SAN SALVADOR, 01 de junio de 2010. (INTERJUST). El Juzgado 7º de Paz decretó sobreseimiento provisional a favor del imputado, Alex Alfredo Cornejo Sibrián, de 61 años, procesado por acoso sexual en perjuicio de una joven con retardo mental de 19 años.
La jueza basó la resolución en un peritaje de Medicina Legal, el cual señala que la ofendida no está apta para declarar, ya que en la sede policial ella se refirió al imputado en unos términos diferentes a los que utilizó en el Juzgado; por lo que la suscrita dejó abierta la posibilidad para que en el término de un año el Ministerio Público reaperture el caso con nuevos elementos de juicio.
Según datos de la relación circunstanciada del hecho, el ilícito penal ocurrió el 25 de mayo anterior, cuando Cornejo Sibrián encontró a la víctima a bordo de un bus. La joven se dirigía hacia la Escuela Especial.
El imputado se sentó junto a ella y empezó a tocarle sus partes íntimas. La joven al bajarse de la unidad de transporte, Alex Alfredo la persiguió y la arrinconó contra una pared y continuó con el abuso. En ese momento fue cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) observaron el hecho y detuvieron al acusado.
martes, 1 de junio de 2010
JUZGADO DECRETA MEDIDAS SUSTITUTIVAS A EMPRESARIO
SAN SALVADOR, 01 de junio de 2010. (INTERJUST). El Juzgado 6º de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra el imputado, Sergio Armando Amaya Lazo, acusado de falsedad material y falsedad ideológica en perjuicio del Misterio de Obras Públicas, FONAVIPO, Ministerio de Salud, ANDA e IPSFA.
La jueza resolvió decretarle al procesado medidas basada en los indicios presentados por el Ministerio Público, así como los arraigos laborales y familiares mostrados por la defensa.
La suscrita decretó que el acusado no salga del país, que debe presentarse cada ocho días al Juzgado 6º de Instrucción y cancelar una caución económica de US$25.000, por lo que Amaya Lazo aún conserva la calidad de imputado.
De acuerdo con el proceso, el imputado utilizó supuestas solvencias del Ministerio de Hacienda para acreditar su estado de cero deudas de la empresa Amaya-Corleto, que está dedicada al transporte pesado en las carteras de estado antes referidas.
El acusado participaba en procesos de licitación en las que manifestaba estar solvente, lo cual no era cierto. La denuncia fue interpuesta de manera anónima a través de Internet.
La jueza resolvió decretarle al procesado medidas basada en los indicios presentados por el Ministerio Público, así como los arraigos laborales y familiares mostrados por la defensa.
La suscrita decretó que el acusado no salga del país, que debe presentarse cada ocho días al Juzgado 6º de Instrucción y cancelar una caución económica de US$25.000, por lo que Amaya Lazo aún conserva la calidad de imputado.
De acuerdo con el proceso, el imputado utilizó supuestas solvencias del Ministerio de Hacienda para acreditar su estado de cero deudas de la empresa Amaya-Corleto, que está dedicada al transporte pesado en las carteras de estado antes referidas.
El acusado participaba en procesos de licitación en las que manifestaba estar solvente, lo cual no era cierto. La denuncia fue interpuesta de manera anónima a través de Internet.
MAÑANA VISTA PÚBLICA CONTRA WILFREDO REYES MARTÍNEZ POR EVASIÓN DE IMPUESTOS
SAN SALVADOR, 01 de junio de 2010. (INTERJUST). El Tribunal 1° de Sentencia instalará mañana a las 8:30 a.m. vista pública contra Wilfredo Reyes Martínez acusado del delito de evasión de impuestos en perjuicio de la Hacienda Pública.
Según información judicial, la Fiscalía General de la República (FGR), acusa a Reyes Martínez de percibir ingresos, en 2005, por US$834.981 dólares, de los cuales no declaró US$208.745, habiendo evadido dichos impuestos por no llevar durante ese año fiscal los libros y registros contables, auxiliares, especiales y legales que la leyes tributaras exigen.
