la imputada, quien presuntamente está en coma.
Asimismo, se informó que la administradora de justicia ha señalado el 11 de abril como plazo de la instrucción formal, es decir, la etapa de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR); además puso la fecha del 26 del próximo mes como límite de la presentación de un dictamen.
Actualmente, debido a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, los jueces de instrucción y tránsito ya no se pueden pronunciar por las medidas impuestas por los jueces de paz. Ahora sólo señalan el tiempo para el desarrollo de la instrucción.
Campos Reina se encuentra en el área de cirugía 4 del Hospital Rosales; además, no se contempla la conciliación por parte de la defensa, ya que no cuenta con la autorización de la procesada en la audiencia inicial en el Juzgado 4º de Paz, el pasado 22 de febrero.
Según el requerimiento fiscal, el hecho se registró el 18 del mes pasado a las 6:00 a.m. sobre el Boulevard Venezuela. Testigos señalan que la imputada perdió el control de un pick-up, que conducía en la referida arteria y colisionó contra otros automotores. Aparentemente la causa del accidente fue la falta de precaución sin tomar las medidas de seguridad necesarias y, por lo mismo, invadió el carril contrario a gran velocidad.
c.m./Interjust
La jueza, Sandra Carolina Aguilar, acudió al Hospital Nacional Rosales para verificar el estado salud de la imputada, quien presuntamente está en coma.
Asimismo, se informó que la administradora de justicia ha señalado el 11 de abril como plazo de la instrucción formal, es decir, la etapa de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR); además puso la fecha del 26 del próximo mes como límite de la presentación de un dictamen.
Actualmente, debido a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, los jueces de instrucción y tránsito ya no se pueden pronunciar por las medidas impuestas por los jueces de paz. Ahora sólo señalan el tiempo para el desarrollo de la instrucción.
Campos Reina se encuentra en el área de cirugía 4 del Hospital Rosales; además, no se contempla la conciliación por parte de la defensa, ya que no cuenta con la autorización de la procesada en la audiencia inicial en el Juzgado 4º de Paz, el pasado 22 de febrero.
Según el requerimiento fiscal, el hecho se registró el 18 del mes pasado a las 6:00 a.m. sobre el Boulevard Venezuela. Testigos señalan que la imputada perdió el control de un pick-up, que conducía en la referida arteria y colisionó contra otros automotores. Aparentemente la causa del accidente fue la falta de precaución sin tomar las medidas de seguridad necesarias y, por lo mismo, invadió el carril contrario a gran velocidad.
c.m./Interjust
AGENTE POLICIAL CONCILIA CON VÍCTIMAS POR LESIONES CULPOSAS
SAN SALVADOR 03 DE FEBRERO DE 2011 (INTERJUST). El Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador autorizó la conciliación entre el imputado Julio Alberto Merino Ruiz, procesado por el delito de lesiones culposas y tres víctimas.
El acuerdo consiste que Merino Ruiz deberá cancelar a las victimas la cantidad de 3,800 dólares a partir de este mes; pero de incumplirse el acuerdo continuará el proceso en su contra.
Según información del proceso judicial, el hecho ocurrió el 17 de julio de 2010 aproximadamente a las 14:30 horas, cuando el procesado conducía su vehículo sobre la Alameda Juan Pablo II de San salvador y, presuntamente en estado de ebriedad, impactó con dos vehículos en sentido contrario y lesionó a tres víctimas con golpes en diferentes partes del cuerpo.
r.t./Interjust
El acuerdo consiste que Merino Ruiz deberá cancelar a las victimas la cantidad de 3,800 dólares a partir de este mes; pero de incumplirse el acuerdo continuará el proceso en su contra.
Según información del proceso judicial, el hecho ocurrió el 17 de julio de 2010 aproximadamente a las 14:30 horas, cuando el procesado conducía su vehículo sobre la Alameda Juan Pablo II de San salvador y, presuntamente en estado de ebriedad, impactó con dos vehículos en sentido contrario y lesionó a tres víctimas con golpes en diferentes partes del cuerpo.
r.t./Interjust
JUZGADO SOBRESEE DOS IMPUTADOS POR FALTA DE TESTIGO EN TRES HOMICIDIOS
SAN SALVADOR 03 DE FEBRERO DE 2011 (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción sobreseyó definitivamente este día a dos imputados debido a la falta del testigo criteriado que los vincula en los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas en perjuicio de tres víctimas.
Los sobreseídos a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) son: Oswaldo Vladimir López López y Pablo Antonio Renderos Cruz; sin embargo, continuarán detenidos por estar condenados por otros delitos. El Ministerio Público manifestó en la audiencia preliminar que tenía más de un año de no contactar al testigo, quien se presume es miembro de pandillas y se encuentra en Estados Unidos.
Las víctimas son: Malaquías Fuentes Rivera, Nelson Abraham Reyes Domínguez y Juan Francisco Villalobos Flores.
En este caso se procesa también a José Ignacio Alas García, Miguel Ángel Antonio Ascencio Ferman, José Roberto Batres y David Ernesto Escobar Ayala, quienes se encuentran ausentes; además fueron procesados alrededor de 50 imputados, entre ellos Saúl Antonio Turcios Ángel, alias “El Trece”.
Según un testigo con Régimen de Protección a víctimas y testigos quien fue denominado “STOYCO”, manifestó que desde temprana edad fue miembro de la Mara Salvatrucha desde 1993 y en 1997 llegó a ser jefe de una clica de las 26 que operan en diferentes puntos del centro de San Salvador. Los homicidios que se les atribuyen ocurrieron entre los años 2004 y 2006.
El proceso fue tramitado en el Juzgado 10° de Instrucción y posteriormente la jueza Segundo de Instrucción, quien ordenó la restricción migratoria de los imputados ausentes, se declaró impedida de conocer el caso, por lo que la Cámara Segunda de lo Penal designó al Juzgado 5° de Instrucción para que realizara la audiencia preliminar.
k.c/Interjust
Los sobreseídos a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) son: Oswaldo Vladimir López López y Pablo Antonio Renderos Cruz; sin embargo, continuarán detenidos por estar condenados por otros delitos. El Ministerio Público manifestó en la audiencia preliminar que tenía más de un año de no contactar al testigo, quien se presume es miembro de pandillas y se encuentra en Estados Unidos.
Las víctimas son: Malaquías Fuentes Rivera, Nelson Abraham Reyes Domínguez y Juan Francisco Villalobos Flores.
En este caso se procesa también a José Ignacio Alas García, Miguel Ángel Antonio Ascencio Ferman, José Roberto Batres y David Ernesto Escobar Ayala, quienes se encuentran ausentes; además fueron procesados alrededor de 50 imputados, entre ellos Saúl Antonio Turcios Ángel, alias “El Trece”.
Según un testigo con Régimen de Protección a víctimas y testigos quien fue denominado “STOYCO”, manifestó que desde temprana edad fue miembro de la Mara Salvatrucha desde 1993 y en 1997 llegó a ser jefe de una clica de las 26 que operan en diferentes puntos del centro de San Salvador. Los homicidios que se les atribuyen ocurrieron entre los años 2004 y 2006.
El proceso fue tramitado en el Juzgado 10° de Instrucción y posteriormente la jueza Segundo de Instrucción, quien ordenó la restricción migratoria de los imputados ausentes, se declaró impedida de conocer el caso, por lo que la Cámara Segunda de lo Penal designó al Juzgado 5° de Instrucción para que realizara la audiencia preliminar.
k.c/Interjust
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