En audiencia conciliatoria el imputado ofreció como garantía dos inmuebles de su propiedad y se comprometió a pagar la cantidad de U$9,000 mensuales, hasta completar lo adeudado; pero únicamente canceló 3 cuotas por lo que se presume que el imputado ya no puede pagar la suma mensual.
El Ministerio Público Fiscal presentara ante el Tribunal prueba documental y pericial, así como ocho testigos de cargo. La vista pública tendrá una duración de 3 días.
Según información judicial, la Fiscalía General de la República (FGR), acusa a Reyes Martínez de percibir ingresos, en 2005, por US$834.981 dólares, de los cuales no declaró US$208.745, habiendo evadido dichos impuestos por no llevar durante ese año fiscal los libros y registros contables, auxiliares, especiales y legales que la leyes tributaras exigen.
En audiencia conciliatoria el imputado ofreció como garantía dos inmuebles de su propiedad y se comprometió a pagar la cantidad de U$9,000 mensuales, hasta completar lo adeudado; pero únicamente canceló 3 cuotas por lo que se presume que el imputado ya no puede pagar la suma mensual.
El Ministerio Público Fiscal presentara ante el Tribunal prueba documental y pericial, así como ocho testigos de cargo. La vista pública tendrá una duración de 3 días.
MAÑANA AUDIENCIA PRELIMINAR CONTRA DOS AGENTES POLICIALES POR VIOLACIÓN
SAN SALVADOR, 01 JUNIO DE 2010. (INTERJUST). El Juzgado 7° de Instrucción instalará mañana a las 10 a.m. audiencia preliminar contra dos agentes policiales de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Montserrat acusados por el delito de violación agravada en perjuicio de una joven de 23 años.
Los imputados son: José Juan Cruz Carías, de 30 años, a quien se le atribuye el delito de otras agresiones sexuales en calidad de autor directo y como cómplice necesario en el delito de violación agravada, mientras que a Julio Germán García, de 34 años, se le procesa por violación agravada en la misma víctima.
Según el dictamen de acusación, la ofendida manifestó que fue detenida el 19 de febrero por el delito de robo y recluida en las bartolinas de la PNC Montserrat, lugar en el que permaneció hasta el 24 de abril, fecha en que fue trasladada hacia el Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopango.
La víctima relata en su declaración que fue objeto de acoso sexual por parte de los ahora imputados, cuando permaneció junto a una amiga en las bartolinas; detalla que los involucrados llegaban en horas de la madrugada a las celdas en donde ellas se encontraban y daban patadas a las puertas para despertarlas y les hacían proposiciones sexuales.
Según el relato de los hechos la víctima salió a barrer por orden de Carías, quien le manifestó que lo hiciera primero en el cuarto, y fue cuando la víctima observó a otro policía que portaba un gorro tipo “navarrone”, por lo que se presume se trataba de Julio García. Ambos le ordenaron que se desnudara, Carías la tomó de las manos y el otro sujeto le puso el bastón de equipo en el cuello y procedieron a abusar de ella sexualmente.
La ofendida argumenta que Carías la amenazó diciéndole que si decía algo no le iban a creer porque ella era una “ladrona”.
Tres días después la víctima le contó al Jefe de la Delegación lo ocurrido, pero él hizo caso omiso, hasta que personeros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) le ayudaron para que la trasladaran al centro de readaptación. Los implicados fueron capturados el 27 de julio de 2009.
El Ministerio Público pide al juez que ordene apertura a juicio y presenta como pruebas: la certificación del libro de servicios y el libro de novedades de la delegación, el testimonio de la ofendida, la amiga, el bartolinero y el Jefe de la Unidad de Servicios Extraordinarios, además el peritaje psicológico de la víctima.
Los imputados son: José Juan Cruz Carías, de 30 años, a quien se le atribuye el delito de otras agresiones sexuales en calidad de autor directo y como cómplice necesario en el delito de violación agravada, mientras que a Julio Germán García, de 34 años, se le procesa por violación agravada en la misma víctima.
Según el dictamen de acusación, la ofendida manifestó que fue detenida el 19 de febrero por el delito de robo y recluida en las bartolinas de la PNC Montserrat, lugar en el que permaneció hasta el 24 de abril, fecha en que fue trasladada hacia el Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopango.
La víctima relata en su declaración que fue objeto de acoso sexual por parte de los ahora imputados, cuando permaneció junto a una amiga en las bartolinas; detalla que los involucrados llegaban en horas de la madrugada a las celdas en donde ellas se encontraban y daban patadas a las puertas para despertarlas y les hacían proposiciones sexuales.
Según el relato de los hechos la víctima salió a barrer por orden de Carías, quien le manifestó que lo hiciera primero en el cuarto, y fue cuando la víctima observó a otro policía que portaba un gorro tipo “navarrone”, por lo que se presume se trataba de Julio García. Ambos le ordenaron que se desnudara, Carías la tomó de las manos y el otro sujeto le puso el bastón de equipo en el cuello y procedieron a abusar de ella sexualmente.
La ofendida argumenta que Carías la amenazó diciéndole que si decía algo no le iban a creer porque ella era una “ladrona”.
Tres días después la víctima le contó al Jefe de la Delegación lo ocurrido, pero él hizo caso omiso, hasta que personeros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) le ayudaron para que la trasladaran al centro de readaptación. Los implicados fueron capturados el 27 de julio de 2009.
El Ministerio Público pide al juez que ordene apertura a juicio y presenta como pruebas: la certificación del libro de servicios y el libro de novedades de la delegación, el testimonio de la ofendida, la amiga, el bartolinero y el Jefe de la Unidad de Servicios Extraordinarios, además el peritaje psicológico de la víctima.
lunes, 31 de mayo de 2010
PAUTA 1 DE JUNIO
El Tribunal 2° de Sentencia instalará una vista pública por violación y agresión sexual. Sala 2-"B". El asignado es Víctor Manuel Sibrián, 8:00 horas.
Para las 9:00 a.m., el Juzgado 7° de Instrucción desarollará una audiencia preliminar por desórdenes públicos. La asignada es Karina Cuadra de Díaz.
A las 12:00 por el mediodía, el Tribunal 4° de Sentencia llevará a cabo una vista pública por arma artesanal. Sala 3-"A" y la encargada es Rina Guadalupe Teos de Renderos.
Por último, el Juzgado 5° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar, a las 2:00 p.m., por extorsión agravada en grado de tentativa. La asinada es Karina Cuadra de Díaz.
Los juzgados de turno serán 2° de Menores y 10° de Paz.
Para las 9:00 a.m., el Juzgado 7° de Instrucción desarollará una audiencia preliminar por desórdenes públicos. La asignada es Karina Cuadra de Díaz.
A las 12:00 por el mediodía, el Tribunal 4° de Sentencia llevará a cabo una vista pública por arma artesanal. Sala 3-"A" y la encargada es Rina Guadalupe Teos de Renderos.
Por último, el Juzgado 5° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar, a las 2:00 p.m., por extorsión agravada en grado de tentativa. La asinada es Karina Cuadra de Díaz.
Los juzgados de turno serán 2° de Menores y 10° de Paz.
AUDIENCIA INICIAL CONTRA DOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
SAN SALVADOR, 31 de mayo de 2010 (INTERJUST). El Juzgado 13° de Paz instalará hoy a las 2 de la tarde audiencia inicial contra Osiris Ásael Ramírez, de 32 años de edad, y Walter Saravia Azucena, acusados por los delitos de estafa y cohecho en perjuicio de María del Carmen y José Adán Aguilar y de la administración pública, respectivamente.
Según el requerimiento fiscal, los ex empleados son acusados presuntamente por cobrar U$300 a cambio del trámite fraudulento de una solvencia de impuestos internos. El documento fue proporcionado a los ofendidos paraqué lo presentaran como requisito en una institución bancaria.
La acusación detalla que todo inició en abril del año 2007 cuando los ofendidos iniciaron los trámites para crear una nueva sociedad comercial y tenían planeado adquirir un inmueble valorado en U$185.000 y para lo que debían realizar varios procedimientos, entre, ellas la legalización de los libros y el sistema contable.
Cuando se presentaron al banco a conocer los requisitos, les comunicaron que tenían que presentar la solvencia de impuestos internos que es extendida por el Ministerio de Hacienda. Al acudir a las oficinas ministeriales, les negaron el documento por presentar inconsistencias en las declaraciones de los periodos 2005 y 2006.
En razón de lo anterior, los ofendidos le comentaron al imputado el problema tributario que tenían y su preocupación por la falta del documento.
Fue así que el imputado Osiris Ramírez presuntamente les comentó que conocía a una persona, refiriéndose presuntamente al imputado Walter Saravia, quien podía resolver el problema de una forma “rápida y legal”, a cambio tenían que pagarle U$300, ya que tenía acceso al sistema del Ministerio de Hacienda.
El 23 de mayo de 2007, los ofendidos entregaron al imputado Osiris Ramírez el dinero acordado, y las declaraciones tributarias de los periodos 2005, 2006 y 2007 para que éste lo entregara al imputado Saravia para su análisis y modificación. Ese mismo día los imputados presuntamente entregaron la solvencia a los ofendidos en la Torre 1 de la dependencia del Estado.
Posteriormente, el matrimonio ofendido presentó el documento a la institución financiera, donde les comunicaron que aún se encontraban insolventes en el sistema tributario y que la solvencia no reflejaba información fidedigna porque el documento era una copia escaneada.
El fiscal del caso solicita al juez decrete instrucción con detención contra los dos ex empleados públicos.
Según el requerimiento fiscal, los ex empleados son acusados presuntamente por cobrar U$300 a cambio del trámite fraudulento de una solvencia de impuestos internos. El documento fue proporcionado a los ofendidos paraqué lo presentaran como requisito en una institución bancaria.
La acusación detalla que todo inició en abril del año 2007 cuando los ofendidos iniciaron los trámites para crear una nueva sociedad comercial y tenían planeado adquirir un inmueble valorado en U$185.000 y para lo que debían realizar varios procedimientos, entre, ellas la legalización de los libros y el sistema contable.
Cuando se presentaron al banco a conocer los requisitos, les comunicaron que tenían que presentar la solvencia de impuestos internos que es extendida por el Ministerio de Hacienda. Al acudir a las oficinas ministeriales, les negaron el documento por presentar inconsistencias en las declaraciones de los periodos 2005 y 2006.
En razón de lo anterior, los ofendidos le comentaron al imputado el problema tributario que tenían y su preocupación por la falta del documento.
Fue así que el imputado Osiris Ramírez presuntamente les comentó que conocía a una persona, refiriéndose presuntamente al imputado Walter Saravia, quien podía resolver el problema de una forma “rápida y legal”, a cambio tenían que pagarle U$300, ya que tenía acceso al sistema del Ministerio de Hacienda.
El 23 de mayo de 2007, los ofendidos entregaron al imputado Osiris Ramírez el dinero acordado, y las declaraciones tributarias de los periodos 2005, 2006 y 2007 para que éste lo entregara al imputado Saravia para su análisis y modificación. Ese mismo día los imputados presuntamente entregaron la solvencia a los ofendidos en la Torre 1 de la dependencia del Estado.
Posteriormente, el matrimonio ofendido presentó el documento a la institución financiera, donde les comunicaron que aún se encontraban insolventes en el sistema tributario y que la solvencia no reflejaba información fidedigna porque el documento era una copia escaneada.
El fiscal del caso solicita al juez decrete instrucción con detención contra los dos ex empleados públicos.
CONDENAN A DOS ACUSADOS POR ESTAFA
SAN SALVADOR, 31 de mayo de 2010 (INTERJUST) El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador condenó hoy a Medardo Alfredo Quijano Arriola y Guadalupe Vásquez Ramírez a la pena de cinco años de prisión por coautoría en el delito de estafa en perjuicio de 63 personas.
Los jueces, por unanimidad de votos, basaron su fallo en el testimonio de 59 víctimas de las 61 que desfilaron en el juicio y en la prueba documental ofrecida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, el Tribunal absolvió por el mismo delito a Sandra Magdalena Pacheco de Ventura y Rosa Cándida Pacheco Bonilla, al considerar que las acusadas colaboraron por petición de los coautores, sin obtener ningún beneficio económico.
Según el proceso judicial, los hechos sucedieron a finales de 2008, en el Cantón Las Ánimas del municipio de San Martín, departamento de San Salvador, cuando supuestamente los acusados realizaron varias reuniones con los vecinos de ahí y de algunos cantones aledaños en las que le manifestaban que pertenecían a una Fundación sin fines de lucro denominada EBENEZER.
La fundación se encargaba de proveer proyectos de vivienda a personas de escasos recursos con terrenos o lotes propios, pues al ser beneficiarios de dicho programa, se les construirían viviendas hechas de ladrillo. Para la ejecución de la promesa ofrecida por la fundación argumentaban que contaban con un proyecto financiero de países como Brasil y España.
Para ser incluidos y beneficiados en dicho proyecto debían entregar documentación consistente en cinco copias de la escritura de la propiedad donde se construiría la casa, copia de Documento Único de Identidad personal del propietario del inmueble, fotocopia de Número de Identificación Tributaria y dos fotografías de las personas que formaban el grupo familiar y pagar cierta cantidad de dinero en efectivo.
Los afectados hicieron entregas de dinero entre la cantidad de U$125 y U$150. De esta cantidad, un porcentaje presuntamente era para realizar los trámites del proyecto y la suma restante sería utilizada para gastos en que se incurriría para promover la construcción de las viviendas.
Llegada la fecha para la ejecución del proyecto los afectados se dieron cuenta que los imputados había sido detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de engañar a otras personas con el mismo proyecto. Por lo que procedieron a denunciar ante las autoridades los hechos.
Los jueces, por unanimidad de votos, basaron su fallo en el testimonio de 59 víctimas de las 61 que desfilaron en el juicio y en la prueba documental ofrecida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, el Tribunal absolvió por el mismo delito a Sandra Magdalena Pacheco de Ventura y Rosa Cándida Pacheco Bonilla, al considerar que las acusadas colaboraron por petición de los coautores, sin obtener ningún beneficio económico.
Según el proceso judicial, los hechos sucedieron a finales de 2008, en el Cantón Las Ánimas del municipio de San Martín, departamento de San Salvador, cuando supuestamente los acusados realizaron varias reuniones con los vecinos de ahí y de algunos cantones aledaños en las que le manifestaban que pertenecían a una Fundación sin fines de lucro denominada EBENEZER.
La fundación se encargaba de proveer proyectos de vivienda a personas de escasos recursos con terrenos o lotes propios, pues al ser beneficiarios de dicho programa, se les construirían viviendas hechas de ladrillo. Para la ejecución de la promesa ofrecida por la fundación argumentaban que contaban con un proyecto financiero de países como Brasil y España.
Para ser incluidos y beneficiados en dicho proyecto debían entregar documentación consistente en cinco copias de la escritura de la propiedad donde se construiría la casa, copia de Documento Único de Identidad personal del propietario del inmueble, fotocopia de Número de Identificación Tributaria y dos fotografías de las personas que formaban el grupo familiar y pagar cierta cantidad de dinero en efectivo.
Los afectados hicieron entregas de dinero entre la cantidad de U$125 y U$150. De esta cantidad, un porcentaje presuntamente era para realizar los trámites del proyecto y la suma restante sería utilizada para gastos en que se incurriría para promover la construcción de las viviendas.
Llegada la fecha para la ejecución del proyecto los afectados se dieron cuenta que los imputados había sido detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de engañar a otras personas con el mismo proyecto. Por lo que procedieron a denunciar ante las autoridades los hechos.
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